Dos años de impunidad

By  |  28 / septiembre / 2016

En los dos años transcurridos desde los hechos trágicos de Iguala, que se cumplen el lunes 26, se ha observado que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene la mínima intención de llevar a cabo una investigación seria que conduzca a la verdad y que permita que se castigue a los responsables de la muerte de tres normalistas y tres personas más, así como de la desaparición de 43 estudiantes más de esa escuela.

Al contrario, pareciera que todo su empeño está puesto en enredar las cosas a tal grado de que jamás se llegue a la verdad de este caso, considerado la más grave violación a los derechos humanos en el país desde la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 a manos del Ejército mexicano, institución que en este nuevo episodio vuelve a estar en el ojo del huracán.

En efecto, cada vez resulta más evidente que las maniobras del gobierno federal están encaminadas a proteger a la institución castrense, que cada vez se hace más evidente puede ser la responsable de este abominable hecho, junto con otra institución del gobierno federal, la Policía Federal.

En este afán, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de enturbiar la investigación, mintiendo con descaro, trivializando el tema y confrontándose con instituciones de reconocido prestigio internacional como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al grado de que prácticamente expulsó a éstos del país, en lo que puede considerarse una torpeza imperdonable en el manejo de las relaciones internacionales.

En otras palabras, ha tratado de que este caso que ha causado la indignación no sólo de México sino de muchas partes del mundo, quedara en la impunidad como muchas otras atrocidades cometidas desde el poder.

Medios internacionales, como The New York Times han publicado que Ayotzinapa es una de las peores atrocidades de derechos humanos cometidas en México. The Economist ha dicho que Ayotzinapa es prueba de la descomposición del sistema judicial mexicano. Organismos internacionales y nacionales no creen que los 43 normalistas fueron incinerados en Cocula. Científicos en la materia han probado la falsedad de la “verdad histórica” del gobierno mexicano.

En lo que se ve como un enorme despreció por la opinión pública nacional e internacional, Peña Nieto ha protegido al Ejército mexicano para que sus elementos que fueron señalados por el GIEI no declaren, a pesar de que cada día se hace más evidente la responsabilidad de la milicia en el ataque contra los normalistas.

A pesar de la denuncia en foros nacionales e internacionales, de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares en Guerrero en contra de estudiantes, maestros y campesinos no ha sido posible que soldados declaren sobre los hechos de Iguala.

Cronología de la barbarie

La cronología de la barbarie en contra de los normalistas comenzó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 6:00 de la tarde, cuando los estudiantes salieron de Ayotzinapa en dos autobuses con destino a Iguala, a botear y tomar unos camiones para trasladarse a la marcha nacional de 2 de octubre en la capital del país.

Después de dos horas y media que salieron a Iguala, fueron atacados por policías municipales y civiles del cártel Guerrero Unidos, que hasta la fecha sigue operando con la complacencia del gobierno federal.

Hay evidencias de que la operación contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal que estuvieron al tanto de lo que ocurría esa noche. La agresión en contra de los normalitas se repitió en varias ocasiones sin que los soldados del 27 Batallón de Infantería intervinieran para contener la persecución contra los estudiantes, futbolistas y ciudadanos que transitaban esa noche en las calles de Iguala.

En el ataque de esa noche aciaga cayó herido Aldo Gutiérrez Solano; hasta la fecha continúa en estado vegetativo. Minutos después fue atacado el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo. La policía asesinó al chofer del camión y al futbolista David Josué García Evangelista, de 15 años.

Dos horas después, cuando los normalistas hablaban con reporteros de la primera agresión, en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez llegaron hombres armados a disparar a quemarropa hacia normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG). En esa ofensiva fueron asesinados Daniel Solís Gallardo, Julio César Nava Ramírez, y Edgar Andrés Vargas, resultó herido; además, los policías mataron de un disparo a la pasajera de un taxi.

El gobernador Ángel Aguirre estuvo enterado de lo que sucedía en Iguala, pero no hizo nada por contener la violencia en contra de los estudiantes. En el primer recuento que hicieron los normalistas en la mañana del sábado 27, faltaban 57 estudiantes; minutos después del balance, maestros de la CETEG organizaron la primera búsqueda.

A las 10:00 de la mañana fue localizado el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes, del Estado de México, con el rostro desollado. Ese mismo día por la tarde, la fiscalía del estado detuvo a 22 policías preventivos de Iguala y los trasladó a Acapulco, como presuntos responsables de los hechos del viernes.

El lunes 29, padres de familias de los 43 normalistas desaparecidos, acompañados de estudiantes, organizaciones sociales, la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) y maestros de la CETEG marchan en la capital, del monumento a Nicolás Bravo, hasta el lugar donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011. A cuatro días del atentado, José Luis Abarca Velázquez pide licencia por 30 días. Al terminar la sesión en la que el cabildo de Iguala le aprobó dicha licencia, el perredista huyó de Iguala minutos antes de que policías ministeriales sitiaran el palacio municipal para detenerlo.

Ese mismo día, el presidente Enrique Peña Nieto tocó por primera vez el tema. Desde una entrevista en Coacalco, Estado de México, dijo que “el gobierno federal puede brindar apoyo para reforzar las áreas en donde ha habido un debilitamiento institucional”, pero emplazó al gobierno del estado asumir su responsabilidad.

El 2 de octubre, de nueva cuenta, padres de familia, normalistas, universitarios, maestros y organizaciones sociales inundaron las calles de Chilpancingo, exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Ese día protestaron en Atoyac, Acapulco, Ayutla, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa y Tecoanapa.

A seis días de la tragedia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron los hechos y los calificaron de “extrema gravedad”, como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

Nueve días después, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia que su gobierno colaborará en la búsqueda de los normalistas desaparecidos y garantizará la seguridad. A dos horas del anuncio, llegaron a iguala la Gendarmería Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Federal Preventiva.

El 8 de octubre, familiares de los jóvenes desaparecidos, apoyados por normalistas, maestros de la CETEG, universitarios y organizaciones sociales, marchan e instalan plantón en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo. Dos semanas después, estudiantes de Ayotzinapa incendian el palacio de gobierno, mientras que los maestros de la CETEG hacen lo propio con el palacio municipal de Chilpancingo. Al día siguiente, Enrique Peña Nieto prometió encontrar pronto a los 43 normalistas desaparecidos y presentar a los culpables.

Padres de los desaparecidos marchan en Acapulco a 20 días de la tragedia. La consigna generalizada es la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y la presentación con vida de los 43 normalistas.

El 22 de octubre, durante primera Acción Global por Ayotzinapa, más de 150 mil personas marchan en la capital del país. Varias universidades se sumaron a la movilización y paros, a la protesta nacional para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

Ese día, las protestas se extienden en todo el país; en el extranjero, mexicanos se congregaron en espacios públicos y sedes diplomáticas, para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas. Al día siguiente de la megamarcha, el gobernador Ángel Aguirre Rivero pidió licencia al Congreso local para separarse del cargo.

Cuando se cumplió un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, asume el cargo como gobernador interino. El mandatario interino fue a Los Pinos a decirle al presidente Enrique Peña Nieto que le entregaría buenas cuentas.

El 29 de octubre, Peña Nieto se reúne con los padres de los 43 desaparecidos en Los Pinos. Después de cinco horas con los papás, Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional para anunciar que firmó una minuta de 10 acuerdos en la que las autoridades se comprometen a localizar a los normalistas y detener a los responsables.

A 41 días de los hechos de Iguala, la Policía Federal detiene al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y a su esposa María de los Ángeles Piñeda Villa en la Ciudad de México. El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el 7 de noviembre que tres detenidos, autores materiales y miembros del cártel Guerreros Unidos revelaron que a los 43 normalistas los asesinaron en el basurero de Cocula o murieron en el traslado desde Iguala, los quemaron durante 15 horas hasta calcinarlos por completo. Dijo que sus restos fueron fragmentados, reunidos en ocho bolsas de plástico con las cenizas y arrojados al río San Juan donde se halló una bolsa intacta que contenía huesos y dientes calcinados.

Ese día, en Acapulco, normalistas, organizaciones sociales, maestros y padres de los 43 desaparecidos cerraron las instalaciones del aeropuerto internacional Juan Álvarez, durante tres horas y media. El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo de los normalistas de Ayotzinapa: “De víctimas han pasado a victimarios”.

El 11 de noviembre, maestros de la CETEG incendiaron las oficinas del PRI estatal; policías estatales rocían gas lacrimógeno a los maestros para desalojarlos. En la represión, 25 profesores resultaron heridos, tres detenidos y el subsecretario de Seguridad Pública, Juan José Gatica Martínez, retenido por los manifestantes.

Familiares de los desaparecidos parten de Ayotzinapa en tres autobuses el 13 de noviembre, en tres caravanas con destinos diferentes: Norte, Sureste y Sur. En su paso por ocho estados de la República, pidieron a las organizaciones sociales y colectivos luchar por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. En Chiapas, la caravana Sureste es recibida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el municipio autónomo de Oventik, donde los rebeldes ofrecieron apoyo a los y las estudiantes y familiares de los desaparecidos.

El 20 de noviembre, en la tercera Acción Global por Ayotzinapa, familiares de los 43 desaparecidos afirmaron que llegarían hasta las “últimas consecuencias” para encontrar a sus hijos vivos durante el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México. En más de 185 ciudades de todo el mundo salieron a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.

Después de dos meses y ocho días, en su visita a Guerrero, el presidente Peña Nieto convocó a los guerrerenses hacer un esfuerzo colectivo “a superar” el dolor que dejó la desaparición de los 43 normalistas. Dos días después de la declaración, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck da a conocer que un hueso de los restos encontrados en una bolsa que supuestamente sicarios al servicio de Guerreros Unidos arrojaron al río de Cocula, corresponde al normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aclaró el 7 de diciembre que ellos no fueron testigos del hallazgo del fragmento óseo que culminó con la identificación de Alexander Mora Venancio.

Al día siguiente, padres de los 43 desaparecidos y el comité directivo estudiantil pidieron al Senado de la República que declarara la desaparición de poderes en Guerrero. Asimismo pidieron la suspensión de las elecciones locales y federales del próximo año, por falta de condiciones para la realización de los comicios.

El 11 de diciembre, cinco científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que la hipótesis de la PGR es imposible de probar científicamente, porque para la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. “Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios”, dijeron.

En una de las acciones más radicales, padres de familia de los 43 desaparecidos protestaron el 18 de diciembre en la entrada del 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación hacia el Ejército por su omisión y responsabilidad en los ataques del 26 y 27 de septiembre. Derribaron la puerta principal de las instalaciones militares y lanzaron copetones.

El día de Nochebuena, pese a la lluvia y el frío, padres de los 43 desaparecidos protestaron frente a la residencia oficial de Los Pinos para recordar al presidente Peña Nieto que mientras no les devuelvan a sus hijos, no habrá fiestas ni descanso para ellos ni para su gobierno.

Al cumplirse el tercer mes, padres de los 43 normalistas desaparecidos encabezaron la marcha para exigir la presentación con vida de sus hijos, la renuncia del presidente de la república Enrique Peña Nieto. Una vez más, se manifestaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería.

A cuatro meses y un día de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que llamó “verdad histórica”. El procurador asegura que existen elementos legales y científicos suficientes para asegurar que los 43 desaparecidos fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos tirados al río San Juan, en el municipio de Cocula. Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos no creyeron en las declaraciones de Murillo Karam y denunciaron inconsistencias en la tesis que sostiene el fiscal federal para asegurar que todos los estudiantes fueron asesinados y calcinados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

El 24 de febrero, policías federales reprimen a maestros de la CETEG y del SUSPEG que bloquearon el bulevar de Las Naciones en Acapulco para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el desalojo fue asesinado el maestro jubilado Claudio Castillo Peña, por la policía federal.

A un mes de presentar su “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam renuncia como procurador de la PGR, tras su paso fallido en la dependencia por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.

El 2 de marzo llegaron a la instalación de la Normal de Ayotzinapa, investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesto por el español Carlos Beristain, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el colombiano Alejandro Valencia Villa.

Al término de la jornada electoral del 7 de junio, en Tlapa, policías federales y militares asesinan de un balazo al universitario Antonio Vivar Díaz, que participaba desde octubre de 2014 en la protesta por la presentación con vida de los 43 normalistas. Ese día, brigadas de padres de los 43 desaparecidos y sus grupos de apoyo confiscaron y quemaron la papelería electoral de 24 casillas en Tixtla, para boicotear la elección federal, estatal y municipal.

En lo que significó un duro revés para el gobierno de Enrique Peña Nieto y el repunte para el movimiento de Ayotzinapa, en el informe preliminar del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, se descartó en definitiva, con base en peritajes del experto peruano en ciencias del fuego José Torero, que los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

Las reacciones del gobierno federal llegaron diez días después. En medio de la borrachera patriotera, la PGR dio a conocer en pleno 16 de septiembre, que forenses de la Universidad de Innsbruck identificaron material genético del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 desaparecidos, en restos hallados en Cocula.

Los padres rechazaron de inmediato esta versión, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense aclaró el jueves 17 que los resultados del laboratorio de la universidad Innsbruck, Austria no son definitivos para identificar al normalista, y los valores obtenidos en el análisis de una muestra ósea indican que sólo se puede considerar como una posibilidad que pertenezca a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Para desviar la atención sobre los hechos de Iguala, se anunció que en Taxco fue detenido Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, mando menor de Guerreros Unidos. López Astudillo había sido señalado por la PGR como el responsable de la matanza del 26 y 27 de septiembre en Iguala y la desaparición de los 43 normalistas.

Al cumplir un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas, padres de familia de los normalistas marcharon en la Ciudad de México. La protesta salió del Auditorio Nacional al zócalo de la capital. Más de 80 mil personas salieron a la calle ese día. Continúan las marchas en todo el país cada 26 del mes.

El gobierno mexicano anunció el  13 de abril que da por concluido el trabajo de GIEI tras varios enfrentamientos sobre la veracidad de la investigación. El domingo 24, el GIEI, presenta su segundo informe de los hechos, en donde desecha por completo la versión de la PGR. El GIEI entrega el 24 de mayo su último informe sobre el caso Ayotzinapa y pide cambiar la versión oficial porque “no existe certeza sobre el destino de los estudiantes.”

A un año, once meses y tres días de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la procuradora general de la República, Arely Gómez, presenta un informe en el que contabiliza 168 consignados: 54 policías de Iguala y 19 de Cocula; 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión así como 650 labores de búsqueda de los estudiantes. Dice que el caso no está cerrado.

La primera percepción de triunfo de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos una vez difundida la renuncia de Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la tarde del miércoles 14 de septiembre, se desvaneció horas después con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrarlo secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad.

El miércoles 21, Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), visitó la Escuela Normal de Ayotzinapa para reunirse con los familiares y compañeros de los estudiantes víctimas de los graves hechos sucedidos en Iguala del 26 al 27 de septiembre.

A cuatro días de que se cumplan dos años de los hechos de Iguala, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) dijeron que a dos años de que “el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes” al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, ahora premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad, al tiempo que persigue y encarcela a quienes buscan la verdad y la justicia.

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay cinco dictámenes técnicos en ese sentido”.

El gobierno de Peña Nieto ha puesto todo su empeño en estos dos años en ocultar la verdad, en desacreditar a los padres de los 43, a los estudiantes de Ayotzinapa y a las organizaciones no gubernamentales que acompañan al movimiento, así como organismos de reconocido prestigio internacional como el EAAF y el GIEI. Todo para proteger a las fuerzas armadas –Ejército y Policía Federal– y a sus allegados que enturbiaron las investigaciones, como Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio.

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