{"id":1083,"date":"2007-04-18T14:18:04","date_gmt":"2007-04-18T14:18:04","guid":{"rendered":"http:\/\/cipamericas.org\/?p=1083"},"modified":"2015-12-28T16:46:46","modified_gmt":"2015-12-28T21:46:46","slug":"4162","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/4162\/","title":{"rendered":"Una prolongada inestabilidad"},"content":{"rendered":"

Hace diez años se instaló en Ecuador la inestabilidad político-social, como consecuencia de la irrupción de nuevos actores (el movimiento indígena) enfrentados a la resistencia de las viejas elites que se niegan a abandonar el control del Estado. <\/strong><\/p>\n

El abrumador triunfo del presidente Rafael Correa en la consulta del pasado domingo 15 de abril, en la que su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente consiguió el respaldo de más del 80% de los ecuatorianos, abre un proceso electoral para elegir constituyentes con una fuerte polarización entre la derecha y el gobierno. <\/p>\n

En sus primeros meses de gobierno Correa no pudo superar la inestabilidad institucional que vive el país desde hace más de diez años: desde 1996 ningún presidente terminó su mandato, ante las reiteradas insurrecciones y protestas sociales que sacudieron al país. Parece difícil que ahora lo consiga, ya que la población—y muy en particular el movimiento indígena—no parece dispuesta a tolerar el dominio de las elites blancas que sumieron al país en la pobreza pese a contar con amplios recursos naturales, sobre todo petróleo; y esas elites no se resignan a perder sus privilegios provocando un clima de confrontación. <\/p>\n

El sorprendente triunfo de Correa en las elecciones del 26 de noviembre, se relaciona con la existencia de una sociedad civil organizada que ha venido mostrando su rechazo a los planes neoliberales. Sin partido y sin candidatos al Congreso, el nuevo presidente cuenta con el respaldo de una porción significativa de los ecuatorianos. Tiene por delante la ardua tarea de desmontar un Estado colonial creado por las elites. Su principal arma, que viene provocando una tenaz resistencia de esas mismas elites, es la convocatoria de una Asamblea Constituyente que permita refundar el país y dotarlo de un Estado que represente a quienes han sido excluidos durante cinco siglos. <\/p>\n

La historia larga <\/h3>\n

El último presidente que terminó su mandato fue el conservador Sixto Durán Ballén (1992-1996). A partir de ese momento se sucedieron ocho presidentes en un clima de agitación social casi continua. Pero la inestabilidad comenzó en realidad en 1990, cuando un potente levantamiento indígena, en el mes de junio, comandado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) provocó un temblor político y social y colocó a los indígenas en el centro del escenario ecuatoriano. En adelante serán la fuerza con la que será necesario negociar o confrontar. Y ya no volverán a ser un actor secundario o sumergido. <\/p>\n

Abdalá Bucaram venció en las elecciones de 1996, pero su gobierno duró menos de seis meses ya que fue destituido por el Congreso al declararle "incapacidad mental para gobernar". El derechista Bucaram realizó una gestión tormentosa, plagada de irregularidades y provocó masivas movilizaciones en su contra. Le sucedió por unas horas la vicepresidenta Rosalía Arteaga, pero el Congreso entregó el poder a su presidente, Fabián Alarcón, que actuó como presidente interino hasta que en agosto de 1998 Jamil Mahuad venció en la segunda vuelta electoral al millonario Alvaro Noboa. <\/p>\n

Mahuad gobernó entre el 10 de agosto de 1998 y el 22 de enero de 2000. En esa fecha una amplia revuelta indígena apoyada por un grupo de coroneles rebeldes, entre los que destacó Lucio Gutiérrez, lo forzó a renunciar asumiendo el cargo el vicepresidente Gustavo Noboa. Todo esto sucedió en medio de una quiebra financiera que llevó a congelar los depósitos de los ahorristas y a sustituir la moneda nacional por el dólar. <\/p>\n

Las elecciones de 2002 las ganó Gutiérrez gracias al masivo apoyo indígena, ya que el ex coronel se había comprometido con un programa de cambios profundos al declararse "nacionalista, progresista y revolucionario" y proponer una "segunda independencia" para Ecuador. Gutiérrez incluyó a destacados dirigentes indígenas en su gabinete, como la canciller Nina Pacari, la primer mujer indígena en asumir ese cargo en el continente. <\/p>\n

Pronto Gutiérrez traicionó a sus aliados. Firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), decidió un programa de ajuste estructural y se apoyó en la derecha del Partido Social Cristiano (PSC). La Conaie sufrió una dura crisis de la que aún no se ha recuperado totalmente. Por un lado, los dirigentes se alejaron de sus bases, ya que muchos ocuparon cargos en el gobierno. Por otro, Gutiérrez utilizó los recursos del Estado para dividir y cooptar al movimiento, y llegó a utilizar una represión selectiva contra los que resistieron, hasta que en julio de 2003, seis meses después de instalado un gobierno que levantó enormes expectativas, la Conaie retiró a sus militantes del gabinete. <\/p>\n

En la medida que el gobierno de Gutiérrez se hacía más impopular, crecieron las protestas. Los acuerdos con los organismos financieros internacionales llevaron a la privatización de las empresas estatales de electricidad y telecomunicaciones y la suspensión de las subvenciones para el consumo de gas. El 20 de abril de 2005 el Congreso destituyó a Gutiérrez en medio de una masiva protesta urbana focalizada en las clases medias y los jóvenes de Quito, conocidos como los "forajidos" (nombre que el presidente había usado contra sus críticos). <\/p>\n

Su sucesor, Alfredo Palacio, tomó distancia de la política pro-estadounidense de Gutiérrez y nombró al economista Rafael Correa como ministro de Economía. En este punto se produce un viraje en la historia reciente del país. Desde el ministerio Correa negoció con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la venta de 500 millones de dólares en bonos de la deuda externa y decidió que una parte de las exportaciones de petróleo no se usaran para pagar la deuda sino para gastos sociales. Pero las presiones de Washington, del FMI y del Banco Mundial forzaron la renuncia del ministro y Palacios promovió un giro a la derecha y se dispuso a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. <\/p>\n

El péndulo giraba una vez más hacia la derecha. Pero, también una vez más, los indígenas tomaron la iniciativa. En marzo de 2006 se produjo el último gran levantamiento indígena (en total más de diez desde 1990). Manifestaciones, bloqueos de carreteras y paralización del país que fueron respondidas por el gobierno con el decreto del estado de emergencia en la mitad del país (11 de 22 provincias). <\/p>\n

Los sectores populares se movilizaron bajo online casino<\/a> el lema "No queremos ser colonia de Estados Unidos" y consiguieron una resonante victoria. El 15 de mayo de 2006 el gobierno de Palacios debió dar marcha atrás: decidió expulsar a la Occidental Petroleum (OXY) y confiscar sus activos, una medida que venía reclamando el movimiento social, como forma de descomprimir la situación. De esa manera, quedó trabada la firma del TLC ya que la Casa Blanca señaló que en esas condiciones no lo firmaría. En este clima se produjo el triunfo electoral de Correa. <\/p>\n

La historia reciente <\/h3>\n

De cara a las elecciones del 15 de octubre Rafael Correa creó el grupo Alianza País, que reúne a un conjunto de grupos progresistas. La izquierda tradicional presentó sus candidatos, como suele hacerlo siempre. Y el movimiento indígena se empeñó en la candidatura de Luis Macas, presidente de la Conaie. Ninguno de estos dos sectores tuvo mayor respaldo en las urnas y ninguna posibilidad de derrotar a la derecha aglutinada en torno al magnate bananero Alvaro Noboa. En la primera vuelta ganó Noboa (hubo denuncias de fraude nunca comprobadas ni descartadas) seguido de Correa. Para la segunda vuelta se creó un vasto movimiento político-social de apoyo a la candidatura de Correa, integrado por los partidos Pachakutik (indígena), Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista e Izquierda Democrática, pero sobre todo sostenido por más de 200 organizaciones sociales. <\/p>\n

Este amplio movimiento frustró la victoria de la derecha que parecía estar en condiciones de vencer. Correa se mostraba contrario al TLC, a considerar "terroristas" a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como pretende la administración Bush, dijo que no renovaría el contrato de la base militar de Manta que operan las fuerzas armadas de Estados Unidos y apostó al proyecto de integración regional liderado por Hugo Chávez, el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas). Sobre el tema clave del petróleo fue tajante: "No podemos permitir que de cada cinco barriles producidos, las multinacionales se lleven cuatro y nos dejen uno. Vamos a revisar la participación del Estado en estos contratos" 1<\/a>. <\/p>\n

Aunque defendió su amistad con Chávez dijo que no es "chavista", pero aseguró que "somos parte acreedora del socialismo del siglo XXI que busca la justicia social, la soberanía nacional, la defensa de los recursos naturales y una integración regional que se base en una lógica de coordinación, cooperación y complementariedad" 2<\/a>. Con este discurso y esos apoyos venció en la segunda vuelta del 26 de noviembre con el 57% de los votos. <\/p>\n

Fuera del país fue una sorpresa. Su triunfo fue abrumador en la sierra andina habitada por quechuas (llegó al 75% en la provincia de Cotopaxi) y superó el 60% en casi todas las provincias de la selva. Pero perdió en tres provincias de la costa—baluarte de la oligarquía bananera y financiera—aunque obtuvo una excelente votación en varias de ellas, incluso en Guayas, donde está Guayaquil la segunda ciudad del país, alcanzó el 43% 3<\/a>. <\/p>\n

Sin perder tiempo, Correa se propuso convocar la Asamblea Constituyente. De inmediato el Congreso puso reparos al señalar que los cien diputados electos no cesarían en sus funciones aunque sesione la Asamblea. Por el contrario, Correa pretende que la Constituyente tenga la potestad de revocar al parlamento y a todos los cargos electos. El 1 de marzo el TSE (Tribunal Supremo Electoral) convocó a los ecuatorianos a una consulta para que decidan si quieren convocar una Asamblea Constituyente, a celebrarse el 15 de abril. La convocatoria directa no la puede realizar el gobierno y como Correa no presentó listas al parlamento la mayoría de los diputados (57 en 100) se negaron a hacerlo. Por esa razón es necesario dar este paso intermedio. <\/p>\n

Pero a comienzos de marzo la mayoría del Congreso decidió relevar al presidente del TSE, que el mismo parlamento había nombrado, por haber convocado al plebiscito. A su vez, el TSE destituyó a los 57 diputados que votaron la destitución de su presidente con el argumento de que la legislación ordena la destitución de todo funcionario que obstruya un proceso electoral 4<\/a>. La puja de poderes llevó a que el parlamento estuviera cerrado durante un mes. El gobierno apoyó la resolución del TSE y mantuvo una guardia policial en torno al Congreso para impedir que los legisladores destituidos ingresaran al recinto y sesionaran. El Congreso volvió a sesionar el 10 de abril, luego de un mes de inactividad, con una mayoría de diputados suplentes, reconociendo de esa manera la validez de la destitución de los 57 diputados. La tenacidad de Correa había triunfado ya que pudo superar la crisis sin violar la legislación y consiguió hacer realidad el plebiscito para convocar la Constituyente. Más aún, a partir del ingreso de los suplentes el Congreso pasó a tener una mayoría favorable al presidente. <\/p>\n

Parece evidente que Correa no podría haber salido airoso de esta confrontación si no fuera por los amplios apoyos que goza entre la población (un 70% según los sondeos) y por el enorme descrédito de la "partidocracia", como denominan los ecuatorianos a los políticos, a los que consideran corruptos. Ahora le queda por delante la elección de los 130 integrantes de la Constituyente, que se realizará entre octubre y noviembre de este año. Cien serán elegidos por circunscripción provincial, 24 por circunscripción nacional y seis por los emigrantes residentes en Europa y Estados Unidos. <\/p>\n

Un nuevo movimiento social <\/h3>\n

Los partidos de la derecha controlan la vida política del país y el aparato estatal desde hace 25 años. Incluso el ex jefe del FMI, Michel Camdesus, reconoció que Ecuador se caracteriza "por una relación incestuosa entre banqueros, grupos de presión político-financieros y funcionarios corruptos" 5<\/a>. Esos llamados "funcionarios corruptos" son en realidad los políticos de los partidos PRIAN (Partido Renovador Institucional de Acción Nacional) de Alvaro Noboa, el PSP (Partido Sociedad Patriótica) del ex presidente Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana. Estos partidos se vienen repartiendo cargos y prebendas del Estado. Por esa razón la credibilidad del Congreso y de los políticos apenas alcanza el 5%, y fue lo que permitió que Correa ganara las elecciones, entre otras razones por no presentar candidatos al parlamento 6<\/a>. <\/p>\n

Los 17 grupos económicos más grandes del país cuentan con 563 empresas que tienen ingresos por cinco mil millones de dólares—el 14% del PBI de Ecuador. Pero su declaración del impuesto a la renta de 2005 equivale sólo al 6% del total recaudado 7<\/a>. Sólo el Grupo Noboa, de Alvaro Noboa que compitió con Correa en las últimas elecciones, tiene 144 empresas, tuvo ingresos de 575 millones de dólares en 2005 y ganancias de 3,9 millones de dólares. Pero en el impuesto a la renta declaró apenas 978 mil dólares 8<\/a>. Estos datos son una pequeña muestra de los grupos económicos que dominan el país, representados por la derecha y que nombran funcionarios corruptos que les permiten evadir impuestos. Y estos grupos temen que un gobierno transparente ponga fin a sus fabulosas ganancias. <\/p>\n

Contra este estado de cosas nació en la última década un "movimiento ciudadano" que es el que ha llevado a Correa al gobierno. El economista Pablo Dávalos sostiene que en Ecuador hubo tres actores importantes en las últimas décadas: los trabajadores, cuyo protagonismo se debilitó con el modelo neoliberal; los indígenas, que pese a su gran protagonismo está desgastado en sus "dinámicas, discursos y propuestas"; y el nuevo movimiento ciudadano que representa un abanico heterogéneo de intereses y se propone como principal objetivo "la reforma política" 9<\/a>. <\/p>\n

No se trata de un movimiento tradicional con perfiles definidos pero representa una reacción moral profunda de la ciudadanía. "Se plantea la moralización del sistema político liberal, expresada en la despartidización de los organismos de control, de elecciones, de justicia, y en cambios procedimentales de la representación y el ejercicio del poder que contemplen, entre otras medidas, la revocatoria del mandato, los mecanismos anticorrupción y la fiscalización al sistema político" 10<\/a>. "Moralizar" la política puede parecer poco según la mirada de la vieja izquierda, pero en el contexto ecuatoriano sería una verdadera revolución. Lo cierto es que este movimiento difuso está cambiando el país: primero echó abajo a Gutiérrez y ahora llevó al palacio de gobierno a Correa. <\/p>\n

A diferencia de los movimientos anteriores, el actual movimiento ciudadano está integrado por las capas medias de las ciudades que se volvieron consumistas con el modelo neoliberal y ahora exigen una democracia que funcione. Esas capas medias se han beneficiado con la dolarización y sobre todo con las remesas de los emigrantes. Entre 2000 y 2005 se fueron del país dos millones de ecuatorianos en una población de 12 millones. Sus remesas en 2006 fueron de 3,000 millones de dólares, una cifra fabulosa que se acerca a los 3,600 millones de dólares que representan las exportaciones anuales de petróleo, el principal rubro exportador de Ecuador. Ese dinero llega directamente a las familias y lubrica un consumo centrado en los malls <\/em>. Para Dávalos, "las capas medias pretenden que el sistema político funcione con la misma transparencia con la que creen que funciona el mercado" 11<\/a>. <\/p>\n

El desafío que tiene por delante el presidente Correa es darle transparencia y eficiencia al sistema político, lo que supone reformarlo a fondo. Primero debe superar la resistencia de las elites y de los funcionarios estatales. Pero en segundo lugar, debe afrontar la contradicción que supone no salir de la dolarización, que convierte al país en una colonia de la economía estadounidense, mientras enarbola un discurso de soberanía nacional y se resiste a renovar el contrato por la base de Manta. Si retorna a la moneda nacional, las capas medias se sentirán defraudadas ya que su capacidad de consumo no se podrá mantener. Pero si no lo hace, millones de campesinos y de pobres urbanos, o sea indígenas, se seguirán empobreciendo ya que sus economías fueron destruidas por la dolarización. A la larga, deberá optar entre los ganadores y los perdedores de la dolarización. Una elección difícil pero imposible de eludir. <\/p>\n

End Notes<\/h3>\n
    \n
  1. <\/a> Maurice Lemoine, ob. cit. <\/li>\n
  2. \n

    <\/a> Idem. <\/li>\n

  3. \n

    <\/a> Datos del Tribunal Supremo Electoral del 28 de noviembre, en www.hoy.com.ec <\/a><\/li>\n

  4. \n

    <\/a> Kintto Lucas, ob. cit. <\/li>\n

  5. \n

    <\/a> Citado por Roger Burbach en "Nuevo gobierno izquierdista triunfa en la confrontación con la derecha", en Alterinfos <\/em>, 2 de abril de 2007. <\/li>\n

  6. \n

    <\/a> Eduardo Tamayo, ob. cit. <\/li>\n

  7. \n

    <\/a> Idem. <\/li>\n

  8. \n

    <\/a> Idem. <\/li>\n

  9. \n

    <\/a> Pablo Dávalos, ob. cit. <\/li>\n

  10. \n

    <\/a> Idem. <\/li>\n

  11. \n

    <\/a> Entrevista a Pablo Dávalos. <\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Hace diez años se instaló en Ecuador la inestabilidad político-social, como consecuencia de la irrupción de nuevos actores (el movimiento indígena) enfrentados a la resistencia de las viejas elites que se niegan a abandonar el control del Estado. El abrumador triunfo del presidente Rafael Correa en la consulta del pasado domingo 15 de abril, en […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-1083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1083"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1083\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18140,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1083\/revisions\/18140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1083"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=1083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}