Del Tratado de Libre Comercio a la Guerra Contra las Drogas

By  |  8 / febrero / 2014

3En 1992, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte representó el acuerdo de integración económica regional más ambicioso de la historia. Estableció un nuevo régimen para el comercio y la inversión, redefinió los limites de lo privado y lo común con la imposición de reglas de propiedad intelectual, creó un sistema de justicia paralelo a las cortes nacionales e internacionales con la introducción de tribunales especiales, y desató dinámicas que tendrían impactos profundos en la sociedad, el medio ambiente, el empleo, el desarrollo y la economía en su conjunto.

Aun así, en ese momento no sospechábamos que el TLCAN sería ampliado a aún más ámbitos de la vida y de la nación–a espaldas de los congresos y los pueblos de los tres países–para abarcar un área hasta entonces considerada fuera del marco de los TLC: la seguridad nacional.

La seguridad mexicana en el TLCAN-ASPAN-Mérida

Esto pasó oficialmente en marzo de 2005 en Texas, cuando los ejecutivos Martin, Bush y Fox anunciaron el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). El acuerdo formaba parte de un plan de “armar al TLC” según un funcionario estadunidense, dándole una infraestructura militar/policiaca y extendiendo el “perímetro de seguridad” de Estados Unidos a sus vecinos socios del TLC.

El ASPAN nace en el contexto de la doctrina Bush de Seguridad Nacional de 2002–una reformulación radical de  la política exterior de EE.UU. después de los ataques del 11 de septiembre, que plantea la hegemonía de EE.UU. como única garantía de la paz mundial y justifica golpes unilaterales y ataques preventivos en todas partes del mundo. La doctrina vincula el libre comercio y la seguridad como dos pilares del nuevo orden mundial que busca el gobierno de EE.UU. Su capítulo VI propone una relación causal entre el modelo de libre comercio, la prosperidad económica y la seguridad nacional.

La doctrina fue ampliamente repudiada en América Latina por lo que implicaba para la soberanía nacional y el multilateralismo. Para México, bajo el concepto de que Norteamérica–ahora definida como únicamente Canadá, EE.UU. y México–debe constituirse en una región de seguridad para protección contra amenazas definidas desde EE.UU. se traduce en la necesidad de asumir tareas de seguridad estadunidense en su propio territorio en nombre del nuevo concepto de “seguridad regional”.

Las metas en seguridad en Norteamérica son básicamente dos: aplicar la política antiterrorista en toda la región, y tener mayor control y vigilancia en los sistemas de seguridad nacional de Canadá y México para detener amenazas y proteger las inversiones y negocios, y asegurar acceso a recursos naturales estratégicos. En este contexto, el TLCAN promueve la explotación acelerada de recursos naturales por un lado, y la represión de las luchas en defensa de los recursos de las comunidades indígenas y campesinas, por otro.

El nuevo “perímetro de seguridad”

México tenía poco que ganar y mucho que perder al convertir el TLCAN en un pacto de seguridad regional con EE.UU. Bajo el TLCAN-ASPAN cambió la inserción de México en la geopolítica, ahora como primera línea de defensa contra supuestas amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. Esta reposicionamiento chocaba con décadas de reticencia en México a permitir mayor intervención estadunidense en el área de seguridad nacional, debido a su historia de intervenciones estadounidenses en y tradición nacionalista mexicana. Al sumarse al modelo antiterrorista de Bush, se replanteó la doctrina Estrada de neutralidad y causó que la política externa diera un giro hacia el norte.

El acuerdo de seguridad regional con los Estados Unidos implicó asumir una serie de tareas previamente no consideradas prioritarios en la agenda de seguridad mexicana, entre ellos tres principales: 1) el anti-terrorismo, 2) detener flujos migratorios de América Central y 3) ejecutar las leyes prohibicionistas de EE.UU. en territorio mexicano.

En el tema de anti-terrorismo, EE.UU. tiene enemigos en el mundo que México no tiene. México no es, ni ha sido, blanco de las células terroristas vinculadas a Al Qaeda y otros grupos extremistas. Al imponer el modelo anti-terrorista a México donde no existe la amenaza, la sociedad mexicana ha tenido que pagar el precio en términos de la pérdida de libertades civiles, invasión de la privacidad y espionaje, y violación de derechos humanos implícitos y explícitos en las leyes y prácticas basadas en el Acta Patriótica de EE.UU.–sin que haya una emergencia nacional o guerra que lo justifique. Estas leyes definen por ejemplo, el bloqueo de carreteras -que ha sido una táctica de movimientos sociales- como acto terrorista. El modelo también justifica el espionaje masivo, como vimos en las revelaciones de Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

En materia de migración, los esfuerzos por desalentar la migración de Centroamérica a los Estados Unidos y sellar la frontera sur han llevado a una crisis humanitaria, convirtiendo a las personas migrantes en blancos del crimen organizado y de funcionarios corruptos en territorio mexicano. Detener la migración hacia EEUU mediante la criminalización, la violencia y el terror ha cobrado miles de vidas en el país.

¿Y qué gana México con incluir el tema de seguridad en el pacto regional? Al gobierno mexicano le podría haber interesado en este momento un aumento en la ayuda desde EE.UU. EL TLCAN nunca incluyó un fondo de compensación o transición para la economía menos desarrollada del trio, que enfrentaba y enfrenta graves problemas de desarrollo y pobreza, exacerbados por el tratado.

Sin embargo, bajo la ampliación del TLCAN al ASPAN en lugar de un fondo para el desarrollo, México recibió de EE.UU. la “Iniciativa Mérida”–un modelo de intervención estadounidense, cuyas consecuencias, como veremos a continuación, han sido fatales para miles de mexicanos.

¿Por qué entonces aceptó el gobierno de México la propuesta de extender las fronteras del modelo de seguridad de EE.UU. hasta abarcar su propio territorio? La respuesta la dio un subsecretario de economía del gobierno en un foro que compartimos hace muchos años. Dijo que el gobierno mexicano no vio beneficios para el país en el acuerdo, pero debido al grado de dependencia económica con su vecino al norte bajo el TLCAN fue imposible rechazarlo.

Bajo el TLCAN el comercio exterior se convirtió en las dos terceras partes del comportamiento de la economía, según fuentes gubernamentales. El porcentaje de las exportaciones mexicanas destinadas a un solo mercado–el estadounidense–ronda entre 77% actualmente hasta 90% o más en años anteriores.

Anécdota de esta dependencia económica que se vuelve factor geopolítica: cuando el gobierno de Bush quiso que el Consejo de Seguridad de la ONU diera luz verde a la invasión de Irak en 2003, empresarios mexicanos y algunos intelectuales presionaron públicamente por un voto a favor del gobierno de México que en aquel entonces fue miembro del Consejo, advirtiendo las consecuencias de represalias económicas de EE.UU.

Aunque los tres gobiernos aparentemente enterraron al ASPAN debido a protestas populares, cerrando los sitios oficiales de Internet en agosto de 2009, la desaparición oficial del ASPAN no significa la desaparición del concepto de seguridad regional promovido por Washington o los trabajos del ASPAN. Este objetivo militar del Pentágono, conocido como la construcción de un “perímetro de seguridad de América del Norte”, sigue vigente en acciones para ampliar el perímetro de seguridad de EE.UU. para incluir Canadá y México.

En 2007 Bush presenta la Iniciativa Mérida, un proyecto de ayuda en seguridad “Anti-terrorismo, anti-narcóticos y de seguridad fronteriza”. Se han asignado por parte del Congreso de EE.UU unos 1.9 mil millones de dólares y entregado un poco más de la mitad hasta la fecha, Todo el equipo, servicios y programas son contratados desde EE.UU., la mayor parte del sector privado.

Este marco de TLCAN-ASPAN-Mérida ha tenido un impacto profundo, y muy negativo, en la situación de seguridad de México que podemos analizar desde la perspectiva de la seguridad pública; 2) la soberanía y seguridad nacional; y 3) la seguridad humana.

1. Seguridad Pública

La militarización de la seguridad pública bajo la guerra contra las drogas lanzada por el ex presidente Felipe Calderón y promovida por el gobierno de Obama en forma de la Iniciativa Mérida ha tenido resultados desastrosos para México, provocando un fuerte deterioro precisamente en la seguridad pública:

* 80,000 + muertes

* 50,000 soldados desplegados dentro del territorio mexicano

* Por lo menos 27,000 desaparecidos/as * 230,000 a un millón de personas desplazadas

* Unos 10,000 huérfanos y el crecimiento de una cultura y la normalización de la violencia, sobre todo entre jóvenes

* Un alza en la violencia de género

* Reclutamiento forzado, particularmente de migrantes

* Extorsión

* Incremento en las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del Estado y de ataques a defensoras y defensores de derechos

* Tortura, ejecuciones extra-judiciales

* Erosión del Estado de Derecho y mayor impunidad

2. Soberanía y seguridad nacional. El uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública (la guerra contra el narcotráfico) ha debilitado a las fuerzas armadas de México a pesar de mayores presupuestos. Ha afectado su capacidad de defender contra enemigos externos por sus tareas domésticas, ha erosionado la confianza de la población en ellas, han incrementado las violaciones de derechos humanos cometidas por sus elementos, ha llevado a mayor corrupción, y han surgido cuestiones sobre su constitucionalidad y así su legalidad.

Por otra parte, la Iniciativa Mérida trajo una enorme expansión de la embajada estadunidense en México, a cerca de 3,000 empleados, trabajando casi exclusivamente en el área de seguridad. Hay una proliferación de agentes de la DEA, ATF, FBI, CIA y militares “retirados” en operaciones en territorio mexicano. Este proceso no ha sido transparente y existen indicios de violación de soberanía nacional.

3. Seguridad humana o ciudadana. Desde un concepto más amplio de “seguridad”, los impactos son graves. La seguridad humana se define como la garantía a los derechos a la vida, a la integridad física, la libertad, el acceso a la justicia y el uso de su propiedad (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) e incluyen salud, educación, vivienda, alimentación, y calidad de medio ambiente.

Con esta definición que se basa en los derechos a lo básico necesario para una vida digna, se puede ver el impacto en la seguridad de una economía cada ves más precaria, aunada a la emergencia de nuevas formas de violencia. Con el TLCAN, la pobreza en México ha crecido hasta incluir más de 52 millones de mexicanos y mexicanas. Hay incrementos notables en el número de feminicidios y la violencia contra las mujeres. El hambre afecta a  28 millones de mujeres, hombres y niños que viven en la pobreza alimentaria. Otros indicios sociales, incluyendo ambientales y de salud, muestran descensos similares.

Al entrar en un modelo de seguridad nacional que busca proteger el Estado y asumir las prioridades del Pentágono, en lugar de proteger y garantizar los derechos de la población mexicana, estamos viendo la erosión de la seguridad humana. La creciente desigualdad que es una característica de los Tratados de Libre Comercio y especialmente del TLCAN es un factor de desestabilización. Representa una redistribución de la riqueza nacional hacia arriba y hacia afuera, y su concentración en muy pocas manos. Obligados a competir con importaciones agrícolas subsidiadas de EE.UU. y frente el retiro del Estado y los programas sociales de fomento, los pequeños y medianos productores y los campesinos han sufrido las peores consecuencias. El abandono por parte del Estado ha dejado un vacío que llegan a llenar los cárteles de las drogas, como ahora vemos en Michoacán.

Asumir la agenda de seguridad nacional de EEUU en el marco TLCAN-ASPAN-Mérida ha sido y sigue siendo un desastre para la seguridad humana en México.

¿Repetir errores?

En 1992 no se vislumbraban las profundas implicaciones del TLCAN. Ahora que tenemos los resultados a la mano, no hay justificaciones para volver a cometer los mismos errores o profundizarlos. Sin embargo, eso es justamente lo que se pretende en las negociaciones actuales del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico.

Sus promotores lo describen como la estrategia de llegar a un “TLCAN Plus” sin abrir el TLCAN (por eso, el anuncio de los Secretarios Kerry y Meade hace unos días de no reabrir el TLCAN, a pesar de que las transnacionales tienen una agenda de reformas). De igual manera, lo describen como la reencarnación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el proyecto de Bush padre que murió en Mar del Plata en 2005  aunque ahora sólo con los países del pacífico que tienen TLC. El documento filtrado por Wikileaks advierte que es un acuerdo que profundiza el TLCAN en el sentido de favorecer la movilidad de capital, debilitando protecciones ambientales y sin tomar en cuenta los impactos negativos vistos con surgieron de los tratados bilaterales.

El Acuerdo además se construye como contrapeso a los países de América Latina que rechazaron los TLC con EE.UU., y a China. Afianza aún más la posición de México como incondicional de EEUU en la geopolítica, cuyo resultado ha sido un distanciamiento de los países del sur.

Los resultados del TLCAN en México deben ser tomados en cuenta antes de entrar en un acuerdo que sacrifica más espacio político y soberanía en aras de un “libre comercio” que no ha traido beneficios a la mayoría de los mexicanas y mexicanos. En cuanto a la seguridad, es tiempo de hacer un balance honesto y basado en los hechos para rectificar una situación que se ha salido de control. México tiene propuestas alternativas, pero hace falta salir de la órbita del Pentágono para cambiar el actual modelo y construir una estrategia de seguridad nacional propia. En este contexto, un modelo de seguridad regional debe basarse en la cooperación, no en la integración y la intervención, sobre todo cuando se trata de un proceso de integración con el súper poder militar del mundo.

Laura Carlsen es directora del CIP Programa de las Américas www.americas.org. Este es la versión escrita de una ponencia presentada por la autora en la Conferencia Internacional “A 20 Años del TLCAN: Viejos Problemas, Nuevos Desafíos” en la Universidad Nacional Autónoma de México, 23-24 de enero.

Foto: Alfredo Acedo

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