Megaproyectos del BID, desplazamiento y migración forzada

By  |  10 / mayo / 2010

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Contenido

 

  • Prólogo por Oscar Chacón
  • Introducción por Laura Carlsen y Michael Collins
  • El BID en México: el Plan Puebla-Panamá, Integración y Desplazamiento por Laura Carlsen y Michael Collins
  • La Política del BID en el Desarrollo de los Agrocombustibles: Desplazamiento y el cultivo de la palma aceitera en Colombia por Paula Álvarez
  • Financiamiento, megaproyectos y poblaciones afectadas: La Central Hidroeléctrica de Cana Brava (Goiás, Brasil) por Ricardo Verdum
  • Financiamiento del BID, Enclave Turístico y Pérdida de la Tierra Garífuna en la Bahía de Tela por Christopher Loperena
  • Conclusiones por Laura Carlsen

 

 

 

I. Prólogo

En el marco de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cancún, México; a celebrarse del 19 al 23 de marzo, 2010; un grupo de investigadores han trabajado, una vez más, en un aspecto poco discutido, pero de suma importancia en los proyectos del BID en nuestros países: el desplazamiento de comunidades y la migración forzada.

Para la Alianza de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALAAC, por sus siglas en ingles), una organización de las comunidades de migrantes latinoamericanas que viven en la diáspora de la globalización, el tema es central. Las comunidades migrantes latinoamericanas ansiamos ser socios en la construcción de un futuro en el cual los hombres y mujeres latinoamericanas puedan vivir en países que ofrezcan condiciones dignas de vida, donde nuestras necesidades políticas, económicas, sociales y culturales sean positivamente resueltas. Soñamos también con países donde el bienestar material estará plenamente reconciliado con el equilibrio ambiental que nos asegure sostenibilidad de largo plazo. Precisamente porque el futuro con el que soñamos es así, nos preocupa enormemente que el supuesto desarrollo venga a costos de desplazamientos y migraciones.

Los grandes cambios que se están dando en el hemisferio implican el cambio de uso de suelo en grandes partes del territorio. Estos cambios tienden a llevar a la imposibilidad de sostener la economía campesina y la implantación de grandes proyectos de desarrollo con menor capacidad de generación de empleo. Los resultados de este tipo de desarrollo son dos: en el mediano y largo plazo, el desplazamiento y la migración forzada por razones económicas. En el corto plazo, el desplazamiento provocado directamente por proyectos supuestamente de desarrollo.

El significado de mega proyectos infraestructurales financiados por el BID en aras de un elusivo desarrollo no ha sido objeto de análisis en cuanto a su impacto en los procesos migratorios internos, ni tampoco internacionales. En el contexto de una economía global con cada vez menos posibilidades de absorber a las personas desplazadas en nuevos mercados laborales, el cuestionamiento de estas prácticas se vuelve más urgente que nunca.

Las vidas de las personas en las comunidades que han sido objeto de estas investigaciones han sido ya severamente alteradas, quizás irreparablemente. Más allá de la empatía y solidaridad que estas historias generan, esperamos que esta investigación ayude a ir minimizando la repetición de estas prácticas. El costo humano que estos proyectos tienen son difíciles de cuantificar acertadamente, y mucho más difícil pretender que se pueden reparar debidamente.

El estudio que ahora presentamos ante ustedes, es una colaboración entre NALACC y el Programa de las Américas del Centro de Política Internacional. El mismo representa un esfuerzo actualizado y ampliado de una línea de investigación que busca producir conocimiento en función de acciones transformadoras que nos ayuden a ir definiendo una nueva versión de desarrollo integral justo y sustentable a largo plazo para los pueblos del continente Americano.

Agradecemos a cada uno de los investigadores que han colaborado con nosotros en este esfuerzo y esperamos que el valor colectivo de estas investigaciones animen a los pueblos del continente americano, incluyendo a las poblaciones migrantes, a jugar un rol más activo de monitoreo, resistencia (cuando así se requiera) e incidencia en las políticas que emanan desde nuestros respectivos gobiernos, como también de las que emanan de los cuerpos políticos y financieros multilaterales que dicen trabajar en pro de nuestro bienestar. La meta última seguirá siendo alcanzar una manera de vivir más saludable, llena de un sentido genuino de realización de nuestras aspiraciones personales y comunitarias; y a su vez, viable a largo plazo a razón de su respeto pleno al indispensable equilibrio ecológico.

Oscar A. Chacon
Director Ejecutivo, NALACC
17 de marzo, 2010

 

II. Introducción

Los Megaproyectos del BID: Desplazamiento, Destrucción y Engañó

Por Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional (CIP) y Michael Collins, Investigador y Analista con el CIP Programa de las Américas

En la reunión del BID este mes en Cancún para celebrar su quincuagésimo primer aniversario, sus gobernadores esperan un colosal regalo de cumpleaños: la inyección de millones de dólares en la cartera del banco para abordar los efectos de la crisis económica global en la región.

¿Pero está preparado el BID para encabezar la carga en los esfuerzos para aliviar el sufrimiento causado por la crisis y la pobreza persistente en la región? ¿Qué revela su historial al respecto?

Cuando las organizaciones de la sociedad civil afectadas por proyectos bancarios sesionaron el año pasado durante la convención bancaria en Medellín, Colombia, presentaron pruebas condenatorias concluyentes de que el BID se había vuelto persona non grata en gran parte de América Latina, y de que sus prácticas han infligido impactos ambientales, sociales e incluso económicos negativos en la región. Cada vez más ciudadanos se han organizado para protestar contra los proyectos que el BID financia en toda Latinoamérica, especialmente cuando estos pobladores pertenecen a alguna comunidad directamente afectada por el desplazamiento financiado por el BID.

Como parte del esfuerzo para evaluar las prácticas del BID y recomendar modificaciones a ellas, La Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe y el Programa de las Américas del CIP* decidieron examinar el tema, frecuentemente ignorado, del desplazamiento en los proyectos del BID. La concentración del banco regional en la construcción de grandes proyectos de infraestructuras ha desembocado en el desplazamiento, planeado o impremeditado, de miles de comunidades latinoamericanas al correr de los años. Pese a los lineamientos del BID que ordenan evitar los desplazamientos debido a sus elevados costos humanos, sociales, culturales y ambientales, el banco ha llevado adelante proyectos que causan desplazamiento físico masivo y ha forzado a las comunidades locales a migrar. En muchos casos, los desplazados son comunidades indígenas o con ancestros africanos que han estado presentes en la región durante siglos.

Nuestro informe aborda megaproyectos del BID en México, Brasil, Colombia y Honduras, y lo que se ha dado en llamar “desplazamiento inducido por desarrollo”. Con base en los resultados de estos proyectos para las comunidades locales, encontramos perverso el empleo del término “desarrollo.”

En estos estudios de casos, los habitantes de las tierras que serían inundadas, o bajo o sobre las cuales se construiría, desempeñan un papel activo. En su mayoría, en lugar de unirse pasivamente a la diáspora, se han organizado para defender sus tierras y llaman a la suspensión o modificación de los megaproyectos promovidos por el banco. Han tenido que enfrentar las amenazas y asesinatos producto de los intereses implícitos en inversiones de millones de millones de dólares, pero están logrando que sus voces sean escuchadas.

1. Las presas y proyectos hidroeléctricos mexicanos. En México, los planes para construir un gigantesco proyecto hidroeléctrico en La Parota, Guerrero—financiado por el BID como parte del esquema de desarrollo regional del Plan Puebla-Panamá—se prestaron a fuertes controversias desde el primer día. Los pobladores, activistas ambientales y organizaciones internacionales en contra de la construcción de presas criticaron el plan de inundar un valle de la selva y desplazar a sus más de 25,000 habitantes. La ausencia de consulta previa hizo que los agricultores locales supieran de la expropiación de su tierra para el proyecto de la presa, apenas cuando el equipo pesado de construcción comenzaba a llegar.

Luego de las protestas por la falta de la consulta que es requisito legal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo del proyecto, inició una consulta simulada. Se la llevó a juicio con éxito por falsificación de documentos, y todavía enfrenta acusaciones por delitos contra el ambiente y construcción sobre tierras sin permiso. Los problemas legales se acumularon, los pobladores se negaron a marcharse, y la ONU y el Tribunal Internacional del Agua censuraron duramente al gobierno mexicano por el proyecto. Sin embargo, el BID continuó promoviéndolo.

En un caso similar, el BID propuso también financiar un proyecto de presa hidroeléctrica llamado Arcediano, sobre el río Santiago. El proyecto implica la desaparición total del pueblo de Arcediano en Jalisco y ha merecido las críticas de los especialistas por la ausencia de consulta, los riesgos ambientales, problemas de salud relacionados con la calidad del agua, el costo del proyecto y el desplazamiento como temas cruciales. La contaminación del agua condujo a la muerte de un niño de ocho años a consecuencia de envenenamiento por arsénico luego de haber caído al río el año pasado. Los pobladores preguntan por qué el banco propone embalsar el río para distribuir sus aguas envenenadas a mayor número de gente, en lugar de ayudar a descontaminarlas.

Las presas La Parota y Arcediano fueron recientemente suspendidas a resultas de la protesta pública. No han sido definitivamente canceladas, y hay evidencias de que pronto tendrá lugar una nueva ronda de batallas.

2. El aceite de palma en Colombia y el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas. En nuestro caso en Colombia estudiamos la participación activa del BID en la promoción de la producción de palma de aceite para agrocombustibles. En Colombia, el conflicto armado y el aceite de palma están inextricablemente unidos, ya que empresas productoras de este aceite, apoyadas en poderosos intereses, han estado adueñándose de las tierras de comunidades afrocolombianas, desplazándolas intencionalmente por la violencia. Ha habido asesinatos documentados de sus dirigentes con el fin de obligar a las comunidades a que vendan sus tierras para destinarlas a producir la palma de aceite, y la emigración forzada suele ser la táctica para apoderarse de las tierras campesinas y así expandir la producción de esta palma. El BID promueve las plantaciones de palma de aceite a través de sus programas “de cambio climático” y “de desarrollo”, elogiándolas como una “oportunidad transformativa” y como un generador de inversiones, desarrollo y empleo en las áreas rurales. El impacto del desplazamiento ha sido ignorado.

3. Brasil: el desplazamiento por presas y los riesgos de la reubicación. En 1999, el BID financió una presa de gran envergadura conocida como CH Cana Brava. El proyecto condujo a un cambio devastador en la conformación socioambiental del área, y tuvo el dudoso honor de ser la primera presa construida íntegramente por una compañía privada conforme a un marco legal e institucional neoliberal que el gobierno brasileño introdujo a finales de los 1990s.

Más de 1,000 familias en la comunidad local—casi todas inmigrantes del noreste de Brasil y descendientes de esclavos africanos—fueron desplazadas por el megaproyecto. Muchas perdieron sus tierras y medios de subsistencia. El BID desempeñó un papel clave en los procesos de negociación y reubicación. Presidió juntas comunitarias en la presencia intimidante de la policía militar, y el Banco intentó negar la importante función de los dirigentes comunitarios asumiendo la postura—junto con sus socios, el banco brasileño de desarrollo BNDES y la empresa Tractebel—de rehusarse a negociar colectivamente con la comunidad. Más de diez años después, y después de muchos ajustes en el proceso de reubicación, más de 600 familias siguen sin ser reintegradas con éxito en comunidades autosuficientes.

4. Honduras: Los megaproyectos turísticos y el desplazamiento. Un proyecto financiado por el BID en la Bahía de Tela en la costa de Honduras está provocando el desplazamiento de las comunidades de garífunas y campesinas. El golpe de estado en aquel país abrió la puerta a intereses más que dispuestos a dar velocidad a este proyecto, a pesar de la resistencia local y de estudios que auguran graves daños ambientales. En este caso se examinan los niveles de desplazamiento que el desarrollo turístico involucra, así como el cumplimiento por el BID de sus propias reglas sobre desplazamientos.

Una nota final: Pese al compromiso del BID con la transparencia, nos resultó difícil localizar ciertos documentos e información general acerca de proyectos polémicos. Consultas por correo electrónico no fueron contestadas; documentos importantes fueron retirados de la red; funcionarios se negaron a atender consultas telefónicas, y las descripciones oficiales de los proyectos a menudo resultaron vagas y engañosas.

También descubrimos que el BID casi siempre omite aplicar sus propias políticas en asuntos de importancia vital. El banco se compromete a realizar consultas, pero muchos de sus proyectos carecen de la deliberación que el propio BID promete y que es requisito exigido en la Convención 169 de la OIT y otros instrumentos legales internacionales. El BID se compromete a supervisar los proyectos de sus deudores, pero luego de otorgar el crédito el interés que el banco muestra por las consecuencias suele ser mínimo, en especial cuando se trata de desplazamientos.

Los desplazamientos masivos de poblaciones humanas y la desintegración de comunidades no pueden descartarse como daños de corta duración colaterales al combate a la pobreza. Toda la literatura disponible apunta al empobrecimiento mayor o continúo de las comunidades desplazadas, así como a la pérdida de sus herencias culturales, sociales y ambientales. El BID debe poner fin a su silencio y responder públicamente a las críticas y controversias que rodean sus proyectos. También debe abandonar su concentración exclusiva en los megaproyectos, y explorar otras opciones de desarrollo y energéticas.

 

III. El BID en México: el Plan Puebla-Panamá, Integración y Desplazamiento

Por Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional (CIP) y Michael Collins, Investigador y Analista con el CIP Programa de las Américas

Panorámica del Banco Interamericano de Desarrollo en México

En años recientes, el BID ha financiado a gran escala proyectos en México como país prioritario. Desde 1993 se han financiado cuatrocientos noventa y tres proyectos, y esta actividad intensa no da señales de cesar. El BID anunció la apertura de 6 mil millones de dólares de los E.U. en líneas de crédito para 2008, e invirtió en 40 proyectos en México. En 2009, Ellis J. Juan, representante del BID en México, declaró: “Éste va a ser el mayor programa del BID en la región, junto con la asistencia planeada para Brasil.” El BID declaró que México recibiría 5 mil millones de dólares en créditos durante los dos años subsiguientes.

Portafolio

Este nuevo financiamiento para infraestructura, vivienda y transferencias de efectivo a los pobres en áreas rurales y urbanas es en parte un rescate de los efectos de la crisis económica y la rápida devaluación, pero también una estrategia a mayor plazo. Mientras otras naciones latinoamericanas se alejaban de las instituciones financieras internacionales debido al condicionamiento político que imponían a su otorgamiento de créditos, una sucesión de gobiernos neoliberales en México convirtió a este país en un auténtico laboratorio para el financiamiento público y privado de infraestructura que el BID ha estado promoviendo durante años. Varios proyectos piloto, uno para financiar directamente proyectos de infraestructura a través de estados miembros (FORTEM) y otro para introducir nueva legislación estatal para la inversión privada en infraestructura llamada Promoción e Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos, (PIAPPEM) fueron an24unciados en una Carta de Intención celebrada entre el gobierno mexicano y el BID en febrero de 2007. Estos proyectos recibirán más fondos de Infrafund, un esquema del BID específicamente para ayudar a preparar proyectos de infraestructura.

Al firmar la Carta de Intención, el presidente mexicano Felipe Calderón y el presidente del BID Luis Moreno reafirmaron la importancia central de los megaproyectos de infraestructura para el concepto de desarrollo que ambos comparten. Calderón citó el desarrollo de infraestructura como la condición sine qua non para la inversión, declarando: “La infraestructura es el mejor camino hacia la igualdad y justicia regionales. Sólo puede combatirse verdaderamente la pobreza con crecimiento y empleo y la única manera de generar empleos es a través de la inversión, la cual no puede generarse sin el desarrollo de infraestructura.” Moreno estuvo de acuerdo, diciendo que “Una infraestructura robusta y moderna es indispensable para la competitividad e integración regionales” y señaló que las asociaciones público-privadas podían movilizar hasta 8 mil millones de dólares en financiamiento para infraestructura entre el estado y el sector privado durante los siguientes seis años.

El Plan Puebla-Panamá/Proyecto Mesoamérica: integración, inversión y desplazamiento regionales

Durante la década pasada, el principal vehículo para el financiamiento del BID en México ha sido el Plan Puebla-Panamá, posteriormente rebautizado como el Proyecto Mesoamérica. Este Plan prevé una serie de enormes proyectos hidroeléctricos, para forestación, sistemas eléctricos y carreteras, etc., con el fin de unir a México con el mercado estadounidense y atraer la inversión extranjera.

El enfoque desenfadado del BID sobre el financiamiento a megaproyectos contrastó con las crecientes críticas públicas generadas por muchos de sus proyectos de infraestructura. El compromiso incondicional y no bastante estudiado con megaproyectos de infraestructura como estrategia central para su cartera de inversiones en México resulta tanto más sorprendente cuanto que el Banco suele tratar de no llamar la atención del público manteniendo un bajo perfil para evitar este tipo de controversias.

Esta estrategia data casi de hace dos décadas, cuando el BID, junto con el gobierno mexicano, lanzó el plan de enormes proporciones para cambiar el uso de la tierra y reorientar la producción en México bajo el entonces denominado “Plan Puebla-Panamá.” El plan generó críticas públicas masivas, la oposición de organizaciones internacionales, y protestas locales debido a sus implicaciones de desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas y un extenso daño ecológico. Los planificadores regresaron a sus mesas de trabajo, no para diseñar un nuevo plan, sino para crear una nueva estrategia de relaciones públicas. Tras mantenerlo inactivo durante unos años, el PPP fue vuelto a lanzar en su nueva forma de Proyecto Mesoamérica. En esta ocasión la transparencia ha sido uno de los mayores problemas con que se topan los grupos ciudadanos que pretenden evaluar el plan, ya que después de la debacle pública del PPP, el BID cuida muy bien de no especificar cuáles de sus proyectos, actuales y futuros, vienen bajo el estandarte del Proyecto Mesoamérica, no obstante que está suministrando 1,300 millones de dólares de los E.U. en créditos para el proyecto.

En medio de los cambios de denominación y los diversos programas de relaciones públicas, permanece la interrogante: ¿Cuál es la premisa en que se basa este tipo de esquema para la integración regional? ¿Cómo afecta las vidas de quienes habitan y trabajan en la vasta faja de territorio nacional cubierta por el plan?

El Plan Puebla-Panamá (PPP) fue inaugurado por el presidente mexicano Vicente Fox a principios de 2001 como un ambicioso programa para la integración de la región mesoamericana a otra mayor que comienza en el estado de Puebla en México, atraviesa nueve estados del sur de México (entre ellos Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Campeche) y los ocho países de América Central (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y últimamente incluyó a Colombia. El BID fue un campeón del PPP desde sus inicios. El Banco planificó una inversión de 4 mil millones de dólares en el proyecto de integración regional de lo que originalmente se concibió como un plan de 10 mil millones de dólares. Hasta la fecha se han gastado más de ocho mil millones de dólares.

El objetivo declarado del PPP fue conseguir la integración y el desarrollo en la región dentro del contexto de lo que se preveía como un modelo ineludible y deseable de globalización. En la cumbre de dirigentes regionales de 2004, se le definió como “parte de una estrategia de desarrollo para fortalecer las economías y los mercados para su interacción y la construcción de una identidad regional mesoamericana que culminará en la inclusión de una economía globalizada en la región.” El PPP encerraba los objetivos de los países desarrollados (especialmente el líder regional, los Estados Unidos), y las trasnacionales buscaban atrapar más firmemente a las naciones mesoamericanas en la economía global como mercados nuevos, fuentes de recursos naturales y de mano de obra barata. El Plan prometía inversiones generadoras de empleo en las áreas afectadas, e incorporaba el estímulo e intensificación de actividades económicas como importaciones, exportaciones, inversiones y producción fuera de su territorio facilitando el tránsito de bienes de norte a sur y articulando inversiones en la zona a través de una infraestructura moderna y a gran escala.

Otra meta propuesta era fomentar la “cooperación regional para aprovechar al máximo y de manera sostenible las riquezas y ventajas comparativas de la región mesoamericana, rectificando la carencia histórica de infraestructura física y reduciendo el índice de pobreza y la vulnerabilidad de la región a los desastres naturales.” Hasta la fecha no ha habido una valoración comprensiva del progreso en todas estas áreas.

El Plan Puebla-Panamá fue concebido para enfrentar dos desafíos principales. El primero era la evidente falta de beneficios originados por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte para el sur de México, donde se concentra la mayoría de la población marginada y pobre del país. Esta falla era ampliamente reconocida; El Banco Mundial publicó un estudio llamando al sur de México “la región no alcanzada por el TLCAN.” El estudio propuso la inserción enérgica de la región en la globalización a través de nueva infraestructura, la inversión extranjera y la explotación de los recursos naturales; propuesta que se contraponía directamente a resolver lo que los movimientos campesinos indígenas habían diagnosticado como el problema: la falta de igualdad social y la pulverización de las formas de vida tradicionales a consecuencia de la globalización.

El segundo desafío para la agenda de la globalización de los gobiernos de la región era la necesidad percibida de abrir los países de América Central a la inversión extranjera, especialmente para facilitar la explotación internacional de los abundantes recursos naturales de la región y para enlazar estas inversiones con el mercado estadounidense.

Los movimientos populares opuestos al PPP sostenían que éste los desplazaría de sus tierras y formas de vida tradicionales, sea directamente como con expropiaciones para presas y otros megaproyectos, o indirectamente, volviendo imposible vivir de actividades productivas tradicionales como la agricultura, la pesca, producción de artesanías u otras actividades propias de las comunidades. El PPP se había convertido en el núcleo de una batalla por el uso de la tierra y por planes de desarrollo que enemistaron a los modernizadores y sus grandiosos planes para rehacer la región y así atraer a los grandes inversionistas, con las comunidades que argumentaban que el problema no era lo que ellos hacían, sino las relaciones de poder que les impedían gozar de los beneficios de lo que hacían.

Sorprendentemente, los movimientos locales ganaron la primera ronda, y un poco más de un año después de su lanzamiento espectacular, el PPP entró en una etapa de estancamiento y se tomó la decisión consciente de bajar su perfil. Por un lado, el Plan no obtuvo el financiamiento internacional esperado por la crisis económica que siguió al ataque del 11 de septiembre de 2001. Por el otro, el inesperado movimiento de Resistencia popular en México consiguió detener los proyectos de infraestructura que amenazaban a sus comunidades, mediante la estructuración de movimientos de oposición locales y la creación de una red internacional para educar al público. Esto se transformó en tal dolor de cabeza para el gobierno mexicano, que en 2003 el entonces presidente mexicano Vicente Fox y el BID decidieron guardar el Plan, eliminando sus sitios web oficiales y quitándolo de la vista del público y del discurso oficial.

La crítica pública al PPP hizo que el Banco y el gobierno mexicano retiraran la enorme campaña publicitaria del Plan y volvieran a la mesa de trabajo para ver cómo vender el esquema de desarrollo por infraestructura masiva a un público desconfiado. Tras mucho retroceder, en una reunión entre el BID y ONGs en 2002 acerca del polémico Plan Puebla-Panamá (PPP), el representante del BID declaró inequívocamente: “No discutiremos presas porque no las financiaremos. Tampoco queremos financiarlas a través del sector privado.” Empero en ese mismo momento, el Banco proveía el financiamiento para varios proyectos hidroeléctricos en América Latina.

Según informes de prensa, el BID se concentró mucho en la etapa de mejoramiento de la imagen pública del PPP. Contrató a una firma de relaciones públicas para tratar de desvanecer la imagen pública negativa que rodeaba al Plan mediante la magia de Madison Avenue. Creó programas sociales para los pobladores, algo que se había pasado por alto en el plan original. Sin embargo, estos proyectos siguieron siendo una fracción minúscula del total de los recursos. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2003 el BID, otras instituciones financieras internacionales y los ocho países participantes firmaron una Carta de Intención sobre desarrollo rural, agrícola y ganadero para subrayar las oportunidades económicas para las comunidades indígenas y campesinas de la región, pero no hay certeza de cómo se gastó el dinero o cuáles fueron los resultados.

En ese período de latencia, muchos proyectos de integración pensados para el PPP siguieron su curso bajo otras denominaciones y a través de otros programas gubernamentales para no atraer las protestas públicas que habían seguido al PPP en las comunidades afectadas y entre grupos populares indígenas y ambientalistas.

En abril de 2007 el Nuevo presidente mexicano Felipe Calderón volvió a lanzar el PPP en el Estado de Campeche, pese a las protestas de las comunidades locales como una “respuesta a los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad internacional.” Los principales proyectos incluidos fueron la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), que involucra una línea de transmisión de Guatemala a Panamá y la construcción de 381 presas hidroeléctricas, y una red carretera mesoamericana de más de 10,209 km. En la visita a Campeche se anunció que el PPP participaba activamente en 99 proyectos a un costo de más de 8 millones de dólares.

En junio de 2008 los presidentes de los estados miembros del PPP se reencontraron en México, y con la esperanza de liberar definitivamente al Plan Puebla-Panamá de su problema de imagen, lo rebautizaron como Proyecto de Integración y Desarrollo para Mesoamérica, o “Proyecto Mesoamérica” para abreviar.

Megaproyectos y Desplazamiento

Desplazamiento Social

En vista de que el problema era ampliamente reconocido, en 1998 el BID desarrolló lineamientos sobre el reasentamiento involuntario. Los lineamientos aseveran que “El objetivo de la política es minimizar la desorganización de las formas de vida de las personas que viven en el área de influencia del proyecto, evitando o reduciendo al mínimo la necesidad de desplazamiento físico, asegurando que cuando se les deba desplazar se les trate con equidad y siempre que sea posible, puedan compartir los beneficios del proyecto que requiere su reasentamiento.” Los lineamientos refieren de dos principios:

1. “Se realizarán todos los esfuerzos para evitar o minimizar la necesidad de reasentamientos involuntarios” incluyendo evaluar opciones alternativas a través de estimados precisos del número de gente afectada, los costos de su reubicación, el impacto sociocultural y la vulnerabilidad de la población afectada. Se concluye: “Cuando tendría que sujetarse a grandes cantidades de gente o a una porción significativa de la comunidad afectada a reubicación y/o a impactos que afecten valores y bienes difíciles de cuantificar y compensar, y después de haber explorado todas las demás opciones, se considerará seriamente la alternativa de no seguir adelante con el proyecto.”

2. Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas reciban, a la brevedad posible, una compensación y rehabilitación justas y adecuadas que garanticen, i) un nivel de vida y acceso a la tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, servicios sanitarios, infraestructura para la comunidad, y títulos de tierras) que equivalga por lo menos a los niveles previos al reasentamiento; ii) la recuperación de todas las pérdidas que hayan causado las privaciones transitorias; iii) el experimentar la menor desorganización posible de sus redes sociales, oportunidades de empleo o producción, y el acceso a recursos naturales e instalaciones públicas, y iv) el acceso a oportunidades de desarrollo social y económico.

Bajo consideraciones especiales, los lineamientos requieren un “análisis de riesgo de empobrecimiento” cuando el proyecto afecte a grupos marginales, tomando en cuenta la pérdida de empleos, tierras, seguridad alimentaria, medios de producción, redes sociales y acceso a la educación. El estudio debe incluir medidas preventivas que tomen en cuenta género, etnicidad, ingreso y otros factores socioeconómicos. En caso de desplazamiento de comunidades indígenas, los lineamientos afirman que el Banco apoyará proyectos solamente donde i) el factor de reasentamiento produzca beneficios directos a la comunidad afectada en relación con su situación anterior; ii) se reconozcan plenamente los derechos consuetudinarios y se les compense con justicia; iii) las opciones de compensación incluyan reasentamiento basado en la tierra; y iv) las personas afectadas hayan dado su consentimiento informado a las medidas de su reasentamiento y compensación. También requieren la participación de las comunidades en cada etapa de la planificación y realización del reasentamiento y de la compensación por ello.

Desplazamiento Ambiental

Además del desplazamiento social, está el desplazamiento por causas ambientales. En algunos casos, aunque el proyecto en sí no desplaza a comunidades, el impacto ambiental efectivo las desplaza. Por tal motivo, ningún estudio de desplazamiento con migración forzada puede hacerse aparte del impacto ambiental. La mayoría de las comunidades en estudio son comunidades indígenas o campesinas que dependen para su subsistencia de una íntima relación con la tierra.

En enero de 2006, el Banco aprobó una nueva política ecológica y de cumplimiento de salvaguardas. Esta política “Requiere la relación temprana y permanente con las comunidades afectadas por un proyecto y busca el apoyo comunitario antes de financiar megaproyectos.” Y estipula, entre otros requisitos, que:

 

  • El Banco supervisará que el deudor/entidad ejecutora cumpla todos los requisitos de salvaguarda estipulados en el contrato de crédito y las reglas de crédito o de operación de proyecto.
  • Todas las operaciones que el Banco financie serán analizadas y clasificadas de acuerdo con su impacto ambiental potencial.
  • El Banco requerirá el cumplimiento de las normas especificadas para Evaluaciones de Impacto Ambiental.
  • Los proyectos requerirán la consulta con las partes afectadas y la consideración de sus puntos de vista.
  • Las operaciones financiadas por el Banco incluirán como apropiadas las medidas que prevengan, disminuyan o eliminen la contaminación que emane de sus actividades.

 

 

No obstante, como lo demostraron las comunidades en áreas donde se llevaban a cabo proyectos como La Parota, esta política no se ha cumplido.

La actitud del BID parece la de financiar el proyecto para después mirar en dirección contraria, mientras se deja a los pobladores lidiar con entidades indiferentes o abiertamente represivas, como la CFE, que están a cargo de poner el proyecto en práctica.

Integración de Capital, Desplazamiento Humano: Los Proyectos de Presas Financiados por el BID en México

Michael Cernea declara lo siguiente:

“El desplazamiento forzado de poblaciones siempre tiende a provocar crisis, aun cuando sea necesario como parte de programas de desarrollo amplios y benéficos. Constituye una profunda ruptura económica y cultural para todos los afectados. La dislocación rompe los patrones de vida y la continuidad social; desmantela los modos de producción existente, desorganiza las redes sociales, causa el empobrecimiento de gran parte de los desarraigados, amenaza su identidad cultural e incrementa el riesgo de problemas de salud y epidemias.”

La razón fundamental detrás de la organización popular para rechazar los proyectos del PPP fue la amenaza de desplazamiento de las poblaciones locales que los proyectos implican.

Los megaproyectos financiados por el BID a través del Plan Puebla-Panamá y sus encarnaciones subsiguientes llevan casi todos a algún grado de desplazamiento o migración forzada. En algunos casos—especialmente en la construcción de presas, como se verá más adelante en los casos de los proyectos hidroeléctricos de La Parota y Arcediano—el desplazamiento es anunciado y directo. En otros, el cambio de uso de la tierra que los proyectos promueven eliminan formas de vida o modifican el ambiente de tal manera que ya no puede sustentar a las comunidades que han vivido allí durante años. Por ejemplo, la plantación de monocultivos que el PPP fomenta, como el de eucalipto o los destinados a biocombustibles, exigen mucho menos mano de obra que las granjas pequeñas, de modo que al implantarse estos nuevos usos en la tierra se pierden empleos y los habitantes se ven obligados a emigrar. Los grandes proyectos turísticos que en muchos casos ni siquiera contratan a la población local también tienden a desplazar las formas de vida tradicionales.

Es lo que los expertos han llamado “desplazamiento inducido por desarrollo”. De acuerdo con Michael Cernea, analista del Banco Mundial, entre los factores que causan el desplazamiento inducido por desarrollo están el suministro de agua (presas, tinacos, irrigación), infraestructura urbana, transporte (caminos, carreteras, canales), fuentes de energía (minería, plantas eléctricas, exploración y explotación petrolera, ductos), expansión agrícola, parques y reservas forestales, y programas de redistribución poblacional. El mismo autor describe los riesgos principales como desarraigo de la tierra, pérdida de trabajos, de vivienda, marginación, inseguridad alimentaria, mayor morbilidad y mortalidad, pérdida del acceso a la propiedad colectiva, y desintegración social. En otros términos, casi todos los aspectos críticos de la existencia humana están expuestos a los efectos potencialmente negativos del desplazamiento.

Además, Courtland Robinson señala que el desplazamiento inducido por desarrollo tiende a exacerbar la desigualdad social: “No sólo es [este desplazamiento] un fenómeno extendido y creciente, sino que la evidencia indica que aunque el desarrollo beneficie a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera desproporcionada las poblaciones más pobres y más marginadas.” Otro autor, Rajagopal Balakrishnan, llegó incluso a apodar al desplazamiento y la migración causados por proyectos de desarrollo como “limpieza por desarrollo”, afirmando que “pueden muy bien constituir limpieza étnica disimulada ya que la gente desalojada casi siempre resulta ser de comunidades de minorías étnicas y raciales.” Ciertamente todos los casos de desplazamiento y migración forzada que se analizan en este documento afectan más directamente a comunidades indígenas pobres.

El principio 6 de los Principios Rectores presentados a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declara: “Todo ser humano tendrá el derecho de ser protegido contra el desplazamiento arbitrario de su hogar o sitio habitual de residencia”, y continúa: “La prohibición de desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos… c) en casos de proyectos de desarrollo a gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial.”

A pesar de las críticas de organizaciones no gubernamentales y comunidades afectadas y el impacto evidente del desplazamiento, sucesivos gobiernos mexicanos han dado la bienvenida más entusiasta al financiamiento del BID para proyectos en México, viendo tales inversiones como un factor clave para asegurar un flujo de crédito y de divisas extranjeras hacia la economía casi siempre fluctuante del país. Muchos organismos pertenecientes al Estado, como BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) se han beneficiado del espléndido financiamiento a proyectos de asociaciones públicoprivadas.

Sin embargo cada vez es más evidente que los pobladores locales a quienes afectan estos proyectos de miles de millones de dólares, son vistos prácticamente como un estorbo ante el avance del desarrollo practicado de arriba abajo. En esta sección se estudiarán los proyectos respaldados por el BID que han traído graves repercusiones entre los mexicanos, provocando desplazamientos y migración forzada.

México ya ostenta el desafortunado título de ser la nación que expulsa el mayor número de habitantes que cualquier otro lugar del mundo. El modelo de integración económica asegurado con candados bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) ha desembocado en un aumento dramático de la migración porque desplaza las formas de vida tradicionales a través de importaciones, concentración y cambios en los usos de la tierra. El PPP y los proyectos que el BID financia dentro de la lógica de la integración regional al estilo TLCAN acelera ese proceso mientras agrega el desplazamiento directo causado por los megaproyectos de infraestructura.

El BID ha sido partidario fiel del modelo TLCAN en México, y su inversión en infraestructura está diseñada para respaldar y expandir el modelo del libre comercio como el camino al desarrollo. Un informe del BID de 2002 resaltó que “La conclusión de un acuerdo equilibrado y comprensivo para un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a más tardar en 2005 es un objetivo estratégico crucial para América Latina y el Caribe. Este acuerdo promete proporcionar un acceso más seguro de mercados a América del Norte, reducir la desviación de comercio dentro de las subregiones, mejorar la productividad, estimular la inversión extranjera directa y fortalecer la cooperación con América del Norte.” Cuando las negociaciones del ALCA fracasaron en Mar del Plata porque los países del sur protestaron contra las ventajas desproporcionadas que se estaban otorgando a las empresas del hemisferio norte conforme al tratado, el BID continuó apoyando al PPP como una forma de “integración facilitada por infraestructura” concentrada en la integración económica entre las naciones mesoamericanas y de la costa del Pacífico que habían firmado acuerdos de libre comercio (ALCs) con Estados Unidos. La Declaración Conjunta de Campeche elimina cualquier duda respecto a la relación entre el plan de integración e infraestructura del Plan Puebla-Panamá y el modelo de libre comercio del TLCAN; en una de sus resoluciones se lee: “Instar respetuosamente al Congreso de E.U. a que apruebe prontamente los acuerdos de Libre Comercio firmados por el gobierno de este país y los de Colombia y Panamá.”

La última estrategia del BID para México disponible al público (2002-2006) tiene como uno de sus temas principales “La integración de México con el resto de América del Norte a través del TLCAN progresa satisfactoriamente. Ahora el Plan Puebla-Panamá propone que se expanda esa integración regional hacia Centroamérica, poniendo énfasis en el papel de los estados del sur de México.”

El BID sigue apoyando ciegamente megaproyectos de infraestructura a despecho de los costos sociales y la amplia protesta social contra los proyectos. El Banco no ha escuchado la crítica de que benefician a las grandes compañías constructoras y expulsan a las poblaciones locales, y no existen estudios completos para valorar seriamente esta queja, una realmente grave en lo referente a fines de desarrollo. Los casos siguientes demuestran una estrategia de echar a un lado a las poblaciones locales sin aplicar siquiera sus propios lineamientos sobre desplazamiento. Es nuestra creencia que tanto el proceso de consulta del BID como sus criterios de selección de proyectos deben someterse a revisión total si el Banco ha de mejorar su pésima imagen y evitar dañar las vidas y formas de subsistencia de los mismos pobladores a quienes pretende beneficiar.

3. Estudios de Casos

A. La Parota, Guerrero

La construcción de presas a gran escala se cuenta entre las causas más prominentes y drásticas de desplazamiento causado por proyectos de desarrollo. Un estudio del Banco Mundial calculó que gracias a la frenética construcción de presas de principios de los años noventas, 300 presas de gran profundidad desplazaron a más de cuatro millones de personas. A pesar de reconocer los problemas implícitos en los desplazamientos masivos, el informe concluía que era probable que el desplazamiento por proyectos de desarrollo se incrementara durante la década siguiente.

El proyecto implica la construcción de una presa sobre el río Papagayo que suministraría 900 megavatios de energía, y agua potable al municipio de Acapulco.

Los compromisos financieros actuales del BID con La Parota no quedan claros. En la lista de proyectos de 2009 aparece el siguiente con la CFE, fechado el 24 de mayo de 2007:

“Asistencia a la CFE en los Aspectos Ambientales y Sociales de Proyectos Hidroeléctricos. Descripción del Proyecto: El principal objetivo de este CT es evaluar el desempeño y la capacidad de administración de la CFE en el manejo de los impactos ambientales y sociales de grandes proyectos hidroeléctricos a través de un enfoque práctico que considere el Proyecto como una iniciativa piloto. Esta evaluación es un elemento clave en la conducción de actividades preparatorias para el financiamiento de proyectos potenciales de la CFE para la generación de energía.”

La obtusa redacción de este enorme proyecto (1,168,434 dólares de los E.U.A.) parece implicar que el Banco financia un análisis de lo que salió mal en el intento de imponer el proyecto La Parota. Sin embargo, la falta de mayor información impide asegurarlo. El proyecto también apareció en el boletín de marzo-abril de 2002 sobre el PPP y los proyectos del BID en estos términos: “Presa la Parota: Almacenamiento de agua del río Papagayo, Guerrero, para producir 765 MW. Construcción de una presa de 162 metros de altura e instalación de tres turbogeneradores.”

Aunque funcionarios lo han negado, en sus inicios el Plan Puebla-Panamá incluía la construcción de 381 presas hidroeléctricas para abastecer una red eléctrica regional. Entre ellas estaba una enorme presa que se construiría en La Parota, estado de Guerrero, para alimentar el área turística de Acapulco. Esta presa, sobre el río Papagayo, inundaría 17,000 hectáreas y desplazaría, según estimados oficiales, entre 2,000 y 3,000 habitantes. Sin embargo, los pobladores y organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra real se acerca más a los 25,000. La mayoría de los afectados son campesinos indígenas, que verían sus tierras y formas de vida desaparecer en nombre del desarrollo.

Aunque su preparación ya llevaba varios años, no fue sino hasta 2003, cuando llegó equipo pesado para comenzar a limpiar la tierra para su construcción, que los habitantes mestizos e indígenas se enteraron del plan. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó los trabajos del proyecto hidroeléctrico La Parota en tierras ejidales propiedad de la población indígena nahoa de Cacahuatepec, Guerrero. La construcción implicaba destruir un monte y dejar el área sin árboles ni vegetación.

Cuando comenzó los trabajos en 2003, la Comisión Federal de Electricidad aún no había obtenido el permiso de las comunidades ni la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Secretaría del Medio Ambiente. Más tarde, sin importar los testimonios sobre el impacto ambiental negativo de la presa, la Secretaría autorizó la DIA. El informe prevé la inundación total de 16 pueblos y la inundación parcial de otros 8, causando el desplazamiento forzado de unos 14,756 habitantes (muchos expertos afirman que se desplazaría a 25,000 personas). A pesar de los riesgos, el proyecto hidroeléctrico no prevé ningún plan de manejo de cuencas como lo requiere la Ley de Aguas Nacionales para la protección, mejoramiento, preservación y recarga de cuencas, mantos acuíferos, ríos y vertientes. No especifica cómo mitigará los efectos de anegar 17,000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo, ni contiene planes específicos para la reubicación de los 25,000 habitantes, en su mayoría indígenas nahoas agricultores cuyas vidas y cultura se ligan con la tierra de manera inextricable. Además, las organizaciones afirman que 75,000 habitantes más se verán afectados por factores como el aumento de la sedimentación y la salinidad. Como se mencionó, los habitantes estiman la cifra de personas directamente desplazadas en 25,000, que actualmente ocupan 21 comunidades agrícolas. Explican que la disparidad entre su estimado y el del gobierno se debe a que el gobierno no tomó en cuenta comunidades que serían afectadas indirectamente por el flujo de agua. Aparte de la subestimación de los costos humanos en desplazamiento peritos técnicos han puesto en tela de juicio el proyecto de alrededor de 800 millones de dólares debido a sus costos sociales, ecológicos y económicos extremadamente elevados. La necesidad de capacidad generadora adicional no está comprobada más allá de toda duda y la falta de estudios serios sobre los impactos ambientales y sociales y los riesgos sísmicos despiertan todavía más dudas acerca de la presa.

No se consultó a los habitantes sobre el proyecto, lo que violó la Convención 169 de la OIT en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, las reglas de la ONU sobre desplazamientos y los propios lineamientos del BID.

Felipe Flores, vocero del CECOP (Concejo de Ejidos y Comunidades Opuestos a Presa La Parota) y habitante de Garrapatas, una de las comunidades afectadas, experimentó de primera mano la lucha para detener La Parota. “Vinieron a mitad de una noche de 2003 para colocar su maquinaria y comenzar el trabajo. Descubrimos lo que pasaba sólo después. Tuvimos una asamblea con las tres comunidades afectadas—Arrollo Verde, San José y Garrapatas—para ver qué pensaban del proyecto. Nadie lo quería, pero a la CFE no le importó. Se negaron a darnos ninguna información.

“Cuando empecé a organizar y protestar me convertí en enemigo. Visitamos otras poblaciones para levantar apoyo, y de repente a varios compañeros los pusieron en la cárcel, a otros los asesinaron. Al primero lo mataron de camino a su casa de una reunión sobre La Parota con el gobernador. El 8 de diciembre de 2009 me amenazaron personalmente. Alguien llegó a mi puerta y me dijo que era el único que faltaba. Dijo que todos los demás los habían comprado o matado. Me dijo que yo seguía.”

Pablo Romo de Serapaz, organización mexicana que promueve la resistencia pacífica y ha estado muy involucrada en la campaña contra La Parota, subrayó la falta de consulta, declarando: “Nunca hubo contacto alguno con la CFE referente al proyecto. No fue hasta que celebraron una asamblea en 2007, cuatro años después que el proyecto inició, que los habitantes descubrieron de qué se trataba el plan. “Incluso entonces, sin avisarnos por adelantado, la CFE decidió celebrar la asamblea a las 6:30 de la mañana. Habíamos organizado una marcha previa a la asamblea y llegamos a la asamblea para encontrar que nos habían dejado fuera de lo que pasaba. Entonces otros pobladores locales empezaron a salir; los habían invitado a asistir temprano y “aprobaron” el proyecto, los compraron con bolsas de comida. Cuando finalmente pudimos entrar, los organizadores de la asamblea dieron a los integrantes de la localidad un folleto con fotografías de las casas nuevas que les iban a dar. Ni siquiera se había preguntado a los integrantes de las comunidades que serían desplazadas que tipo de casa querían. En cambio la CFE había consultado a arquitectos de la Universidad de Guerrero. ¡Era una burla!”

Un miembro de la
comunidad sale de la
asamblea con una
bolsa de comida.

Después de bloquear físicamente la entrada del equipo para detener la destrucción de sus tierras, los pobladores formaron el CECOP. El concejo, formado de 5,000 hombres y mujeres de 39 poblaciones, ha bloqueado la construcción de la presa durante cinco años, interpusieron y ganaron demandas para exigir la participación pública adecuada, y se convirtió en figura clave en los foros internacionales acerca de los impactos ambientales y sociales de las mega presas.

La organización ha tenido problemas para obtener información precisa sobre el proyecto. El gobierno no ha cumplido los requisitos para la participación pública en la toma de decisiones y la realización del proyecto, los sistemas legales y reglamentarios han bloqueado muchos de sus intentos para impugnar la imposición de la presa, y agencias tanto estatales como federales han recurrido a la fuerza para excluir a los oponentes de las asambleas sobre expropiación. Por medio de pagos y sobornos el gobierno ha dividido a las comunidades en grupos de partidarios violentos y opositores al proyecto. Hasta ahora se ha asesinado a cuatro personas y encarcelado u hostigado a varios dirigentes.

La falta de consulta no fue solamente una afrenta a la población local, fue una violación de la ley. México es signatario del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y otros tratados sobre derechos humanos internacionales y regionales que lo obligan a abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos, así como a proteger a la población de ellos. El PIDESC define como desalojos forzosos, “el acto de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.”

Una Comisión Civil formada para investigar el caso señaló: “Nos preocupa que no hayan sido respondidas a cabalidad las recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en consonancia con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.”

De acuerdo con un informe que preparó Amnistía International, el megaproyecto La Parota produce preocupación en cuanto a los siguientes derechos humanos: derecho a la información; derecho a recursos legales efectivos; derecho a la genuina participación, que estipula el derecho internacional sobre derechos humanos en relación con el desplazamiento inducido por desarrollo, y además la violencia y la intimidación que han rodeado el proyecto La Parota.

Asimismo destaca que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha resuelto que los desalojos forzados son una violación grave de una serie de derechos humanos y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contienen protecciones a la “libertad de buscar, recibir e impartir información (31) y a “participar en la dirección de los asuntos públicos.”

Tocante a La Parota, Amnistía Internacional afirma que como Estado miembro de la Convención No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, México está en general obligado a abstenerse de desalojar a los pueblos de que se trata de las tierras que ocupan. Como declara el Artículo 16(2) de la Convención:

“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.”

El caso La Parota fue presentado ante el Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos y el PIDESC, quien expresó su preocupación:

“sobre los informes de que miembros de las comunidades indígenas locales opuestas a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota u otros proyectos contenidos en el Plan Puebla-Panamá no son consultados apropiadamente y en ocasiones se les impide por la fuerza participar en asambleas locales que tratan de la realización de estos proyectos. Igualmente es preocupante que la construcción de la presa La Parota provocaría la inundación de 17,000 hectáreas de tierra habitada o cultivada por comunidades indígenas y campesinas locales, conduciría al agotamiento ambiental y, según informes, desplazaría a 25,000 personas; y también, de acuerdo con el Tribunal Latinoamericano del Agua, violaría los derechos ejidales de las comunidades afectadas, así como sus derechos económicos, sociales y culturales).”

El Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas incluyó a La Parota en su informe anual 2007:

“también son víctimas de abuso y violaciones en México los campesinos indígenas del estado de Guerrero que se oponen a que se construya la presa La Parota en su territorio, proyecto que el Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la población. Un tribunal ha instruido al Gobierno que desista de la construcción de obras de infraestructura en esta área mientras no se resuelva el conflicto mediante la negociación, pero las autoridades han ignorado la resolución de amparo y siguen adelante construyendo caminos como parte del proyecto de la presa, a la que muchos pobladores se oponen.”

En junio de 2007 los pobladores ganaron un recurso de amparo con base en la resolución de un tribunal de que las asambleas locales realizadas para aprobar el proyecto no se llevaron a cabo de manera legal. El CECOP emitió la declaración de que “La CFE y el gobierno habían falsificado una asamblea de terratenientes en la cual supuestamente éstos autorizaron la expropiación de sus tierras y su ocupación por la CFE.”

Anteriores megaproyectos de presas en México que han desplazado poblaciones indígenas, han estado marcados por la corrupción y por la falta de beneficios a los habitantes locales. Hasta la fecha las comunidades afectadas luchan por las compensaciones prometidas. Un creciente movimiento ha surgido en Latinoamérica para bloquear los megaproyectos de infraestructura promovidos por el BID y otras instituciones financieras internacionales ante sus elevados costos ambientales y sociales. El CECOP pronto se volvió un líder en el movimiento contra los megaproyectos y sirve de ejemplo e inspiración al movimiento; transmite el mensaje de que no debe esperarse más para reexaminar los enormes proyectos de presas hidroeléctricas que causan daños irreversibles a los sistemas acuíferos, los ecosistemas, la flora, la fauna y las comunidades humanas.

Manifestantes fuera de la asamblea.

Pese a toda la controversia que rodeó al proyecto La Parota, éste ha seguido apareciendo en documentos internos del BID. En julio de 2009, en una reunión sobre “Estrategias, Programas Nacionales e Industrias para el Cambio Climático: Oportunidades y Desafíos para América Latina y el Caribe”, se nombró a La Parota como un proyecto aprobado y en construcción. Los documentos de la convención lo mencionan como tal dentro del programa nacional para el cambio climático del gobierno mexicano, financiado parcialmente por el BID.

En septiembre de 2009 la CFE “pospuso” el proyecto La Parota. La CFE declaró que en vista de la crisis financiera global, los mexicanos estaban usando menos electricidad y que por lo tanto estaba revisando sus prognosis para la demanda de electricidad en el futuro. La mayoría de los observadores consideran que esta suspensión y revisión es una victoria para los oponentes a la presa. La CFE se vio envuelta en una prolongada y compleja batalla legal con los oponentes, quienes, entre otros motivos, atacaron al proyecto por obligar al desplazamiento causar daños ambientales y dejarlos sin agua. Asimismo la CFE continúa envuelta en dos procesos legales por falsificación de documentos (los relativos al argumento de que en las “asambleas de consulta” se falsificaron firmas por las que se aprobaba el proyecto), delitos contra el ambiente y construcción sobre tierras sin permiso. También se sigue un juicio contra el autor de la evaluación de impacto ambiental del gobierno mexicano, en donde se aprobó el proyecto.

Los procesos legales no fueron la única presión ejercida sobre la CFE. Un informe de 2007 de la ONU exigió la suspensión inmediata del proyecto La Parota, afirmando que el proyecto no había satisfecho cuestiones relativas al derecho a la información consulta y consentimiento previos, a derechos humanos. El informe también destacó la necesidad de hacer cumplir el derecho a no ser sujeto a desplazamiento, el cual se reconoce en el Artículo 16 de la Convención 169 de la OIT, y en los Artículos 18 y 19 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que estipulan:

“(18) Los pueblos indígenas tienen el derecho de disfrutar plenamente todos los derechos establecidos conforme a la ley laboral internacional y la legislación laboral nacional. Los individuos indígenas tienen el derecho de no ser sujetados a ninguna condición de trabajo, empleo o salario que sea discriminatoria.

(19) Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar plenamente, si así lo eligen, en todos los niveles de toma de decisiones en asuntos que puedan afectar sus derechos, vidas y destinos a través de representantes electos por ellos mismos de acuerdo con su propios procedimientos, así como de mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de toma de decisiones.”

El informe de las Naciones Unidas también declara que “estiman necesario que el gobierno mexicano cuente con una política exhaustiva en relación con los posibles desplazamientos resultantes de proyectos de desarrollo, que satisfaga las normas internacionales.” En respuesta a la crítica de la ONU, el gobierno mexicano declaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las autoridades estatales, respectivamente, siempre han insistido en que el proyecto se llevará a cabo sólo si las comunidades lo aprobaban en ejercicio pleno de sus libertades.” Queda claro, empero, que la voluntad popular era algo a lo que el gobierno mexicano y sus organismos dieron escasa importancia. La ONU criticó también la falta de programas de desarrollo humano y social en la zona e instó al gobierno a que tomara medidas al respecto.

En 2006, un dictamen no vinculante del Tribunal Latinoamericano del Agua referente al proyecto, determinó que la CFE había iniciado los trabajos en tierras y territorios indígenas sin informar a las comunidades implicadas, y criticó al gobierno mexicano por su evaluación de impacto ambiental deficiente, calificando de “ilegal” su aprobación del proyecto. El dictamen también afirma que el proyecto se inició en perjuicio de los derechos indígenas dado que conlleva a la expropiación de tierras indígenas y el desplazamiento de miles de personas, y concluye que la CFE no debe llevar a cabo megaproyectos que en la realidad tienen poco que ver con la energía renovable y significan un alto costo social y ambiental sufrido por los habitantes del área donde se planea realizar el proyecto. Este no es el primer intento de la CFE de construir una presa en La Parota. Los pobladores rechazaron esfuerzos parecidos durante la década de 1970. Los miembros de las comunidades locales creen que el proyecto hidroeléctrico fue detenido hace treinta años, que el gobierno mexicano, a propósito, creó las condiciones para eliminar a los pobladores del área de construcción; e informan de un patrón de recortes en los servicios gubernamentales y en suministro de recursos a la región como parte de un intento concertado del gobierno para obligar indirectamente a los habitantes a emigrar a otras regiones.

Esta idea parece estar respaldada por estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que citan a Guerrero como el estado mexicano con el mayor número de migrantes internos, así como el quinto estado por su cantidad de migrantes. Un estudio realizado en el pueblo de Los Huajes (3,500 habitantes), que sería afectado por La Parota, reveló un aumento sostenido de migrantes del pueblo en los últimos diez años. El estudio también reporta que el pueblo no recibe fondos para ningún proyecto local ya sea del estado o del municipio. Un ejemplo claro es que el pueblo carece de cualquier clínica o centro de salud, la clínica más cercana está a 30 km de distancia. El anterior presidente municipal Alberto López Rosas (2003 a 2005) resumió así la actitud del gobierno: “¿Por qué vamos a dar recursos, o infraestructura, si el pueblo va a acabar inundado de todas formas?”

Aunque la suspensión de la presa La Parota se considere una victoria de las comunidades locales y se haya eliminado la amenaza inmediata de desplazamiento, muchos habitantes y otros participantes en el caso creen que el gobierno intentará otra vez, tal vez con fondos del BID, imponer el megaproyecto hidroeléctrico. Son muchos los intereses, sobre todo de constructoras trasnacionales, que han expresado su interés en los contratos relativos.

De hecho la CFE fue explícita en su decisión de posponer meramente el polémico proyecto de la presa, cuando un vocero declaró: “No se cancela. Se difiere.” El gobierno no ha descartado la posibilidad de limitarse a esperar a que se agote la resistencia, para promover de nuevo la construcción de la presa. Ni el gobierno ni el BID han reconocido públicamente los alegatos contenidos en la plataforma de oposición del CECOP. Se teme que ambos procedan a seguir despoblando el área eliminando programas gubernamentales para alentar la migración, y continúen con la privatización del sistema eléctrico mexicano. Esto último creará mayor presión para construir el megaproyecto como empresa privada, y lo primero reducirá cualquier oposición local.

Manifestantes en camino a la asamblea.

Romo apunta: “Ellos dicen ‘suspensión’; la misma definición de la palabra significa que el proyecto no se cancela definitivamente. Su actitud es ‘podemos esperar’. Ahora se les negarán recursos, fondos, etc. a las comunidades opositoras para obligarlas a moverse.”

La CFE propone reiniciar el proyecto en 2018. Gobierno e inversionistas están contando con que disminuya la resistencia mientras aumenta la migración y se erosiona la capacidad de las comunidades locales para organizarse. Rodolfo Chávez, dirigente del CECOP, toma la suspensión con escepticismo. “No hemos recibido ninguna información oficial de la CFE sobre esto, ¡Y nuestra demanda es que el proyecto sea cancelado de una vez por todas, no pospuesto!”

El BID también parece estar esperando ya que según documentos internos, no ha eliminado a La Parota de su lista de proyectos activos. Para los pobladores locales, puede no haber terminado la batalla por conservar sus hogares y sus tierras.

B. Presa Arcediano, Guadalajara

Se espera que la Presa Arcediano, un proyecto hidroeléctrico que se ubicaría sobre el río Santiago, cueste 300 mil dólares de los E.U.A., con una capacidad de 404 millones de metros cúbicos. La cortina medirá 125 metros de altura e incluirá una estación de bombeo para transportar el agua del fondo del cañón a la planta purificadora 580 metros más arriba.

La presa, promovida por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ha enfrentado las críticas intensas de expertos que mencionan la falta de consulta previa, los riesgos ambientales, el costo y el desplazamiento resultante como sus problemas clave. El costo de la presa se estima en 300 mil dólares, con una capacidad de 404 millones de metros cúbicos. También hay problemas sanitarios en relación con la calidad del agua que la presa produciría, dado que el río Santiago contiene elevados niveles de agua contaminada.

Se ha apodado al río Santiago “el Río de la Muerte” por su macabra reputación. En febrero de 2008 Miguel Ángel López Rocha, un niño de ocho años de edad, murió de envenenamiento por arsénico tras haber caído al río. Muchos argumentan que el proyecto no podrá resolver el problema de aguas sucias, ya que la mayor parte del dinero destinado al proyecto se empleará en su construcción, dejando un pequeño presupuesto para la purificación del agua.

El proyecto fue ideado por Alberto Cárdenas, ex gobernador de Jalisco y hoy Secretario de Agricultura. La primera vez que el gobierno de Cárdenas propuso el proyecto en el Congreso, se encontró con objeciones hechas a gritos por el hecho de que se destinara sólo una porción del dinero a sanear el río. Más tarde el proyecto fue aprobado por la siguiente administración, de Francisco Ramírez Acuña, mientras Cárdenas acusaba a los oponentes de “piojez mental y actitud méndiga”.

El proyecto empezó entonces a desplazar a los habitantes de Arcediano, el pueblo principalmente afectado por la presa. El costo social del proyecto es la desaparición total del pueblo de Arcediano. Luego de que tres familias se negaron a dejar el pueblo, el gobierno de Jalisco procedió, sin aviso previo, a demoler la casa de una de las principales activistas en el área, María Guadalupe Lara Lara. La demolición se realizó a las 5 de la mañana del 20 de junio de 2007. La Sra. Guadalupe Lara Lara había comparecido ante la Cámara de Diputados junto con su abogado ambiental Pedro León, para solicitar la cancelación del Proyecto Arcediano.

Un estudio del Proyecto Arcediano que la Universidad de Guadalajara hizo en 2005 encontró que el proyecto no era viable y que necesitaban resolverse numerosas cuestiones relativas a las implicaciones ecológicas y sanitarias antes de que el proyecto pudiera seguir adelante. El proyecto Arcediano no garantiza el acceso de los habitantes del poblado al agua limpia—un derecho humano básico—y también ha desplazado a más de 30 familias de sus hogares. El cañón donde se levantará la presa es el hábitat de floras y faunas, entre ellas muchas especies amenazadas, que el proyecto afectaría negativamente. Asimismo hay 400 especies de plantas en el área señalada para la construcción, y que funciona como ecosistema único para las comunidades circundantes, puesto que sirve tanto como regulador del clima para Guadalajara, como limitante natural del crecimiento de esa ciudad. En efecto, el cañón fue declarado “Área Natural Protegida” por el Consejo de la Ciudad de Guadalajara en.

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco fue criticada por su proceso de selección cuando aprobó el Proyecto Arcediano. En 2001 se presentaron a la Comisión 53 proyectos alternativos, mismos que fueron rechazados sin una justificación apropiada. El estudio de viabilidad de 2005 también halló incongruencias en la metodología de evaluación que se usó para elegir el proyecto Arcediano, y estipula que se desechó incorrectamente el principal proyecto alternativo denominado Loma Larga. También se cita la falta de claridad en cuanto al costo exacto del proyecto ya que hay inconsistencias en su presupuesto y éste no toma en cuenta los factores de riesgo implícitos. El estudio de la Universidad de Guadalajara también afirma que la Evaluación de Impacto Ambiental fue inadecuada y que se necesita una valoración correcta de los riesgos sanitarios.

Guadalupe Riviera, de la ONG “Un Salto de Vida,” que promueve el saneamiento del río Santiago, habló de la ignorancia del gobierno cuando intenta poner en práctica el proyecto. “El gobierno no nos quiere hacer caso de que el río está contaminado. ¿Cómo es posible que esté construyendo la presa Arcediano al lado de un río altamente contaminado?” También se refirió a la falta de consulta previa con los afectados por la construcción: “La gente supo del Proyecto Arcediano cuando llegaron las compañías para destruir su tierra y sacarlos. El gobierno quiere inundar estos pueblos para que desaparezcan.” Virginia Vásquez, residente de El Salto, situado sobre el río Santiago, habló de los peligros de construir allí una presa: “Hay gente muriendo de cáncer, problemas renales, infartos, etc. El hermano de mi esposo murió el año pasado por la contaminación. Es muy grave.”

El BID se ha comportado con su habitual opacidad con respecto a la Presa Arcediano. En su sitio web no se menciona el proyecto, y muchas ONGs no están seguras de quién está financiando el proyecto. Sin embargo, un documento del BID de junio de 2009 revela que parte de un crédito del BID ostensiblemente para un “programa multifásico de inversiones en y fortalecimiento de instituciones y financiamiento de estados y municipios” ha sido desviado a un estudio ambiental de la presa Arcediano. Posteriormente este documento fue retirado del sitio web.

Documentos del gobierno mexicano revelan que el BID ha financiado intensamente el proyecto de la presa Arcediano. En una oferta de licitación, el gobierno de Jalisco busca participantes en el Programa Integrado para Abastecimiento de Recursos a la Circunscripción de Guadalajara, PIARCG. El documento estipula que el PIARCG está financiado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que a su vez es financiado por el BID.

El 28 de octubre de 2009 el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, compareció públicamente para anunciar que se cancelaría el proyecto Arcediano por recortes en el presupuesto, y que los fondos se utilizarían en proyectos hidroeléctricos menores. No nos queda claro lo que sucederá con los fondos que el BID suministró, o si el proyecto se pospone, se cancela o simplemente será modificado. ONGs como el IMDEC (Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario) e International Rivers (Ríos Internacionales) celebraron la decisión como victoria importante. Con la experiencia de la Resistencia y organización locales contra el proyecto La Parota, México ha desarrollado una red coordinada y activa de grupos opositores a presas y otros megaproyectos.

Cuestiones de Transparencia

No obstante el compromiso duradero del BID con la transparencia, la cual incluye una política de divulgación de información que asegura “la emisión al público de toda la información sobre el Banco”, muchos de sus proyectos están hoy envueltos en el misterio. Encontramos dificultades para investigar algunos de estos proyectos. Tras enviar varios correos electrónicos a la oficina del BID en México, finalmente nos contestó Ellis J. Juan, representante del BID en México. Juan negó inicialmente que el BID hubiese financiado cualquier aspecto de La Parota, pero cuando le presentamos un enlace electrónico a un proyecto del BID donde figuraba la CFE (cuyo nombre se sospecha se utiliza en lugar de La Parota, declinó hacer ningún otro comentario, refiriéndonos al Departamento de Relaciones Exteriores, el cual ignoró todas nuestras interrogantes subsiguientes. El Sr. Juan también declinó comentar sobre cualquier interrogante sobre financiamiento por el BID de otros megaproyectos controvertidos, como Zapotillo, Temacapulin, Veracruz, Paso de la Reina, Arcediano y La Yesca.

La nueva Iniciativa de Energía Sostenible para el Cambio Climático (SECCI) parece ser el medio de solapa de más megaproyectos. Dentro de esta Iniciativa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales recibirá 400 mil dólares como parte de la segunda operación del Programa de Apoyo para la Agenda de México para el Cambio Climático. La primera operación consistió en un crédito de 200 mil dólares en noviembre de 2008.

Los nuevos proyectos listados como de cambio climático son vagos y no mencionan realmente en qué consisten; sólo mencionan el término ominoso “recursos hidráulicos”. Esto a pesar de que involucran cantidades de dinero como para hacer llorar los ojos. Es claro que debido a la publicidad negativa que el BID ha recibido por determinados proyectos, el Banco desea proyectar una imagen más “ecológica”. Sin embargo, el cambio de terminología enmascara un aumento en el financiamiento de megaproyectos.

A medida que la presión civil en México y el mundo para que se reevalúen y detengan muchas megapresas dañinas se ha incrementado, el BID se ha vuelto más reservado y menos transparente.

Del internet desaparecieron, sin explicación alguna, documentos relativos a proyectos como Arcediano y La Yesca, haciendo tanto más difícil su investigación. Pese al hecho de que La Yesca tiene un número de proyecto (ME-L10106), no aparece en la sección de proyectos del sitio web del BID, el lugar donde la sociedad civil típicamente procuraría informarse de los proyectos del Banco.

Para otras organizaciones son patentes las discrepancias en la política de transparencia del BID. En una publicación reciente, el Centro de Información Bancaria (BIC) entidad no lucrativa, menciona la última propuesta del BID para un Aumento General de Capital, que busca utilizar el impacto de la crisis financiera global para incrementar drásticamente su volumen de créditos. De acuerdo con el BIC, la propuesta “se impulsó con los procedimientos típicos del BID: envuelta en el secreto y en aparente conflicto con el alcance y métodos de consulta pública.” Más adelante comenta que “El área de Transparencia de la Junta es todavía una debilidad crítica en la calidad general de supervisión de la Junta. Actualmente debe reconocerse que existe muy poco intercambio entre los Directores del BID y los ciudadanos de los países a los que representan. La función de deliberación de la Junta es de hecho una caja negra para la sociedad civil de América Latina. Descríbanse cuáles reglas y estructuras se han establecido y cómo se están poniendo en práctica o no.”

No es sólo el compromiso de transparencia del BID lo que el Banco infringe; también ignora frecuentemente sus políticas ambientales y de consulta.

Conclusiones

En suma, los megaproyectos de infraestructura que el BID respalda conforme al paradigma de integración económica regional están creando tensiones sobre la tierra y los recursos naturales en localidades que antes existían relativamente aisladas de estas fuerzas. En muchos de estos lugares, la sociedad humana se ha desarrollado durante siglos con una relación especial con la tierra y formas diferentes de valorarla. Estas diferencias, más que ser emocionales o de algún modo irracionales, están vinculadas a bienes y servicios no comerciables que nunca se verán internalizados en el precio de productos agrícolas o valores inmobiliarios. Aun así, son intrínsecos a la seguridad humana y desempeñan funciones ocultas en el bienestar y desarrollo nacionales. Una lista parcial de ellas incluiría la identidad y diversidad cultural, prácticas espirituales, equidad de género, manejo de ecosistemas locales, seguridad alimentaria y soberanía, cohesión social, y ciertas formas de autogobierno tradicional.

En la lógica basada en el mercado, el desplazamiento suele verse como positivo, o al menos como un mal necesario. Pero los riesgos y costos que implican para los individuos afectados están entre los más altos de cualesquiera impactos generados por políticas. Los casos de La Parota y el Arcediano demuestran que el BID no sólo no evita megaproyectos que causen desplazamiento masivo, sino que promueve activamente este tipo de proyectos. La reubicación de comunidades indígenas y campesinas desde regiones destinadas al “desarrollo” es fundamental para el modelo del PPP que el Banco promueve.

Dispersos entre estos proyectos, el Banco también tiene en etapa inicial mini proyectos dedicados a las poblaciones afectadas, y que realmente son adiciones primordialmente para fines cosméticos. La mayor parte, como el apoyo para el “Programa Oportunidades” del gobierno mexicano, no establecen una base de desarrollo o productiva sólida para las comunidades, sino más bien proporcionan dinero en efectivo para aliviar la pobreza extrema y programas sociales para “parchar” la ausencia general de servicios en la región.

Supervisar al BID se ha vuelto más difícil desde los movimientos de protesta contra el PPP. Ya no se identifica a los proyectos con el PPP o el Proyecto Mesoamérica y a menudo se encuentra sólo la información más vaga y rudimentaria. Debe hacerse al BID responsable de los proyectos que financia directa o indirectamente. El BID es totalmente consciente de la controversia medular de los megaproyectos incluidos en el PPP—el desplazamiento—y de las protestas y la represión de los organismos gubernamentales estatales y federales.

Los numerosos conflictos al paso de los años debían haber alertado al BID del hecho de que este era un proyecto polémico y, cuando muy poco, de que había margen para una revisión total del PPP. Asimismo se ha criticado la falta de información disponible sobre proyectos del BID, lo que despierta las sospechas y la ira de las partes afectadas. Una mayor transparencia significaría que se ventilaran más sanamente las repercusiones del Plan Puebla-Panamá, pero parece que el BID y sus socios quieren llevar el proyecto a la práctica con tan poca publicidad negativa como les sea posible.

Asimismo se condenó ampliamente el proceso de consulta que se llevó a cabo, y el BID, en su planificación del PPP, parece haber considerado a las comunidades indígenas como un obstáculo en lugar de cómo una prioridad. Esta postura obstinada y errónea es lo que ha abierto a las críticas el papel del BID en el PPP y en última instancia ha puesto en peligro las vidas de incontables comunidades indígenas en el sur de México.

En lo que se refiere a las prácticas del BID, la restricción de evitar los desplazamientos debiera ser la regla a la que pudieran permitirse solamente raras excepciones. Como lo demuestran nuestros ejemplos, ello no se ha aplicado en México y de hecho parece que hubiera tendencias sólidamente incorporadas a la visión del desarrollo según el BID que le conducen al desplazamiento de las poblaciones que se encuentran en áreas remotas, en tierras ricas en recursos o en zonas afectadas por megaproyectos. Estas tendencias deben ser corregidas.

La participación y consulta pública en cualquier proyecto que implique desplazamientos es esencial. Entre los prerrequisitos para ello están la información, la educación pública, y la orientación y asesoría legales. En México, demasiadas veces hemos presenciado procesos de consulta pública en temas de empleo de recursos en donde el gobierno escoge con intención a los representantes de las poblaciones afectadas, se limita estrictamente la gama de temas a discutir, se restringe la información sobre el proyecto, y no se dan a conocer los lugares ni los tiempos de la consulta. La ley exige una consulta y participación auténticas y debe ser respetada.

El Banco debe igualmente desarrollar análisis integrados de costos-beneficios. Aquí el desafío es desarrollar análisis costos-beneficios que tomen en cuenta no sólo una ganancia económica a corto plazo, sino también los demás valores y beneficios sociales anteriormente mencionados: generación de empleos, preservación de la diversidad biológica y cultural, cohesión social, seguridad alimentaria, salud, equidad de género, captura de carbono, etc. Este enfoque, ya sea que se le llame de seguridad humana o simplemente de una visión interdisciplinaria integrada, agrega una amplia variedad de variables y ayuda a comprender por qué los modelos económicos han predicho de forma tan ineficiente, ya no digamos resuelto, los impactos sobre el movimiento poblacional.

Este enfoque es también crítico para el reconocimiento de derechos; lo que resulta de lo más obvio cuando se habla de desplazamiento.

La visión del BID de la integración regional involucra a las comunidades en la región—indígenas y campesinas—como objetos y no como sujetos de desarrollo.

Las organizaciones sociales que se oponen al Plan Puebla-Panamá identifican algunas características fundamentales para un nuevo modelo de desarrollo. Todas ellas conllevan la búsqueda de mejores niveles de vida para las poblaciones locales:

 

  • La integración regional debe basarse en el fortalecimiento del mercado interno y el comercio regional, no principalmente en el comercio y el capital trasnacionales.
  • Para estimular el mercado interno, deben elevarse los niveles de vida y reducir la tasa de pobreza.
  • Los canales de comunicación deben modernizarse con la meta de estimular no sólo el comercio trasnacional sino también el comercio regional y local.
  • El desarrollo debe basarse en la reevaluación de la economía campesina/indígena, no en su destrucción.
  • Puede reevaluarse la producción campesina reconociendo económicamente la importancia del pueblo indígena y local en la conservación de los ecosistemas y el conocimiento tradicional.
  • El plan de desarrollo debe ser producto del mismo pueblo, con una consulta extensa a y entre las comunidades.
  • El gobierno mexicano en todos sus niveles debe dirigir cualquier proyecto de desarrollo hacia un esquema que responda a las necesidades y decisiones nacionales y no a las exigencias de las compañías trasnacionales.

 

 

La misión que el BID ha declarado tener en México es “combatir la pobreza y promover la equidad social.” El Banco afirma que estos beneficios deben acumularse no sólo a la nación como un todo sino para las poblaciones de las regiones y comunidades en donde se llevan a cabo los proyectos del BID. Al sur de México, esos proyectos son causa de desplazamiento y de pérdida de cultura y formas de vida y erosionan las economías regionales y locales.

La captación en créditos para 2008 responde en parte, sin duda alguna, a la crisis financiera global. Bajo el TLCAN, México ha experimentado por mucho tiempo la reorientación de su economía hacia las exportaciones, y vende más del 80% de sus exportaciones a un solo país: Estados Unidos. La crisis socioeconómica le ha impactado duramente, con más de medio millón de empleos perdidos en el sector formal solamente entre noviembre de 2008 y febrero de 2009.

En lugar de reducir la desigualdad entre las regiones de México concentrando los proyectos en el sur del país, el tipo de proyecto que se respalda suele aumentarla. En efecto, el desplazamiento vuelve a las poblaciones vulnerables todavía más vulnerables y los beneficios de los megaproyectos permanecen en manos de los inversores acaudalados. En la economía desigual de México, la mayoría de los desplazados pierden el delgado hilo al cual se agarraban para sobrevivir. Rara vez vuelven a asentarse con éxito en las zonas vecinas debido a su carencia de redes sociales y recursos.

Lo anterior indica cuán a menudo se convierten en migrantes, migrantes, ya sea a las ciudades o a Estados Unidos. La expulsión de los habitantes pobres, que esencialmente los obliga a desaparecer en la diáspora de la globalización, no puede ser considerada una medida contra la pobreza. Hacer invisibles a los pobres no es ninguna manera de eliminar la desigualdad.

Recomendaciones

Si el BID desea recuperar la confianza del pueblo mexicano para sus proyectos, debe modificar su conducta actual. El primer paso debe ser la cancelación definitiva de La Parota. El proyecto ha sido un desastre de principio a fin, y la idea de que postergar el proyecto resolverá todos los problemas existentes es un insulto contra quienes han pasado sus vidas luchando contra la presa. En México La Parota se ha convertido en un caso emblemático para los oponentes a megaproyectos, y ya es hora de que el BID asuma el hecho de que perseverar con el proyecto sólo dañará más el prestigio del BID e intensificará la desconfianza del pueblo mexicano hacia el BID.

El BID debe cumplir sus propias políticas. Actualmente el Banco tiene establecidas numerosas políticas adecuadas para minimizar el impacto social y ambiental de sus proyectos. Con todo, dichas políticas sólo atienden de dientes para afuera a las diversas ONGs y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. La ONU censure duramente al BID por no haber dado información ni consultado a las personas afectadas, pese a que los lineamientos del BID dicen que el Banco apoyará únicamente proyectos donde haya participación comunitaria en cada etapa de planificación de su reasentamiento. La Política de Cumplimiento Ambiental y de Salvaguardas del BID establece que “las operaciones que financie el Banco incluirán como medidas apropiadas prevenir, reducir o eliminar la contaminación que emane de sus actividades”, esto a pesar de que en 2001 se señalaron los altos niveles de contaminación del río sobre el cual se construiría el proyecto del BID Arcediano.

El BID también debe comprender que no puede esconderse detrás de los gobiernos y organizaciones a los que financia. En lugar de participar en los debates sobre los proyectos que costea, el Banco ha preferido dejar que organismos como la CFE tome las riendas del proyecto y lleve a cabo las consultas y evaluaciones necesarias. Como lo demostró el caso La Parota, estos organismos suelen violar los compromisos éticos y embisten y despojan con sus proyectos a los afectados sin apenas hacerles caso. El BID está consciente de la controversia en torno a muchos de sus proyectos pasados, presentes y futuros, pero su silencio en torno a ellos es mucho más que elocuente. Una de las políticas de Cumplimiento Ambiental y de Salvaguardas dice que “El Banco supervisará el cumplimiento del prestatario/entidad ejecutora de todos los requisitos de salvaguarda estipulados en el contrato de crédito y reglamentos de crédito o de operación del proyecto.” Una vez más, el cumplimiento de las políticas existentes tiene la prioridad fundamental.

Asimismo, el BID debe organizar un foro para responder a las inquietudes sobre sus proyectos. Actualmente todas las interrogantes son dirigidas al organismo ejecutor del proyecto o gobierno apropiado. Si el BID desea mejorar su muy manchada imagen, debería responder públicamente a estas interrogantes en lugar de guardar silencio y dejar que otras entidades manejen las quejas. Cuando lo estime necesario, el BID debería estar en libertad de realizar y publicar evaluaciones independientes de impacto socioambiental en relación con proyectos controvertidos. Acciones como ésta respaldarán la noción de que el Banco es una entidad independiente que sirve al interés público apartándose de la idea ética actual de que el Banco no es más que un cheque en blanco para los gobiernos y los grandes negocios. Al llevar a cabo evaluaciones independientes de impacto socioambiental, el Banco también debería explorar alternativas para sus megaproyectos. En el caso de Arcediano, la CFE desechó muchos otros proyectos a causa de su perspectiva de apego obstinado a un solo proyecto. Si una entidad independiente, actuando bajo la autoridad del BID, explorara opciones, estas decisiones erróneas podrían evitarse. En referencia a las presas, muchas organizaciones ambientales propugnan la construcción de presas a menor escala, e International Rivers señala que “Las presas pequeñas pueden ser una fuente de electricidad económica y sustentable, especialmente en áreas rurales.” En vista de las protestas recientes en México, el BID estaría bien aconsejado en apartarse de las presas de gran envergadura.

Referencias

Gudynas, Eduardo “El BID a los 50: No es momento de festejos, sino de transformaciones” Agencia Latinoamericana de Información-ALAI http://alainet.org.

Internal Displacement Monitoring Center, “MEXICO: Evictions of indigenous communities fuel displacement in Chiapas A profile of the internal displacement situation” 22 de Enero, 2008.

Martinez, Nadia. “Destabilizing Investments in the Americas II: The Inter-American Development Bank’s Fossil Fuel Financing: 1992-2004 Sustainable Energy and Economy Network (SEEN), IPS, Marzo 2004, www.seen.org.

Hidalgo Ledesma, Rosalinda. Memoria del Diagnóstico Comunitario, La resistencia a la pertenencia territorial /Ejido de los Huajes, Acapulco Guerrero / Elaboración Etnóloga.

 

IV. La Política del BID en el Desarrollo de los Agrocombustibles: Desplazamiento y el cultivo de la palma aceitera en Colombia

Por Paula Álvarez, Politóloga e Investigadora

La promoción que se hace desde las Instituciones Financieras Internacionales y desde los gobiernos para producir agrocombustibles es enorme. Los presentan como una nueva fuente de energía, “verde”, amigable con el medio ambiente, y se prometen como una fuente de energía limpia.

Los gobiernos actualmente están asignando importantes subsidios para desarrollar la producción de etanol y agrodiesel, además de cambiar las regulaciones para asegurar mezcla de combustibles fósiles con agrocombustibles. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que 27 de 50 países han emprendido este tipo de regulaciones.

El BID promueve como “oportunidad transformadora” a los agrocombustibles y los presenta como grandes generadores de inversiones, desarrollo y empleo en áreas rurales. En ese marco lidera el programa de “energía verde”, que incluye inversiones por 300 millones de dólares, así como asistencia técnica para la producción de etanol a partir de caña de azúcar en Centroamérica.

En Costa Rica y El Salvador el BID financia estudios de factibilidad y asistencia técnica en regulación, desarrollo de mercado y educación pública para que los gobiernos alcancen la meta de reemplazar 10% de su actual consumo de gasolina con etanol. En Brasil, el Departamento del Sector Privado del Banco está estructurando financiamiento de deuda prioritaria para tres proyectos de producción de etanol, que tendrán un costo de 570 millones de dólares, junto con otros proyectos que alcanzarán los 2 mil millones de dólares, esto según el Presidente del BID, Luís Alberto Moreno, contribuirá a que Brasil triplique su producción anual de etanol para el año 2020.

En Colombia, la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco está considerando financiar una empresa de 20 millones de dólares para producir agrocombustibles a base de aceite de palma, la que eventualmente producirá hasta 100.000 toneladas de combustible al año.

Sin embargo, muy pocos de los programas de agrocombustibles que se impulsan son viables económicamente, puesto que requieren de elevados aranceles de protección y excesivas subvenciones, sin mencionar los altos costos ambientales y sociales que representan, como deforestación, alza en precios de los alimentos, desplazamiento de poblaciones rurales, cambio en el uso de la tierra, sustitución de áreas agrícolas, entre otros. En Colombia el oligopolio de tres conglomerados que producen un millón de litros diarios de etanol, reciben al año 153 millones de dólares en subsidios por concepto de exención de impuestos globales. Y por otro lado para desarrollar el sector se necesitan enormes inversiones: “son necesarios 200.000 millones de dólares para que los agrocombustibles representen el 5% de las necesidades energéticas para el sector transporte al 2020.

Existen además estímulos por parte de programas de cooperación internacional, en particular para la expansión del cultivo de palma. Dentro del denominado ‘Plan Colombia’, financiado por Estados Unidos de América se ha previsto sembrar 34 mil hectáreas de palma entre 2008-2013. Otro actor de la cooperación es la Unión Europea que ha financiado un programa en el cual se han sembrado 5.000 hectáreas de palma en la región de Magdalena Medio (Programa de Paz y Desarrollo de la Magdalena Medio—PDPMM).

Lo que se ha omitido en los estudios de factibilidad, es que bastas extensiones de tierra son ocupadas y arrasadas para hacer sitio a las plantaciones que posteriormente generarán los agrocombustibles, bosques tropicales se deforestan para plantar miles de hectáreas con palma aceitera, caña de azúcar y otros cultivos de los cuales esperan sacar combustibles. En Colombia ya se está presentando un cambio de uso del suelo agrícola de productor de alimentos a plantaciones agroindustriales. El presente estudio se enfoca en los impactos que tiene esta estrategia del Banco en el desplazamiento interno de poblaciones, ya de por sí un problema mayor en Colombia.

Proyectos del BID para la Promoción de Agrocombustibles en Colombia

El BID aprobó en 2008, una donación de 1,5 millones de dólares, para promover la inversión en proyectos de energía sostenible y agrocombustibles en Colombia. Con estos se busca crear el marco legal y la información necesarias que permitan promover la inversión en proyectos, planes y programas.

Este proyecto se enmarca en las estrategias de energía sostenible y agrocombustibles para Colombia, en donde actualmente se adelanta una evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de agrocombustibles en el país (ATN/JC-10826-CO y ATN/JF-10827). El Ministerio de Minas y Energía (MME) ha firmado un Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos provenientes del Fondo Especial del Japón y del Fondo Fiduciario Japonés para Servicios de Consultoría con el objetivo de promover junto con el Gobierno de Colombia, un marco sólido que permita invertir en proyectos, planes y programas de energía sostenible y agrocombustibles, a través de un conjunto de herramientas, estudios y fortalecimiento institucional. Se propone estudiar las implicaciones de la industria de agrocombustibles desde la plantación de los cultivos para la producción hasta su llegada a los consumidores finales de etanol o agrodiesel (vehículos flex-fuel o vehículos normales).

La operación busca identificar las necesidades estratégicas para conseguir una mayor eficiencia energética y generar energía renovable, especialmente a partir de agrocombustibles. En relación a estos últimos se realizarán estudios previos sobre la tierra disponible, los cultivos más apropiados para sembrar, las carreteras y la infraestructura necesarias, las plantas de procesamiento, los almacenes y los puertos, así como las necesidades en el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos.

La donación incluye US$ 922.000 del Fondo Especial del Japón en el Banco, y US$ 594.000 del Fondo de Inversiones del Japón para Servicios de Consultoría. Adicionalmente se identificaran los obstáculos en la cadena de producción de agrocombustibles. La donación será ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas de Colombia.

Esta donación está incluida en el programa Expandiendo Innovación, Ciencia y tecnología en Bioenergía, ejecutado por COLCIENCIAS, mostrando entonces la asistencia técnica que el BID provee al gobierno de Colombia en la promoción de agrocombustibles y su compromiso e interés por este tema.

Extensas plantaciones de palmas
en Colombia para la
generación de agrocombustibles.

Por otra parte el BID financia en Colombia el Programa de apoyo al desarrollo de una agenda de cambio climático (CO-L1063), la entidad ejecutora es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. El propósito es que el país reduzca su vulnerabilidad al fenómeno de cambio climático y que aproveche las oportunidades económicas y tecnológicas de las acciones de mitigación que se están llevando a cabo a nivel internacional. La operación corresponde a la primera de tres posibles operaciones de apoyo a reformas de políticas concebidas bajo la modalidad programáticas y respalda el fomento de una política nacional de cambio climático promoviendo el uso de instrumentos y acciones para ejecutar una agenda de mitigación y adaptación dentro de un marco institucional fortalecido con acciones de corte sectorial y transversal con diversos sectores de la economía. Contempla cuatro componentes: (i) estabilidad macroeconómica, (ii) política y marco institucional; (iii) agenda de mitigación y (iv) agenda de adaptación.

La Industria de la Palma en Colombia

La superficie sembrada de palma para el año 2008 llegaba casi a las 337 mil hectáreas, según estadísticas de Fedepalma. Como se observa en los cuadros 1 y 2, entre el año 2004 y 2008 se establecieron 98 mil hectáreas adicionales, debido a los estímulos otorgados al sector palmicultor.

Cuadro IV.1. Superficie con palma 2003—2008 en hectáreas

Año Sembrada Diferencia En producción En desarrollo
2004 238.926 153.216 85.710
2005 270.026 31.100 163.770 106.256
2006 292.569 22.543 177.852 114.717
2007 306.878 14.309 199.704 107.174
2008 336.956 30.078 221.266 115.690
Fuente: Fedepalma, Anuario Estadístico 2009.

En 2007, los departamentos con mayores participaciones en la producción total del eslabón de aceite crudo de palma eran Cesar con 24.78%, Magdalena con 20.97%, Meta 19.74% y Nariño con 15.52%. Entre 2004 y 2008 la zona que presenta la mayor expansión es la Oriental, seguida por la Norte y la Central (Cuadro 2).

Cuadro IV.2. Superficie con palma 2004—2008 en hectáreas

Zona 2004 2008 Diferencia
Oriental 74.823 121.135 46.312
Norte 78.501 106.635 28.134
Central 57.767 87.525 29.758
Occidental 27.835 21.661 -6.174
Total 238.926 336.956 98.030
Fuente: Fedepalma, Anuario Estadístico 2009.

Por otra parte la mayor proporción del área plantada se encuentra en pocas unidades de gran tamaño, esto obedece a que la actividad agroindustrial del aceite de palma estima un núcleo óptimo de producción que justifica la instalación eficiente de una planta procesadora en un rango de 7.000 y 10.000 has (cuadro 3).

Cuadro IV.3: Distribución de cultivos de palma por tamaño

Colombia tiene cuatro regiones palmeras, en las que se concentran 55 núcleos productivos, en torno a plantas extractoras.

 

  • Zona norte: departamentos de Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Guajira, Antioquia (Urabá).
  • Zona central: departamentos de Santander, Norte de Santander, sur de Cesar, y Bolívar, Magdalena Medio.
  • Zona oriental: departamentos de Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá.
  • Zona Occidental: departamento de Nariño, Cauca y Chocó.

 

 

En el año 2007 Colombia fue el quinto productor de aceite de palma en el mundo (2% de la producción total mundial), los principales productores son: Indonesia y Malasia (respectivamente 44% y 42% de la producción mundial). En América Latina, Colombia es el productor más grande de la región con el 38% de la producción. La meta del gobierno colombiano es alcanzar 3 millones de hectáreas con cultivos para agrocombustibles en 2020 (2 millones con palma aceitera y un millón con caña de azúcar).

Por otra parte la Unión Europea es el mayor comprador de aceite de palma de Colombia, ya que compra el 72% de las 341.875 toneladas que se colocan en el mercado externo (datos de 2007), siendo en su orden los más importantes consumidores el Reino Unido, Alemania y España, con el 24%, 24% y 18% respectivamente.

Cultivos de palma: tierra y territorio, desplazamiento y conflicto

En Colombia existe una alta concentración en la propiedad de la tierra, 14 mil propietarios poseen el 65% del área total, las personas en situación de desplazamiento son cuatro millones, lo que ubica al país en el segundo lugar, después de Sudan, con mayor desplazamientos forzados internos en el mundo. La Corte Constitucional ha señalado que el éxodo forzado no es solamente una consecuencia del conflicto, sino un fin en sí mismo asociado a los intereses sobre la tierra, los territorios y los recursos naturales.

Adicionalmente se ha denunciado por amplios sectores una contrarreforma agraria. Según la Procuraduría, los traficantes de drogas y los grupos armados ocupan el 48% de las mejores tierras abandonadas por la población desplazada, en algunas de las cuales se está sembrando palma.

Colombia es un país en donde la política agraria se basa en el desarrollo rural, lo cual significa que la tierra es un elemento fundamental en la generación de riqueza, por ello los cultivos para agrocombustibles representan un tema principal dentro del debate nacional, ya que bastas extensiones de tierra son ocupadas con estos cultivos, generando problemas, e incluso violación de los derechos humanos. Actualmente, en torno a los cultivos de caña de azúcar y palma aceitera para la producción de agrocombustibles, se presentan situaciones violentas asociadas a la ocupación de tierras. Existen casos como el de Jiguamiandó y Curvaradó en el Urabá Chocano, en donde empresas palmeras con apoyo de instituciones gubernamentales y con recursos de la cooperación estadounidense se apropiaron de las tierras comunales de grupos afrocolombianos desplazados por la violencia y las sembraron con palma. En la lucha por sus derechos territoriales y por retornar a los mismos, se estima que 110 personas han sido asesinadas y/o desaparecidas por grupos paramilitares. En ocasiones, con el apoyo de miembros de la fuerza pública.

Así mismo a esta agroindustria se le ha vinculado con la violación de derechos humanos, desplazamiento y la ocupación o utilización ilegítima de tierras por parte de algunos empresarios, de la misma forma se conocen casos de actividades palmeras que utilizan prácticas de lavado de activos. Hay una fuerte discusión en el país en torno a la problemática de tierras y territorios asociados a la expansión de la palma, incluyendo fuertes denuncias con respecto a los grupos étnicos y violaciones en territorios colectivos.

Palma, desplazamiento y migración

Existen varias formas de desplazamiento, las cuales han favorecido la expansión de los cultivos de palma. Se encuentran las que han hecho un uso de la violencia misma como instrumento para desplazar a poblaciones para apropiarse de sus tierras. Por ejemplo, el asesinato de líderes de una comunidad para que el resto de población migre o el ejercicio de la fuerza para presionar la venta de tierras a precios insignificantes. Otra forma de desplazamiento se refiere al ingreso de empresas palmeras en regiones en donde las comunidades fueron obligadas a abandonarlas y que según las autoridades son recuperadas por la fuerza pública (post-conflicto); otra forma es la presión para que los campesinos vendan sus tierras o que se vinculen a través de alianzas con las empresas. En varias regiones del país las empresas buscan adquirir tierras por debajo del precio comercial para la siembra de palma. Esto contrasta con una ausencia de programas por parte del estado encaminados al retorno de las familias obligadas a migrar, en condiciones de seguridad y dignidad. Existen programas de reubicación de algunas de esas familias, en donde se entregan predios y se otorgan subsidios bajo la condición de que se involucren con una empresa en los esquemas de alianzas productivas.

Además del desplazamiento violento también existen fenómenos de migración por causas económicas, en los que también tiene incidencia la agroindustria de la palma. El gobierno promueve cultivos de tardío rendimiento para producir agrocombustibles, no invierte en los pequeños productores, salvo cuando estos se vinculan con las plantaciones. En síntesis los pequeños productores deben aceptar el modelo de las alianzas productivas si quieren ser destinatarios de predios y subsidios, pese a que ello les significa la pérdida de independencia y el fin de la economía campesina, por solo mencionar algunos impactos.

La entrega de tierras a población desplazada en esas condiciones ha generado escándalos como el que se conoció frente al predio “Carimagua”, en el departamento del Meta de propiedad del estado. En este caso, una finca de 17 mil hectáreas que iba a ser entregada a familias desplazadas, el Ministro de agricultura de la época decidió entregarla a 5 empresas para la siembra de palma.

Cuadro IV.4: Abandono de tierra por regiones como consecuencia del desplazamiento

Región Poseía Tierra Abandono por desplazamiento
Atlántica 48.3% 92.9%
Andina 57.6% 94.3%
Pacifica, Orinoquía y Amazonía 64.4% 95.0%

Según el informe número XI de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado, en el año 2009, se hizo una cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada. Dicha encuesta muestra que el abandono de tierras y animales fue masivo, el 55,5% de los grupos familiares poseía tierra y el 94% la abandonaron con ocasión y como consecuencia del desplazamiento.

Existen otros datos como, por ejemplo, las personas que están inscritas en el Registro Único de Población Desplazada—RUPD—y las que no están.

Personas inscritas en el RUPD Declaración de tener tierra Declaración de abandonado por causa del desplazamiento
59.0% 94.3%
Personas NO inscritas
en el RUPD
45.6% 92.9%
TOTAL 55% 94%
Fuente: Informe número XI de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado.

La encuesta además de obtener dicha información realiza una estimación de la extensión de las tierras usurpadas o forzadas a dejar abandonadas bajo los siguientes parámetros:

 

  • Se excluyeron de la base de datos aquellas formas de propiedad colectiva o tenencia de los grupos familiares que manifestaron haberla perdido, para evitar dobles contabilizaciones.
  • Se excluyeron de cálculo del promedio de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono por el grupo familiar o aquellos grupos que reportaron haber sido afectados por dicho desplazamiento con extensiones mayores de 98 hectáreas.
  • El cálculo realizado tuvo en cuenta la declaración de la tierra abandonada como también aquellas que tuvieron que ceder a terceros bajo presión, ventas forzosas y en general las que fueron usurpadas por otro mecanismo.

 

 

De tal manera que teniendo en cuenta los anteriores criterios, la encuesta II ENV—2008, el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono está en el orden de 5,5 millones de hectáreas que equivalen al 10,8% de la superficie agropecuaria del país. La cifra de 4,3 millones de desplazados que cita el informe se basa en los cálculos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES), y difiere de los cálculos del gobierno nacional, que sitúa el número de desplazados en 2,64 millones en agosto de 2008.

Desplazamiento en Regiones Palmeras

El presente diagnóstico se realiza con el objetivo de mostrar si existe una correlación entre la expansión de los cultivos de palma y el incremento del número de personas desplazadas en las zonas donde están las plantaciones, ya que respecto a este tema, salvo el caso específico y documentado de las plantaciones de palma realizadas en el Chocó, no existen análisis o estudios que se hayan ocupado de mostrar esta relación.

Para lo anterior se realizará un estudio por zonas y sus respectivos departamentos y municipios en donde ya existen plantaciones de palma, mostrando en particular las cifras en cuanto a población étnica desplazada. Se utilizó información oficial de documentos de Fedepalma (gremio de los palmicultores), Acción Social (oficina de la Presidencia de la República encargada de la población desplazada) reporte de desplazados a diciembre de 2009, Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento—CODHES—Fondo para el financiamiento del sector agropecuario—FINAGRO—entre otros.

En la Zona Norte existen 97,881 has. de palma aceitera, distribuidas en los departamentos de Cesar, Magdalena y Córdoba, sin embargo hay plantaciones en otros departamentos como Antioquia, Bolívar, Atlántico y Sucre.

El reporte de Acción Social de desplazados hasta el 13 de diciembre de 2009 es de 552,402 personas en Antioquia.

Municipios que cultivan palma en Antioquia y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Chigorod 73 922
Mutata 273 738
Yondó 128 400

El reporte de Acción Social de desplazados hasta el 13 de diciembre de 2009 es de 5,971 personas en Atlántico.

El municipio de Atlántico que cultiva palma es: Repelón y tiene reportado 16 personas afrocolombianas desplazadas.

El reporte de Acción Social para el departamento de Bolívar con corte hasta el 13 de diciembre de 2009, sobre personas desplazadas es de 277.098.

Los Municipios de Bolívar que cultivan palma son y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Arjona 31 161
Mahates 31 161
María La Baja, (según el DNP en el periodo 2002-2005 se reportan 3.513 personas desplazadas) 2 201
San Estalisnao 45
Cantagallo 47 1174
El Peñón 2 24
Morales 26 309
Regidor 35 139
Rio Viejo 18 418
San Martín de Loba 24 309
San Pablo 130 797
Simit 16 186

El reporte de Acción Social para el departamento de Cesar con corte hasta el 13 de diciembre de 2009, sobre personas desplazadas es de 168.916.

Los Municipios de Cesar que cultivan palma y el desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Agustín Codazzi 274 630
Becerril 138 199
Bosconia 400 238
Chimichagua 43 180
Chiriguana 52 171
Curumani 124 1270
El Copey 494 637
El Paso 63 131
La Jagua de Ibirico 301 396
La Paz 60 107
San Diego 211 157
Valledupar 2076 1004
Aguachica 117 271
Pailitas 90 120
Río de Oro 15 21
San Alberto 18 418
San Alberto 37 102
San Martín 8 46
Tamalameque 3 71

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 que el número de personas desplazadas es de 125.574 en Córdoba.

Los municipios de Córdoba que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Lorica 23 93
Montería 67 674
San Bernardo del Viento 113

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 que el número de personas desplazadas en la Guajira es de 66.016.

Los municipios de la Guajira que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Dibulla 824 3624
Riohacha 1011 1599

Acción Social reporta con fecha de 13 de diciembre de 2009 que el número de personas desplazadas en el Magdalena es de 247.992.

Los municipios del Magdalena que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Algarrobo 44 238
Aracataca 82 891
Ariguaini 80 251
Ciénaga 251 2023
El Piñón 8 104
El Reten 7 329
Fundación 236 2203
Pivijay 11 1288
Pueblo Viejo 26 292
Sabanas de San Ángel 476 394
Salamina 15 58
Santa Marta 474 4601
Zona Bananera 79 2992

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 la cantidad de 109.652 personas desplazadas en Sucre y el DNP del periodo 2002—2005 de población desplazada es de 2840.

El municipio de Sucre que cultiva palma son: San Onofre.

En la Zona Central existen 77.594 has de palma aceitera, distribuidas en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 el número de 107950 personas desplazadas en el departamento de Norte de Santander.

Los municipios de Norte de Santander que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Cúcuta 147 239
El Zulia 35 10
La esperanza 9 38
Sardinata 133 24
Tibú 633 276

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 la cantidad de 80943 personas desplazadas en Santander.

Los municipios de Santander que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Barrancabermeja 140 763
Bucaramanga 20 89
Puerto Wilches 5 143
Rionegro 12 96
Sabana de torres 21 74
San Vicente de Chucurí 44 121
Simacota 11 83
Villanueva

En la Zona Oriental existen 106.317 has de palma aceitera, distribuidas en los departamentos de Meta y Casanare, sin embargo existen pequeñas plantaciones en Caquetá y Cundinamarca.

Acción Social reporta con fecha de 13 de diciembre de 2009 que el número de personas desplazadas en el Meta es de 118,419.

Los Municipios del Meta que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Acacías 18 86
Barranca de Upía 11
Cabuyaro 5
Castilla la nueva 7 2
Cumaral 3 19
El Castillo 13 85
Fuente de oro 15 4
Granada 18 77
Puerto Gaitán 51 33
Puerto Lleras 40 88
Puerto López 34 46
Puerto Rico 75 233
Restrepo 3 12
San Carlos de Guaroa 16
San Juan de Arama 24 89
San Martín 10 43
Villavicencio 31 85
Vista Hermosa 145 362

El reporte de Acción Social con corte hasta el 13 de diciembre de 2009 sobre el número de personas desplazadas es de 24900 en el departamento de Casanare.

Los municipios de Casanare que cultivan palma y desplazamiento de comunidades étnicas:

Indígenas Afrocolombianos
Aguazul 10 14
Maní 12 19
Monterrey 22 20
Nunchia 5
Sabanalarga
San Luis de Palenque 12 6
Tauramena 6 19
Villanueva 15 32
Yopal 61 51

Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 la cifra de 158631 en el departamento de Caquetá. El municipio de Caquetá que cultiva palma es: Belén de los Andaquies.

En la Zona Occidental existen 34.610 has de palma aceitera, en el departamento de Nariño, Putumayo y Cauca.

En el departamento del Putumayo Acción Social reporta hasta el 13 de diciembre de 2009 la cantidad de 134,253 personas desplazadas.

El reporte de Acción Social con corte hasta el 13 de diciembre de 2009 sobre la cantidad de personas desplazadas es de 130,021 en el Cauca. El municipio de Cauca que cultiva palma es: Guapi Acción Social reporta con fecha de 13 de diciembre de 2009 que el número de personas desplazadas en el Nariño es de 146,201. El municipio de Nariño que cultiva palma es: San Andrés de Tumaco.

Desafortunadamente no existen datos de la Agencia Presidencial de Acción Social y la Cooperación Internacional sobre desplazados por departamentos año tras año. Esto permitiría mostrar la correlación entre el aumento de población desplazada y la expansión de las plantaciones en cada departamento. Lo que sí se puede evidenciar es que en los últimos 5 años (2005-2009), las cifras de personas expulsadas de sus territorios son de aproximadamente 1,300,000, es decir que en los últimos 5 años se presenta el 39% del total de desplazados que existen actualmente en el país.

La expansión del cultivo de palma ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados de la década del 60 existían 18 mil hectáreas en producción, en 2003, había más de 188 mil hectáreas y actualmente hay sembradas alrededor de 350 mil. En departamentos como el Meta en los últimos 5 años la palma ha crecido en 16.000 has por año. Lo anterior evidencia, que el desplazamiento tiene su origen en el interés por usar la tierra, el hecho de revisar los municipios palmeros y la situación de desplazamiento, nos permite aproximarnos a lo que puede ser una conclusión preliminar y es que a medida que se incrementa el despojo de tierras, aumentó al mismo tiempo el desplazamiento forzado.

Por otro lado los incentivos institucionales creados por el gobierno para la explotación de palma de aceite no han revisado hechos que eviten que algunos grandes productores, con el apoyo de grupos armados ilegales, provoquen el desplazamiento forzado de poblaciones locales, con el fin de adquirir tierras para la realización de una estrategia de desarrollo económico. Es decir que los incentivos que se hacen desde el gobierno y la usurpación de tierras para el cultivo de palma, han sido deliberados y se ha privilegiado a la industria por encima de poblaciones.

Otras formas de presión de algunas empresas son las que han sido denunciadas por la Defensoría del Pueblo la cual, junto con el INCODER, realizo una Comisión a comienzos de 2005 para las tierras de los consejos comunitarios de afro descendientes de las localidades de Jiguamiandó y Curvaradó en Urabá. La Comisión constató, a la sombra de los desplazamientos forzados a la que fueron sometidas las comunidades, que los agentes de varias empresas ganaderas y productoras de palma aceitera ocuparon ilegalmente más de 21.000 has, mediante compras fraudulentas a supuestos propietarios, talaron los bosques y construyeron en ellas vías, canales de drenaje, tendieron cable y establecieron ganados. Esta denuncia señala como los campesinos afro descendientes desplazados y desposeídos de sus territorios han sido obligados a regresar a sus antiguas tierras para convertirse en proveedores para las plantas de procesamiento de propiedad de las empresas palmeras en calidad de aparceros o como jornaleros de las plantaciones. Este proceso, ocurrió de manera similar en el sur de Bolívar, en donde las expropiaciones de tierras como mecanismo aplicado se utilizaron no solamente para controlar la tierra sino también la población.

Agrocombustibles en Colombia

Colombia es uno de los países principales en la producción de agrocombustibles, hoy en día ocupa el tercer puesto en la producción de etanol después de Brasil y los Estados Unidos en el continente y el quinto lugar en el mundo en producción de aceite de palma. Existe una fuerte política por parte del gobierno nacional para su producción, para ello se han llevado a cabo profundos cambios que van desde un reacomodo en la legislación en el sector rural, hasta incentivos estatales que son, en últimas, los que hacen viables las inversiones en este sector y que favorecen, a través de recursos públicos a los empresarios privados. Los cultivos para agrocombustibles (principalmente caña de azúcar y palma aceitera) vienen recibiendo enormes créditos e incentivos, a través de normas que garantizan su oferta y demanda. Estas normas han reglamentado el uso de los alcoholes carburantes, y trazan todos los estímulos necesarios para la fabricación, comercialización y consumo, ya que actualmente hay una obligatoriedad de la mezcla de gasolina con un 10% de etanol (E10) y de diesel con agrodiesel del 5% (B5).

La industria de agrocombustibles en Colombia
ha generado éxitos con grandes costos
sociales y medioambientales.

Algunas de estas leyes son la ley 788 de 2002 y la ley 863 de 2003 que eximen a los alcoholes carburantes del pago de impuestos del IVA, global a la gasolina y sobretasa a la gasolina; Ley 1004 de 2005 en donde se crean zonas francas especiales y se establece que la tarifa única del impuesto sobre la renta en estas zonas francas es de un 15%; el documento CONPES 3510 que busca incentivar esquemas de certificación que destaquen los agrocombustibles colombianos en el mercado nacional e internacional con el fin de competir en dichos mercados e insta al Ministerio de hacienda y crédito público a crear mayores incentivos fiscales por un período no inferior a 15 años y recomienda de igual manera a las entidades territoriales crear incentivos tributarios como exenciones al impuesto de industria y comercio; y más recientemente el Decreto 1135 de 2009 que señala que a partir del año 2012 los motores nuevos deben permitir una mezcla de un 85% de etanol con gasolina.

La política rural en Colombia está enfocada a la producción de materias primas para la agroexportación, por ello los cultivos de tardío rendimiento para agrocombustibles ocupa gran importancia. Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de las dos administraciones del Presidente Álvaro Uribe y el Estatuto de Desarrollo Rural, El Plan de Desarrollo Nacional de Colombia 2006-2010 (PDN) incorpora inversiones directas e indirectas para la promoción de la agroindustria de combustibles de origen vegetal: etanol y agrodiesel. No se contemplan o son muy reducidas las inversiones estatales a otro tipo de cultivos (por ejemplo, transitorios para la alimentación).

Medio ambiente

Los documentos de política elaborados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, reconocen el impacto ambiental de la industria de la palma en cuanto a contaminación de las aguas, pérdida de biodiversidad, cambio de ecosistemas y aumento de emisiones por la deforestación, entre otros factores. En Colombia existen regiones en donde los cultivos de palma han afectado el bosque primario, como es el caso de los cultivos de palma en el Litoral Pacífico (Urabá—Chocó, Guapi—Cauca y Tumaco—Nariño). De otra parte, varios de los proyectos de expansión de la palma se adelantan o planean en sistemas de especial relevancia ambiental, como sucede en los humedales de la región del Magdalena Medio y la Orinoquía colombiana.

Adicionalmente esta agroindustria se caracteriza por hacer un fuerte uso de insumos energéticos (herbicidas y pesticidas que emiten oxido nitroso), los cuales contaminan el aire y fuentes hídricas. Además, no existe un manejo adecuado de los desechos del proceso productivo, y por tanto las emisiones de metano son a gran escala. Si se contabiliza solo la cantidad de combustibles fósiles necesarios para producir agrocombustibles teniendo en cuenta la cadena productiva completa, es necesario considerar que las materias primas vegetales se producen a gran escala mediante la agricultura intensiva, que exige grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas (ambos derivados del petróleo) y de maquinaria que consumen petróleo. Adicionalmente la producción, plantas de procesamiento y transporte de la materia prima, requiere de una gran cantidad de insumos energéticos (que se obtiene principalmente de los hidrocarburos), lo cual hace cuestionable el argumento de que dichos combustibles resultan amigables con el medio ambiente.

Por otra parte, en la mayoría de casos las plantas procesadoras y los viveros de las palmas reciben concesiones de agua por parte de la autoridad ambiental de cada departamento de manera gratuita. Son abundantes los casos que se conocen en donde el monocultivo deseca ciénagas y humedales, afectando ecosistemas y en últimas afectando el medio ambiente y la calidad de vida de las personas que aún viven allí. Para tener un marco de referencia, la huella hídrica de una unidad de energía producida por los agrocombustibles es de 70 a 400 veces mayor que la producida por una mezcla de combustibles fósiles, esto implica que depender energéticamente de los agrocombustibles supone depender más fuertemente del agua, un recurso limitado.

El negocio de los bonos de carbono, el cambio climático y la palma

En el discurso de quienes promocionan los agrocombustibles, se encuentra de manera reiterada el argumento de que estas plantaciones capturan CO2, y de allí que industrias contaminantes de los países del norte “compensen” por sus emisiones de gases de efecto invernadero—GEI—financiando este tipo de proyectos agroindustriales en el sur. Esto se presenta a través de lo que se conoce como mercados de carbono, que básicamente son un “negocio” de intercambio de los derechos y los créditos de emisión.

Respecto a los bonos de carbono, el BID ha financiado un proyecto en Colombia por 250 millones de dólares bajo el nombre de “Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático” o SECCI (GN-2435-1), este proyecto se basa en tres pilares: (i) energía renovable/eficiencia energética, (ii) aumento en acceso a mercados de carbono y (iii) adaptación a cambio climático. Este proyecto conjuga dos temas de operación programática entre los sectores público y privados como: (i) la agenda de cambio climático como pilar de trabajo del sector público y (ii) el mejor aprovechamiento de los mercados internacionales de carbono y la reducción de vulnerabilidad a los efectos de cambio climático.

En este esquema, el cambio climático es visto también como un negocio. Y eso es lo que están haciendo casi un centenar de empresas colombianas, que han comenzado a desarrollar proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), avalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con ellos, pretenden reducir la contaminación atmosférica, para luego vender cada una de las toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) mitigadas en el mercado mundial, y sacar utilidades. Entre esas sustancias están el dióxido de carbono y el metano.

Colombia es el undécimo país con la mayor cantidad de firmas vinculadas con iniciativas MDL. Ya son 77, entre las que figuran Corporaciones Autónomas Regionales, ingenios y cementeras, que impulsan 129 planes de mitigación. Entre todas, esperan obtener 150 millones de dólares en ganancias, por reducir 15 millones de toneladas de gases de efecto invernadero—GEI—al año. Una de ellas es Fedepalma, que diseñó un proyecto de captura de metano, de allí que las 32 empresas del gremio, esperan obtener 757 mil certificados, que en el mercado internacional les pueden representar ingresos superiores a los US$ 3 millones.

La idea es que, por cada tonelada, la ONU les expida Certificados de Reducción de Emisiones (CER), que se convertirán en títulos o bonos avaluados entre 5 y 15 dólares aproximadamente, y que podrán vender a los países industrializados, como Australia, Canadá o España, estados obligados, por el Protocolo de Kioto, a bajar sus emisiones de GEI. De esta forma, a la hora de rendir cuentas sobre sus niveles de reducción, esas naciones dirán que compraron los certificados y aportaron para disminuir la contaminación.

Es importante anotar que Fedepalma pretende vender bonos que adquieren los productores de aceite de palma relacionados a la captura de metano emitido por sus propias operaciones. Es decir, por un lado las Instituciones Financieras Internacionales promueven la industria de palma que genera gases de cambio climático, y por otro, los productores reciben millones de dólares del mercado de bonos de carbono por mitigar sus propios daños.

Situación Alimentaria

El Instituto Von Humboldt ha advertido que “la reorientación de la producción (alimentos a energía) con enfoque a la especialización puede llegar a reflejarse en la simplificación de los sistemas agroalimentarios, generando perdida de agrobiodiversidad y cambios culturales que se expresan sobre los mismos sistemas“. Agrega que dicha situación es más preocupante en aquellas zonas del país en donde la implantación de monocultivos ha generado dependencia de alimentos provenientes de otras regiones. Por ello recomienda adelantar procesos de planificación en los que se diferencien zonas estratégicas para la producción de alimentos y las requeridas para la producción de agrocombustibles con el fin de “evitar conflictos de seguridad alimentaria nacional o local“.

Lo anterior se agrava en la medida en que como ya se señaló la política rural de Colombia está enfocada hacia los cultivos de tardío rendimiento para la exportación y para la producción de agrocombustibles, y son incipientes las inversiones con destino a los pequeños productores en aras de garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.

También al nivel familiar la expansión de la palma tiene consecuencias. Los trabajadores que son contratados bajo el sistema de Cooperativas de Trabajo Asociado (formas de contratación en donde desaparece la relación laboral, para establecer una relación de compra y venta de servicios), en donde los ingresos se han reducido casi en un 45% si lo comparamos con un contrato laboral directo, se enfrentan con mayores costos para alimentar a sus familias, Asimismo, los campesinos o pequeños propietarios que están bajo el esquema de alianzas productivas, ya han abandonado la siembra de otros cultivos con el fin de aumentar la rentabilidad de sus predios con la palma, teniendo que comprar lo que anteriormente producían a precios más elevados.

Ejemplo de lo expuesto se observa en la expansión de la palma en la región de Magdalena Medio, particularmente en el municipio de Puerto Wilches—primer municipio palmero del país—en donde la palma reemplazó las demás actividades agrícolas y pesqueras. Allí los precios de alimentos como las frutas, la yuca, el arroz y el pescado han triplicado su valor en los últimos 5 años y el pescado casi que ha desaparecido, como resultado de la enorme presión que ejercen las plantaciones de palma sobre los ecosistemas hídricos.

De otra parte, la expansión de la palma a gran escala ha producido conflictos con autoridades municipales e incluso entre empresarios. Por vía de ejemplo, vastas zonas de la región del Ariari en el departamento del Meta son disputadas entre empresarios de la palma y empresarios de la industria de cereales.

Colombia y la Integración Regional

Con el manejo de la integración regional, el gobierno colombiano ve la región de Centroamérica con importancia, por lo que propugna por una integración pragmática, espontánea, cambiante y aperturista.

Con el Plan Puebla Panamá (PPP), los gobiernos pretenden potenciar el desarrollo económico a través de la integración de sus economías al mercado internacional, por ello el gobierno colombiano ha visto estratégico la entrada a este Plan. De hecho hoy en día es quizás uno de los proyectos más importantes de la política exterior colombiana, ya que contempla un mercado superior a los 180 millones de habitantes, a una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, con PIB regional estimado a 2004 de 236,400 millones de dólares e inversión extranjera directa (IED) en 2005 aproximadamente de US$ 10,332 millones.

En el año 2005 se dieron los primeros pasos para el ingreso de Colombia al PPP, con los argumentos de aprovechar nuestra posición geopolítica y servir de punto de articulación hemisférica. Es así como el país en ese contexto se convierte en un actor significativo en la integración entre Centroamérica y México.

En el año 2006 Colombia se hace miembro de pleno derecho del Plan Puebla Panamá, que contempla iniciativas como: interconexión vial, interconexión energética y gasífera, telecomunicaciones, desarrollo sostenible, desarrollo humano, facilitación comercial y competitividad, prevención, mitigación de desastres y turismo, e incluye temáticas como las de agrocombustibles y cambio climático.

En abril de 2007 los Presidentes de los países del PPP, se reúnen en Campeche (México), allí el Presidente colombiano declaró el interés e importancia que tiene para el país, compartir y recibir avances y experiencias en agrocombustibles con los países del Plan Puebla Panamá, por lo que ofreció la instalación de dos plantas piloto en dos países del Plan (Guatemala y Honduras). En este proceso, y con la firma del Tratado de Libre Comercio con los países del triángulo norte, en agosto se presentó una solicitud de El Salvador como beneficiario de una tercera planta piloto de agrocombustibles, la cual fue aceptada por el Presidente colombiano.

A Colombia se le asignó oficialmente la coordinación y el liderazgo del Grupo de agrocombustibles, y las empresas colombianas Biogeos e Imgeomega, han sido las encargadas del proyecto para construir y poner en marcha las tres plantas de agrodiesel en Centroamérica. Se estableció que en Guatemala y El Salvador se producirá agrocombustibles con jatropha e higuerilla, mientras que en Honduras, se trabajará con palma aceitera.

Sumado a esto, con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos (aún no ratificado), se establece que los agrocombustibles que se exporten no pagarán aranceles. Por esta razón en el país se aumentan las medidas que favorecen la producción de agrocombustibles, se reducen al máximo los costos de producción, principalmente en materia laboral, y por ello se aplica un sistema de contratación abusivo en contra de los trabajadores a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

Esto explica porque el interés de Colombia de incorporarse al PPP, y que lidere el grupo de agrocombustibles para la región, además de que haya invertido en la construcción de tres plantas piloto en los países del triangulo norte, ya que Centroamérica a través del CAFTA ya puede exportar etanol libre de impuestos a Estados Unidos.

Consideraciones Finales

Desde varios sectores sociales, se ha manifestado la preocupación acerca de las implicaciones que este desproporcionado impulso a la producción de agrocombustibles conlleva, puesto que la problemática en relación a la tenencia de la tierra, el uso de grandes extensiones de tierra para estas plantaciones, el cambio de uso del suelo de tierras agrícolas que en este momento se utilizan para la producción de alimentos, o ecosistemas naturales, junto a los altos precios de los alimentos, repercutirá sin lugar a dudas en la soberanía alimentaria de los pueblos y en general en los países. Dentro de este panorama, es importante revisar el problema del desplazamiento asociado a los intereses económicos sobre la tierra.

Por ello nos parece importante revisar estos aspectos, y sobretodo el incremento de la población desplazada en las zonas donde se desarrollan los cultivos para agrocombustibles, ya que en Colombia hace parte de la discusión y de una realidad que no se puede soslayar el modelo de las grandes plantaciones agroindustriales y la violación de los derechos humanos y territoriales de las comunidades locales. Estos aspectos creemos requieren una profunda revisión por parte de los estados, empresas, y organismos multilaterales financiadores que promueven este nuevo paradigma.

Se recomienda que el BID tenga en cuenta y reconozca las implicaciones que este tipo de energía conlleva, y que en ese sentido reevalúe su política de promoción de agrocombustibles, ya que en los países en donde se desarrollan estas plantaciones, los problemas de índole social, ambiental, laboral y de derechos humanos son de enormes proporciones.

Respecto a la afirmación sobre que los agrocombustibles sirven para disminuir el calentamiento global, consideramos que por el contrario son un directo responsable, ya que para realizar este tipo de monocultivos a gran escala, se realizan quemas de bosques, en la cual se pierde la cobertura vegetal y materia orgánica, se deforesta, y se hace un uso intensivo de intensivo de derivados del petróleo, que en suma representa un incremento de los gases de efecto invernadero.

Anexo 1

Entrevista realizada a un campesino de la región del Magdalena Medio, que cultiva palma y analiza los impactos que este cultivo ha traído en la región (febrero 2010)

Hay una gran preocupación por la pérdida de cultivos anteriores a la palma como lo fueron la yuca, el ganado y la pesca. En el caso de la vereda la Italia, la cual producía leche para la zona, se transformó completamente en cultivo de palma, y ahora la leche debe comprarse en las tiendas. La actividad en torno a la pesca ha disminuido abruptamente: hace 10 años se sacaban redes completas de atarrayas y salían de 12 a 15 camiones de pescado diariamente. Esto ha sido generado por los niveles de contaminación de los ríos a causa del uso de pesticidas para el cultivo de palma y la contaminación aguas arriba en la zona de Barrancabermeja. Otra preocupación tiene que ver con la pérdida de bosque que se ha evidenciado por la expansión del cultivo de palma.

Los problemas de agua por sequías e inundaciones en la región, pueden asociarse en parte al cultivo de palma. Las plantaciones no respetaron las franjas de protección del río Magdalena. Por lo que no existió una barrera natural al crecimiento del cauce del río generando altos costos sociales y ambientales a la población de Puerto Wilches. Además el cultivo de palma requiere el drenaje de la tierra en zonas muy húmedas, por lo que grandes empresas han secado la tierra y ciénagas para beneficio de sus cultivos. Todo esto, sumado al fenómeno del “Niño” este año, ha acabado con el agua de la región.

Situación Alimentaria

Se ha priorizado el cultivo de palma por encima de otro tipo de cultivos en la región, vulnerando la soberanía alimentaria de su núcleo familiar. Actualmente él y otros campesinos están contemplando la opción de la cría de vacas para poder subsistir ante esta situación. Considera que no se puede estar sin plata y sin comida: “Hay que sembrar es comida”.

Cambios Socioculturales por el cultivo de Palma

Sin embargo se han generado importantes cambios en la cultura campesina: “el monocultivo hace perder el término de campesino, ahora se es palmero, o cacaotero”. Existen casos en donde los campesinos cultivan la palma pero se ubican en los centros poblados por los servicios que estas conurbaciones ofrecen, principalmente los educativos. Esta migración también es facilitada dado que no es necesario permanecer permanentemente en la finca al cuidado de la palma ya que esta difícilmente puede ser robada.

Movimientos Migratorios

La demanda de trabajo también ha generado movimientos migratorios a la zona, principalmente de la Costa y de Santander. Puerto Wilches ha sido receptor de población desplazada del Sur de Bolívar y los Llanos. Dice que los desplazados de Puerto Wilches son más difíciles de evidenciar, es decir es más fácil identificar lo que llega que lo que se expulsa.

Anexo 2

Proyectos financiados por USAID

Destinatarios Recursos USAID Has
1. CIA Palmera Sur de Bolívar—asociativo—empresarial—REGION CENTRAL 2.000
2. C.I. Tequendama S.A.—empresarial—REGION CENTRAL 3.000
3. C.I. Palmera San Pablo—asociativo—empresarial—REGION CENTRAL 3.000
4. El Pórtico—asociativo—REGION CENTRAL 1.700
5. Indupalma—empresarial—REGION CENTRAL 1.500
6. Fundepalma—asociativo—REGION CENTRAL 2.515
7. Alianza Plan Tres—empresarial—REGION CENTRAL 808
8. Frupalma——empresarial—REGION CENTRAL 1.742
9. ASOPAGDOS—Hacienda Las Flores—asociativo—REGIÓN CENTRAL—Cerrado 1.000
10. ASOPAGDOS—Hacienda Las Flores—asociativo—REGIÓN CENTRAL 4.000
11. Estam—Hacienda Las Flores—asociativo—REGION CENTRAL 1.500
12. Asopagdos—asociativo—REGION CENTRAL 2.800
13. Estam—asociativo—REGION CENTRAL 2.800
14. C.I. Tequendama S.A.—empresarial—REGION NORTE—cerrado 1.130
15. C.I El Roble S.A—empresarial—REGION NORTE—cerrado 1.560
16. C.I El Roble S.A—empresarial—REGION NORTE 500
17. C.I El Roble S.A—empresarial—REGION NORTE 560
18. Palmeras de la Costa—empresarial—REGIÓN NORTE—En firma 1.600
19. Gradesa S.A.—empresarial—REGION NORTE—cerrado 1.144
20. Gradesa S.A.—empresarial—REGION NORTE—En firma 500
21. Corpoagrosur—asociativo—REGION NORTE 400
22. Propalma—empresarial—REGION NORTE 10.000
23. Palmaceite—empresarial—REGION NORTE 2.000
24. Palmas Oleaginosas de Ariguaní—empresarial—REGION NORTE—En firma 2.000
25. Cordeagropaz—asociativo—REGION OCCIDENTAL 1.484

 

V. Financiamiento, megaproyectos y poblaciones afectadas: La Central Hidroeléctrica de Cana Brava (Goiás, Brasil)

Por Ricardo Verdum, Doctor en Antropología por el centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, Universidade de Brasília y Asesor del Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Brasilia, Brasil

Introducción

Este documento es el resultado de un primer esfuerzo exploratorio de pensar de forma sistemática la relación entre financiamiento de mega proyectos e implicaciones sociales, ambientales, económicas y políticas en diferentes niveles. El caso que analizaremos es el de la CH Cana Brava, construida en el curso del Río Tocantins, en el norte del estado de Goiás, porción central de Brasil, entre los años de 1999 y 2001.

Mapa V.1: Río Tocantins

El proyecto hidroeléctrico Cana Brava puede ser clasificado tanto como un proyecto de gran escala (PGE) así como un mega proyecto (MP), pues tiene como características movilizar grandes cantidades de recursos económicos, financieros, políticos, institucionales, humanos, naturales etc. en una región de baja densidad demográfica; implicando en intervenciones más o menos severas sobre los ecosistemas donde es instalado y, en las demás veces, en el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones humanas. Es un proceso multidimensional que produce uniones de capital en escala global y abarca diversos agentes (estados, bancos, empresas y fuerza de trabajo, sindicalizada o no) situados en diferentes niveles de actuación (local, regional, nacional y transnacional). Además de eso, para legitimarse, particularmente frente a las drásticas transformaciones ambientales y sociales que provoca en su área de influencia, es desarrollada una serie de discursos donde la obra es presentada como vehículo generador de progreso y bienestar.

El caso Cana Brava tiene de especial el hecho de haber sido la primera gran represa construida totalmente por una empresa privada en el nuevo marco legal e institucional del Sector Eléctrico, resultante de las reformas neoliberales de los años 1990, y una de las primeras experiencias del Sector Eléctrico brasilero en financiar un Productor Independiente de Energía (PIE), o auto generador, de acuerdo con la modalidad de financiamiento conocido como Project Finance.

La construcción de la CH contó con el financiamiento principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], complementado con recursos de la Cía. Energética Meridional (CEM), perteneciente al Grupo Tractebel, responsable por desarrollar, proyectar, financiar, asegurar, construir, operar y mantener la CH Cana Brava, y de instituciones financieras privadas agenciadas por el BID.

La represa fue construida en una región dominada por el Bioma Cerrado (Sabana brasilera), con una flora predominante xerófila, con una ecología extremamente frágil, marcada por la presencia de una prolongada estación seca (de mayo a septiembre), que limita las actividades agrícolas a la estación de las lluvias (de octubre a abril). El suelo es en general bastante pedregoso, particularmente en las llanuras.

Aunque la historia de proyecto y de los conflictos en torno de la construcción de la Central Hidroeléctrica Cana Brava remonte al final de la década de 1980, cuando fueron realizados los primeros levantamientos y estudios de impacto ambiental sobre la responsabilidad de Furnas Centrales Eléctricas (FURNAS) [Furnas Centrais Elétricas], los estudios sobre los impactos sociales solo se efectuaron a mediados de 1999. Fueron realizados por la CEM, vencedora de la licitación internacional realizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) [Agência Nacional de Energia Elétrica] en el año anterior. Fue solo entonces que la población pasó a tomar conocimiento de la realización de la obra y de los impactos que generaría en sus vidas y economía. En la época, el discurso de los funcionarios de la CEM/Tractebel era que la represa traería el desarrollo para la región y las personas a ser afectadas recibirían buenas indemnizaciones por la pérdida de la tierra, mejoras y condiciones de trabajo.

Los números relativos a la población afectada y las compensaciones por las pérdidas son hasta hoy objeto de disputa entre la población local afectada, el Movimiento de los afectados por represas (MAB—Movimento dos Atingidos por Barragens) un conjunto de ONGs que los asesoran con la empresa responsable por el proyecto (CEM/Tractebel) y los financiadores, particularmente el BID. En la imposibilidad de ver atendidas sus reivindicaciones junto a la empresa, la población afectada presionó el BID para que él colocara en práctica sus directrices operacionales, particularmente a la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (OP-710). Utilizaron para eso inclusive la táctica de la invasión de las instalaciones del Banco por más de una vez.

La presión sobre BID fue positiva: fue realizado una Auditoria Social del Plano de Reasentamiento y algunas reivindicaciones de la población afectada junto a la empresa fueron reconocidas; y el Banco fue llevado a instalar el Mecanismo de Investigación Independiente (MII) que averiguó las demandas y reclamos de la población y evaluó la actuación del banco a la luz de sus políticas y normas, o sea, si las Políticas Operacionales fueron cumplidas o no por los funcionarios de la institución.

Como veremos más adelante, pasados diez años desde cuando fue dado inicio a las obras de instalación de la CH Cana Brava, se va delineando en el presente los contornos de una política económica mucho más amplia para la región. Por otro lado, fue hasta diciembre de 2009 que la CEM/Tractebel recientemente indemnizo a las familias con títulos de tierra, dejando sin solución o alternativa cerca de 600 familias (sin título de propiedad de la tierra) que hasta hoy no fueran remplazadas. La empresa también no retiró la vegetación de cerca de 14.000 hectáreas de Cerrado que fueran inundados por el aumento del nivel del agua del río, en conformidad con lo previsto en el proyecto, provocando gran mortandad de pescado; no construyó la totalidad del sistema de saneamiento de la ciudad de Minaçu; y dos cementerios de la ciudad de Cavalcante quedaran bajo las aguas.

Como la empresa pagó al BID el préstamo hecho para la realización de la obra, el banco afirma hoy que ya no tiene ninguna responsabilidad por los daños al ambiente y los problemas vividos en las poblaciones locales.

El Sector Eléctrico brasilero: del Estado generador al Estado regulador

A partir de la segunda mitad de los años de 1960, se acentuó en el Sector Eléctrico brasilero la tendencia ya presente en años anteriores de creciente centralización en la planeación de las operaciones y en el aporte de los recursos financieros para el sector. El modelo centralizado era justificado a la época tanto por motivos técnicos, relacionados a la extensión geográfica del país y el énfasis en la generación de energía hidroeléctrica, como por argumentos económicos políticos basados en las ideas de eficiencia y en la necesidad de control por el Estado de un sector estratégico para el desarrollo y la integración nacional.

Había en ese período una nítida orientación y un esfuerzo del gobierno buscando integrar, en un único sistema, los diferentes sistemas regionales y unidades dispersas en el territorio brasilero. Según analistas de la época, crear un sistema nacional integrado de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica se imponía como un requisito básico para el avance industrial del país, cada vez más demandante de energía.

Además de la fuerte presencia del Estado en la generación y distribución de energía eléctrica, en los anos 1960 y 1970 hubo disponibilidad de créditos internacionales a bajo costo, lo que vino a facilitar la implementación del modelo centralizado.

Creado en 1952 con la incumbencia de administrar los recursos del Fondo de Re-aparejamiento Económico (FRE) [Fundo de Reaparelhamento Econômico], que surgió de un acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno brasilero, el Banco Mundial (BIRD) y el Banco de Exportación e Importación (Eximbank) con la finalidad de financiar las importaciones de máquinas y equipos considerados necesarios para los proyectos de desarrollo sugeridos por la Comisión Mixta Brasil—Estados Unidos para el Desarrollo Económico (CMBEU) [Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico], el BNDE, (después BNDES) iba a tener un papel central en lo que se entendía entonces ser la estrategia adecuada para modernizar y expandir el Sector Eléctrico brasilero.

En el período 1956-61, por ejemplo, cerca de 46,3% del crecimiento de la capacidad instalada del Sector fue resultado de financiamientos del BNDES. Dentro de los principales proyectos contratados por el Banco hasta el final de 1962 están las hidroeléctricas de Río Bonito (ES), Funil (BA), Salto Grande do Santo Antônio (MG), Paulo Afonso II (AL/BA), Lavrinhas (GO), Maurício (MG), Tronqueiras (MG), Euclides da Cunha (SP), Três Marias (MG), Cachoeira Dourada (GO), Peixoto (MG), Jacuí I (RS), Jurumirim (SP) y Cubatão Subterrânea (SP); las termoeléctricas de Sobral (CE), Charqueadas (RS) y Piratininga (SP); las redes de distribución en los municipios de Lagoa Santa (MG), Mossoró (RN), Itabaiana (SE), Estância (BA), Massapé (CE), Aracaju (SE) y São Joaquim (SC); y diversas líneas de transmisión, en varias tensiones, con una extensión total de 6.363,5 km, en varios municipios.

Caracterizado como monopolio, en las décadas de 1960-1970 el Sector Eléctrico gubernamental planeaba, implantaba y operaba los proyectos destinados a suplir la demanda del mercado de energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía (MME) [Ministério de Minas e Energia] tenía la responsabilidad por trazar y coordinar la política de energía eléctrica del país; y la empresa holding estatal ELETROBRAS su ejecución. En ese período, participaban del sistema las empresas controladas por Eletrobrás, las empresas estaduales y municipales, las empresas privadas y los auto productores. A todos era exigido actuar conforme las directrices federales en sus tareas de producir, transmitir y distribuir energía eléctrica.

Es en ese período en que se da la construcción de la CH Tucuruí en el Río Tocantins (Pará). Tucuruí fue el primer gran proyecto hidroeléctrico implantado en el Amazonas Brasilero, sus estudios de inventario y viabilidad datan de 1972 y la inauguración ocurrió en 1984. Su construcción provocó la inundación de cerca de 250.000 hectáreas, afectando los pueblos indígenas Gavião y Parakanã. Sus líneas de transmisión, igualmente, afectaron los pueblos Guajajara y Krikati. La electricidad generada en Tucuruí tenía como finalidad principal suplir la demanda de energía del complejo mineralsiderúrgico en proceso de instalación en la región, así como producir energía excedente para abastecer la región sudeste del país, donde se concentraban los sectores más dinámicos de la economía brasilera. Según estudios coordinados por el Prof. Emílio Lèbre La Rovere (1999) sobre la CH Tucuruí, ha pedido de la Comisión Mundial de Represas (WCD) [Comissão Mundial de Barragens],

“la planeación de los proyectos hidroeléctricos a implantar [en esa época] obedecía, en principio, a una metodología que fue iniciada con los llamados Estudios de Canambra, realizados en el final de la década de 60 por una asociación de empresas americana, canadiense y brasilera. Tales estudios tuvieron por objetivo levantar el potencial de aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos situados en las regiones este y sur del país y proponer un orden de los proyectos según criterios de menor costo de implantación y de energía producida. El inventario del rio Tocantins fue realizado poco tiempo después por empresas brasileras” (: 15).

El Consórcio Canambra Consulting Engineers Ltda. fue contratado por el gobierno federal en 1962—el mismo año de creación del MME y de ELETROBRAS—contando para eso con el apoyo financiero del Banco Mundial. Un Consorcio que tenia originalmente la atribución de presentar soluciones a los problemas de suministro de energía eléctrica en las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro, se acabó consolidando como principal referencia en la planeación del sector eléctrico gubernamental: estuvo al frente del proceso de elaboración del Programa de Acción Económica del Gobierno (PAEG, 1964-66) y del Plano Estratégico de Desarrollo] (PED, 1968-70).

Entre el final de los años 70 y el final de los 80, el BNDES financió varios proyectos de concesionarias públicas y privadas de energía eléctrica, principalmente por intermedio de la Agencia Especial de Financiamiento Industrial (FINAME), línea de crédito destinada al financiamiento de máquinas y equipos. Son de ese período las hidroeléctricas Paulo Afonso IV (1979); Itumbiara (1980); Foz do Areia (1980); Salto Santiago (1980); Tucuruí (1984); Itaipu (1984); e Itaparica (1988).

En el inicio de los años 1980, el modelo centralizado comenzaría a dar señales de debilidad económica y financiera. La caída de la capacidad de autofinanciamiento del Sector y la elevación de los costos sectoriales habrían limitado progresivamente la disponibilidad de recursos para su mantenimiento. A eso se aumentaría la llamada crisis fiscal del Estado, que redujo drásticamente la capacidad del gobierno federal y de los gobiernos estaduales de mantener aportes de recursos suficientes al programa de financiamiento sectorial. Daniela de Carvalho Pinheiro (2006) llama la atención para problemas de naturaleza político-administrativa, que ya comienza a aparecer y preocupar analistas del sector; ella destaca, por ejemplo, la visible fragilidad del órgano regulador el Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (DNAEE), las frecuentes fallas de planeación, los intereses económicos y políticos locales y la presión de los grupos de interés vinculados a las empresas constructoras. Ese contexto creaba un ambiente fértil para la introducción y el desarrollo de las ideas y modelos liberalizadores, o neoliberales, del Sector Eléctrico, que se tornarían hegemónicas en la década siguiente.

Paralelamente a ese proceso de crisis anunciada del sistema, el impacto social y ambiental de las grandes obras de infraestructura de energía y transporte de los años 1970, en el Amazonas brasilero y en otras regiones del país, colocó en debate en el ámbito de la sociedad civil y en la academia brasilera la necesidad de evaluaciones más calificadas sobre los costos sociales y ambientales de las grandes obras.

El proceso de democratización ocurrido en los años de 1980 en Brasil, asociado con el surgimiento del movimiento ambientalista y la difusión de las preocupaciones con la preservación del medio ambiente, además de la resistencia organizada de poblaciones afectadas por represas, hizo con que el Sector Eléctrico, progresivamente, tuviera que incorporar a su agenda los asuntos ambientales y sociales. Los costos ambientales se tornaron un elemento a más de presión sobre los costos del Sector, que pasó a tener que responder a una creciente movilización de movimientos de afectados y de ONGs ambientalistas y socio-ambientalistas.

El primer acto político administrativo que indica algún deseo de cambio fue la Ley Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estableció la Política Nacional del Medio Ambiente y creó el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA) y el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

El año de 1986 es un año de gran significado para las personas y grupos que presionaban por cambios en la política del Sector Eléctrico: al incluir las represas en el rol de actividades potencialmente contaminadoras, sujetas al licenciamiento ambiental para implantación, el CONAMA publicaría en ese año la Resolución 01, que reglamentó la obligatoriedad de realización de Estudios e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para fines de licenciamiento de proyectos. La obligatoriedad de realizar estudios/informes significó la posibilidad de colocar a la vista costos sociales y ambientales antes desconsiderados o no dimensionado en su magnitud real. Los resultados de los estudios pasarían a ser objeto de negociaciones conflictivas involucrando gobierno, emprendedor, financiadores, poblaciones locales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En 1986, fue creado también el Consejo Consultivo de Medio Ambiente (CCMA) de ELETROBRAS y se produjeron los primeros documentos del Sector orientados para la cuestión ambiental: el Plano Director para la Mejoría del Medio Ambiente en las Obras y Servicios del Sector Eléctrico y el Manual de Efectos Ambientales de los Sistemas Eléctricos.

En el año siguiente, en 1987, fue creada la División (posteriormente Departamento) de Medio Ambiente de ELETROBRAS, al mismo tiempo en que era aprobada la Resolución 06 del CONAMA, que establecía reglas para el licenciamiento ambiental de obras de grande porte, especialmente de energía eléctrica. En 1988, el mismo año de aprobación de la actual Constitución Federal brasilera, el MME creó el Comité Coordinador de las Actividades del Medio Ambiente del Sector Eléctrico (COMASE) , como instancia de carácter deliberativo de la cual participaban ELETROBRAS, el Departamento Nacional de Aguas y Energia Elétrica (DNAEE) y las empresas concesionarias federales y estaduales.

Los años 1980 trajeron, por lo tanto, avances significativos en los campos legal e institucional. Diferente de la situación anterior, a partir de ahora había instrumentos que podrían ser accionados para intentar garantizar derechos a las poblaciones afectadas y prevenir daños ambientales de mayores proporciones.

Pero si por un lado la Constitución Federal de 1988 definió y reafirmó una serie de normas sociales y ambientales, ella también dio margen para cambios institucionales y legales no siempre convergentes con los avances que se habían obtenido en lo que respecta al tratamiento de la problemática social y ambiental en el ámbito de la política sectorial de energía eléctrica. La crítica al excesivo centralismo en la gestión en el sector, crítica esa legitimada por la asociación de eso con la militarización del equipo de estado brasilero a partir de 1964, con la falta de transparencia y control social sobre las políticas, con denuncias de corrupción y de uso del equipo pública para fines particulares etc. dio margen para cambios que acabaron por fortalecer posiciones más próximas de perspectivas donde el Estado debe renunciar a la pretensión de ser planificador y ejecutor de la política sectorial.

Aunque se pueda establecer como marco inicial de ese cambio la Constitución Federal de 1988 (en sus artículos 21 y 175), en la realidad fue la Ley nº 8.031 (del 12 de abril de 1990), que instituyó el Programa Nacional de Desestatización (PND) y creó el Fondo Nacional de Desestatización (FND) ], sumado de las Leyes nº 8.987 (del 13 de febrero de 1995) y nº 9.074 (del 7 de julio de 1995), que, en conjunto, establecieron los fundamentos legales para el nuevo modelo de gestión y proporcionaron las condiciones para la creación de un mercado competitivo de energía eléctrica en Brasil. La sustentabilidad ambiental y social como principio orientador del proceso de planeación y decisión está prácticamente ausente de la Ley de Concesión de Servicios Públicos (Ley nº 8.987/95), ley ésta que establece las nuevas condiciones para la participación del capital privado en el Sector y que define los parámetros del régimen competitivo en la generación y en la comercialización de energía eléctrica. Lo mismo se puede afirmar con relación a la Ley nº 9.074/95, que estableció el régimen de concesión de los servicios de generación y transmisión de energía eléctrica, estableciendo los derechos y las obligaciones de las concesionarias.

Tanto una ley como la otra, comenta Carlos Vainer (2007: 123), atribuyen a la concesionaria el poder expropiatorio, o sea, de “crear los medios para limpiar el terreno para la implantación del proyecto”. Si la Ley nº 8.987 atribuía al concesionario el poder expropiatorio, la Ley nº 9.074/95 completa el servicio, determinando que compete al poder concedente declarar la utilidad pública para fines de expropiación, sea ella destinada a los servicios públicos, autoproducción o producción independiente. En el caso de Cana Brava, la Declaración de Utilidad Pública para fines de expropiación fue emitida a través de la Resolución nº 150, de 18 de mayo de 2000, en favor de la CEM.

El nuevo modelo legal/institucional fue formalmente puesto en funcionamiento con la creación de la ANEEL, el 26 de diciembre de 1996, por la Ley nº 9.427. Entre otras cosas, esa Ley atribuye al órgano la responsabilidad por regular y fiscalizar la producción, transmisión y comercialización de energía eléctrica en Brasil, en sintonía con las nuevas tendencias políticas y gerenciales sobre el papel del Estado, que de ejecutor pasaría a ser esencialmente regulador y fiscalizador.

Las transformaciones ocurridas en el Sector Eléctrico a partir de mediados de los años 1990 imprimieron una dinámica de casi irresponsabilidad del Estado sobre los efectos decurrentes de la implantación de proyectos de grande escala. Hasta entonces, bien o mal, había una clara definición de los responsables, en general materializados empíricamente en las empresas estatales regionales: Centrales Eléctricas S.A. (ELETROSUL) , Centrales Eléctricas del Norte de Brasil (ELETRONORTE), FURNAS y CH de São Francisco (CHESF). En los años 1990 tuvo inicio la privatización de las distribuidoras estaduales de energía eléctrica; con esa finalidad fue creado en el mismo año el Programa Federal de Apoyo a la Reestructuración y al Ajuste Fiscal de los Estados . El BNDES participó de veinte operaciones de anticipación de recursos para los estados comprometidos con la venta de sus concesionarias de distribución y de todas las privatizaciones estaduales: CEEE (RS); Eletropaulo, CPFL y Cesp (SP); Cerj (RJ); Coelba (BA); Energipe (SE); Celpe (PE); Saelpa (PB); Cosern (RN); Coelce (CE); Cemar (MA); Celpa (PA); Cemat (MT); Enersul (MS); y Cachoeira Dourada (GO).

Establecidos los nuevos fundamentos del Sector Eléctrico y concluido el proceso de desmonte del modelo estadista de generación y distribución de energía eléctrica, las concesionarias privatizadas pasaron a ser la prioridad del crédito destinado a modernizar y expandir el sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Una nueva modalidad de “apoyo al sector”, el Project Finance, es adoptado por el BNDES para financiar los nuevos proyectos de generación de energía.

La CH Cana Brava

La CH Cana Brava está localizada en el Río Tocantins, entre los Municipios de Minaçu y Cavalcante, en el norte del Estado de Goiás, a aproximadamente 250 km de Brasilia. El Río Tocantins tiene una extensión total de aproximadamente 2.500 km, teniendo como principales formadores los ríos de las Almas y Maranhão, cuyas cabeceras se localizan en el Altiplano de Goiás, a más de 1.000 m de altitud, en la región más central de Brasil. El nombre Cana Brava es prestado de un igarapé (pequeño afluente) del Río Tocantins localizado próximo a la represa.

El primer reconocimiento del potencial hídrico de la cuenca del Río Tocantins fue hecho por la Oficina de Rehabilitación [Bureau of Reclamation], en 1964. Los estudios fueron patrocinados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desearrollo Internacional (USAID) , en colaboración con la extinta Comisión Interestatal de los Valles de Araguaia-Tocantins (CIVAT), con el objetivo de evaluar las condiciones y potenciales de navegabilidad de la cuenca.

Figura V.1: Localización de la Represa de Cana Brava

Fuente: Bartolomé, in Verdum (2007)

Los primeros estudios de viabilidad con el objetivo de la construcción de la CH Cana Brava fueron realizados en la década de 1970 y el diseño final fue elaborado por FURNAS, en marzo de 1984. FURNAS desarrolló los estudios preliminares del proyecto, que incluyó los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) enviado a la Agencia Estadual de Medio Ambiente de Goiás (FEMAGO) en 1987. El EIA y el Informe de Impacto Ambiental (RIA) fueron aprobados por la FEMAGO en 1990, siendo renovado en 1995. En septiembre de 1998 el órgano ambiental del estado de Goiás concedió la Licencia de Instalación y en enero otorgó la Licencia de Operación al Proyecto Cana Brava.

En marzo de 1998 la concesión de la obra fue dada a la empresa belga Tractebel Energía S.A, por intermedio de la CEM, que venció la licitación internacional del contrato de concesión promovida por la ANEEL. La Tractebel era controlada en la época por el grupo internacional Suez, y controlaba la empresa Centrales Generadoras del Sur de Brasil S. A (GERASUL) , con una historia de conflictos con pueblos indígenas, agricultores familiares y otras comunidades locales en el estado de Santa Catarina, en la región Sur de Brasil.

El contrato de concesión establecido entre la ANEEL y la CEM (con no 185/1998, y fecha de 7 de agosto de 1998) regula los derechos de uso del potencial hidráulico en el Río Tocantins por la CH por un período de 35 años. Dice también que la concesionaria debe cumplir con el exigido por la legislación ambiental, asumiendo la responsabilidad por eventuales accidentes ambientales y por el reasentamiento de las familias de las áreas afectadas.

Mapa V.2: La zona del proyecto

La CH Cana Brava fue construida vía contrato Ingeniería, Suministro, Construcción [Engenharia, Suprimento, Construção-EPC] con el consorcio formado por cuatro empresas: La Constructora Norberto Odebrecht S.A.; la Constructora Andrade Gutiérrez S.A.; y dos suministradores de equipos, la Voith Máquinas y Equipos S.A [Voith Máquinas e Equipamentos S.A.] y Siemens Ltda. A Tractebel Energía correspondería la responsabilidad por la operación y mantenimiento de la represa en conformidad con el contrato de concesión. Las obras de construcción de la represa tuvieron inicio en 1999, siendo finalizadas en diciembre de 2001. El llenado del depósito inició en enero del año siguiente y la operación comercial comenzó un poco después.

La CH Cana Brava posee capacidad instalada de aproximadamente 450 MW, un depósito de cerca de 139 km2 y una línea de transmisión de 230 KV, con 50 km de extensión, que conecta Cana Brava con la Represa Hidroeléctrica de Serra da Mesa; esta última está localizada la montante en el mismo Río Tocantins. El dique posee 66 metros de altura, y la formación del depósito, de aproximadamente 139 km2, resultó en la ocupación de una área de terreno de aproximadamente 125 km2.

El financiamiento de Cana Brava

La CH Cana Brava fue uno de los primeros proyectos privados desarrollados después de haber sido establecido el nuevo marco reglamentario e institucional, a partir de 1995, y el primer proyecto de Producción Independiente de Energía (PIE) financiado, vía la modalidad de financiamiento Project Finance, en Brasil. En la visión del BID, dice Viviane C. S Faria (2003: 85), ‘la configuración de ese proyecto representaba un paso importante para la creación de un mercado competitivo de electricidad en Brasil y su participación representaría el apoyo necesario a su implementación‘.

El financiamiento de la CH Cana Brava comenzó a ser negociado en diciembre de 1998 y fue concluido en diciembre de 2000. Inicialmente el proyecto fue financiado solamente por el BNDES a través de dos contratos firmados el 19 de mayo de 1999. La composición inicial del financiamiento era BNDES (60%) y CEM (40%). Las obras de la CH Cana Brava fueron iniciadas un poco después de la contratación del financiamiento del BNDES. El BID aprobó el financiamiento para la CH Cana Brava el 9 de agosto de 2000 y el contrato fue firmado el 11 de septiembre de 2000.

El costo total del proyecto de la CH de Cana Brava fue de aproximadamente US$ 426 millones, de los cuales US$ 138 millones fueron concedidos por el BNDES. Además de Cana Brava, el BNDES participó en el financiamiento de las hidroeléctricas de Serra da Mesa (GO), con 1.293 MW; Lajeado (TO), con 902 MW; y de la segunda etapa de la hidroeléctrica de Tucuruí (PA), con 4.125 MW—todas situadas en el curso del Río Tocantins.

El financiamiento del BID, fue hecho por intermedio del Departamento del Sector Privado (PRI), y consistió de un préstamo de US$ 75 millones provenientes del capital ordinario del banco y un préstamo asociado de US$ 85,2 millones, intermediado por el BID junto a los siguientes financiadores: la aseguradora y el banco de inversión belga Fortis Bank; la institución financiera australiana ANZ (Australia and New Zealand Banking Group); y el banco de inversión alemán DrKW (Dresdner Kleinwort Wasserstein). El resto provenía de captaciones propias de la Tractebel Energía S.A. A seguir presentamos tabla con información sobre proyectos de los sectores de energía que recibieron financiamiento del BID entre 1996 y 2000.

Cuadro V.1: Proyectos de energía financiados por el BID en el Brasil entre 1996 y 2000.

Proyecto Tipo Características Inversiones US$ millones Participación del BID Localización (estado) Año
UHE Itá Generación de energía 1450 MW 978 Capital propio: 248 A-Loan: 76
B-Loan:266
RS/SC 1997
Interconexión Norte-Sul Línea de transmisión 1030 KM 936 307 N-S 1997
UTE Uruguaiana Generación termoeléctrica 600 MW 350 N.D. RS 1998
VBC Energía Distribuidora de EE N.D. 345 US$ 100-200 SP 1999
UHE Cana Brava Generación de hidroenergía 450 MW 426 Capital propio: 128 A-Loan: 75
B-Loan: 85,2
GO 2000
UHE Dona Francisca Generación de hidroenergía 125 MW 118 Capital propio: 41,3 A-Loan: 16
B-Loan: 25
RS 2000
Light (garantía risco político) Distribuidora de EE 270 Cobertura 100-200 RJ 2000-2001
Proyecto Energía Norte Generación Termoeléctrica 125 MW N.D. A-Loan: 23,7
B-Loan: 37,2
PA/RO/AC 2000
UTE Pernambuco Generación Termoeléctrica 520 MW 403,5 192,4 PE 2000
Fuente: Faria (2003).

La población afectada

La población que vive en la región afectada por la CH de Cana Brava está compuesta básicamente por migrantes del nordeste brasilero y por descendientes de esclavos africanos que huyeron y se radicaron en quilombos, permaneciendo ahí aislados por mucho tiempo. Esos descendientes de esclavos llegaron a constituir comunidades bastante cerradas y separadas de la sociedad nacional brasilera, como los Kalungas. La población auto-identificada como indígena se reduce a una única familia perteneciente al pueblo Ava-Canoeiro.

Según Leopoldo J. Bartolomé (2007), que participó del equipo del MII del BID, la población en la región es marcadamente joven. Aunque prácticamente todas los niños estuvieran escolarizadas, el porcentual de analfabetos giraba en torno del 12%, concentrado en los grupos de mayor edad.

La construcción de la represa y la instalación de la represa hidroeléctrica de Cana Brava provocaron un conjunto de cambios en los medios y modos de vida de la población urbana y rural, particularmente en los municipios goianos de Minaçu y Cavalcante.

En el Análisis Socio-Económico y Censal emprendido por la CEM entre marzo y septiembre de 1999, en un período marcado por el clima seco, la población directamente afectada por la CH, esto es residente en el área directamente afectada de la Represa, sumaria 258 familias, entre propietarios y no propietarios, rurales y urbanos, distribuidas en 231 propiedades. De este total, 32 residían en el área urbana de Minaçu, en los barrios Río Bonito y Vila Manchester, y 226 en áreas rurales de los Municipios de Minaçu, Cavalcante y Colinas do Sul. En total el área directamente afectada por la CH seria de aproximadamente 13.900 hectáreas.

Según el Movimiento MAB en Goiás, el número de familias afectadas a la época por la construcción de la CH llegaría a 1.000 familias. El MAB contesta los estudios realizados por la CEM, por esta no haber considerado las diferentes formas de ocupación de la tierra y los diferentes usos de los recursos naturales adoptados por la población local; también no consideraron la ocasión de algunas actividades, como por ejemplo, la mina, parte de la economía y de la sociabilidad local. Contesta también la noción de población afectada como generalmente es utilizado en los estudios de impacto de obras de infraestructura; desde su punto de vista, la población afectada no se resume a la población que ocupa el área impactada directamente por las obras de la CH y aquella que ocupa la parcela del territorio cubierto por las aguas del lago formado por el dique del río.

Leopoldo J. Bartolomé (2007) afirma que la empresa fue negligente en relación a la población afectada por la instalación de la CH:

Los desplazamientos de la población fueron tercerizados y quedaron sobre la responsabilidad de diversas empresas consultoras y ad hoc. Los servicios incluyeron la realización de censos poblacionales, análisis de las diferentes condiciones de afectación e, inclusive, la implementación del plano de reasentamiento elaborado, así como la ejecución de actividades sociales de apoyo (cursos, etc.). No es de extrañarse que haya existido divergencia en las estimativas de las poblaciones afectadas y en los pagos de compensaciones, no solo entre la CEM y las organizaciones de la comunidad, sino también entre los diferentes consultores y responsables por esas estimativas (:114).

En el área rural, las familias afectadas pertenecían a diversos grupos sociales: dueños de grandes y medianas propiedades ganaderas (hacendados); propietarios de pequeñas haciendas (normalmente con derecho de posesión); propietarios (principalmente con derechos de posesión) de pequeñas propiedades donde eran realizadas actividades de agricultura de subsistencia y ganadería, algunas periurbanas; y no propietarios. Algunas familias tenían residencia permanente en las haciendas, otras mantenían sus familias en Minaçu o en pequeños poblados, como Vila Vermelho y Vila Buriti, que no fueron directamente afectados por la represa.

Estaban también los trabajadores que no fueron considerados residentes permanentes en el censo de la CEM, pero que, afirma Leopoldo Bartolomé (2007: 116), vivían en la región adoptando estrategias múltiples: mezclando agricultura de subsistencia, trabajo asalariado en el área rural y/o en la ciudad y otras actividades, como minería. En el área urbana, la población afectada fue básicamente pobre, que ocupaba lotes a las márgenes de los ríos urbanos; también fueron afectadas algunas granjas urbanas, localizadas en la periferia de Minaçu.

Conflictos, negociaciones, prioridades e intereses

Aunque se pueda decir que tanto el BID como el BNDES fueron conniventes con el tratamiento dado a la situación, particularmente en lo que concierne a población afectada, actuando como si el financiador no tuviera nada que ver con los problemas sociales y ambientales generados por el financiamiento, solamente el BID se involucró y fue involucrado en las negociaciones en torno de las compensaciones debidas a los afectados. Eso se debió básicamente a la presión que recibió de la unión de organizaciones de la sociedad civil que se formó en torno del caso, accionando el Banco para que asumiera lo establecido en la OP-710.

La OP-710 del BID se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco, en los sectores público y privado, sea el financiamiento canalizado directamente (como préstamos de inversión) o administrado por intermediarios (como en obras múltiples, programas de crédito por etapas o multisectoriales). Ella tiene por objetivo minimizar el impacto del proyecto sobre las personas en el área de influencia del proyecto, evitando o minimizando la necesidad de desplazamiento físico; busca además, dice el documento, asegurar que, cuando las personas fueran obligadas a migrar, sean tratadas equitativamente y, siempre que sea posible, puedan participar de los beneficios generados por el proyecto que requiere su reasentamiento.

El BNDES fue a la época un agente invisible, no apareció ni fue colocado en cheque por las organizaciones de la sociedad civil que actuaron en el caso Cana Brava. Solo recientemente el BNDES pasó a ser objeto de cuestionamientos, con la creación de la Plataforma BNDES, una unión de organizaciones y movimientos sociales que reivindica mayor transparencia del banco sobre los financiamientos que concede y la adopción de indicadores adecuados de evaluación de la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos que financia.

Según Daniele de Carvalho Pinheiro (2006: 64), las primeras movilizaciones de la población afectada surgieron a partir de la constatación de que el anunciado desarrollo no beneficiaria a todos igualmente; muchas familias estarían sujetas a perder sus tierras y medios de sobrevivencia. En el caso Cana Brava, el MAB tuvo un papel de destaque tanto en las denuncias sobre la gravedad de la situación de la población afectada como en las negociaciones con la CEM/Tractebel, el BID, órganos del Gobierno brasilero y el Ministerio Público de Goiás.

En la época había de parte de los funcionarios de la CEM/Tractebel un esfuerzo constante de descalificar la actuación del MAB. Sus líderes eran tratados como intrusos y personas de fuera, como personas que desconocían la realidad local y que, por lo tanto, no deberían entrometerse en la relación de la empresa con los afectados. El mismo procedimiento era adoptado en relación a los lideres sociales y al movimiento de resistencia emergente en la región, ellos eran clasificados por la empresa como desordenadores y aprovechadores.

La fuerza policial fue otro medio utilizado por la empresa para intimidar la población e influenciar en el proceso organizativo de resistencia de los afectados. Hasta incluso las reuniones de negociación involucrando la empresa y la población eran acompañadas por policías militares, en una clara manifestación de intimidación. Debido al comportamiento ostensivo y el clima de inseguridad generado por la presencia cotidiana del equipo policial en la región, los afectados se reunían a escondidas, en locales aislados, haciendo uso de diferentes estrategias para despistar el sistema de control instalado por la empresa.

El rechazo de reconocer la legitimidad de los líderes que emergían de la institución del movimiento de resistencia fue una práctica constante de la empresa. Esa actitud tenía como finalidad inviabilizar cualquier tipo de acción/negociación colectiva de los afectados en favor de negociaciones individualizadas. Esa actitud perduró a lo largo de todo el proceso de negociación, inclusive por ocasión de la presentación de los resultados de la denominada Auditoria Social del Plano de Reasentamiento de la CH de Cana Brava , realizada en marzo de 2004. Según fue relatado por integrantes del movimiento, el principal criterio de elegibilidad de los reclamantes no habría sido la presentación de pruebas documentales o testimoniales, pero si la conexión o no con el MAB. Hubo una nítida actuación política de la empresa.

El BID también no fue nada ético en algunos momentos, en un esfuerzo de fragilizar la organización del movimiento de resistencia de los afectados y evitar que este o el MAB recurrieran a las instancias internas del Banco con poder de cuestionar los procedimientos adoptados por determinados funcionarios del Banco con relación a la población afectada por las obras de la CH; es el caso del MII del BID.

Como en otros casos, la construcción y el inicio de operación de la CH Cana Brava produjeron uniones en escala global, abarcando diversos agentes sociales (ONGs, sindicatos rurales, asociaciones, Iglesia) situados en diferentes niveles de actuación (local, regional, nacional y transnacional), que desarrollaron discursos de respuesta, contra-hegemónicos, que colocaban en cuestión los discursos que intentan ganar legitimidad asociada a la obra con progreso y bien estar.

A la época la población local contaba con el apoyo del MAB, que mantenía relaciones estrechas con la Comisión Pastoral de la Tierra y los Sindicatos de Trabajadores Rurales (STR) en la región. También participaban de esas uniones la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales (Rede Brasil), la Alianza Ríos Vivos [Coalizão Rios Vivos], la ONG americana Red de Ríos Internacionales (International Rivers Network-IRN), la organización católica Ayuda y Fraternidad ], la Red de Información y Acción por el Derecho a la Alimentación (FIAN) y la 11.11.11, esta última, una organización belga enfocada en el análisis de las relaciones Norte-Sur y en los temas “reducción de la pobreza” e “injusticias sociales”. Una revisión rápida de la documentación disponible en la Rede Brasil muestra que esta unión no se dio sin tensiones y disputas por quien “representaría” los intereses de los “afectados”, como ente el MAB y el STR en la región; algo que era debidamente notado y usado por el BID y por la Tractebel con fines e intereses propios.

En enero de 2003, a partir de contactos con la coordinación nacional del MAB, un equipo formado por representantes de ese último grupo de entidades estuvo en los Municipios de Minaçu y Cavalcante a fin de recoger declaración e imágenes del drama de las personas afectadas por la represa de Cana Brava. El objetivo de la visita era colectar informaciones y organizar una campaña internacional de denuncia sobre la situación de la población afectada, intentando a partir de ahí influenciar a los agentes financiadores y a los accionistas de la Tractebel en Bélgica.

Pasados algunos meses desde cuando la represa entró en operación, y después de sucesivas frustraciones en las negociaciones con la empresa, en noviembre de 2002 el movimiento de resistencia, junto con líderes del MAB y asesores de las entidades de apoyo, busco iniciar un diálogo directo con el BID. Como la institución era uno de los principales financiadores del proyecto, y poseía una directriz interna (la OP-710) que podría ser objeto de cobro de coherencia y cumplimiento por parte del Banco, se notóahí una ventana de oportunidad para modificar la correlación de fuerzas con la CEM/Tractebel.

La declaración recogida por Daniele de Carvalho Pinheiro (2006: 94) es bastante representativa del proceso de toma de consciencia sobre la complejidad del arreglo institucional que viabilizaba la construcción de la represa y de como acceder y constreñir actores con poder de presión sobre la empresa:

Cuando nosotros comenzamos, las actividades aquí eran todas contra la Tractebel. Entonces nosotros fuimos notando, teniendo conocimiento de que todo recurso no era de Tractebel, ella había construido la represa, pero había un financiador. Estaba tanto el BNDES, que había financiado una parte, como el BID, que había financiado otra parte. Dentro de eso habría un contrato del BID, que al financiar el dinero para construir la represa, los impactos sociales y ambientales tendrían que ser tratados de la forma que constaba. (Entrevista realizada en 31/08/2006, con el Sr. G.).

Hasta entonces:

Se buscó en la OP-710 que los impactos ambientales y sociales tendrían que ser cuidados dentro de aquella norma. Y nada de eso había sido hecho. Todo lo que la empresa tuvo ganas y la osadía de hacer, ella hizo. Entonces, como el BID tenía ese parecer, entonces nos despertamos: si el BID financió y no fiscalizó el recurso de construcción de la represa, nosotros vamos a buscar el personal del Banco y tener una conversación sobre porque no fue fiscalizado. (Entrevista realizada el 31/08/2006, con el Sr. G.).

Inicialmente buscaron contactar al BID por intermedio de la Tractebel. Notando que no producía el efecto deseado, partieron para un contacto más directo con la institución:

Nosotros primero intentamos conversar vía empresa con el personal del Banco, ahí ellos dijeron que no, que era parte del Banco y el Banco que resolviera. Nosotros teníamos que buscar el Banco. Entonces, intentamos conversar con el personal del Banco allá en Brasilia y no fue posible. Nosotros fuimos allá en una comisión y no fuimos recibidos por ellos. Fue cuando nosotros vimos que la forma de nosotros conversar seria ocupando la sede del Banco y abriendo una discusión directa. Fue eso lo que hicimos. Salimos con 9 buses de aquí, fuimos directo allá y ocupamos. Y entonces abrimos el primer contacto. (Entrevista realizada el 31/08/2006, con Sr. G.).

La ocupación de la sede del BID en Brasilia ocurrió en 2002. En esa ocasión el BID y el MAB firmaron un protocolo de intenciones en el cual el Banco se comprometía a divulgar el valor por él financiado y a realizar una Auditoria Social del Plano de Reasentamiento e Indemnizaciones debido a la población considerada afectada. El objetivo principal de la Auditoria consistió en revisar las reclamaciones relacionadas con el reasentamiento y las compensaciones asociadas al emprendimiento de Cana Brava, de manera a: (i) determinar el mérito de las reclamaciones relacionadas con la elegibilidad a reasentamiento; y (ii) determinar el mérito de las reclamaciones relacionadas con la inadecuación del reasentamiento implementado o de las compensaciones efectuadas. Los trabajos del equipo de la Auditoria Social, compuesta por especialistas independientes en reasentamiento y cuestiones sociales, tuvieron inicio en abril de 2003. El trabajo de campo incluyo la investigación de una lista con 800 reclamantes preparada por el MAP. De ese total, 123 familias más fueron incluidas en el Plano de Reasentamiento e Indemnización de Cana Brava así distribuidas: 31 elegibles al reasentamiento; 62 con derecho a revisión de la compensación o de la indemnización; y 30 con derecho a otras formas de compensación individual, en el ámbito del Plano de Reasentamiento e Indemnización.

La Auditoria Social sugirió además (i) el desarrollo e implementación de un Programa de Desarrollo Socioeconómico Micro-Regional (PDMR) , direccionado a la región de Cana Brava; (ii) la creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FDES) para apoyar la implementación del PDMR; y (iii) la identificación de programas gubernamentales de apoyo social y económico que pudieran ser aplicados o tener una aplicación incremental en la región.

Otras dos ocupaciones de la sede del BID ocurrieron en los tres años siguientes: la primera fue realizada en mayo de 2004, para presionar la Dirección Ejecutiva del BID a pronunciase a respecto del pedido de instauración de investigación sobre el Proyecto Cana Brava por el MII. Una vez más el resultado fue positivo: el panel de investigación fue abierto cerca de un mes después, en junio de 2004. El Panel inició sus trabajos el 7 de marzo de 2005 y entregó el Informe Final en el día 14 de julio del mismo año. Recomendaba, entre otras cosas, una política específica de desarrollo económico y social complementar al Proyecto Cana Brava y que este tipo de política debería estar integrada a las operaciones del PRI desde el inicio, y “no como una respuesta tardía a las reclamaciones de los ciudadanos”.

La segunda ocupación realizada por el MAB ocurrió en mayo de 2005, cuando Tractebel anticipó el pago de la deuda hecha con el BID, buscando librarse de la presión que el Banco ejercía sobre la empresa para que ella asumiera los compromisos firmados con la población afectada.

A continuación reproducimos los comentarios y análisis de Daniele de Carvalho Pinheiro (2006: 58-62) sobre lo que vio y oyó sobre la situación de los reasentados rurales en mediados de 2005:

El primer reasentamiento rural colectivo fue implantado a las márgenes del Río Cana Brava, a cerca de 1 km de la ciudad de Santo Antonio de Cana Brava, con acceso relativamente fácil a escuelas, centros de salud, iglesias y comercio. Cuenta también con línea regular de bus para la ciudad de Minaçu. Es formado por 26 lotes individuales, cada cual con una casa de albañilería, con techo de tejas, cocina, baño, sala de estar y tres cuartos, además de un depósito, equipos de irrigación y cerca a lo largo del perímetro del lote. Se resalta que, en entrevistas realizadas en ese reasentamiento, las familias reasentadas reclamaban de la calidad del equipo de irrigación, cuyas bombas de agua de pequeña potencia no tenían fuerza suficiente para traer agua del río hasta los locales de plantación.

Un segundo reasentamiento rural colectivo fue iniciado en julio de 2002, posterior a la entrada en funcionamiento de la represa, para 13 familias que habían solicitado un mínimo de 30 hectáreas para la creación de ganado. Cada una de las familias recibió R$ 32.000,00 para adquirir la tierra y el material de construcción. Con el dinero, las familias adquirieron parte de una hacienda que fue dividida en lotes, y utilizaron el restante de los recursos—cerca de R$ 11.000,00 por familia—para la construcción de cercas, casas de albañilería, y perforación de pozos de agua. Este segundo reasentamiento posee condiciones más precarias, comparativamente al primero. Las tierras son de calidad baja, llegando a presentar hasta 92% de arena en algunos locales, con alta concentración de aluminio, lo que propicia el aparecimiento de una especie de termita que destruye las raíces de las plantas. Según los agricultores, en la época del reasentamiento, la empresa había prometido la llamada “asistencia solar”, que incluía deforestación, arado, reserva y abono del suelo. La promesa no fue honrada y la baja calidad de las tierras, asociada a la pequeña disponibilidad hídrica—los pozos necesitan ser muy profundos y la mayoría de los agricultores no posee sistema de abombamiento, el agua es retirada en cantidad insuficiente y con calidad dudosa—imponen dificultades a la actividad agrícola y, consecuentemente, compromete el sustento de las familias.

En reunión realizada entre representantes del MAB y de la empresa, en agosto de 2003, en la oficina de la CEM en Minaçu, los reasentados reivindicaban la construcción de tres pozos artesianos para el atendimiento de nueve de los lotes; la instalación de red eléctrica en el reasentamiento; el preparo de cinco alqueires de suelo por reasentado para ganadería y producción de subsistencia, también el suministro de canastas básicas hasta la primera cosecha relativa a los cinco alqueires; asistencia técnica por un período mínimo de tres años; recursos adicionales para la conclusión de las casas, y también de instalaciones de apoyo como garajes, corrales y gallineros; además de mejorías en los accesos internos y una línea de bus, dos veces por semana, hasta la ciudad de Minaçu. Hasta el actual momento, ninguna de las reivindicaciones fue atendida.

La precarización de las condiciones de vida de las familias que optaron por quedarse o por transferirse para los núcleos urbanos no parece ser muy diferente de aquellas que optaron por continuar en el medio rural:

En cuanto a las familias que escogieron vivir en área urbana, el reasentamiento fue inicialmente hecho en la Vila de Furnas, un condominio de casas que está localizado en los alrededores de la ciudad de Minaçu, construida para abrigar ingenieros y técnicos de Furnas, cuando la construcción de la CH de Serra da Mesa, situada el montante de Cana Brava. Está dotado de infraestructura de abastecimiento de agua, luz y alcantarillado sanitario. Las casas son construidas casi totalmente en madera, con tres cuartos, sala, cocina y baño interno. Posteriormente, se verifico que esa opción no atendía a las demandas de la mayoría de las familias, sobretodo debido a los costos de mantenimiento de las unidades y a la relativa distancia al centro de la ciudad de Minaçu. Según declaraciones recogidas en campo, la mayoría de las casas presenta problemas con termitas y cucarachas y sus ocupantes reclaman de no poder cargar con los costos de fumigación, que necesita ser hecha periódicamente. Descontentos con esa primera opción, la solución aceptada por la mayoría de las familias (y la preferida por la empresa) fue la aceptación de contratos de compraventa para la adquisición de vivienda en varias áreas de la ciudad de Minaçu.

Hay también el caso de familias cuyo terreno ocupado no fue afectado directamente por la CH, pero que tuvieron precarizada sus condiciones para desarrollar sus actividades económicas y para dar continuidad a la escolaridad de los hijos:

En cuanto a la formación del reservatorio, la localidad designada como Vila Vermelho, en el Municipio de Cavalcante, formada por 46 familias residentes, tuvo sus carreteras de acceso inundadas. La situación de aislamiento deterioró las condiciones de vida de las familias, que perdieron la posibilidad de negociar la producción excedente, debido a la dificultad de desagüe. Como no había escuela en la comunidad, también los jóvenes en edad escolar quedaron imposibilitados de asistir a las clases. En julio de 2002, la localidad fue objetivo de convenio firmado entre el Municipio de Cavalcante, el Gobierno del Estado de Goiás y la CEM. En este Convenio las partes se comprometían a desembolsar un monto aproximado de 1,2 millones de reales para el reasentamiento de las familias, incluyendo la construcción de habitaciones y escuelas, y crédito para el desarrollo agrícola (Informe Final de la Auditoria Social, 2004). Tal acuerdo no fue concretizado.

En carta enviada a la CEM, con fecha de enero de 2004, la Asociación de los Pequeños Productores Rurales de la Región del Vermelho (APROV) resalta la condición de total aislamiento en que se encuentra el “poblado” y solicita “la construcción de un puente móvil en el antiguo puerto que une Minaçú la Sierra Blanca en el Río Tocantins, hoy travesía con aguas paradas, formadas por el lago de la CH Cana Brava“. Y prosigue:

Dentro de nuestro conocimiento, será construida otra carretera para facilitar el acceso entre los dos municipios, pasando por el antiguo puerto (antes mencionado) la cual será muy bienvenida, y la APROV por su vez carece mucho de esa tan importante carretera y busca en ese momento dar su cuota de contribución, en el sentido de implorar la construcción de este puente en el tiempo más hábil posible.

Solicitaba también, a título provisorio, la disponibilización de balsas para la travesía:

[…] sugiere que en la peor de las hipótesis, 10 (diez) balsas sencillas como la que ya existe, juntando todas ellas, ya resolvería el crucial problema. Queremos además colocarnos a disposición para discutir la cuestión en lo que se refiere a las condiciones técnicas viables para esa importantísima implantación que rescatará una mejor calidad de vida para todos los de la región […] pues solo quien vive en la región conoce nuestras reales necesidades de locomoción por esa posible vía 29.

La truculencia en la forma de tratar a las comunidades afectadas es visible en las declaraciones siguientes, tanto de Daniele como del quilimbo Kalunga. Llama la atención el uso de la fuerza policial y de especialista en el campo de la psicología en las reuniones de “convencimiento”:

Desde el llenado de depósito, las únicas mejorías realizadas en Vila Vermelho fueron la construcción de una escuela primaria, la construcción de baños en algunas residencias y la instalación de una huerta comunitaria. El poblado designado como Limoeiro, también en Municipio de Cavalcante, formado por cerca de 40 familias remanentes de quilombos, denominados Calunga, fue casi completamente inundado con la formación del depósito. Allá, la remoción y la modalidad de reparación a las familias más adoptada fue la promesa de compraventa, rural o urbana, en el valor de R$ 5.300,00. Según un antiguo habitante de Limoeiro, hubo una única reunión de negociación en la comunidad, en la cual estaban presentes un director y una psicóloga de la CEM, una promotora de justicia del Municipio de Cavalcante y dos policías militares, además de habitantes. Los términos de la conversación fueron así presentados por el entrevistado:

[…]nosotros estamos aquí hoy para negociar. El valor de ustedes es 5 mil por familia, o el reasentamiento de 10 hectáreas, o una casa en la Vila de Furnas, entonces ustedes escogen. Pero nosotros tenemos que salir de aquí hoy con eso negociado y la propuesta es esa. Si no es hoy, ustedes van a arreglar con el agua, cuando venga. (Entrevista realizada el 30/08/2006, con el Sr. F., pequeño propietario, agricultor y ex-buscador de metales y piedras preciosas, remaneciente del quilombo—Calunga, residente en el Municipio de Cavalcante).

En conversaciones realizadas con algunas de las familias de Limoeiro que optaron por inmuebles urbanos, sus principales reclamaciones se relacionaban al hecho de estar con dificultad de adaptarse al nuevo estilo de vida. No habiendo sido preparadas para el cambio de realidad, y una vez acabados los recursos recibidos a título de reparación, las familias quedaron sin ninguna fuente de renta. Deben ahora enfrentar, por eso, mayores gastos, tales como luz, agua y comida. Sin tierra para cultivo, todos los productos necesarios al sustento de la familia necesitan ser adquiridos en el comercio, mientras que el bajo grado de instrucción y las restricciones en el mercado de trabajo urbano hacen con que muchas de las familias sobrevivan básicamente de las canastas básicas reenviadas al MAB por el Gobierno Federal para distribución después de duras negociaciones.

El siguiente relato deja claro cuanto fue desconsiderado aspectos de la cultura local. Ni incluso sus muertos fueron respetados por la necesidad de “cumplir el cronograma”:

En los alrededores de Limoeiro había dos cementerios, uno de adultos, con aproximadamente 200 cuerpos sepultados, y uno de niños—cementerio de ángeles—con 32 cuerpos. Según entrevistas realizadas con antiguos habitantes, antes del llenado del depósito, en reunión ocurrida en la comunidad, mencionada arriba, quedo acordado que todos los cuerpos serian exhumados y sepultados en otro local. El acuerdo, sin embargo, no fue cumplido, y ningún único cuerpo fue retirado antes del llenado del depósito. Apenas en abril de 2006, después de cuatro años de operación de la represa y de crecientes presiones por parte de la población, fue construido un dique que posibilitó el desvío de las aguas y la retirada de 38 cuerpos del cementerio de adultos. Los demás, por estar en profundidades mayores, continúan sumergidos.

Meses después, en febrero de 2006, el BID reconoció formalmente que hubo errores y fallas en la construcción de la represa de Cana Brava. Dijo que se equivocó porque “no hizo seguimiento de cerca” a los trabajos de identificación de las familias afectadas para efectos de concesión de reasentamiento. Se equivocó porque no consideró la población indirectamente afectada, es el caso de los buscadores de metales y piedras preciosas, pescadores y otros usuarios de los recursos naturales en la región inundada. El PRI (departamento del sector privado del BID) en Washington reconoce que fue lento al responder a la demanda de realización de una Auditoria Social del proyecto. Finalmente, el Banco reconoció que se equivocó al no aprobar un plano de reasentamiento de la población nítidamente fallo e incompleto. En esa época, según documentaciones consultadas y entrevistas rápidas realizadas, el BID pasó a hacer gestiones para involucrar las grandes empresas que operaban en la región en un esfuerzo de “responsabilidad social corporativa”.

Las empresas involucradas en el denominado Programa Promoción de Responsabilidad Social Empresarial a través de Apoyo a Iniciativas Productivas Locales en el Estado de Goias (Cooperación Técnica No Reembolsável No. ATN/ME-9941-BR) son la CEM/Tractebel (propietaria de la CH de Cana Brava), la Minería de Amianto (SAMA) (propietaria de la mina de Amianto) y la Compañía Paulista de Potencia y Luz y FURNAS (propietaria de la CH de Serra da Mesa).

También integran esta iniciativa el MME y el MAB. Esa iniciativa incluye la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios a la realización de un programa de cooperación técnica destinado a fortalecer y dar soporte al desarrollo de acciones y proyectos de los municipios en la área de alcance del depósito de las represas de Serra da Mesa y de Cana Brava. El foco geográfico del proyecto son los municipios de Minaçu, Cavalcante, Colina do Sul, Campinaçu, Niquelândia, Uruaçu, Barro Alto, Campinonorte y Santa Rita do Novo Destino, todos localizados en el estado de Goiás.

El Órgano Ejecutor de este Programa es el SEBRAE/GO, que integrará un consejo directivo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministério de Minas y Energia (MME), el Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) y las empresas privadas arriba mencionadas.

Se estima un costo total del Programa de US$2.740.800. Cerca de US$ 1,1 millón será del BID para las acciones; otro US$ 1 millón será de las empresas productoras de energía eléctrica; y el SEBRAE aportará aproximadamente US$ 525 mil—estos son los principales financiadores.

En diciembre pasado 22 familias desplazadas fueron beneficiadas por el Programa, siendo reemplazadas en la antigua Hacienda São José, con 72 hectáreas, no municipio de Minaçu (513km de Goiânia). Segundo Luiz Álila Montelo, gestor de Proyectos Multisectoriales del SEBRAE/GO, dijo que estas 22 Unidades Familiares de Producción Agrícola Sostenible son las primeras de un total de 800 familias a ser beneficiadas para el 2011.

En realidad, del total de 700 familias identificadas por el grupo—CEM / Tractebel, con fines de reasentamiento rural colectivo, sólo 44 familias se han beneficiado de este tipo de proyecto y el resto, más de 600 familias, forman hoy un amplio cinturón de los pobres en la Ciudad de Minaçu.

Segundo informa que el abogado Júlio Cavalcante Fortes—actualmente trabaja en favor de los derechos de las 600 familias—la CEM busca con eso “economizar” de sus cofres 10 millones de reales por la no retirada de la mata y limpieza del área del lago formado; 40 millones de reales por el no reemplazamiento de 600 familias afectadas directamente, 10 millones de reales con la no realización de las entradas rurales, 30 millones de reales por laela no indemnización de garimpeiros, que perdieran sus áreas de exploración; y más de 5 millones de reales con la no conclusión de las obras de infraestructura de la red de saneamiento de la ciudad de Minaçu.

Lo que inicialmente era la instalación de una represa, operando en conjunto con el depósito de la CH Serra da Mesa, es hoy parte de un complejo proceso de transformación social, económica y ambiental en curso dentro de la región. Un proceso multidimensional que produce uniones de capital en escala global y abarca diversos agentes (estados, bancos, empresas y fuerza de trabajo, sindicalizada o no) situados en diferentes niveles de actuación (local, regional, nacional y transnacional).

Consideraciones finales

Debido a que la empresa pagó al BID el préstamo hecho para la realización de la obra, el banco afirma hoy que no tiene, ninguna responsabilidad por los daños causados al ambiente y los problemas vividos en las poblaciones locales. Hoy el banco quiere borrar de la historia su responsabilidad de haber aprobado un préstamo repleto de problemas y errores y sin un plan consistente para el asentamiento del conjunto de los afectados por la construcción de la central hidroeléctrica y el lago que se formo con la represa.

La CEM/Tractebel, por su lado, después de más de diez años, apenas indemnizo las familias con títulos de tierra, dejando sin solución o alternativa a mas de 600 familias (que no tenían título de propiedad de la tierra el ese momento) que hasta hoy no fueran remplazadas, viviendo en situación precaria y dependientes de canastas de alimentos (“cesta básica”) donados por el Gobierno federal. La empresa también no deforesto cerca de 14.000 hectáreas del área que fue inundada, en conformidad con lo previsto en el proyecto aprobado, provocando gran mortandad de pescado; no construyó la totalidad del sistema de saneamiento de la ciudad de Minaçu; y dos cementerios de la ciudad de Cavalcante quedaran bajo el agua.

En la actualidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa privada CEM/Tractebel intentan minimizar los impactos de la obra apoyando un proyecto de desarrollo local que solamente beneficia productivamente a algunas familias desplazadas, pero dejando un margen de más de 600 familias que en su gran mayoría viven precariamente a las afueras de Minaçu.

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VI. ¿Desarrollo para Quién? Financiamiento del BID, Enclave Turístico y Pérdida de la Tierra Garífuna en la Bahía de Tela

Por Christopher Loperena, Investigador, Universidad de Texas

Introducción

“Los Micos Beach and Golf Resort” es un gran proyecto de desarrollo que se encuentra actualmente en construcción en la Bahía de Tela, Honduras. El proyecto, ubicado dentro de los límites del Parque Nacional Jeanette Kawas, incluirá eventualmente un campo de golf de 18 hoyos, 600 habitaciones de hotel, un centro de convenciones, una marina, un centro ecuestre, un centro comercial, y cerca de 400 villas privadas. Paradójicamente, este proyecto ha sido formulado dentro del armazón de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Turismo Sostenible (ENTS), elaborada por la Secretaria de Turismo (SETUR) en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). SETUR define el desarrollo turístico sostenible como “desarrollo que es equitativo, social y ambientalmente responsible y orientado hacia el mejoramiento de lo medios de subsistencia locales”. La idea de que el desarrollo del turismo puede beneficiar a todos los hondureños ha sido ampliamente pregonada, pero finalmente el modelo de “desarrollo para todos” tiene profundos defectos, ya que los beneficios para las poblaciones locales, en este caso las comunidades Garífuna y ladinas que rodean el sitio de desarrollo del proyecto, son marginales en comparación con la destrucción ambiental y cultural que a largo plazo está causando dicho proyecto.

La trayectoria del proyecto de la Bahía de Tela “Los Micos Beach and Golf Resort” se remonta a la década de 1970, cuando fue inicialmente concebido bajo el nombre de “Tornasal.” Sin embargo, no se materializó en un proyecto de desarrollo viable hasta que recibió el soporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que en el año 2005 aprobó un crédito gubernamental por US $14.5 millones para llevar a cabo la obra pública de infraestructura básica del complejo turístico. Esta inversión en la construcción de infraestructura, que está siendo llevada a cabo por la compañía constructora italiana Astaldi Columbus, tiene como propósito incrementar la competitividad y espolear la inversión del sector privado hacia la creciente industria turística. Más aún, el turismo ha sido designado por el Gobierno de Honduras como una de las cuatro áreas de producción dinámica del país.

Ahora bien, con la infraestructura básica a punto de estar completamente instalada, el megaproyecto Los Micos podrá ser una realidad finalmente. Sin embargo, el proyecto ha producido impactos en detrimento de los medios de subsistencia locales, transformando las actividades socioeconómicas tradicionales en las vecinas comunidades Garífuna de Tornabé y Miami y generando presiones sin precedente sobre el ecosistema que le rodea, el Parque Nacional Jeanette Kawas.

Los impactos extremos de este proyecto sobre el ambiente y las poblaciones locales llevan a preguntas válidas como ¿porque el Banco apoyaría la construcción de un gran enclave turístico en el corazón del Parque Nacional Jeanette Kawas, cuando ha promovido medidas de protección ambiental a través del Corredor Biológico Mesoamericano?, y ¿porque ha aprobado el financiamiento a un proyecto que esta siendo construido en tierras que forman parte del “hábitat funcional” de las comunidades Garífuna de Tornabé y Miami?

Mediante un análisis del Proyecto de la Bahía de Tela, este reporte formulará una crítica del amplio modelo de desarrollo del Banco, abordando específicamente el tema del “desplazamiento” y la territorialidad Garífuna. Si bien el desplazamiento ha sido definido estrictamente como la relocalización física de pueblos, en este artículo el desplazamiento es definido como la pérdida de territorio, tomando en cuenta las implicaciones particulares que tiene el territorio para los pueblos indígenas. Una serie de comunidades, tanto de ladinos (mestizos) como Garífuna, serán afectadas por el proyecto Los Micos, pero este reporte se enfocará principalmente en las comunidades Garífuna de Tornabé y Miami.

Desarrollo Turístico “Sostenible”: Política Crediticia del BID y Plan Puebla Panamá (PPP)

El Programa de Desarrollo Turístico Nacional del BID está sostenido con un crédito de US $35 millones otorgado al Gobierno de Honduras y organizado en dos componentes: 1) inversión pública para apoyar el desarrollo turístico; y 2) fomentar la inversión privada en el sector. El crédito permite avanzar en la estrategia del Banco para Honduras, cuyo objetivo es apoyar el alcance de los objetivos de reducción de la pobreza en el país y promover simultáneamente la estrategia de desarrollo económico regional conocida como Plan Puebla Panamá.

El Plan Puebla Panamá, o Plan Mesoamericano, es una estrategia económica regional que busca integrar las economías del sur de México y Centro América a través de grandes proyectos de infraestructura e inversión privada diseñadas para catalizar las industrias orientadas a la exportación. El PPP está indisolublemente unido a los Acuerdos Regionales de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLCCA). El razonamiento detrás del PPP es que cada país en la región puede lograr materializar un crecimiento económico real a través de la mejora de su posición en el mercado global, cara a cara, mediante el desarrollo de productos económicamente clave (por ejemplo, turismo, manufactura, maquilas) en vinculación con el mercado internacional.

En Honduras el turismo se ha convertido en la tercera fuente más grande de ingresos, después de las maquiladoras y las remesas; desde 1998-2001 el sector turístico creció 18.3%. Estos indicadores económicos han colocado a la industria del turismo como una de las cuatro “áreas de producción dinámica” para ser apoyadas a través de la política de préstamos del BID enlistadas en la Estrategia de País—Honduras del 2006. Adicionalmente a los préstamos del Banco, el crecimiento de la industria turística ha sido auxiliado con una serie de iniciativas legislativas que promueven un clima seguro para la inversión, mediante la regulación de la tenencia de la tierra, la modernización gubernamental, y el incremento de nidos seguros para los posibles inversionistas.

El proyecto Los Micos incluye capital de riesgo privado-público bajo el auspicio de la sociedad mercantil “Desarrollo Turístico Bahía de Tela, S.A de C.V.” (DTBT). La DTBT está formada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Fondo Hondureño para la Inversión Turística (FIHT), un consorcio de inversionistas privados. Estos inversionistas incluyen a algunos de los más poderosos hombres entre la élite de negocios del país: José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, Camilo Atala, José Lamas, Fredy Násser, Jacobo Kattán, Yankel Rosenthal, Guillermo Lippman y Rafael Flores. La estructura básica es financiada por el Gobierno de Honduras con fondos del crédito del BID HO-0195, y el FIHT contribuirá con inversión privada para la construcción de hoteles y otros componentes del resort. El proyecto Los Micos se ajusta perfectamente a la lógica del Plan Puebla Panamá, particularmente al situarlo en el contexto del desarrollo regional.

De manera adicional al financiamiento básico de la infraestructura del proyecto Los Micos, el Banco esta invirtiendo en Mundo Maya, una iniciativa de turismo regional amarrada a los propósitos de desarrollo del Plan Puebla Panamá. También como parte del paquete para integrar la región de la Costa Atlántica a la economía global, en octubre de 2007 el BID aprobó un préstamo por US $40 millones de dólares para apoyar la construcción del Corredor Turístico Caribeño (CA-13). La primera fase de la construcción implicará construir una autopista de cuatro carriles que comunicará las ciudades de El Progreso y Tela. Este proyecto está diseñado para facilitar el movimiento creciente de personas y mercancías entre San Pedro Sula (la capital industrial y aeropuerto) y la Costa Caribeña. CA-13 y CA-5 (el Canal Seco) son componentes clave de la Red Centro Americana de Autopistas y la estrategia de integración económica regional articulada en el PPP. El Corredor Turístico Caribeño permitirá el traslado de visitantes entre los principales nodos turísticos caribeños de Honduras: Tela, “La Cieba” y Trujillo, generando así inversiones privadas en el sector turístico.

1.1.1

PPP Honduras: Corredores de Autopistas

Estos esquemas de desarrollo han sido creados sin tomar en cuenta la fragilidad de los ecosistemas locales y además entrando en conflicto con los intereses de las comunidades Garífuna, lo que fue expresado en numerosas entrevistas con el autor. Las comunidades han sido incluidas bajo la etiqueta de “turismo cultural”. En la Estrategia Sectorial del País de la Propuesta de Proyecto, Criterio Estratégico #2 dice:

Tomar medidas para llegar a los segmentos demandantes que tienen mayor potencial de crecimiento, coincidiendo con las características especiales del país y los recursos turísticos existentes, y distinguir el turismo hondureño de aquel de otros países de la zona. Esto incluye una combinación de turismo natural, de aventura y cultural, generando experiencias auténticas para los visitantes al permitirles participar durante su tiempo de ocio en la vida hondureña diaria.

Aunque la diferencia cultural Garífuna es utilizada para promover una marca turística hondureña única que distingue a Honduras de otros destinos turísticos, promoviendo las ventajas competitivas de la industria turística nacional, la “Costa Garífuna” no puede ser solamente una estrategia de mercadeo. El pueblo Garífuna ha vivido en la región durante muchas generaciones y ha desarrollado una sólida cultura basada en sus lazos con la tierra y el mar. Actualmente, muchas comunidades Garífuna están comprometidas en una lucha crítica para defender sus derechos ancestrales sobre la tierra y los recursos naturales.

Territorialidad Garífuna y Resistencia ante Los Micos

La ascendencia Garífuna puede trazarse en el pasado hasta el año 1635, cuando dos buques españoles que transportaban africanos esclavizados hacia América naufragaron frente a la costa de Yurumei (St. Vicent). Los supervivientes se refugiaron en la isla, donde se mezclaron con los indios Caribe, adoptaron su lenguaje y muchas de sus prácticas culturales. Los Garífuna habitaron St. Vincent durante más de cien años, pero como los colonizadores franceses e ingleses se disputaban el control de la isla, estallo un conflicto en el que los Garífuna pelearon al lado de los franceses. En 1797, cuando los ingleses finalmente vencieron los Garífuna fueron deportados a la Isla de Roatan, de donde muchos Garífuna migraron a la Costa Atlántica del Istmo Centroamericano. Estos migrantes establecieron eventualmente 46 comunidades en Honduras, y varias comunidades adicionales en la Costa Caribeña de Guatemala, Belice y Nicaragua. Actualmente, de los nueve pueblos indígenas hondureños los Garífuna constituyen el segundo más grande.

La integridad cultural de los Garífuna y la integridad física de sus territorios han estado bajo amenaza durante años debido a la pobreza y migración. En las décadas recientes los Garífuna se han integrado a la diáspora global; se estima que hay cerca de 300,000 Garífuna en el mundo—100,000 en Honduras y casi el mismo número, alrededor de 90,000, en los Estados Unidos, agrupados en las ciudades de Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, y Nueva Orleáns.

La territorialidad Garífuna está enraizada en prácticas culturales, espirituales y económicas compartidas. Diversas actividades de uso de la tierra, incluyendo la producción agrícola, la cacería, la cosecha de plantas medicinales, y la recolecta de leña, materiales para construcción, madera para botes de pesca, y materiales para la producción de artesanías, dependen de la protección y manejo de las reservas en el territorio. En el caso de Tornabé, las reservas se encuentran al oeste de la zona residencial principal y a todo lo largo del camino hasta llegar a la actual zona de pesca de la comunidad de Miami. La región entera, incluyendo el Mar Caribe, forma un territorio cohesivo o “hábitat funcional” para la población local Garífuna.

La noción de territorio indígena ha sido ampliamente discutida en los escritos antropológicos, pero solo recientemente se está metiendo esta discusión en los debates sobre las prácticas de desarrollo en las áreas pobladas por los pueblos indígenas. En parte, este debate está ligado a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Honduras ratifico en 1995. En su carácter de tratado internacional, OIT 169 tiene precedente sobre las leyes nacionales. Sin embargo, el gobierno no garantiza su cumplimiento, como se demuestra con el proyecto Los Micos.

La fricción entre las comunidades Garífuna y la industria turística en la Bahía de Tela se ha exacerbado por el proyecto Los Micos, incrementando el número de críticas a un nivel que debe ser tomado en cuenta por las instituciones internacionales de crédito, tales como el BID y el Banco Mundial, implicados en la promoción de políticas de desarrollo turístico agresivas en la costa caribeña de Honduras. Más aún, la territorialidad Garífuna se enfrenta a la base misma de la noción occidental de derecho de propiedad, entendida en términos de posesión individual de la propiedad y olvidando la noción colectiva de manejo de los recursos.

Los Micos Resort han estado durante largo tiempo en la cúspide del desarrollo, un sueño para los líderes de negocio hondureños que tienen la esperanza de capitalizar en las espectaculares playas de blanca arena de la Bahía de Tela. Como quiera que sea, el desarrollo anticipado se atoró con una legislación no favorable, como el Artículo 107 de la constitución, que prohíbe la venta de tierras costeras a los extranjeros. Los primeros estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto de la Bahía de Tela fueron llevados a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1977. En 1994, el Parque Nacional Punta Sal fue formalmente inaugurado por medio del Decreto Legislativo 154-94. Consecuentemente con la designación del área como un parque nacional, PROLANSATE (Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat) y COHDEFOR (Cooperación Hondureña de Desarrollo Forestal) establecieron una serie de ordenanzas ambientales para proteger la fragilidad del ecosistema del parque.

El Parque Nacional Jeannette Kawas es un extenso parque nacional que abarca más de 70,000 hectáreas en Bahía de Tela.

El Parque se localiza en la zona costera—marina al Noroeste de la ciudad puerto de Tela, en la región Norte de la República de Honduras. Su extensión es de 781.45 Km², estando formada por una parte marina de 284.0 Km² (36%) y otra terrestre de 497.45 Km² (64%), incluyendo 6.5% de agua dulce, lo cual lo convierte en uno de los parques nacionales más grandes del país y de la región centroamericana.

La localización de Los Micos Resort dentro de un área protegida—el Parque Nacional Jeanette Kawas (PNJK)—y el traslape con los reclamos de tierra de las comunidades Garífuna vecinas representan serios retos para los ansiosos desarrolladores.

En el momento de concepción del proyecto, la comunidad de Tornabé no estaba en posesión de un título de propiedad de la tierra, pero los testimonios de los miembros de la comunidad consultados para este estudio demuestran que las tierras donde el proyecto está siendo construido es vital para los medios de subsistencia de la población local. Un residente que solicitó permanecer anónimo debido a las tensiones existentes en la región, como resultado del desarrollo y la oposición local al mismo, aseveró:

“Esas tierras siempre fueron de la comunidad, lo único es que en ese entonces nuestra comunidad no tenía un título de dominio pleno, pero siempre han sido de la comunidad.”

Para demostrar la posesión ancestral de las tierras, el Sr. L. da ejemplos específicos del uso de la tierra para la producción de alimentos básicos:

“Esas tierras las ocupamos para el cultivo de yuca arroz, caña […].”

Adicionalmente, la comunidad usa estas tierras para cacería y otras formas de recolecta de alimentos, actividades que están próximas a ser eliminadas como resultado del proyecto Los Micos, de acuerdo con ésta y otras fuentes:

“Sí hay una afectación directa a nuestra comunidad en el sentido de que en nuestra comunidad en aquel entonces la gente iba al monte y cazaba, siempre moderadamente. [El Garífuna] no explotaba como los ladinos. Lo hacemos por necesidad, no por negocios.”

Él recordó la cacería de cangrejos, tortugas y otros animales en la zona del proyecto. En este sentido, si bien la comunidad carece de un título legal de la tierra, los miembros de la comunidad asumen tener derechos sobre la tierra y ejercen estos derechos desde mucho tiempo antes de que naciera el proyecto Los Micos.

Debido a que perciben que el proyecto en Tornabé amenaza estos derechos y métodos de subsistencia, los miembros de la comunidad se oponen activamente a la imposición del proyecto Los Micos. Un miembro de la comunidad Tornabé repasa sus recuerdos de la lucha por la defensa de sus derechos sobre la tierra de frente al mega-proyecto:

“En ese entonces los Garífunas de Tornabé y San Juan junto con Río Tinto entraron en temor porque la bulla era que a nosotros los Garífunas nos tenían que sacar de la playa para llevar a cabo el proyecto turístico. Las comunidades se reunieron y se organizaban en un comité que se llamaba Defensa de las Tierras. Ese organismo era para defender las tierras de San Juan, Río Tinto y Tornabé ante el gobierno que pretendía sacar los Garífunas de la playa. Pero en eso vino el nuevo gobierno [del Presidente Rafael Callejas] con su repuesta donde se decía que se le iba a dar bastante oportunidad a los habitantes de esos pueblos, que se les iba a capacitar en hotelería, en cocina, en inglés y otros oficios. Decía que tenía que ser los Garífunas de ese sector los primeros empleados y que se tomara en cuenta para desarrollar el proyecto.” (Sr. V., Entrevista realizada el 2/14/2010)

Para convencer a la comunidad de que ellos serían beneficiarios del proyecto se les hicieron promesas de empleo. El IHT, con financiamiento del BID, prometió a la población local un desarrollo participativo y sostenible, y a través de varios medios convenció a algunos miembros de la comunidad pero no a otros, creando divisiones internas entre aquellos a favor de “el turismo” y aquellos que se oponen al mismo.

Un pequeño grupo de representantes cedieron eventualmente a las presiones del IHT, y en 1993 se alcanzó un acuerdo por medio del cual la comunidad cedió el control de 512 hectáreas al IHT, y en retribución Tornabé recibió un título colectivo de propiedad (dominio pleno) por 723.6 hectáreas. En su estudio Tornabé ante el Proyecto Turístico, Virgilio López explica:

En el año 1993 el gobierno le quitó las tierras que ocupaban los Garífunas de la comunidad de Tornabé para adjudicarlas al IHT (Instituto Hondureño de Turismo) y destruyendo las siembras de sus habitantes y obligándolos a vender el ganado que los alimentaba. (López 73).

Los miembros de la comunidad que tienen parcelas agrícolas o casas dentro de las tierras enmarcadas por el desarrollo Los Micos fueron los que recibieron un pago de los inversionistas por el derecho de uso de las tierras (i.e. construcciones, etc.), pero no por la posesión misma de la tierras, que supuestamente son “tierras nacionales.” El proceso de titulación de la tierra fue llevado a cabo por el Instituto Nacional Agrario (INA), que a inicios de la década de 1990 proveyó de títulos legales a la mayoría de las comunidades Garífuna de la costa hondureña. Por lo general, estos títulos únicamente incluyen tierras en el área residencial (casco urbano), excluyendo completamente las áreas de extracción de recursos.

Muchos miembros de la comunidad critican el proceso de negociación, argumentando que la comunidad no fue completamente consultada, y que se sienten engañados por el acuerdo final.

“Hicieron las cosas a la espalda del pueblo. Cuando el turismo venía, ellos [los miembros del patronato] hicieron sus reuniones en la casa del presidente a puertas cerradas […] y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba hecho” (Don. M, Entrevista 2/15/2010)

El Gobierno de Honduras no siguió apropiadamente el proceso de consulta que es mandatario, de acuerdo con la Convención 169 de la OIT, en el desarrollo del proyecto Los Micos. Como es señalado por los miembros de la comunidad, la consulta careció de transparencia y se limitó a reuniones a “puerta cerrada” entre el consejo de la comunidad local (patronato) y las autoridades del IHT. Aunque el estado hondureño considera al patronato como la autoridad local de más alto nivel, las autoridades tradicionales locales fueron completamente relegadas de la discusión, como ocurrió con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), un cuerpo representativo con miembros de las 46 comunidades Garífuna de Honduras.

OFRANEH se opuso al proyecto de la Bahía de Tela desde su inicio. En un comunicado de enero de 2005, la activista Miriam Miranda estableció:

La OFRANEH ha mantenido una política clara en cuanto a nuestros territorios, los que consideramos algo más que una mercancía. La madre tierra para nuestra cosmovisión es algo que no se negocia y pertenece de forma intrínseca al pueblo Garífuna. Al mismo tiempo tememos que el marcado individualismo preconizado por el neoliberalismo apunte hacia la disolución de los títulos colectivos, imponiendo el concepto de propiedad privada, que intensificará las presiones orientadas hacia la venta de la franja costera.

La organización también ha jugado un papel central en la lucha contra el Decreto 90-90, que modifica el Artículo 107 de la constitución con la finalidad de permitir la venta de tierras costeras a los extranjeros. Este decreto es una medida legislativa clave utilizada para promover el desarrollo turístico e incrementar la inversión extranjera; ello también constituye un serio peligro para la integridad territorial de las comunidades costeras Garífuna a través de la privatización y apropiación extrajera.

OFRANEH reiteró su posición contra el mega-proyecto Los Micos el 11 de marzo de 2009 cuando miles de Garífuna paralizaron el tráfico sobre la principal autopista que conecta Tela y La Ceiba. Entre las numerosas demandas plateadas ante el gobierno, OFRANEH insistió en la inmediata cancelación del proyecto Los Micos.

Teniendo en cuenta la importancia de los humedales y la alerta mundial que existe por los efectos del cambio climático, es inaudito que el gobierno de Honduras continúe impulsando la construcción de un megaproyecto turístico como el de la Bahía de Tela. Por lo que exigimos que el Estado se apegue a los convenios internacionales (Convenio de Biodiversidad, el Tratado Internacional de Protección de los Humedales, RAMSAR) y proceda a la cancelación inmediata de este proyecto que está asesinando los recursos naturales de la Bahía de Tela.

Estas demandas no han sido satisfechas, pero la organización ha mantenido la oposición frontal al proyecto, particularmente debido a la destrucción potencial del ambiente y las amenazas a la seguridad en la tenencia de la tierra de los Garífuna.

El 11 de marzo de 2010—aniversario 213 del arribo de los supervivientes Garífuna a Roatan, considerado el aniversario de la fundación de la cultura Garífuna hondureña—la OFRANEH emitió una declaración describiendo lo que para ellos está en juego con la reciente “explosión de megaproyectos” promovidos por la élite de poder nacional en compañía de inversionistas extranjeros:

“Nuestro pueblo sufre en la actualidad enormes presiones por parte de la cultura dominante para pasar por el tamiz de la homogeneización cultural, convirtiéndonos de Garífuna a simples afrodescendientes que buscan una incorporación dentro del sistema a costillas de renegar de la herencia cultural. A pesar de la existencia de Convenios y Tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas, el Estado de Honduras, persiste en diluir la propiedad comunitaria en nombre de una individualización que acarreará un efecto dominó en las ventas del territorio ancestral.

La costa norte de Honduras es considerada como el segundo lugar más proclive en el planeta a sufrir las consecuencias del calentamiento global, y es a ciencia cierta que esto se debe a un ‘desarrollo’ insostenible practicado por las potencias colonialistas. Pero mientras la erosión costera devora nuestras playas a una velocidad inusitada, por otro lado los prominentes inversionistas turísticos se apropian de los parajes naturales conservados con esmero por nuestro pueblo y de los cuales hemos sustraído en forma racional el sustento.

Pérdida de Territorio: Implicaciones para los Medios de Subsistencia Locales y el Desplazamiento Territorial

El desplazamiento territorial fomentado por el proyecto Los Micos ha impactado más seriamente a las comunidades de Tornabé y Miami, pero ha causado olas a través de toda la región de la Bahía de Tela. En este estudio el desplazamiento se define como la pérdida de territorio, aunque también hay en este caso un gran potencial para el desplazamiento futuro en el sentido tradicional, tanto voluntaria como involuntariamente. La pérdida de territorio en Miami y Tornabé tendrá un impacto negativo económico y cultural sobre la población local, ayudado por la transformación de las villas Garífuna en puestos de avanzada del turismo. Este proceso ha sido facilitado por la política de créditos del BID y la legislación nacional diseñada para dar la patada de salida a la inversión privada en el sector del turismo.

Independientemente de que el BID pretende estar apoyando a las poblaciones locales a través de la creación de oportunidades económicas, el proyecto Los Micos ha tenido el efecto contrario. De hecho, la pérdida de territorio se ha traducido en una reducción de la productividad económica para las comunidades Garífuna que colindan con la zona del proyecto, ya que el trabajo pesquero y agrícola casi se ha detenido y el turismo emerge como la única opción viable. Este es un resultado especialmente preocupante, teniendo en cuenta la centralidad de las actividades económicas, sociales y culturales en el mantenimiento de la identidad Garífuna.

En el caso de Miami, los participantes en el estudio expresaron pocas esperanzas de que la comunidad pueda conservar sus raíces Garífuna. “Se va a perder Miami. Aquí ya no se va a poder pescar” (Don. I, Entrevista 3/05/2010). Miami, una comunidad de pescadores fundada en 1973, se ubica dentro del territorio ancestral de Tornabé. En su apogeo, cerca de 300 mil personas tenían su hogar en la comunidad, pero debido a la migración Garífuna, el proyecto Los Micos y la privatización de la tierra, la población de Miami ha disminuido a 36 familias, de las cuales únicamente 10 son Garífuna.

El destino de Miami fue sellado en 2003, cuando el IHT transfirió una porción de sus tierras de explotación cercanas a los límites del Parque Nacional Jeanette Kawas al DTBT a un costo de US$19 millones. Desde entonces, debido a la especulación con la misma, la comunidad de Miami ha experimentado una rápida pérdida de tierra. En 2004, la comunidad recibió un título de propiedad de la tierra del Instituto de Reforma Agraria, pero la pérdida de la misma era legalmente irreversible.

Empresarios vinieron de Tela a comprar para hacer sus casas. Más bien van a negociar a otra gente extranjera, y eso es lo que va a pasar, para hacer hoteles y restaurantes. (Don I, Entrevista 03/05/2010)

Con pocas oportunidades para llevar a cabo actividades económicas alternativas, la población Garífuna remanente tiene la esperanza, aunque está también escéptica, de que el turismo internacional puede ayudar a generar los empleos que se necesitan.

Tradicionalmente, los hombres de Tornabé viajaban a Miami para pescar en la Laguna Los Micos y los bancos de pesca a lo largo del Parque Nacional Punta Sal. Las mujeres viajaban hacia y desde Miami para reunir el pescado, el cual vendían en Tela, Progreso y San Pedro Sula. Actualmente, esta interacción económica y social de ir y venir casi ha cesado, impactando negativamente la integridad territorial de tanto Tornabé como Miami. Más aún, un pescador me dijo que las familias Garífuna que Vivian en Miami se han reubicado en Tornabé, o han emigrado para buscar trabajo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y los Estados Unidos.

La sobreexplotación de los recursos pesqueros fue otra de las razones para emigrar. Doña C explica, “El Garífuna no destruye, usa solo lo que necesita, pero todo lo que toca el ladino lo destruye. Los métodos [de pesca] utilizados por los ladinos tienen serias consecuencias y los recursos se están escaseando” (Doña C, Entrevista 3/5/2010). La crítica de la cultura ladina por parte de Doña C’s se extiende al proyecto Los Micos, que casi todos los miembros de la comunidad identifican como ambientalmente insostenible e incompatible con las prácticas locales de uso de la tierra.

Barra Vieja, un asentamiento mixto, Garífuna y ladino, adyacente al proyecto turístico Los Micos, ha sido fuente de muchos debates, en primer lugar debido a quienes cuestionan que los habitantes puedan reivindicar legítimamente sus derechos sobre la tierra. El debate es complejo, debido a que adicionalmente demuestra otra manera mediante la cual un proyecto megaturístico como Los Micos puede afectar a las poblaciones locales. El proyecto ha fracturado el territorio ancestral de Tornabé, promoviendo divisiones comunales y un mercado de lucro con la tierra.

Barra Vieja se localiza a lo largo del camino ancestral que conecta Tornabé y Miami, en un área que forma parte del hábitat funcional de la población Garífuna. Don G, un anciano Garífuna que vive en Barra Vieja, dice, “Aquí sembraron arroz, yuca y otros cultivos, pero máximamente se dedicaba a la pesca” (Entrevista 3/05/2010). Don G agrega que el área fue también un sitio importante para la recolecta de coco, un elemento clave en la dieta y la cultura Garífuna. Los residentes temen que el proyecto Los Micos pueda expandirse hacia Barra Vieja, forzándolos a abandonarla definitivamente.

Quieren entrar como si aquí la gente no vale nada. Querían pasar la carretera [del Proyecto] por encima de nuestra comunidad, pero no lo dejamos. También quieren pasar la luz y agua por aquí, pero cuando le preguntamos se iban a dejar para la comunidad, dijeron que no, y por eso no lo dejamos pasar. […]No vamos a dejar el pueblo. (Don G, Entrevista 3/05/2010)

La situación que enfrentan los residentes de Barra Vieja es particularmente delicada, debido a la proximidad del proyecto.

Aún cuando muchos miembros de la comunidad en Miami y Tornabé se encuentran satisfechos con los componentes de la obra pública del proyecto Los Micos, los residentes de ambas comunidades están fuertemente escépticos sobre las oportunidades de empleo que serán generados por el proyecto. La obra pública de infraestructura se inició en 2007, pero muy pocos miembros de la comunidad fueron empleados directamente.

Vino el proyecto y tuvieron que botar a la gente. Lo empleaban al inicio solo para 2 ó 3 meses, después dijeron que hacían trabajo no calificado [para luego despedirlos]. Entonces es un ejemplo que cuando entra [la próxima etapa] del proyecto no le va a dar empleo a los hijos de la comunidad. (Don J. Entrevista 3/7/2010)

En parte, el Sr. J culpa al IHT y el BID por el incumplimiento de las promesas de entrenar a la población local para cubrir los perfiles que son necesarios para trabajar en la construcción de los diferentes componentes de la obra pública o para llenar otros nichos de empleo abiertos por el proyecto de la Bahía de Tela.

Mientras tanto, los medios tradicionales de ingreso, tales como la producción agrícola y la pesca, se han perdido. Don M. dice:

El turismo no va tener ese interés de sustituir el modo de vida del Garífuna. El que no fue a una capacitación no va a poder trabajar allí. Va a ser limitado porque mucha gente [ladina] va a venir de otras partes más bien, a tomar puestos. […]Esos son los que van a ganar la buena plata. (Don. M, 2/15/2010)

En este sentido, los miembros de la comunidad están articulando una doble crítica, por un lado hacia la falta de interés del gobierno por cumplir con las promesas de empleo, y por el otro lado, señalan cuestiones de discriminación racial contra la población Garífuna local. La necesidad de mano de obra semi-calificada en el proyecto Los Micos se espera cubrir en su mayoría con ladinos de las ciudades vecinas.

La inmigración ladina es un asunto importante que preocupa a los miembros de la comunidad en Tornabé. Manifestando oposición al proyecto, un miembro del consejo de la comunidad dijo:

Hubieron gente, y todavía lo hay, que no estaban de acuerdo [con Los Micos], por que piensa que de una u otra manera este proyecto vendría a afectar nuestro territorio en aspecto de seguridad, en aspecto de tierras, salud, educación, porque de una u otra manera hemos visto mas allá de lo que podemos ver, de que cuando se empieza a elaborar ya el complejo en sí, vendrían inmigrantes a trabajar en lo que es la elaboración de los hoteles, campo de golf, y entonces nosotros sentimos que nos van a invadir nuestro territorio y es a raíz de eso de que alguna gente no estuvieron de acuerdo con el proyecto. (2/15/2010)

Existen aún muchos aspectos desconocidos con respecto al impacto del proyecto en Tornabé.

Aun cuando el IHT no ha cumplido su promesa de generar empleo, muchos jóvenes de la comunidad aún albergan la esperanza de que el proyecto estimulará el turismo local, creando así nuevas formas de generación de ingresos. Uno no puede ignorar los cambios drásticos en la producción económica local, que claramente se ha transformado, dirigiéndose hacia el turismo. La comunidad cuenta con varios hoteles y restaurantes locales, incluyendo un proyecto financiado por el Programa del Banco Mundial Nuestras Raíces a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Hay toda una gama de opiniones con respecto a los beneficios del desarrollo turístico, pero todos los participantes del estudio asocian la entrada del proyecto con la pérdida de territorio. Muchos esperan que el turismo pueda llenar el hueco ocasionado por la falta de empleos, pero hasta ahora, las posibilidades de empleo en el proyecto Los Micos han sido muy limitadas, y el desempleo puede acelerar el desplazamiento, promoviendo la migración hacia las ciudades vecinas. Además de la pérdida de los medios tradicionales de subsistencia, el crecimiento de la población representa otro desafío para los miembros de la comunidad en Tornabé, compuesta por aproximadamente 4.000 habitantes. La comunidad está concentrada densamente a lo largo de la playa y se extiende hacia el interior en el sur, pero las tierras disponibles para la expansión de la población futura están limitadasahora que el DTBT reclama la propiedad de casi la mitad del territorio ancestral de la comunidad.

El crédito del BID garantizará que Tornabé y Miami tengan un sistema de alcantarillado, carreteras asfaltadas, un sistema de desecho de residuos sólidos, y genere mejoras en el sistema eléctrico. En gran parte, los miembros de la comunidad ven estas obras como “desarrollo”. La infraestructura básica de la comunidad ha mejorado definitivamente, ¿pero a qué costo?

Impacto Ambiental

En 2006, PROLANSATE (Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat) publicó una respuesta mordaz a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) efectuada por ECOMAC CINSA, dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, expediente No. 220-A-96. En este informe, PROLANSATE identifica numerosas deficiencias en la EIA, destacando entre ellos la falta de un proceso transparente de consulta con las comunidades vecinas y las organizaciones de la sociedad civil. PROLANSATE advierte:

El relleno del humedal repercutiría negativamente en las comunidades de Tornabé, Miami, Marión y otras comunidades aledañas a la Laguna de Los Micos, así como a la ciudad de Tela, con mayor riesgo de inundaciones en épocas de mayor precipitación, huracanes y tormentas tropicales y más aún, cuando se presente marea alta. (12)

A pesar de las serias limitaciones de la EIA, y las numerosas críticas de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Honduras decidió proceder con el proyecto Los Micos, que involucra rellenar los humedales, una zona extremadamente sensible desde el punto de vista ambiental. En Tornabé, los miembros de la comunidad ya han comenzado a experimentar las consecuencias de la nivelación de tierras efectuada por el componente de obra pública del proyecto financiado por el BID. Tierras que anteriormente era poco probable que se inundaran, ahora son muy susceptibles a las inundaciones y las aguas tardan más tiempo en desvanecerse.

Con muy poca tierra disponible para la expansión territorial y un crecimiento acelerado de la población, el área para producción agrícola está cada vez más restringido, hay presión sobre los recursos pesqueros, y el empleo en el sector turístico es muy malo. El desarrollo también crea grandes poblaciones en zonas costeras vulnerables, reduciendo la zona de amortiguamiento natural. Un estudio dado a conocer durante la reunión de cambio climático de Copenhague señaló que Honduras es uno de los tres países que más han sufrido de los fenómenos meteorológicos extremos durante la década pasada, los cuales probablemente aumentarán con el cambio climático.

Conclusión

En suma, las políticas crediticias del BID en Honduras están comprometidas con la promoción del desarrollo de un turismo insostenible que repercute negativamente en el ecosistema local y promueve el desplazamiento territorial de las comunidades Garífuna en la Bahía de Tela. Además, el proyecto ha sido llevado a cabo sin una consulta adecuada, como lo requiere el derecho internacional.

La documentación del BID sobre este tema hace poca referencia a la población Garífuna local, y mencionan escasamente la resistencia contra el proyecto que existía antes de que el crédito fuera aprobado. En el DCP, Sección D. Impactos Sociales y Ambientales, el Banco aborda muy brevemente los impactos negativos que pueden surgir como consecuencia del proyecto.

Los impactos negativos potenciales, si no son mitigados o si no se incorporan medidas preventivas, podrían resultar en cambios o pérdidas significativas en términos de calidad ambiental (contaminación de aguas superficiales y costeras, pérdida de integridad de áreas protegidas, pérdida de biodiversidad) y procesos sociales no deseados […]. (DCP, Programa Nacional de Turismo Sostenible).

Parece que hay poca o nula discusión de lo que se entiende por ” procesos sociales indeseables.” Finalmente, el Banco hace a un lado estas preocupaciones ambientales y sociales para favorecer la promoción del desarrollo del turismo de masas. Los resultados de nuestro estudio indican que la población Garífuna local no se beneficiará considerablemente del proyecto mega-turístico Los Micos. Es probable que las oportunidades de empleo para la población Garífuna sigan siendo mucho menores de lo que fue prometido, pero que siga llegando a la región un gran número de extranjeros para ocupar los empleos de nueva creación relacionados con el turismo.

Al mismo tiempo, como resultado del proyecto, los Garífuna están perdiendo o ya han perdido los medios tradicionales de subsistencia, tales como la pesca, la caza y la agricultura. Esto no sólo afecta a los medios de subsistencia, sino que además tiene un fuerte impacto en la supervivencia cultural, ligada a las actividades económicas tradicionales y el uso de la tierra.

La transformación de los pueblos Garífuna en puestos de avanzada del turismo ha generado diversas respuestas por parte de los miembros de la comunidad—algunos reconocen los beneficios potenciales que trae consigo la entrada de dólares debida al turismo, especialmente en vista de la disminución de la producción agrícola y las escasas oportunidades de empleo, mientras que otros se oponen al proyecto basándose en la pérdida de las actividades tradicionales y de la tierra. Lo que este estudio muestra es que, al menos hasta ahora, el proyecto Los Micos ha tenido muy pocos beneficios directos para la comunidad Garífuna y muchos efectos negativos indirectos.

Aún es demasiado pronto para tener una medida clara del número de desplazamientos causados por el proyecto del BID. Las dos comunidades estudiadas aquí están claramente en riesgo y ya han experimentado la pérdida de tierras y territorios, así como una concomitante migración y desplazamiento. Los efectos ambientales a largo plazo del proyecto agravarán aún más el problema del desplazamiento, en particular de Garífunas dedicados a actividades basadas en el uso de la tierra. Estas consecuencias del proyecto han recibido muy poca atención por parte del Banco y además de una investigación seria, exigen la implementación de programas de mitigación o de modificaciones importantes en el proyecto, en colaboración y estrecha consulta con las comunidades locales.

Sitio de Implementación del Proyecto Los Micos Beach and Golf Resort. Fotos: Christopher Loperena. 
Puesta de Sol, Playa Tornabé. 
Pre-construcción, foto de humedales. 
Calle Principal Recientemente Pavimentada en Tornabé.
Fotos: Christopher Loperena.

Referencias

BID, Perfil de Proyecto (PP), Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola (HO-L1033).

BID, Propuesta de Crédito, Programa Nacional de Turismo Sostenible (HO-0195).

BID, Documento Conceptual de Proyecto (DCP) Honduras. Programa Nacional de Turismo Sostenible (HO-0195).

BID, Estrategia de País—Honduras. Enero 2008.

IICA, Instituto Inter-Americano de Cooperación para la Agricultura, Estudio sobre Turismo Rural en Honduras. 2009.

PROLANSATE, Plan de Manejo. Parque Nacional Jeannette Kawas. 2004.

PROLANSATE, Informe Técnico de la Fundación Prolansate al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Los Micos Beach and Golf Resort. Tela, 28 de Septiembre de 2005.

 

VII. Conclusiones: Estudios de Caso sobre los Megaproyectos del BID, Desplazamiento y Migración Forzada

Por Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional (CIP)

El propósito del Proyecto “Estudios de Caso sobre los Megaproyectos del BID, Desplazamiento y Migración Forzada” fue de analizar el impacto de la estrategia de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en un fenómeno que afecta gravemente a todos los países de la región de América Latina: el desplazamiento de poblaciones. La dinámica del desplazamiento ha cambiado profundamente a las sociedades y a las economías afectando a sus familias.

La selección de los casos

Lo que presentamos en este informe son los resultados de cuatro estudios de caso sobre la construcción de megaproyectos financiados directamente por el BID en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Honduras. Estos casos nos abren ventanas para analizar las estrategias del Banco y sus impactos en las vidas de las personas que viven en la zona de ejecución. Estas zonas comparten las características de ser lugares de alta marginación y pobreza; de comunidades básicamente campesinas, indígenas y afro-descendientes.

La selección de los casos se hizo para abarcar el tema desde distintas perspectivas y distintos ámbitos. Se trata de casos en países diferentes, lo cual nos permite comparar las similitudes y diferencias en el diseño e implementación de estrategias globales del BID, y las posibles diferencias que se derivan de las políticas nacionales respetivas.

También, los cuatro casos analizan una variedad de tipos de proyecto. En los casos de La Parota, El Arcediano y CH Cana Brava se trata de megaproyectos hidroeléctricos que inundan comunidades y territorios—en el caso de Brasil, un caso terminado que sigue presentando serios problemas de reasentamiento y readaptación, y en el caso de México, dos proyectos temporalmente suspendidos. En Colombia, escogimos el caso de la palma aceitera porque es una estrategia de desarrollo del BID relativamente nueva y de largo alcance, que implica el cambio de uso del suelo a gran escala. Honduras nos ejemplifica un caso de desarrollo de infraestructura turístico, también una prioridad del Banco, y que trae consigo consecuencias de otra índole pero con resultados muy similares.

Son cuatro megaproyectos vistos en distintos momentos. La construcción de la represa hidroeléctrica CH Cana Brava en Brasil cumple 10 años desde la terminación de la obra e ilustra una serie de fallas graves en las políticas del Banco de reasentamiento y su aplicación. La población afectada tuvo que emplear medidas de presión directa para lograr que el BID escuchara sus reclamos en torno a las condiciones de su reubicación. Aún así, de las 1,000 familias afectadas, una década después no han logrado la reinserción exitosa de 600 familias.

En Colombia, la promoción activa del cultivo de palma aceitera lleva tiempo. Sin embargo, están saliendo nuevos proyectos de financiamiento al sector sin haber hecho estudios serios en torno a sus impactos sociales y ambientales. Es más, el Banco ahora promueve el monocultivo como parte de su portafolio ambiental, como mitigante al cambio climático y generador de recursos en el mercado de carbono. Como bien demuestra el caso, tomando en cuenta todo el proceso de cultivo y procesamiento de aceite de palma, la industria dista mucho de ser favorable al medio ambiente ó a la mitigación del cambio climático.

Los otros casos son incipientes, y así ofrecen oportunidad de repensar la estrategia del Banco. En el caso de La Parota, es necesario cancelar definitivamente el proyecto, debido al desplazamiento y los daños ambientales que causa, además de que el estudio de demanda de energía que se utilizó para justificar el megaproyecto es altamente cuestionable y no se estudiaron alternativas reales. En Honduras, la construcción del megaproyecto está en marcha y la prueba de fuego para el Banco sería entrar en un diálogo serio con las organizaciones de pobladores para llegar a acuerdos respecto a la contratación, conservación, preservación del medio ambiente y la cultura y las actividades tradicionales.

Una óptica de desarrollo que privilegia a la integración global por encima de las comunidades locales.

Megaproyectos financiados por el BID en el marco del IIRSA y el PPP tienen como eje principal la integración continental para facilitar la inversión extranjera a gran escala, la explotación de recursos naturales de la región, y el traslado de bienes a nivel trasnacional. Las consideraciones sobre la consolidación de mercados locales y regionales—esenciales para la sobrevivencia de las comunidades tradicionales de la región—quedan en segundo plano en incluso olvidadas por completo, mientras la generación de empleos locales y fondos de compensación o fomento son generalmente meros anexos a los proyectos, y en la mayoría de los casos faltan líneas concretas, recursos adecuados, y estudios de impacto a largo plazo.

Como han señalado varios autores, el desplazamiento inducido por el “desarrollo” tiene algunas características particulares que merecen especial atención. Presenta graves riesgos a las poblaciones afectadas, entre ellos, el desarraigo de la tierra, la pérdida de trabajos y de vivienda, la marginación, la inseguridad alimentaria, una mayor morbilidad y mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad colectiva, y la desintegración social.

En este contexto, es fundamental entender la relación entre el modelo de desarrollo promovido por el BID y otras instituciones internacionales financieras y el desplazamiento. Las políticas financieras de estas instituciones inciden en la elaboración de las políticas nacionales de desarrollo porque sus líneas de financiamiento y crédito son una necesidad indispensable para gobiernos que cuentan con pocos recursos propios en relación a los retos que enfrentan. Sin embargo, para obtener estos recursos, las instituciones internacionales, incluyendo el BID, exigen la adopción de ciertas estrategias económicas en nombre del desarrollo, a través del uso condicionamientos y los términos específicos. Desde hace varias décadas, el Banco ha promovido una estrategia de integración regional orientada al mercado internacional. La conversión de la producción nacional hacia el mercado externo ha tenido resultados muy complejos y contradictorios, a veces improvistos por los mismos estrategas. Por un lado, sin duda ha beneficiado a ciertos sectores, sobretodo actores económicos transnacionales y a las elites económicas nacionales. Ha logrado, por lo general, su objetivo de incrementar las exportaciones y modernizar los sectores que producen bienes y servicios para el mercado internacional. Se han incrementado también las divisas extranjeras.

Por otro lado, el costo social y ambiental de esta estrategia ha sido muy alto. Uno de los impactos sociales menos estudiado es el desplazamiento de poblaciones y la migración forzada a causa de los megaproyectos. Con el propósito de analizar más a fondo esta cuestión, hemos presentado cuatro casos, en cuatro países de la región. Los casos reúnen los siguientes criterios: 1) son proyectos que reciben o han recibido financiamiento del BID, 2) son proyectos que han causado o causarán desplazamiento ó llevarán a migraciones forzada, y 3) forman parte de la estrategia global del BID de promover el modelo de integración regional orientado al mercado internacional, todos los casos se encuentran inscritos en el gran proyecto internacional del Plan Puebla Panamá (Proyecto Mesoamericano) para México, Centroamérica y Colombia, o el IIRSA.

Los principios de los desplazamientos internos: Solo en papel

Como resultado de las críticas de las últimas décadas, existe mayor conciencia en torno a los altos costos del desplazamiento y de los grandes obstáculos para que el reasentamiento lleve a una readaptación exitosa de las familias afectadas. Los organismos internacionales han reconocido la importancia de proveer un marco adecuado que regule y proteja los derechos de los desplazados. En este sentido, “Los Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos” formulados por la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas marcó un avance en la sistematización de estos derechos.

Este documento establece tres puntos fundamentales referentes a los desplazamientos internos causados por los megaproyectos: 1) la necesidad de evitarlos cuando sea posible, 2) el derecho a consulta, y 3) los derechos especiales y medidas de protección a poblaciones vulnerables (mujeres, indígenas, etc.), y el derecho de condiciones mínimas y efectivas en el reasentamiento. Los estudios de caso en este libro muestran cuestionamientos sobre el cumplimiento hasta violaciones graves de estos principios por parte del BID.

La obligación de evitar el desplazamiento y explorar alternativas

El Principio 6 reconoce explícitamente el impacto de los megaproyectos en el desplazamiento interno. Empieza por establecer que: “Todo ser humano tendrá el derecho a ser protegido contra el desplazamiento arbitrario de su hogar o sitio de residencia habitual”; enseguida define como “desplazamiento arbitrario, “c) en casos de proyectos de desarrollo a gran escala, que no estén justificados por un interés público superior o primordial.”

Desde luego, esta definición está sujeta a debate en torno a los criterios y las condiciones en que un proyecto es “justificado por un interés público superior o primordial.” Sin embargo, establece la responsabilidad del Estado y de las entidades promotores de tales proyectos de justificar el proyecto tomando en cuenta los derechos de los desplazados. En todos los casos presentados en este libro, se encuentra la falta de una justificación sustentada que incorpore el impacto del desplazamiento en un análisis de costo/beneficio integral. Además, en varios casos existen investigaciones técnicas y opiniones expertas que ponen en duda el “interés público superior” de los megaproyectos.

El Principio 7 de los mismos Principios Rectores va más allá en el establecimiento de criterios para megaproyectos u otras medidas que llevan al desplazamiento:

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.

Las Políticas Operativas Sectoriales del BID en materia de reasentamiento involuntario reiteran este principio básico:

“Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario. Se deberá realizar un análisis profundo de las alternativas del proyecto para identificar soluciones que sean viables desde el punto de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al mínimo, la necesidad de reasentamiento involuntario.”

La siguiente Política del BID empieza diciendo “Cuando el desplazamiento sea inevitable…” y establece una serie de puntos para asegurar que las personas desplazadas reciban compensación y condiciones para su readaptación. En las Políticas, y sobretodo en la práctica, las definiciones de “inevitable” no están bien establecidas y les falta criterios íntegros para su aplicación. Debido a que los megaproyectos que combinan financiamiento del BID, fondos estatales e inversión privada (casi todos) involucran a grandes y poderosos intereses económicos, es previsible que los intereses de las poblaciones potencialmente desplazadas sean de menor peso, y sus voces ignoradas o en casos extremos pero cada vez más comunes, como La Parota, violentamente reprimidas.

En el caso de la hidroeléctrica La Parota, serios estudios indican que los cálculos empleados para justificar su construcción basados en la demanda de energía eléctrica al futuro fueron inflados. De hecho, una de las razones dadas para suspender el proyecto fue que la demanda no lo justificaba en ese momento, aunque fue la lucha de los pobladores y las irregularidades que se encontraron en su implementación las que jugaron el papel principal en la decisión.

En todo caso, los criterios para la construcción de grandes megaproyectos como CH Cana Brava y La Parota deberían ser mucho más estrictos, a partir de que la Comisión Mundial de Represas concluyó:

“Las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, y han sido considerables los beneficios derivados de las mismas…” En demasiados casos han pagado un precio inaceptable y a menudo innecesario para conseguir dichos beneficios, es especial en términos sociales y ambientales, las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes y el medio ambiente natural”.

Se enlistan siete pasos necesarios para la construcción de megaproyectos de represas, la mayoría saltados o distorsionados por el BID en los casos de La Parota y Cana Brava: ganar la aceptación pública, evaluar todas las opciones, repensar el uso de las represas existentes, conservar los ríos y el sustento de las comunidades locales, reconocer obligaciones y compartir beneficios, asegurar el cumplimiento, y compartir los ríos para la paz, el desarrollo y la seguridad.

Violaciones al derecho, a la consulta amplia e información completa

El punto tres también se aplica a casos de desplazamiento causado por megaproyectos:

Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las siguientes garantías:

 

  • Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;
  • Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;
  • Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;
  • Las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y
  • Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

 

 

Se encontró que en ninguno de los casos el proceso financiado por el BID cumple con estos principios. En La Parota las Cortes llegaron a la conclusión que las consultas, pos facto, llevadas a cabo en la región fueron no solo insuficientes si no manipuladas. En Honduras, se ha involucrado únicamente a los patronatos de las comunidades Garífuna, dejando fuera a otras organizaciones de afectados que tienen una postura crítica frente al megaproyecto turístico Los Micos. En Brasil, el Banco y la empresa acordaron negociar con los afectados solo después de recibir presiones directas. Aun así, escogieron sus interlocutores a su manera, dejando fuera a las organizaciones.

Violaciones de los derechos de poblaciones vulnerables desplazadas

Todos los casos estudiados tienen el mayor impacto de desplazamiento sobre poblaciones vulnerables—los indígenas nahuas en México, los garífuna en Honduras, los campesinos y poblaciones indígenas en Colombia y los campesinos/afro-descendientes en Brasil. El Principio 9 reconoce formalmente que el Estado tiene obligaciones especiales hacia estas poblaciones en casos de desplazamiento:

“Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.”

No es casualidad que los megaproyectos analizados en nuestros casos afecten precisamente a estas poblaciones. Courtland Robinson ha señalado que el desplazamiento inducido por desarrollo afecta mayoritariamente a estas poblaciones en todo el mundo. “No sólo es [este desplazamiento] un fenómeno extendido y creciente, sino que la evidencia indica que aunque el desarrollo beneficia a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera desproporcionada las poblaciones más pobres y más marginadas.”

Como se ha analizado en los casos, estas poblaciones tienen una estrecha relación con la tierra, con vínculos religiosos, culturales, alimentarios y productivos. Sus culturas, muchas veces milenarias, se basan en esta relación. Además estas poblaciones tienen poco poder político para defender sus intereses y sus derechos.

Desplazamiento interno y migración forzada

Se ha dicho poco respecto a la relación entre el desplazamiento interno inducido por proyectos de desarrollo y la migración forzada. Los principios y políticas descritos arriba se dirigen únicamente al reasentamiento involuntario que es resultado directo de la construcción o implantación del proyecto.

Sin embargo, los megaproyectos financiados por el BID que analizamos aquí, muestran la relación entre los cambios en el uso de suelo que promueven estrategias de integración y desarrollo del BID, y la agravación del problema de expulsión de migrantes. Aún falta documentar más esta relación, lo cual lo señalamos como una tarea pendiente.

En todos nuestros países, la migración laboral ha crecido exponencialmente en las décadas de la globalización. México, pionero en el modelo de integración económica a partir de la firma de TLCAN en 1992, ahora tiene el título del país que más expulsa a su propia gente—a un promedio de 500,000 al año. Los impactos de la migración forzada pueden ser muy negativos: entre ellos, separación de familias, peligro de muerte en el camino y cruce de la frontera estadounidense, y riesgo de secuestro y trata. Debido a esta situación y una contracción de contratación en los países receptores, sobretodo Estados Unidos, muchos países están desarrollando programas especiales para generar empleo en las áreas de alta expulsión.

A contracorriente, los proyectos que aquí analizamos del BID tienden a expulsar familias y comunidades enteras. En México, el proyecto La Parota promovido y financiado por el BID como parte de su compromiso con el Plan Puebla Panamá, contemplaba la expulsión de entre 14,756 (cálculo oficial) y 25,000 (cálculo independiente). En Honduras, aún no existen números confiables. Sin embargo, se trata de una región que ha perdido la mitad de su población debido a la migración, principalmente a los Estados Unidos. En la medida en que los residentes vayan perdiendo sus trabajos tradicionales como la pesca y el cultivo por causa del megaproyecto y los empleos prometidos no se materialicen, se enfrentaran grandes presiones para migrar.

En el caso de Colombia, segundo país en el mundo en la tasa de desplazamiento interno, la situación es un poco diferente. Allá el desplazamiento en zonas de expansión de palmera se debe principalmente a que el cultivo se ha expandido en tierras ocupadas por poblaciones locales, las cuales en muchos casos han tenido que huir y en otros vincularse como jornaleros en las plantaciones. Otra característica es el papel de los grupos armados ilegales de quienes se han conocido casos en donde acompañan a la industria de palmera para desplazar a estas poblaciones, generándose entonces fuertes conflictos por la apropiación del territorio.

El desplazamiento interno y la migración forzada generados por causa del los megaproyectos se vuelve doblemente problemático en estos casos porque la población afectada está conformada justamente por los grupos identificados por el mismo BID. Los Garífuna de Honduras y los indígenas y campesinos de Guerrero desde hace tiempo enfrenten fuertes presiones para migrar. En el caso de La Parota, existen indicios de que el mismo Estado está promoviendo la expulsión de estas comunidades de la zona para facilitar la imposición del megaproyecto.

Hasta ahora, el Banco y los organismos de derechos humanos no han desarrollado criterios para los megaproyectos que tomen en cuenta la migración forzada, que suele ser un impacto indirecto y de más largo plazo. Por lo general, se ven como procesos distintos sin relación pero entre sí. Es urgente ampliar las investigaciones y definir criterios para la imposición de megaproyectos que también tomen en cuenta el impacto en la migración forzada.

Los resultados de los estudios de caso incluidos en este libro resaltan las graves implicaciones de los megaproyectos financiados por el BID para las poblaciones locales en los lugares estudiados. Los impactos negativos tienen el agravante de caer sobre poblaciones vulnerables, como son las mujeres, los pueblos indígenas, los afro-descendientes y los campesinos.

El Banco tiene la obligación de seguir estudiando estas implicaciones y trabajar junto con la sociedad civil y las poblaciones afectadas. En los casos estudiados, las respuestas del BID a las denuncias de estos grupos han sido inadecuadas dado la seriedad de las denuncias. A continuación presentamos algunas recomendaciones para desarrollar mejores prácticas en torno a los megaproyectos para minimizar sus consecuencias en el desplazamiento y la migración forzada.

Algunas recomendaciones:

1. El BID debería evitar el financiamiento de los megaproyectos que implican desplazamiento, debido a sus altos costos sociales

Está escrito en las Políticas del BID y otros documentos internacionales que el desplazamiento es una consecuencia grave que afecta la vida de los desplazados y desplazadas además del resto de los ámbitos. Por eso, se debe explorar todas las alternativas y considerarlo como el último recurso en las estrategias de desarrollo.

2. Es necesario hacer análisis de costo/beneficio integrales y transparentes

Los análisis de costo/beneficio y las justificaciones para los megaproyectos a menudo no toman en cuenta todas las dimensiones y repercusiones del desplazamiento. Los aspectos no cuantificables, como la desarticulación de comunidades étnicas y la pérdida de cultura y cohesión social, están reconocidos en las declaraciones pero se les dan poco peso en el momento de la toma de decisiones. Deberían tener el mismo peso que los aspectos macroeconómicos, e integrar importantes consideraciones en torno a la protección de poblaciones vulnerables y la garantía de sus derechos humanos.

3. El BID debería repensar la estrategia de financiamiento a grandes proyectos de represas hidroeléctricas

La literatura en cuanto a los daños sociales y ambientales provocados por este tipo de proyecto señala que no sólo deben ser evitados, sino que en la mayoría de los casos existen mejores opciones de pequeña ó mediana escala. El BID debe investigar estas alternativas y promover otras fuentes de energía además de prácticas de ahorro en el consumo de la misma.

4. Es necesario adoptar mecanismos para que la consulta sea amplia, inclusiva y vinculante

A pesar de que existen directrices en este sentido, las consultas en la práctica distan mucho de cumplir con estos requerimientos. En muchos casos, el derecho a la consulta es violado flagrantemente al no ser considerado.

5. El BID debería desarrollar criterios de financiamiento que dan un lugar central a la protección de los derechos humanos

Los derechos humanos deberían ser un elemento fundamental en todas las etapas de los proyectos del BID—diseño, financiamiento, implementación y seguimiento.

6. Los procesos de reasentamiento deben ser diseñados y consensados con las poblaciones afectadas

Las personas desplazadas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones que les afectan. Es necesario establecer mecanismos de diálogo permanentes, en el cual ellos mismos pueden escoger sus interlocutores y participar en la definición de compensaciones, condiciones y otros aspectos del reasentamiento.

Notas

 

 

 

 

 

Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es la directora del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) para el Center for International Policy en la Ciudad de México.

Michael Collins (michael.mc.collins(a)gmail.com) es Asistente del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) del Center for International Policy. También escribe una columna semanal para Americans for Informed Democracy (http://aidemocracy.wordpress.com/author/michaelmccollins/).

Oscar Chacón es el director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalaac por sus siglas en inglés).

Paula Álavrez es investigadora y politóloga en Colombia.

Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) es asesor del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) en Brasilia, Brasil. Para mayor información consúltese el Boletim Orçamento e Política Socioambiental, numero 23 (diciembre/2009), en www.inesc.org.br.

Christopher Loperena es candidato a doctor en antropologia social en la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo de investigacion analiza la relacion entre desarrollo turistico y derechos territoriales del Pueblo Garifuna en Honduras.

El informe fue traducido por María Soledad Cervantes Ramírez y Alberto Anzures.

Este informe no hubiera sido posible sin el apoyo generoso del CS Mott Foundation.

 

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.

 

Para mayor información

El Plan Puebla Panamá avanza: Nuevo nombre, el mismo juego
http://www.ircamericas.org/esp/6413

Banco del Sur un paso adelante
http://www.ircamericas.org/esp/6498

Pueblos Indígenas en Brasil: el desafío de la autonomía
http://www.ircamericas.org/esp/6279

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