Siete dólares, el salario por el que dieron la vida los mineros en Coahuila

By  |  21 / agosto / 2012

Foto:Diario NTR Zacatecas

Por Adazahira Chávez, desinformémonos.org

La minería es una actividad que deja grandes dividendos a los concesionarios, pero tiene grandes costos para México en materia ecológica y de vidas. En tan sólo dos semanas, 13 mineros del carbón han muerto en el estado de Coahuila, al norte del país.

Desde 2010, el sector minero en México registró una producción sobresaliente que lo ubica como el primer destino de inversión para exploración minera en América Latina, y como el tercer país que da mayores ventajas para la inversión. La inversión durante el gobierno de Calderón suma ya 15 mil 140 millones de dólares; 2011 es el año que ha registrado mayor inversión en lo que va del sexenio.

Ese año, el valor de su producción llegó a casi 14 mil millones de dólares, con lo que rebasó al sector turismo. El volumen de producción en el primer semestre de 2011 se incrementó en 16.6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el valor de la producción fue 50 por ciento mayor. Particularmente, el carbón subió su precio en un 43 por ciento.

La explotación del territorio

Los recursos minerales, al ser propiedad de la nación, “no se entregan para que sean propiedad privada”, señaló Francisco López Bárcenas en entrevista anterior con Desinformémonos. El modo utilizado para la explotación es la concesión. De 2000 a 2010, la superficie concesionada a las empresas mineras abarca alrededor del 25 por ciento del territorio nacional continental. El 15 por ciento del territorio nacional fue concesionado a las mineras entre 2006 y 2010; ya para junio de 2011, se concesionó otro millón de hectáreas de tierras.

Resalta López Bárcenas que con esto se está despojando a los mexicanos de su patrimonio: “Se llevan el material y no dejan nada bueno. Nos dejan un medio ambiente destruido y contaminado y a la población, enferma”.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en su documento de trabajo 121, informa que la minera canadiense Gold Corp ubica dos grandes ventajas de México para la industria minera: un fuerte apoyo gubernamental y una estructura impositiva favorable.

En la mayoría de los países, las empresas que explotan el subsuelo deben pagar derechos e impuestos por la actividad. En México, los bajos montos son incentivo para las empresas. El pago de derecho sobre minería va de cinco a 111 pesos por hectárea. Además, no se cobran impuestos a la extracción, mientras que en otros países llegan hasta el 18.5 por ciento.

 

Las condiciones laborales, por el suelo

La alta rentabilidad de este sector no se refleja en una mejora de condiciones laborales de los trabajadores del sector. En un comparativo de 2008 de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), resultó que los mineros de nuestro país son de los que perciben salarios menores; en Canadá y Estados Unidos, los salarios son mayores 16 veces. El mismo estudio concluye que, al mismo tiempo, los mexicanos son de los que trabajan una mayor cantidad de horas.

El CESOP informa que en cuanto al pago por accidentes también hay una diferencia. Mientras que en Estados Unidos, los deudos de los 29 mineros muertos en el accidente de la mina Upper Big Branch recibieron 46.5 millones de dólares, los familiares de los 69 mineros muertos en el accidente de Pasta de Conchos en México recibieron 84 mil dólares, cifra que podría ser menor de acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos.

Homicidios, no accidentes

El viernes 3 de agosto, un derrumbe ocasionó la muerte de seis mineros en la mina VII de la unidad MIMOSA –perteneciente a Altos Hornos de México- en Progreso, Coahuila. Apenas nueve días antes, siete mineros fallecieron trabajando en el mismo estado y extrayendo el mismo mineral: el carbón.

MIMOSA, propiedad de Alonso Anciera Elizondo (uno de los diez hombres más ricos de México), se apresuró a dar la versión de que todo fue ocasionado por un derrumbe y negó la existencia de una explosión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana consideró inverosímil esta declaración. Para ellos, las responsables son las empresas por su “imprevisión, insensibilidad e irresponsabilidad criminal” al no establecer adecuadas medidas de seguridad para los trabajadores.

Además, denuncian que ni el gobierno ni las empresas “permiten que los trabajadores de los ‘pocitos’ o las minas se sindicalicen y con ello adquieran la protección debida”.

Ante esta “irresponsabilidad criminal” de empresas para las cuales los trabajadores “son sólo cifras de contabilidad” en su búsqueda de utilidades, el sindicato decidió presentar una querella por “homicidio de comisión por omisión”, tanto contra  empresarios como contra los funcionarios implicados.

Además, 500 trabajadores sindicalizados tomaron pacíficamente el acceso a la mina siniestrada para denunciar la falta de seguridad, así como el contubernio de dirigentes sindicales “charros” en las condiciones que padecen: 98 pesos diarios de sueldo, “que es un salario de hambre y explotación por el que los trabajadores exponen diariamente la vida”, además de la “falta absoluta de condiciones de seguridad e higiene industrial”. Denunciaron que los actuales dirigentes sindicales usurparon los puestos y “se embolsan los fondos sindicales”.

El sindicato informó que, de 2006 hasta agosto de 2012, más de 200 mineros han muerto en accidentes tan sólo en el norteño estado de Coahuila.

La periodista Sanjuana Martínez denuncia quiénes son las empresas involucradas, “siempre las mismas”: Minera Díaz, MINSA/AHMSA, PEMSA/AHMSA, AlvaRam, El Sabino SA de C., Minería y Acarreos de Carbón SA de CV y Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), Compañía Minera El Progreso, SA de CV, Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo México.

Sin embargo, hasta ahora los castigos consisten en cierres de las minas –la mayoría de las veces, temporales- o multas que apenas son significativas comparadas con las ganancias que obtienen los industriales. Para el obispo Raúl Vera, “es muy fácil encontrar dónde está la responsabilidad; los principales criminales o autores intelectuales son los que dejan actuar a esas mineras sin ninguna responsabilidad”.


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