El gobierno mexicano compra software de espionaje y lo utiliza de forma ilícita con periodistas, activistas y defensores de derechos humanos

By  |  3 / julio / 2017

El pasado 19 de junio el reconocido diario New York Times reveló en su artículo “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México” que entre 2015 y 2016 se suscitaron múltiples intentos de espionaje a un grupo de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. El mismo día, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Citizen Lab difundieron su investigación “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control” frente a más de 200 personas.

El informe documentó una serie de textos enviados a los teléfonos de importantes críticos del actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Creado por NSO Group, el ingenioso software Pegasus está diseñado para infectar teléfonos celulares, tomando control de la cámara, micrófono y toda la información que contienen, convirtiendo al dispositivo en una puerta abierta a la vida privada de las víctimas.

La compañía israelí estipula que la venta del software es exclusiva para gobiernos, con la condición de que se utilice únicamente para la prevención y lucha contra el terrorismo y crimen organizado. No obstante, en el reporte de R3D comentan que “según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los dominios de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual hace presumir que autoridades mexicanas son clientes de NSO y que personas en México podrían haber sido objetivos de esta forma de vigilancia”.

El artículo 16 en la Constitución Mexicana exige que toda intervención de comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial federal previa.

Ana Cristina Ruedas de Artículo 19 comentó, “La evidencia indica que estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Así mismo, permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan la privacidad de la personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos”.

El informe de las organizaciones por primera vez en la historia reciente, le permite a la sociedad contar con “pruebas científicas y contundentes”  del espionaje en contra de personas críticas al régimen, así lo calificó la periodista Carmen Aristegui.

En la conferencia de prensa, Carmen Aristegui, quién recibió los textos enviados por Pegasus, lamentó que “el gobierno ha utilizado nuestros impuestos y nuestros recursos para cometer ilícitos graves”. Los afectados declararon que fueron 12 los casos registrados que recibieron este tipo de mensajes, entre ellos su hijo de 16 años de edad.

“¿Para qué quería el gobierno de Enrique Peña Nieto la información de un adolescente? ¿Qué iba hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto con la información de un joven estudiante? ¿Pensaba utilizar algo de lo que ahí obtuviera para atacar más a los periodistas como ya lo ha hecho en otras dimensiones?” comentó la periodista con respecto al caso de su hijo menor de edad.

Opositores al gobierno han tenido desde hace años la sospecha de ser vigilados ilegalmente por el gobierno federal. La sorpresa no es el espionaje, sino las pruebas de que el gobierno de un país pseudo-democrático utilice el espionaje como modus operandi contra sus críticos cuando éste se encuentra en momentos críticos en términos de credibilidad y estabilidad política.

Por años se habían cometido asesinatos -van más de 100 en los últimos 17 años- y actos de acoso e intimidación hacia periodistas y activistas. Ahora la era de la tecnología nos posiciona en una situación paradójica. Por un lado, proporciona herramientas vitales para las personas que se dedican a defender los derechos humanos y cuestionar las acciones del gobierno. Y por otro, provee al gobierno de equipos sofisticados como el software Pegasus y otros para contrarrestar estos esfuerzos.

John Scott Railton, investigador de Citizen Lab, señaló que “es un grupo desafortunado de países los que están vinculados a este tipo de actividad. Y resaltaría que muchos de los que lo utilizan (este tipo espionaje), son países que son barbáricos y autoritarios”.

Gracias a los expertos en forense digital se pudo demostrar casos de espionaje utilizando el malware Pegasus sobre Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena, Daniel Lizárraga, Carmen Aristegui y su hijo menor de edad Emilio Aristegui.

También, se comprobó que entre 2013 y 2015, se documentaron 3,182 solicitudes de autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. El CISEN es la autoridad que más veces ha hecho este tipo de intervenciones, seguido de la PGR y la Policía Federal.

Aristegui: “Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones”

Ese mismo día el grupo de periodistas, abogados y activistas afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Sobre esto, Mario Patrón comentó: “¿Tendrá el gobierno la capacidad y la voluntad de investigarse a sí mismo? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta… esta interrogante si el gobierno será capaz de investigarse a sí mismo, nuestra intención de la denuncia que acabamos de presentar el día de hoy es justo monitorear para documentar la impunidad y la ineficacia de la propia institucionalidad del estado”.

Explicaron que aunque no se logre nada con la denuncia emitida el pasado 19 de junio, es importante hacer frente al descaro que representa el espionaje gubernamental en su contra.

En su posicionamiento frente a los hechos, los periodistas y defensores afectados exigen al gobierno mexicano “la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso de poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Así mismo, exigimos la reformas legales necesarias para regular las facultades del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”.

Por su parte, la directora editorial de Aristegui Noticias, exhortó al presidente Enrique Peña Nieto y a su gobierno a dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Para percatarse del cinismo con el que se maneja el gobierno de Peña Nieto, solo basta leer la declaración de Daniel Millán Valencia, director general de medios internacionales de Presidencia de la República, en una carta que le envía a New York Times así como al noticiero Aristegui Noticias. Este documento señala que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo. Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”.

Tres días después de la publicación del artículo y de la conferencia de prensa y la denuncia presentada ante la PGR, Enrique Peña Nieto optó por emitir un mensaje al respecto. Durante la inauguración de un parque industrial en Jalisco, el funcionario dijo: “Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

La poca seriedad de las respuestas dejan en evidencia la falta de compromiso y respeto del gobierno mexicano hacia su ciudadanía.

Dinero del pueblo utilizado en su contra

El gasto que implica este tipo de tecnología utilizada en contra de la propia ciudadanía es indignante. El informe detalla que espiar en 10 usuarios de iPhone tiene un costo de $650,000 dólares, adicionales a la tarifa de $500,000 para la instalación del software.  Quizá no tanto como los desfalcos descarados de un Moreira o un Duarte a sus propios estados, pero sí nos invita a reflexionar y cuestionar ¿por qué estos mismos recursos (provenientes del erario público) no se utilizan para mejorar los recursos tecnológicos y humanos para la búsqueda de los más de 30,000 desaparecidas y desaparecidos en el país?

A todo esto, queda claro en la investigación realizada por los expertos en forense digital, que de haberse solicitado una petición ante el poder judicial para realizar estas intervenciones en los celulares de dichos ciudadanos, en definitiva se les hubiera negado, ya que es una violación de las leyes nacionales y las reglas de uso del programa dado que no son ni terroristas ni integrantes de grupos del crimen organizado.

La nota, colocada en primera plana del NYT dice que esto es “un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”.

Juan Rulfo lo explica bien en su obra El Llano en Llamas: “Es la costumbre. Allí le dicen la ley, pero es lo mismo”. Esperemos que no se haga más costumbre de lo que ya es esta “ley” de impunidad, cinismo e intimidación que se vive día a día en un país llamado México.

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