Las conversaciones realizadas entre la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno presidido por Maduro con la intermediación de Noruega, en territorio mexicano representan el fracaso de la estrategia injerencista estadounidense en ese país, así como también el fin del Grupo de Lima. En efecto, el 13 de agosto se inició oficialmente una nueva etapa de negociaciones para restablecer la institucionalidad y la convivencia democrática en Venezuela y poner fin a las sanciones económicas que asfixian a sus ciudadanos.
En la Plataforma Unitaria –que agrupa a la mayoría de partidos de la oposición– participa Juan Guaidó, Leopoldo López y otras figuras destacadas de la oposición. Las conversaciones con el gobierno de Maduro cuentan con el beneplácito de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Estos países coinciden en su disposición a “revisar las sanciones” impuestas a Venezuela si se produce “un avance significativo en una negociación global” que repare “las instituciones del país” y permita elecciones libres.
Esa voluntad política fue puesta de manifiesto por Antony Blinken, Josep Borrell y Marc Garneau, máximos representantes de la diplomacia de esos países, en un documento que firmaron conjuntamente a fines de junio, en el que abogaron además por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas.
El fracaso del proyecto Guaidó presidente
Estos puntos revelan un cambio radical de enfoque con respecto a la propuesta durante el gobierno de Trump, cuando Mauricio Claver Carone, entonces director de Asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Elliot Abrahams, enviado especial para Venezuela, consideraban –a principios de 2019– que Juan Guaidó era quien tenía que convocar a elecciones en ese país. Para ambos, Maduro era sólo un ciudadano más de Venezuela y, como tal, sólo podría transmitir esa oferta al gobierno interino presidido por Guaidó. “Nosotros no reconocemos a Maduro como Presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada”. Una grosera injerencia, con el pie en alto, en casa ajena.
Entonces el Grupo de Lima apoyaba incondicionalmente esa prepotente actitud que sólo agudizó la crisis y el sufrimiento de la población. Sin considerar que Venezuela tiene un cogobierno cívico-militar, el Grupo alentaba a las Fuerzas Armadas a desconocer a Maduro. Había que ser poco conocedor de la realidad del país para suponer que podían triunfar fácilmente. Así les fue en Afganistán…
El plan express para derrocar a Maduro incluyó ingentes recursos para mantener representaciones diplomáticas paralelas y en algunos organismos internacionales; manipulación de la ayuda humanitaria con fines políticos y, lo más grave, la agudización de un plan de embargos y bloqueos para asfixiar la economía, que ya se había iniciado en 2015 bajo el gobierno de Obama, al considerar que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Tampoco tuvieron éxito las incursiones armadas conjuntas de militares venezolanos que habían desertado y ex miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, entrenados en territorio colombiano (Operación Gedeón) con el objetivo de capturarlo, así como a otros dirigentes, en mayo de 2020. Se trata de las empresas militares privadas que contratan mercenarios como las que participaron en el asesinato del presidente de Haití y las que estaban presentes en Afganistán.
El proyecto “Guaidó presidente” coronó su fracasó el 6 de diciembre de 2020 cuando perdió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional toda vez que la mayor parte de la oposición no participó de la elección por considerar que sería fraudulenta, de la misma forma que lo dijo Donald Trump en las elecciones frente a Joe Biden y, como lo presagia ya, Jair Bolzonaro sobre las elecciones que tendrán lugar en octubre de 2022. Sin el cargo, Guaidó perdió el paraguas de legitimidad que le permitió ser reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, la mayoría de los cuales, lo siguen reconociendo como tal, en un claro ejemplo de irrespeto a la institucionalidad.
Un giro en la política exterior estadounidense
Es probable que este sea uno de los motivos por los que el gobierno de Biden, en consonancia con la Unión Europea y Canadá haya dejado de lado una solución injerencista y optado por una entre venezolanos amparada en su Constitución. Es posible también, que hayan presionado a la oposición para actuar como un frente para poder tener chances de derrocar a Maduro. El financiamiento a la oposición es costoso.
Sin embargo, la política exterior de Estados Unidos tiene también sus grandes contradicciones. No es lo mismo el Pentágono que el Departamento de Estado, que propicia las negociaciones. Evidentemente, el presidente de Colombia, Iván Duque, no responde a esta entidad cuando señala respecto al actual proceso de diálogo que “cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que sólo promoverá el éxodo y la miseria.” No es casualidad tampoco, que el mismo día de las negociaciones, Duque, haya ordenado el “allanamiento y asalto” de la empresa venezolana de fertilizantes “Monómeros” radicada en Barranquilla para “crear una provocación” que terminara rompiendo el diálogo con la oposición.
En esa misma línea el Senador demócrata de Estados Undios, Bob Menéndez impulsó una declaración que acompañaron sus pares, los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores de los Parlamentos del Reino Unido, Alemania, el Parlamento Europeo, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa, Polonia y Dinamarca, en la que instaron al presidente Maduro a que “actuara de buena fe para poder restaurar la gobernanza democrática, restablecer el estado de derecho, y devolverle las libertades fundamentales y la dignidad humana al pueblo venezolano. Un acuerdo que concrete las condiciones y los términos de nuevas elecciones – especialmente elecciones legislativas y presidenciales – es clave para este esfuerzo.
Parecerían desconocer que, a fines de junio, Nicolás Maduró manifestó estar dispuesto a salir del poder en 2022 con un referéndum revocatorio de su segundo mandato, calificado como ilegítimo y usurpado por la oposición, para lo cual ha invitado a los venezolanos a recoger las firmas para solicitar las elecciones plebiscitarias del cargo presidencial según lo establece la Constitución nacional.
Esta interferencia en el proceso venezolano lo replican internamente los sectores de la oposición más radical que no participan de las elecciones, al vapulear a Guaidó. Si bien este sector que no participa de las elecciones es minoritario, tiene capacidad de hacer mucho ruido y cobertura en medios de comunicación internacionales. Entre ellos se encuentra María Corina Machado, quien considera que la firma del memorando entre la oposición y el gobierno lo que hizo fue “reconocer al régimen de Maduro como gobierno legítimo” y no como un régimen usurpador. Otros líderes como Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas y Andrés Velásquez Partido Causa R, que tampoco participan, exigen que el gobierno sea condenado por crímenes de lesa humanidad, que se aplique la Carta Democrática Interamericana y que se rebelen los militares. Estos sectores le recuerdan a Guaidó que antes sostenía que “votar en elecciones en las que participe Maduro es ser un tonto útil, un traidor y un cómplice del régimen”.
Las negociaciones
El hecho concreto es que el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, y el abogado de la oposición Gerardo Blyde, firmaron el 13 de agosto un memorando de entendimiento en México antes de iniciarse la primera ronda de negociaciones en ese país. Se han previsto mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales, así como acompañamiento internacional. Además de Noruega como facilitador, los Países Bajos, Rusia y otros países a los que convocará Noruega conformarán un denominado Grupo de Países Amigos del Proceso.
La primera ronda de negociaciones se realizó del 13 al 15 de agosto y fue calificada por los representantes de la oposición y el gobierno como “constructivas”. La firma del memorándum de entendimiento y el incio de las negociaciones fueron respaldados por un nuevo comunicado conjunto del representante de la diplomacia de la Unión Europea y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en el que manifestaron “estar dispuestos a revisar sus sanciones a Caracas si hay avances significativos en las negociaciones”. El canciller de México, Marcel Ebrard, declaró en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “que toda la región y el mundo entero tienen los ojos y los mejores deseos puestos en la conversación”. Por el lado del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez declaró que con el gobierno funciona el diálogo, la negociación y el respeto a la Constitución y no las amenazas.
Como resultado de las negociaciones, 31 de agosto, la opositora Plataforma Unitaria anunció a la comunidad internacional que participaría de las elecciones regionales y municipalidades que tendrán lugar el 21 de noviembre.
El segundo encuentro se realizó entre del 3 al 6 de septiembre y concluyó con dos acuerdos preliminares: El primero no requiere mayor negociación, pues se trata de la defensa conjunta de la soberanía sobre la Guayana, Esequiba, territorio en disputa territorial que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace 180 años. El otro, más relevante, establece la necesidad de rescatar y “recuperar los activos pertenecientes a Venezuela, así como los dineros y riquezas que se encuentran en el exterior, necesarios para la recuperación económica en la post pandemia”. Los recursos serían así destinados en materia de salud: dotación de hospitales, compra de vacunas contra el Covid-19, rehabilitación de hospitales, etc.”.
Sin embargo, a pesar de las congratulaciones del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, por el desarrollo de las conversaciones, no queda claro todavía cuál será el alcance de los recursos que deberían ser destrabados para cumplir con las metas acordadas. Biden tiene la llave para destrabar los dineros que le pertenecen a Venezuela, en un contexto en el que avanzan las negociaciones.
El segundo encuentro en México estuvo cargado de algunas puyas propias del escenario electoral. Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria explicó que los puntos debatidos buscan aminorar la profunda crisis económica que golpea a Venezuela, aunque resaltó que el problema de fondo es un modelo económico que “fracasó”. Por su parte, Nicolás Maduro, ha prometido mano dura (en referencia a Juan Guaidó) quien enfrenta múltiples acusaciones en Venezuela y ha declarado que sueña “con el día que haya justicia porque es mucho el daño que ha hecho”. Dijo además que siente que en México están negociando con Estados Unidos “porque esos políticos (en referencia a la oposición) han respondido a las políticas estadounidenses siempre, en tiempos de Bush, de Obama, de Trump, y ahora de Biden”. Lejos han quedado los tiempos en los que el presidente interino de Venezuela, ovacionado de pie por republicanos y demócratas en el Capitolio cuando fue invitado por Trump a su discurso del Estado de la Unión en febrero de 2020 Guaidó. Vapuleado por la oposición que no participa de las negociaciones, es también acusado por el gobierno de “delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado». Guaidó, a su vez, ha impulsado una acusación a Maduro de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.
El fin del Grupo de Lima
El Grupo de Lima nació en agosto de 2017 por iniciativa del ex presidente Donald Trump, específicamente por su asesor en seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que permitiera invocar a la Carta Interamericana Democrática y sancionar a Venezuela en el marco de la OEA.
Su creación tuvo lugar en circunstancias de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Como se recordará, la Asamblea Nacional, que presidió Juan Guaidó, fue ganada por la oposición en 2015, en el marco de una campaña política que buscaba la salida de Nicolás Maduro, elegido en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez. Las demandas para que Maduro abandonara el poder se tornaron violentas y en 2017 este convocó a una Asamblea Constituyente que funcionó como una instancia paralela a la Asamblea Nacional. El objetivo del Grupo de Lima fue interceder a favor de la oposición en contra de Maduro, cuyo gobierno fue calificado como un régimen autocrático al haber elegido la Asamblea Constituyente que, sin embargo, la constitución lo permitía.
La ausencia de México en las reuniones de dicho Grupo desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en julio de 2018 y la renuncia formal de la Argentina el pasado 24 de marzo debilitaron al Grupo de Lima y el plan de Boltonque buscaba aislar y sancionar con respaldo de dicho Grupo al gobierno venezolano. El canciller argentino Felipe Solá expresó entonces su desacuerdo con las prácticas que buscaban aislar al gobierno de Venezuela imponiendo sanciones y bloqueos, que no habían hecho más que agravar la situación de su población.
La condena que ha hecho el gobierno peruano a los bloqueos, embargos y sanciones unilaterales a países de la región, así como el anunció del gobierno de Santa Lucía, el 11 de agosto, de retirarse del Grupo de Lima, restablecer de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro y actuar en consonancia con la posición oficial de la Comunidad del Caribe (Caricom) de no injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos, constituyen un golpe mortal. El Grupo de Lima se ha convertido en un cadáver que yace en la morgue geopolítica, que muchos se niegan a reconocer.
Este Grupo fue el contraejemplo de una entidad mediadora, pues la oposición actuaba como juez y parte, al ser miembro del mismo, mientras que el gobierno de Maduro no lo reconocía. Además, dos de sus miembros no estaban en condiciones de impartirle clases de democracia a ningún gobierno: Honduras y Bolivia. El gobierno del primero fue electo en un proceso muy irregular que determinó que el propio Luis Almagro, dijera que estas debían repetirse. En el caso del gobierno de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, su designación fue resultado de un golpe de Estado avalado por la OEA.
Hoy las negociaciones para restablecer la convivencia democrática, la independencia de poderes y el fin de la crisis humanitaria en Venezuela avanzan por otras vías. Mientras tanto, una ciudadanía agotada observa con algún grado de esperanza que esta nueva etapa de negociaciones, cuyo destino y agenda está diseñado por los venezolanos al amparo de su Constitución, termine con la crisis que aflige a ese país. Como lo señala el Washington Post, el encuentro de México es como una súplica de los propios actores en conflicto para no empeorar aún más la situación de una sociedad que ve cómo muchas muertes y sufrimiento evitables se concretan, cómo miles de sus ciudadanos siguen saliendo hacia otras naciones, en una crisis de movilidad sin precedentes en la región y cuyas consecuencias son aún inestimables para el propio país. La próxima reunión tendrá lugar nuevamente en México del 24 al 27 de septiembre.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
