Peña Nieto y Estados Unidos: una nueva alianza para perpetuar la violenta guerra calderonista contra el narcotráfico

By  |  19 / agosto / 2012

Foto: Clayton Conn

 

“Somos los hijos de los ideales que ustedes no han podido matar”. Mientras marcha con decenas de miles de personas en la Ciudad de México, una joven sostiene esta pancarta escrita a mano. Tiene veintitantos años, cabello negro y largo, y lleva puestos unos jeans. Su mensaje captura el espíritu y el sentimiento del nuevo movimiento mexicano por la democracia real. Al mismo tiempo, revela el resentimiento que –sobre todo los jóvenes– sienten por las elecciones presidenciales y por un nuevo gobierno que para ellos representa una era de manipulación y represión.

Semanas después de la elección presidencial en México, miles de personas salieron a protestar contra el candidato que fue declarado ganador, Enrique Peña Nieto, y el inminente regreso al poder del partido que gobernó México por más de siete décadas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tomará posesión el 1 de diciembre, enfrenta numerosas acusaciones de fraude, una demanda legal para declarar inválidas las elecciones y un movimiento juvenil que se rehúsa a desaparecer.

“México sin el PRI”, “Instituto Federal Electoral, cobarde, corrige las elecciones” y “México votó y Peña Nieto no ganó” son las frases que fueron coreadas por hombres y mujeres por las calles del centro histórico de la ciudad en las últimas manifestaciones, asegurando que el político –mejor conocido por su copete y sus corbatas al más puro estilo de los viejos políticos mexicanos– no tomará posesión. La mayoría de los manifestantes son jóvenes universitarios, pero hay también contingentes de trabajadores, vecinos, asociaciones y ciudadanos de todas las edades que toman parte en las movilizaciones.

Muchos apoyan al candidato de oposición, que quedó en segundo lugar durante la contienda, Andrés Manuel López Obrador, pero el argumento de los medios –que el movimiento es la treta de un mal perdedor–  se debilita cuando se confronta con los actuales mensajes y motivos del movimiento.

México está viviendo el nacimiento de un movimiento por democracia real dirigido por una generación que se aferra a romper con el cinismo de una nación acostumbrada a la corrupción y a las reglas autoritarias. Los miembros de este movimiento desafían no sólo los resultados de la elección, sino la misma definición de democracia.

El movimiento #YoSoy132, que surgió con las protestas contra la visita de Peña Nieto a una universidad local (la Universidad Iberoamericana), centra sus demandas en el principio de que la democracia no puede comprarse. Jóvenes que no tienen en su memoria haber vivido bajo el gobierno del PRI, han echado un vistazo a la historia de su nación y han decidido que no quieren volver hacia allá.

El movimiento #YoSoy132 –cuyo hashtag en el nombre marca su identidad generacional– tiene un plataforma general que incluye: democratización de los medios para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión; educación secular, libre, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica y de calidad; un cambio al modelo económico neoliberal con menos énfasis en el mercado y mayor involucramiento del Estado; un cambio en el modelo de seguridad y justicia y el retiro del ejército de la seguridad pública; democracia participativa y autonomía; y la salud como un derecho.

El incierto camino del PRI hacia el poder

 Pocas personas predijeron las protestas poselectorales en México, así como el rápido crecimiento del movimiento liderado por jóvenes en contra de Peña Nieto. El PRI aprendió de su derrota ante Vicente Fox en el 2000, y de las convulsivas protestas poselectorales del 2006, cuando el candidato conservador Felipe Calderón fue declarado ganador con pequeñísimos márgenes de diferencia y graves acusaciones de fraude. El PRI se previno para evitar ambos escenarios preparando a su candidato durante años para posicionarlo como la imagen del “nuevo PRI”.

Estos esfuerzos de posicionamiento han sido documentados e incluyen acuerdos secretos con los principales canales de televisión, para la cobertura favorable en los medios de comunicación que datan de 2009. Tanto la revista Proceso, de México y más tarde The Guardian informaron sobre estos contratos, aunque el PRI rechazó las acusaciones.

Los  informes incluyeron también la reconstrucción de la maquinaria política que sirvió el partido durante sus 71 años de gobierno ininterrumpido en el país. Esa maquinaria política sufrió un golpe debilitante con la elección de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000, cuando el PRI perdió el timón de una nación que había controlado con facilidad durante años, y perdió su mayoría en la legislatura y varios gobernadores de los estados. Fue una caída dramática e ignominiosa del poder y muchos creyeron con optimismo que la era de “los dinosaurios”, nombre que se le da a la élite política del PRI, había terminado para siempre.

Pero numerosos analistas afirman que el PAN acordó dejar la maquinaria política  al PRI a cambio de apoyo para sus propuestas de reforma en la legislatura y del dominio continuo de una élite económica pequeña y poderosa. El PRI fue capaz de reconstruir sin miedo a posteriores cargos judiciales por actos pasados de corrupción y represión entre sus filas.

Las elecciones de 2012 demostraron que la máquina ha sido bien engrasada y emplea muchas de las mismas tácticas utilizadas para garantizar triunfos electorales en el pasado. El objetivo de construir un sólido margen de la victoria para asegurar la legitimidad de la elección, fracasó debido a la ciudadanía y al monitoreo de algunos medios que hicieron evidentes los abusos flagrantes.

Una coalición de partidos progresistas presentó una demanda el 12 de julio para declarar inválida la elección presidencial, debido a las violaciones de los artículos de la Constitución mexicana que llaman a una votación libre y justa, y debido a violaciones de las leyes electorales. La demanda cita específicamente exceder los límites de gastos de campaña como la causa de la acusación. El límite legal se fija en la cifra de 336 millones 112 mil 84 pesos y 16 centavos, unos 25. 4 millones de dólares. La coalición dice que tiene pruebas de que el PRI superó cinco veces el límite permitido.

Los alegatos más potencialmente dañinos de López Obrador incluyen acusaciones al PRI de lavado de dinero a través de gastos de campaña que no están registrados. La oposición ha exigido una investigación sobre el posible uso de fondos públicos en las zonas gobernadas por el PRI y el dinero de fuentes ilícitas, incluida la delincuencia organizada. El uso de tarjetas bancarias de prepago es una forma común de lavado de dinero, el PRI emitió miles de estas tarjetas a partir de un banco llamado MONEX y las entregó a los votantes en una presunta operación de compra de votos. (En una pancarta de protesta se leía: “las elecciones de México fueron muy limpias, incluso el dinero fue lavado”).

La acusación legal incluye también los testimonios de sobornar a los encuestadores para crear la impresión de que el PRI tenía la elección en la bolsa. La empresa Manypolling informó confiadamente de ventajas de cifras de dos dígitos para Peña Nieto, llegando a colocarlo hasta 18 puntos arriba. El conteo final mostró poco más de seis puntos: Peña Nieto tenía el 38.21 por ciento de las preferencias electorales,  mientras que López Obrador tenía el 31.59 por ciento y la candidata conservadora, Josefina Vázquez Mota el 25.41 por ciento. Ya sea que el notorio error de la empresa haya sido la metodología defectuosa o hayan pretendido “dar al cliente lo que pide”, el tema se convirtió en algo controvertido en México.

 La alianza México-Estados Unidos para la guerra contra las drogas

El presidente Barak Obama llamó a Enrique Peña Nieto para felicitarlo por su victoria, antes de que las autoridades electorales mexicanas hubieran declarado la victoria. La Casa Blanca emitió una boletín sobre la llamada de Obama a Peña Nieto, donde anunciaba una continuidad en la asociación para la “democracia, prosperidad económica y seguridad”.

La prisa de la administración de Obama en declarar su apoyo para el asediado candidato no se debe a que tenga entusiasmo por el regreso del PRI. El gobierno de los Estados Unidos claramente hubiera preferido otro gobierno conservador en México. El Partido Acción Nacional abrió la puerta de par en par a una mayor intervención de los Estados Unidos; agencias como la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y personal militar “retirado” ahora participan y operan en las desastrosas políticas de seguridad interna mexicanas. La guerra contra las drogas de Felipe Calderón proporcionó el vehículo perfecto para romper la resistencia a la intervención estadunidense, y ha hecho grandes avances en el plan de seguridad regional, que incluye integrar a México como parte de su “perímetro de seguridad regional”.

Pero la administración de Obama estaba ansiosa en dejar atrás las elecciones para sacar al candidato de centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador, del escenario político tan pronto como fuera posible. López Obrador llamó abiertamente a finalizar la guerra contra las drogas y a “adoptar una estrategia diferente” durante su discurso de cierre de campaña.

Ignorando los conflictos post electorales que ya se gestaban al sur de la frontera, la Casa Blanca felicitó al candidato y a la población mexicana por haber “demostrado su compromiso con los valores democráticos por medio de un proceso electoral libre, justo y transparente”; pero mucho antes de que López Obrador presentara la acción legal, había emergido la evidencia de compra de votos, y el movimiento #YoSoy132 y otros estaban dando a conocer acusaciones de fraude.

Interrogado por un reportero el 9 de julio acerca de si el Departamento de Estado aún sostenía que las elecciones habían sido “transparentes”, el vocero Patrick Ventrell eludió el cuestionamiento y solamente dijo que “damos la bienvenida al anuncio de las autoridades electorales acerca de los resultados finales, y obviamente esperamos trabajar con el presidente electo, Peña Nieto”.

La administración aceptó a Peña Nieto cuando las encuestas mostraron una ventaja significativa, y concertaron reuniones apresuradamente con su próximo nuevo aliado antes de las elecciones. La política de México            –guiada por el Pentágono estadounidense- necesita un compañero servicial en la guerra contra las drogas. Las tropas del ejército mexicano están ahora apostadas en posiciones estratégicas a lo largo de todo el país, aparentemente para parar el flujo de drogas ilegales y capturar a los capos de la droga; recurrentemente han actuado para reprimir a los defensores de derechos humanos y para someter a las comunidades que protestan por la pérdida del control de sus recursos naturales o por la presencia del ejército. Las fuerzas armadas actúan como una forma de control social, mientras que sus oficiales han sido acusados de estar confabulados con el crimen organizado en diversos casos que, con seguridad, son solamente la punta del iceberg.

Continuar la guerra contra las drogas está en el primer lugar de la agenda binacional de los Estados Unidos. El Congreso la ha sostenido por medio del financiamiento constante de la iniciativa Mérida desde que George Bush aprobó el plan en 2008. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado recientemente recomendó cuatro años y un billón más de dólares de los contribuyentes, a pesar de que la estrategia conjunta ha tenido como resultado 60 mil víctimas mortales en México y ninguna disminución perceptible del flujo de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos.

Peña Nieto pagó el favor el mismo día que recibió las prematuras felicitaciones de Obama. En conferencia de prensa, refrendó la estrategia de atacar frontalmente a los cárteles y usar para ello al ejército. También anunció su compromiso de propiciar las principales reformas estructurales que el gobierno de Estados Unidos y los intereses económicos nacionales y transnacionales han estado pidiendo por años; éstas incluyen la privatización de la compañía petrolera nacional PEMEX (Petróleos Mexicanos) y las reformas fiscal y laboral, que debilitarían a los sindicatos y los derechos laborales. Además, pidió la creación de una fuerza policiaca especial conformada por personal militar para superar los obstáculos legales al despliegue de las fuerzas armadas para seguridad pública. Las organizaciones empresariales estadunidenses como la Americas Society han colmado de elogios al “nuevo PRI”.

Peña Nieto estableció que “sin duda, estoy comprometido en tener una relación intensa y cercana de colaboración efectiva, medida por resultados”, con lo que calmó los temores de que el partido anteriormente nacionalista se pudiera distanciar de la nueva alianza político-militar con su poderoso vecino. Antes de las elecciones, anunció el nombramiento de un exjefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Oscar Naranjo, como su máximo asesor sobre seguridad. Naranjo es una pieza clave en la política de seguridad colombiana, muy cercano a las dirigencias de seguridad de los Estados Unidos.

Faltan cuatro meses para la toma de posesión. Abundarán las protestas en este larguísimo periodo que queda al presidente saliente. A mediados de julio, el movimiento #YoSoy132 se unió a otras organizaciones de base para preparar una serie de movilizaciones que empatan con la fecha en que las autoridades electorales deben ratificar los resultados electorales, el 6 de septiembre; la toma de posesión, el 1 de diciembre, y más adelante.

A través del cuestionamiento al papel de los monopolios mediáticos, la publicidad y la imagen pública, la compra de votos, los gastos de campaña y los operadores políticos, el nuevo movimiento de México está elevando serias preguntas sobre la democracia electoral. Los cuestionamientos no valen solamente para México –una nación que está saliendo de un gobierno autoritario, y quizá regrese a él-; también tienen una gran relevancia para los Estados Unidos, que están en camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas, www.americas.org/es. Contacto: info@americas.org

Traducción por Desinformémonos http://desinformemonos.org/

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