Las promesas de Peña Nieto

By  |  5 / diciembre / 2012

Sobre un fondo de violentos enfrentamientos en las calles que contrastaba fuertemente con la cuidada puesta en escena de los actos oficiales, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México el pasado 2 de diciembre. Las líneas generales de su proyecto para los próximos seis años, a falta de los detalles, revelan que los cambios propuestos son, como el nuevo presidente, meramente cosméticos y afectan a aspectos superficiales.

Después de jurar su cargo en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro y tomar juramento a los miembros de su gabinete, el recién inaugurado presidente de México apareció ante los invitados en el Palacio Nacional, situado en la céntrica la Plaza de la Constitución, para ofrecer su primer discurso como titular del Ejecutivo.

Peña Nieto comenzó su intervención con un rápido repaso de la historia de México, mencionando las culturas prehispánicas y la española, las corrientes liberales y revolucionarias y el “pasado reciente”. Sin referirse al PRI, enfatizó el ordenado cambio de poder desde 1934 y el “rápido proceso de la democracia”, que, irónicamente, se remonta a 1968, el año en que su partido masacró a cientos de estudiantes en Tlatelolco.

El presidente concluyó con lo que sería la tónica de su discurso: que México está “listo para despegar” y que “todos coinciden en que tenemos una oportunidad histórica.” Su alocución se centró en el “momento mexicano”, la idea de un punto de inflexión a partir del cual México entraría finalmente en un periodo de paz, prosperidad y reconocimiento global.

Peña Nieto mencionó los desafíos que quedan por delante, afirmando que México es un país que “crece a dos velocidades: una de progreso y desarrollo y otra de atraso y pobreza” y aludiendo a la falta de empleo y oportunidades educativas. Su discurso incluyó un número de medidas específicas, aunque no detalladas, que proporciona algunas claves para el análisis.

Peña Nieto comenzó con los “cinco puntos estratégicos” de su nuevo gobierno:

1.  México en paz: Peña Nieto ofreció “poner al ciudadano y a su familia en el centro de la política de seguridad.” Se refirió a esto como un “cambio de paradigma”, sin mencionar la guerra contra las drogas por su nombre ni a las 60 u 80.000 personas asesinadas bajo este modelo durante el mandato de Calderón. Prometió mayor coordinación entre las distintas agencias y un esfuerzo para combatir la impunidad, y concluyó: “No habrá seguridad mientras no haya justicia.”
2. Un México inclusivo: Peña Nieto promovió la construcción de un México “inclusivo” y terminar con la brecha de desigualdad para que todos, madres y padres, puedan mantener a sus familias. Dijo que México debería convertirse en una sociedad igualitaria de clase media.
3.  Educación de calidad para todos: que forme estudiantes responsables y comprometidos con sus comunidades.
4.  Crecimiento económico: mediante una mayor competitividad, el aumento del crédito, una mayor inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interior y la expansión del mercado global, para que México pueda posicionarse como una de las economías emergentes.
5.  México como un actor global responsable: participación mundial a través de la moderna diplomacia, de manera que México se convierta en un factor de estabilidad en el mundo y en una voz que defienda la libertad. Peña Nieto también utilizó este punto para agradecer a los representantes de otros países su presencia.

Detrás de las promesas

Los cinco puntos están formulados en términos muy vagos, como suele ocurrir con las promesas presidenciales. Sin embargo, podemos aprovechar lo que se dijo para anticipar los desafíos y las posibles contradicciones que estos plantean, y evaluar la voluntad política para llevarlos a cabo en los próximos seis años.

Política de seguridad. Peña Nieto se refirió explícitamente a “un cambio de paradigma”. Esto no deja de llamar la atención, dado que es lo que el movimiento pacifista y los analistas críticos (el Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, entre otros) han estado reclamando durante años. Sin embargo, es muy poco lo que hay en la parte estratégica o en las “13 decisiones” enumeradas después para apoyar dicho cambio.

Un verdadero cambio de paradigma requeriría dos medidas que el gobierno de Peña Nieto ha dicho que no tomará: la retirada de las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico y la renegociación de la cooperación en cuestiones de seguridad con el gobierno estadounidense. Peña Nieto ha propuesto la creación de una “gendarmería nacional”, que es una policía militarizada, o un cuerpo de formación militar con competencias policiales para tratar con la población civil. Eso es lo que ya tiene México, puesto que ha sido precisamente la lucha contra las drogas la que ha desdibujado la línea que separa las fuerzas policiales y militares. Sin un plan para reducir la militarización, las promesas de “repensar” la guerra contra las drogas palidecen.

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Iniciativa de Mérida, ha promovido y apoyado activamente el modelo de guerra contra las drogas de aplicación de la ley e interdicción, y ha sido la punta de lanza de la creciente intervención de ese país en la lucha contra el narcotráfico en México. Aunque tanto el gobierno estadounidense como el mexicano han admitido en público y en privado (en los cables filtrados por Wikileaks) que la estrategia no ha funcionado (de ahí su insistencia en que es cuestión de tiempo), la respuesta sigue siendo continuar sin realizar mayores ajustes ni evaluaciones en serio.

Las compañías estadounidenses de defensa, inteligencia y seguridad dependen de la guerra contra las drogas para obtener contratos multimillonarios con el gobierno. Como resultado de la Iniciativa de Mérida, el Pentágono y las agencias estadounidenses han logrado una libertad de acción sin precedentes incluso para dirigir operaciones en suelo mexicano. Los halcones del gobierno y la industria armamentística no renunciarán a ella fácilmente. Peña Nieto lo sabe, y también sabe que la economía de su país es fuertemente dependiente de su vecino del norte. Los políticos estadounidenses mostraron su preocupación en caso de que el gobierno mexicano tratara de negociar algún tipo de acuerdo con los cárteles de la droga, una opción que resulta prácticamente imposible en este momento por los cambios en las estructuras del crimen organizado. Peña Nieto ha asegurado a los Estados Unidos que durante su mandato se mantendrá la guerra contra el narcotráfico. Eso significa que continuarán las muertes, las desapariciones y la agitación social. Ni siquiera se menciona la posibilidad de redefinir la seguridad o la seguridad humana, aunque la idea de poner al ciudadano en el centro, más bien al estado, podría interpretarse como más cercana a ese concepto.

Hacer referencia a la necesidad de justicia y de acabar con la impunidad es un paso políticamente correcto pero que carece de un verdadero contenido. La impunidad subyace en las instituciones gubernamentales y la corrupción del sistema judicial ha sido, históricamente, una construcción del PRI. La impunidad tiene que ser atacada desde arriba, ya que ha sido consentida e incluso promovida desde arriba durante demasiado tiempo. A este respecto resultan ilustrativos los ejemplos de lo sucedido a anteriores gobernadores del PRI acusados de graves delitos contra la población, como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla, e incluso al propio Peña Nieto por su papel en los asesinatos y violaciones que tuvieron lugar en la comunidad de Atenco. No les ha pasado nada en absoluto. La cubierta de teflón que protege a los políticos del PRI ha sido cuidadosamente preservada, con un puñado de excepciones notables como la de los ex-gobernadores Tomás Yarington (imputado y prófugo) y Mario Villanueva (extraditado a los Estados Unidos), quienes han sido procesado por delitos vinculados a la guerra contra las drogas a instancias de las autoridades estadounidenses.

Política económica: hacer que México sea verdaderamente “inclusivo” requeriría algunos cambios estructurales en la política económica que no es probable que ocurran durante el gobierno de Peña Nieto. El objetivo de esta estrategia se contradice bastante con la fórmula para el crecimiento económico señalada en el cuarto punto y en otras afirmaciones del nuevo presidente.

Se ha comprometido a profundizar más que a revisar el NAFTA, lo que significa que el campo continuará siendo diezmado a causa de la competencia desleal por parte de los de productos agrícolas subvencionados provenientes de Estados Unidos, y que al estado no le estará permitido adoptar medidas elementales, como favorecer a las industrias nacionales cuando se realicen compras o nuevos contratos, o proteger a los sectores vulnerables. Fortalecer el mercado interno al tiempo que se expande el mercado global suena estupendo, muy equilibrado, pero lo cierto es que lo primero y lo segundo necesitan políticas distintas y, a menudo, contradictorias.

Por ejemplo, construir un mercado interior fuerte requiere que se apoye la producción nacional, que es lo lógico y necesario pero que está prohibido bajo las normas del comercio neoliberal, y México es un líder mundial firmando acuerdos draconianos de libre comercio. Requiere, además, tener una población con poder de compra, mientras que para priorizar la inversión extranjera y ser competitivo en un mercado global amañado contra los trabajadores lo que se precisa es reducir los salarios, algo que los gobiernos mexicanos han estado haciendo durante las últimas tres décadas con el PRI y el PAN en el poder.

El loable objetivo de invertir en infraestructura hace que nos preguntemos “¿inversión para quién?”, y deja abierta la pregunta de cómo abordará la administración los controvertidos proyectos de infraestructura que violan los derechos indígenas y humanos. Más crédito sería una buena idea, pero hasta ahora el poco que ha estado disponible ha ido a parar de manera abrumadora a las manos de los grandes productores, empeorando aún más la distribución de los ingresos.

Una mejor educación: Esto conlleva dos medidas fundamentales, dedicar más recursos públicos a la educación y enfrentarse a la vieja dirigencia del corrupto sindicato de maestros. Varios analistas han afirmado que la designación de Emilio Chauyfett como Secretario de Educación ha sido un golpe para Elba Esther Gordillo, con una larga trayectoria como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Yo no estoy tan segura.

Gordillo es un personaje político que escaló a lo más alto ejerciendo el poder de una gigantesca máquina para fabricar votos y clientela política. Esta máquina fue creada y sostenida por el PRI. Su capacidad para intercambiar favores permite a Gordillo ser quien manda en el sistema nacional de educación. Cambiar eso requeriría democratizar el sindicato. Las fuerzas para democratizar tienen que y deben provenir de las bases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizada para romper la influencia y la corrupción del sindicato, es en gran medida anti-PRI y está en contra de Peña Nieto. No es probable que su gobierno haga algo para fortalecer la democracia sindical de base (su partido bloqueó la transparencia en asuntos sindicales como parte de la reforma laboral) ni para apartar definitivamente a la dirigencia del SNTE.

Relaciones globales: lo que se dijo sobre ello fue tan poco sustancioso que resulta difícil saber lo que va a cambiar el gobierno de Peña Nieto. Las versiones escritas hablan de recuperar el lugar que le corresponde a México en el concierto de naciones como un “país solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad”. Cualquiera puede suponer lo que eso significa. Peña Nieto le contestó a Wolf Blitzer de CNN, quien le había preguntado deliberadamente cómo sería la relación con Castro y con Hugo Chávez, que tenía la intención de ampliar relaciones con los países del norte y del sur. Reconociendo así que los gobiernos del PAN enseguida se orientaron exclusivamente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y fueron hostiles hacia los gobiernos de centro-izquierda del Sur.

México ha actuado a veces como un representante de los Estados Unidos en la región, haciendo que otros países lo miraran con cierto recelo. El gobierno estadounidense ha utilizado activamente al mexicano en este sentido. Mientras la administración Obama siga generando divisiones en la región con el programa de Caminos hacia la Prosperidad, que solo incluye a los países que aceptaron firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos y mayor presencia militar de países aliados bajo la estrategia de la guerra contra las drogas, no le resultará fácil a Peña Nieto diseñar una política exterior neutral o equilibrada dentro del hemisferio, si ese es realmente el objetivo.

Las organizaciones de la oposición han prometido cambiar la orientación de sus esfuerzos y pasar de cuestionar las elecciones a cuestionar las políticas que consideran perjudiciales para el país. El líder de centro-izquierda y anterior candidato Andrés Manuel López Obrador se ha negado a reconocer al nuevo presidente y está construyendo un nuevo partido. En estos momentos, el movimiento #YoSoy132 está sorprendido e indignado por la respuesta violenta de la policía, al tiempo que hace un llamamiento a sus seguidores para que rechacen la confrontación violenta.

La frase que más se ha escuchado entre los analistas que siguieron el discurso inaugural de Peña Nieto es “el diablo está en los detalles”. Aunque Peña Nieto se ciñó a esos cinco puntos estratégicos con 13 decisiones que incluían acciones más específicas, todavía dejó espacio para la especulación.

Las promesas políticas son a menudo, si no habitualmente, dejadas de lado cuando comienza la verdadera tarea de gobernar y uno se pregunta si fueron sinceras y no prácticas, o diseñadas para construir una imagen, no un gobierno. El PRI tiene práctica en el arte de la simulación, de elaborar un discurso público y una práctica privada.

En cualquier caso, el país y el resto del mundo tienen ahora más pistas de lo que la vuelta del PRI significará para México, para los Estados Unidos y para la región.

Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional en la Ciudad de México, www.americas.org/es.

Traducción: Sara Plaza Moreno

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