Estado de derecho yankee en México

By  |  15 / agosto / 2013

Chihuahua State Prosecutor's Office. Photo by Dawn PaleyLuego de cinco anos, las reformas legales de México apoyadas por EUA muestran pocos resultados.

Han pasado cinco años desde que legisladores mexicanos aprobaran una serie de cambios a la constitución de México relacionados a la seguridad, el sistema de justicia y crimen organizado. Los cambios, se prometió, harían el sistema judicial más confiable y transparente, y protegería los derechos de los ciudadanos. Las reformas incluían argumentación oral durante los juicios, la suposición de inocencia y un proceso criminal adversario, permitiendo lo que expertos llaman un “cambio paradigmático en la jurisprudencia mexicana”

Mientras que el nuevo sistema cuenta con apoyo en altas esferas, también hay detractores, muchos de los cuales señalan que las reformas legales fueron “hechas en los EE. UU.”

Es “la Doctrina Monroe aplicada en nuestros juzgados y, en breve, hasta en la Suprema Corte,” según el columnista mexicano Francisco Rodríguez.

Para Oscar Castrejón Rivas, Presidente del colegio de abogados de Chihuahua, los ajustes constitucionales y los cambios al sistema mexicano legal que esto implica han hecho poco por mejorar el acceso a la justicia en México. Su organización representa a ocho asociaciones de abogados en el estado de Chihuahua.

“Lo que ha pasado es que el sentir de la comunidad chihuahuense y del foro de abogados es que ha sido  una contra reforma, muy distinta a lo que se pretendía desde Washington a través de la USAID,” dijo Castrejón durante una entrevista tiempo atrás en este ano.

Chihuahua fue un estado piloto para la reforma legal, la cual hasta Junio 2012 ha sido implementada en 20 de los 31 estados del país y el Distrito Federal. Desde que el Código de Procedimientos Penales entró en vigor en Chihuahua en Enero 1 de 2007, ha habido más de 300 reformas al código penal. De acuerdo con Castrejón, estas reformas arrastraron al sistema legal de su estado a un estado prehistórico.

Castrejón es un hombre ocupado, con un bufet en la ciudad de Chihuahua y clientes en todo el estado. Lo entrevisté mientras conducía su Mini Cooper blanco de su oficina hacia la ciudad aledaña de Cuauhtémoc. Le pregunté qué ha cambiado en particular y el mencionó un ejemplo tras otro.

Debido a las reformas, dice él, gente acusada de robar un objeto con un valor inferior a $25 dólares puede ser detenida sin derecho a fianza. Las sentencias no judiciales fueron canceladas, las sentencias múltiples fueron convertidas en consecutivas en lugar de simultaneas, y se introdujeron las sentencias de por vida. La defensa ya no tiene permitido el acceso al archivo de la investigación antes de las audiencias, comenta Castrejón, y los testigos visuales pueden atestiguar directamente frente al fiscal sin la presencia de un abogado defensor.

“El poder legislativo y el poder judicial, amañándose con el poder ejecutivo, cancelaron mucho de los derechos que originalmente estaban en el código procesal penal, y que están en nuestra constitución, para prácticamente cancelar la presunción de inocencia, que es el eje central del sistema penal acusatorio,” dijo Castrejón. Además de hacer el sistema menos justo, comenta, los cambios también han fracasado en la reducción del crimen. “Hace dos años, ese era el argumento para que la población aceptara estas reformas… dos años después, lo que vemos es que la delincuencia es peor.”

Management Systems International (MSI), contratado por USAID para promover y llevar a cabo las reformas legales en México, afirma que Chihuahua cuenta con lo que “es considerado el código penal de justicia más avanzado y progresista en Latinoamérica.” MSI, haciendo uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses, envió políticos de Chihuahua a Chile y Argentina para estudiar sus sistemas de justicia. Ambas naciones sudamericanas experimentaron la transición a un sistema acusatorio en la década de 1990, financiado por USAID, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los reportes de USAID elogian las reformas y aseguran que están funcionando. Pero Castrejón no está solo en su escepticismo con las reformas. De acuerdo con un estudio de 2011 del Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego, “más de la mitad de los encuestados –especialmente los jueces— indicaron que el sistema tradicional inquisitorio de México era eficiente y efectivo, y al menos un tercio sienten que el sistema tradicional era menospreciado por una campaña deliberada y negativa diseñada para promocionar un cambio al nuevo sistema adversarial.”

Las reformas en curso del sistema legal de México representan el más reciente acontecimiento de las campañas que se han prolongado por años con el objetivo de cambiar la manera en que las leyes se generan y se hacen cumplir al sur de la frontera de EUA. USAID ha estado patrocinando programas de gobierno de la ley en Latinoamérica desde que JFK lanzo la Alianza para el Progreso en el clímax de la guerra fría. Después de más de 50 años de intentos de EUA diseñados para la reforma legal, algunos expertos no observan progreso.

“No creo que haya prueba alguna de que estos programas funcionen,” dijo Deborah M. Weissman, investigadora y profesora de derecho de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, al Programa de las Américas.

“No hay duda de que el sistema legal mexicano necesita mejoras. Los mexicanos lo saben,” dijo Weissman. “Ellos no están haciendo nada al respecto. Lo que están haciendo es sumamente distinto a lo que los EE. UU. están impulsando.” Cuando las reformas iniciaron, los juristas mexicanos sintieron que las reformas venían de arriba hacia abajo, sin ninguna participación significativa de abogados locales o jueces o inspección por parte de iniciativas mexicanas existentes, explica Weissman.

Weissman señala que lo que los programas para la reforma legal auspiciados por EE. UU. Están haciendo en México es fortalecer a los fiscales, y que no hay capacitación para juicios con jurado bajo el nuevo sistema. “Si se observa el destino del presupuesto para el ejercicio de la ley; no es para vigilancia es para ‘activar’, lo que quiera que sea que aquello signifique, nuevas prisiones en México; es para capacitar a mexicanos con respecto a los sistemas de juicio adversariales y orales, sin embargo aún no se introduce el sistema de jurado”
Un estudio realizado por investigadores del Institute for México de la Universidad de California y de los EE. UU. Encontró que en comparación con ciudadanos de otros países, los mexicanos expresaron confianza en la habilidad de los miembros del jurado para tomar decisiones justas, y mostraron disposición para participar como miembros del jurado. “La gran mayoría de mexicanos también han apoyado un uso más extenso de la participación no-legal en la administración de justicia,” indica el estudio. Sin embargo, en los reportes del gobierno de EE. UU.  revisados por Weissman, no hay referencia a la capacitación o introducción de juicios con jurado en México.

Financiamiento de EUA para las reformas legales en México se integró a la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EUA lanzado en México en 2007 para proveer fondos y apoyo para la militarización de la guerra contra las drogas. En 2009, USAID otorgó un contrato de $66 millones de dólares a Coffey International, la compañía australiana dueña de Management Systems International. El contrato, que termina en 2014, tenía por objetivo el brindar “apoyo para reformas legales” en México como parte de la Iniciativa Mérida.

“Estos programas de gobierno de la ley siempre están vinculados con expansión militar, tal como la Iniciativa Mérida,” dijo Weissman, quien apunta que los programas de estado de derecho son una pieza crucial en el manual de contrainsurgencia del ejército de EE. UU. “Se tiene un programa de gobierno de la ley que en esencia es un plan para militarizar la guerra contra las drogas. Es visible por doquier.”

Weissman, cuya detallada investigación del papel de EUA en las reformas legales de México será publicado el próximo ano en el Cardozo Law Review, y es escéptica de aquello que los EE. UU. posee para instruir a otras naciones en el área de leyes. “Somos tan punitivos, y tan desproporcionados, y tan racistas, como podríamos ser el modelo?” pregunta Weissman.

Dawn Paley es miembro de Media Co-op y columnista del Programa de las Américas www.americas.org/es

Foto: Dawn Paley

One comment

  1. Poco a poco el agua siempre vuelve a su cauce, Mexico es un pueblo my grande y no se merece esa lacra
    Un saludo

    Comentario by Gines-Reformas on junio 11, 2014 at 4:56 pm

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