Guatemala celebra la renuncia de Otto Pérez Molina
Hoy se materializa una fase importante de lo que miles de guatemaltecos y guatemaltecas han venido exigiendo desde el mes de abril, a raíz de que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP) develaran la participación de altos funcionarios públicos en la estructura de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
La enorme presión social y otra conjunción de factores condujo primero a la orden de aprehensión y posterior huída del secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Esto llevó a la renuncia de ésta y poco tiempo después, a su encarcelamiento. La presión multisectorial para que el titular del Ejecutivo, Otto Pérez Molina, asumiera la responsabilidad penal correspondiente, desembocó en la renuncia del mismo y en el inicio de un documentado proceso judicial en su contra.
El inicio de las audiencias estuvo por tanto lleno de emociones para un amplio sector de la población que, pese a las buenas noticias, no ha dejado de presionar en contra de la corrupción y a favor de reformas sustanciales en diversos ámbitos de la vida institucional y política del país. Como dijo una mujer el 3 de septiembre en la plaza central, “Hoy apenas se inicia el proceso de la recuperación del Estado de Guatemala que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Esto apenas empieza”, recalcó.
La corrupción que hoy se devela ha sido conocida por décadas y su enquistamiento en el Estado se ha profundizado a lo largo de sucesivos gobiernos. Pero ¿qué es lo que se ha conjugado para hacer posible que algo de esta magnitud sucediera?
Por un lado, pese a que la corrupción en los tres poderes del Estado–Ejecutivo, Legislativo y Judicia–ha facilitado al crimen organizado controlar el país desde el centro hasta el poder local, el descaro y el maltrato ejercido por altos funcionarios de este gobierno, y particularmente por la vicepresidenta, provocó la indignación y el descontento de millares de personas e incluso de funcionarios y funcionarias del Estado. No sólo robaban sino lo hacían descaradamente y presionaban a todos los niveles para sacar su tajada de los negocios turbios del Estado, con lo que se crearon las condiciones para una fuerte oposición a su gestión.
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El descaro y el maltrato ejercido por altos funcionarios de este gobierno provocó la indignación y el descontento de millares de personas
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Este descaro y la revelación de que Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la ex vicepresidenta, se había fugado cuando la acompañaba a recibir un doctorado honoris causa en Corea del Sur, despertaron la indignación de amplios sectores urbanos. A partir del 25 de abril, nueve días después de que la CICIG hiciera público el involucramiento de Monzón y de que apresaran a 20 funcionarios de gobierno, incluyendo directores del ente encargado de la recaudación tributaria y funcionarios del sistema judicial, muchos sectores de la sociedad se manifestaron sábado a sábado en la plaza central de Guatemala, llegando a reunir hasta a 70 mil personas en su momento más álgido.
A la convocatoria de jóvenes de la Universidad Nacional y otros por las redes sociales, se unieron por primera vez en la historia, las universidades privadas, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas y, aunque tardíamente, el sector privado, bajo la consigna de pedir la renuncia del presidente y terminar con la corrupción. A estas voces se unieron las de sectores diversos en los principales departamentos de Guatemala. Esta diversidad no pudo ser desoída (a diferencia de las muchas manifestaciones que mujeres, organizaciones indígenas y campesinas han venido realizando por años).
En ese contexto, la CICIG fue asumiendo mayor protagonismo y respaldó abiertamente a la Fiscal General, respaldo que se hizo cada vez más evidente gracias a los medios de comunicación y que fue acompañado de apariciones del embajador de EEUU exigiendo el fin de la corrupción e insistiendo a la vez en el mantenimiento de la institucionalidad ante el temor de un desbordamiento social. Es importante destacar el papel que los Estados Unidos han tenido en el afán de propiciar un clima favorable al impulso del programa de la Alianza para la Prosperidad que ha sido anunciado para los tres países del triángulo norte centroamericano.
Esta agenda común multisectorial sin precedentes, empieza a mostrar sus fisuras en la medida en que los distintos sectores evidencian sus intereses. Esta tensión se hizo palpable cuando algunas organizaciones campesinas bloquearon carreteras demandando las reformas a la ley electoral y el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), máximo órgano que aglutina a las distintas cámaras del sector privado, antepuso un antejuicio en contra de dichas organizaciones.
El día de hoy esta crisis históricamente acumulada se expresó finalmente bajo la gran presión ejercida. En las últimas horas del 2 de septiembre, Otto Pérez Molina, después de resistirse a las crecientes demandas de que renunciara finalmente notificó su renuncia. En horas de la mañana del día siguiente asistió a la primera audiencia de lectura de cargos luego de lo cual el juez decidirá si le da trámite a un juicio formal en su contra, lo cual parece probable.
El Congreso conoció y aceptó su renuncia y casi inmediatamente se nombró a su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, que ejercerá hasta el 14 de enero próximo cuando asumirá la nueva administración designada formalmente este domingo 6 de septiembre en elecciones generales para escoger además diputaciones y alcaldías.
El nuevo titular ha preparado una terna de tres académicos conservadores que en las próxmas horas presentará al Congreso para ocupar la Vicepresidencia durante este período de transición hasta que asuma el nuevo gobierno. El perfil de la terna es más académico que de trayectoria política, a excepción de Raquel Zelaya, analista y participante de diversas iniciativas sociales y conocida también por sus nexos con el Opus Dei.
Pese a que varios sectores han pedido reiteradamente que no se lleven a cabo elecciones (En estas condiciones no queremos elecciones, es su consigna), y que se cancele el registro del partido LIDER, hasta hace poco puntero en los censos electorales. Esta demanda de cancelación se basa en que de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, ese partido excedió por mucho el techo de gastos publicitarios de campaña y según señalamientos de la CICIG y el MP, su candidato vicepresidencial que fue director del Banco de Guatemala (estatal) está involucrado en hechos de corrupción y de lavado de dinero.
Con el desprestigio del sistema político, el llamado a abstenerse y al voto nulo es significativo y de todas formas las opciones con posibilidades de ganar son del abanico de derecha o vinculados a militares y con acusaciones de nexos obscuros. En ese sentido ni siquiera Sandra Torres, exesposa del presidente anterior Alvaro Colom y fundadora del partido Unión Nacional de la Esperanza que se presenta como social-demócrata, se salva de estos señalamientos.
En este escenario, lo más importante es que amplios sectores de la sociedad guatemalteca se expresaron y rompieron el silencio que por décadas ha dominado la participación de la población. Este silencio ha nacido del miedo, la opresión y la represión de sucesivos gobiernos militares (Zury Ríos es quizás quien más claramente expresa estos vínculos por ser hija de Efraín Ríos Montt, procesado por genocidio), amén de la marginación vivida por las mayorías y particularmente por los pueblos indígenas, en una sociedad y un Estado estructuralmente racista y por lo mismo, profundamente dividido por la desigualdad.
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Lo más importante es que amplios sectores de la sociedad guatemalteca se expresaron y rompieron el silencio que por décadas ha dominado la participación de la población
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Este proceso ha reunido, por ejemplo, a autoridades indígenas con estudiantes, a estudiantes de universidades privadas y la universidad nacional, a mujeres de distintos sectores y organizaciones, entre otros muchos, así como a un amplio sector de población que por primera vez se manifiesta y responde a las convocatorias para pronunciarse. Estas dinámicas han penetrado en las voluntades de mucha gente y sobre todo han hecho tomar conciencia de su propio poder para lograr cambios. Cualquier cosa que suceda en el escenario político en los próximos meses, y sea cual sea el perfil del nuevo gobierno, los funcionarios y la empresa privada saben que la vigilancia ciudadana estará presente, y que la impunidad con que se ha actuado no podrá continuar sin provocar importantes fisuras y enfrentar presiones en el futuro.
Las profundas reformas que el Estado requiere para enfrentar la impunidad y la corrupción constituyen el reto más importante para el gobierno de transición como base y presión para el próximo gobierno, que incluyen la depuración del organismo judicial, la ley de servicio civil para garantizar la idoneidad de la función pública y la Ley electoral y de partidos políticos que no se logró aprobar antes de las elecciones y que por lo tanto no sería efectiva hasta las elecciones próximas, pero sentarán bases para evitar que los diputados que ahora buscan ser reelegidos (y que constituyen aproximadamente un tercio de los diputados actuales) actúen con mayor cautela ante la inminencia de que su período llega a término.
Pero el enquistamiento estructural del crimen organizado en el Estado requerirá del concurso de muchos factores y actores, incluyendo un sostenido papel de la CICIG en la investigación y denuncia, la continuidad de una actuación decidida del Ministerio Público, incluyendo su propia depuración, y el concurso de la sociedad para la vigilancia permanente. Los cambios de fondo que el país demanda para enfrentar la desigualdad social, el creciente saqueo de los recursos naturales, la participación activa de los Pueblos Indígenas, entre otros, probablemente generen confrontaciones entre los sectores hoy unidos alrededor de la coyuntura, pero los rostros de las alianzas y de las fuerzas sociales, así como la evidencia de la necesidad de cambios de fondo han cambiado ya el rostro del país.
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La sociedad guatemalteca se siente orgullosa de sus logros y esto hay que celebrarlo
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La sociedad guatemalteca se siente orgullosa de sus logros y esto hay que celebrarlo. El impacto de la conciencia de su propio poder seguramente fortalecerá esa misma noción en los otros pueblos de la región que enfrentan procesos similares, particularmente en Honduras. El papel de la CICIG en todo este proceso y en sus resultados coyunturales ha sido evidente y oxigena las críticas que la intervención de la comunidad internacional tiene en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Su credibilidad depende también de la continuidad y coherencia de su accionar.
Falta ver si los Estados Unidos y los poderes económicos nacionales y transnacionales toman conciencia de la imposibilidad de continuar explotando los recursos y abonando así a profundizar las desigualdades sin poner en riesgo la estabilidad política de las sociedades. Ahí reside el reto mayor en este mundo globalizado.
René Otoniel Martínez, guatemalteco, es escritor y periodista.
