Más de 220 mega granjas operan en el territorio de Yucatán causando estragos en las reservas de agua, la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el control territorial por parte de las comunidades. Esta industria apunta a la exportación y basa su funcionamiento en el saqueo de los bienes naturales, el avasallamiento de pueblos originarios y una operatividad a bajo costo a partir de la creación de empleo precario. La acelerada e intensa afectación socioambiental multiplica las resistencias de las comunidades mayas.
