Para mediados de 1997, ejecutivos de Chiquita Brands International se habían puesto nerviosos por la larga lista de sus llamados “pagos sensibles” en Colombia.
Durante años Chiquita pagaba en silencio a los grupos rebeldes que dominaban la costa norte del país productora de bananas. Los contadores de la compañía habían creado un sistema de clasificación de códigos de colores para los varios grupos guerrilleros que mantenían en sus libros. Chiquita inclusive había empleado a insurgentes anti-gubernamentales como guardias de seguridad en algunas de sus plantaciones.
Pero el equilibro de poder se fue alejando de las guerrillas hacia los grupos paramilitares crecientemente poderosos, y los pagos por seguridad de Chiquita reflejaban esta nueva realidad. Miles de dólares que antes habían ido a las guerrillas, fueron redirigidos a las Fuerzas Unidas de Auto-Defensa de Colombia (AUC), una confederación de narcotraficantes y escuadrones de la muerte del ala derecha, que prometía sacar a la guerrilla en la región y tomar el control del negocio ilegal de narcóticos. En los próximos años, Chiquita contribuiría casi 2 millones de Dólares a la expansión sangrienta de la AUC.
El complicado sistema de pagos ilegales era el “costo de hacer negocios en Colombia”, según las notas tomadas durante una reunión de gerentes en mayo 1977 a la que concurrió el Consultor General Robert Olson, el Consultor Principal Robert Thomas (quien probablemente tomó las notas), y los vicepresidentes de la compañía Wilfred “Bud” White, William Tsacalis y Robert Kistinger .
Mirando un estimado de U$S 120.000 de nuevos pagos a la AUC por seguridad en 1997, el grupo reflexionó sobre el cuadro principal: “Tal vez la cuestión no es “Por qué estamos haciendo esto”, sino mas bien… ¿Queremos embarcar bananas de Colombia?… Es necesario mantener esto muy confidencial – Hay gente que puede resultar asesinada.”
A medida que el debate sobre el propuesto tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia continúa, las revelaciones encontradas en los “Documentos de Chiquita” recientemente publicados deben ser tomadas en cuenta. Los archivos indican que en Colombia, los lazos comerciales y la presencia de corporaciones transnacionales no se traducen en mayor respeto por los derechos humanos o fortalecimiento del imperio de la ley.
Esta nueva trova de documentos confidenciales desde el interior de la compañía frutera Chiquita desnuda por primera vez cómo Chiquita, siempre enfocado en la obtención de mayores ganancias y en sus propias preocupaciones de seguridad, se involucró en un sistema paramilitar ilegal endosado por jefes regionales políticos y militares y responsable de miles de asesinatos de civiles.
Los documentos que han salido sobre los negocios de Chiquita también son una crítica y nueva fuente de evidencias para los fiscales y otros investigadores tratando de comprender las verdaderas estructuras de poder detrás de la guerra sucia de décadas en Colombia.
Casos largamente demorados contra políticos y oficiales militares relacionados con asesinatos de paramilitares recientemente se han iniciado en las cortes colombianas. En muchos casos, las víctimas han esperado más de 10 años por una posibilidad de justicia.
Los archivos de Chiquita
Chiquita entregó más de mil cartas confidenciales, memos legales y registros contables al Departamento de Justicia como parte de un acuerdo del 2007 en el que la Compañía admitió haber pagado alrededor de 1.7 millones de dólares al AUC –una organización terrorista extranjera designada por el Departamento de Estado- y convinieron en pagar una multa de 25 millones de dólares. El Archivo de Seguridad Nacional ha obtenido más de 5.500 páginas de estos registros bajo el Acta de Libertad de Información.
Los archivos muestran por primera vez que el gigante bananero realmente se benefició de años de pagos ilegales a grupos de guerrilla colombiana y escuadrones de la muerte de derecho responsables de incontables muertes de civiles. La nueva evidencia contradice la largamente sostenida posición de Chiquita –expresada en un convenio de sentencia con fiscales de USA- de que era víctima de extorsión y que nunca había recibido “ningún verdadero servicio de seguridad o equipos de seguridad reales a cambio de los pagos”.
El CEO de Chiquita Fernando Aguirre dijo a “60 Minutos” que era “un dilema tener literalmente una pistola apuntando a tu cabeza, donde alguien te dice “O me pagas o te voy a matar, o voy a matar a tus empleados””.
Pero la complicada relación de Chiquita con los paramilitares nunca fue tan clara. La AUC también proporcionó servicios vitales de seguridad, incluyendo “inteligencia sobre movimientos de guerrillas”, de acuerdo a un memo. Los paramilitares usaron a las milicias Convivir patrocinadas por el gobierno , y otras compañías para facilitar los pagos ilegales y disfrazar “el verdadero propósito de proveer seguridad”, según el abogado de Chiquita Robert Thomas. Funcionarios de la Compañía dijeron a Thomas que “todas las otras compañías bananeras de Santa Marta estaban haciendo contribuciones a una nueva compañía establecida por AUC llamada Inversiones Manglar, y que ellas “continuarían haciendo los pagos”, ya que no esperaban “obtener el mismo nivel de apoyo de los militares”.
Lazos Militares con Grupos Paramilitares Revelados
En realidad, los Papeles de Chiquita muestran que los militares realmente presionaron a la compañía para financiar AUC a través de grupos Convivir y que los oficiales militares a menudo servían de conductos para los pagos ilegales a funcionarios de gobierno local y estatal y “Autodefensas”. Los subsecuentes pagos al AUC fueron “hechos a pedido del Ejército”, según los registros contables de la compañía, y fueron puestos en lista junto con desembolsos a “oficiales militares y policiales” con el propósito de “facilitar pagos por servicios de seguridad”.
Son de particular interés numerosos pagos a unidades y oficiales de la Brigada 17 del Ejército, que estaban entonces bajo el mando de Rito Alejo del Río Rojas, que fue separado del ejército en 1999 y está ahora enjuiciado por el asesinato y vínculos con grupos paramilitares ilegales.
Los paramilitares operaban con virtual impunidad en las zonas de Colombia bajo el control de Del Río, según documentos de USA anteriormente declasificados y el AUC trabajaba en colaboración directa con sus fuerzas. Un cable del Departamento de Estado dijo que el armado y equipamiento sistemático de paramilitares regionales agresivos era “fundamental” para el éxito de su campaña anti-guerrillera. Los jefes paramilitares encarcelados Salvatore Mancuso y Ever Veloza García (“H.H.”) ambos han señalado a DelRío como uno de sus colaboradores clave en el Ejército Colombiano.
Un manuscrito entre los archivos de Chiquita da cuenta de una conversación con un General del Ejército Colombiano –cuyo nombre no es mencionado en el documento, pero cuya descripción se ajusta estrechamente a la de Del Río- quien habría “personalmente” ayudado a Chiquita con la “seguridad” e “información que impidió secuestros”. Sólo unos pocos meses después del retiro forzoso de Del Río, el ex General estaba evidentemente tratando de continuar su rol de intermediario entre la compañía y sus aliados en el AUC.
Conexiones Políticas
Los archivos de Chiquita también revelan algunas de las conexiones políticas más importantes de la compañía durante este período. Uno de los más firmes defensores de Del Río es el ex presidente Alvaro Uribe, quien como gobernador de Antioquia a mediados de la década de los 90, fue un entusiasta defensor de los grupos Convivir usados para llevar dinero a las AUC. Un memo de 1995 indica que, tanto Uribe como otro político, Alfonso Núñez, recibieron donaciones sustanciales de otra de las subsidiarias colombianas de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla.
Para Chiquita, estos pagos a políticos, paramilitares y oficiales militares eran el “costo de hacer negocios en Colombia”, pero queda por verse cuál sería el precio último.
La mezquina multa de 25 millones de dólares que Chiquita pagó para arreglar la investigación criminal del Departamento de Justicia puede parecer una pequeña cantidad de dinero a pagar por financiar, a sabiendas, un grupo terrorista extranjero, pero la compañía ahora enfrenta tanto como un billón de dólares por daños en juicios civiles presentados por víctimas de la violencia de la guerrilla y del AUC.
Yendo más al punto, simplemente no hay forma de calcular el valor de miles de vidas perdidas ante la violencia paramilitar y de la guerrilla financiadas por la compañía durante más de 15 años de operaciones en Urabá y Santa Marta.
Los archivos de Chiquita deberían ser un llamado de alerta para compañías ansiosas de tener una oportunidad de asentarse en el paisaje de siempre incierta seguridad de Colombia, y un recordatorio de que el libre comercio no viene sin un precio.
Michael Evans es un analista con el Proyecto de Archivos Seguridad Nacional.
Traducido por Maria Etchart
