En junio de 2002, el presidente mexicano Vicente Fox Quesada respondió positivamente a la sociedad civil mexicana e impresionó a la comunidad internacional cuando firmó la primera ley relativa a la libertad de información del país. Confeccionada atípicamente con la colaboración de personas ajenas a la política y aprobada unánimemente por ambas cámaras del congreso, la nueva ley de transparencia se considera una de las reformas democráticas más transformadoras en la historia de México, un paso crucial en el combate al añejo problema de la corrupción nacional. <\/p>\n
A menos de tres años, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno ya ha producido algunos alentadores casos de logro. Al mismo tiempo, el nuevo derecho a estar informados sigue siendo esquivo en el nivel local, en poblados como Catorce, en el estado de San Luis Potosí. <\/p>\n
Hoy, una coalición no lucrativa diseñó un sistema conocido como Ciudadanos por la Transparencia Municipal, Cimtra, que permita supervisar el cumplimiento de los cabildos. <\/p>\n
Incluso en ausencia de este instrumento municipal, algunos estados comenzaron a informar que ocurría un descenso en los niveles de corrupción. Sus ciudadanos están solicitando información que hace cuatro años no se había hecho pública, y el gobierno la está otorgando. Pero en la mayoría de los municipios, los ciudadanos siguen sin contar con mayor acceso a la información pública de lo que obtenían antes de que se aprobara dicha ley. <\/p>\n
Con el fin de instrumentar medidas de transparencia a nivel local, los gobiernos estatales deben adoptar sus propias versiones de la ley federal. Aun así, en los estados que han adoptado y puesto en operación leyes de transparencia, apenas 25 de los 1 062 municipios aplican ya regulaciones de apertura de archivos. Eso significa apenas el uno por ciento de los municipios mexicanos. El resultado es que, especialmente en los municipios rurales marginados, los ciudadanos mexicanos continúan siendo víctimas de esa corrupción y esos chanchullos oficiales que las leyes creadas intentaban combatir. La ironía no es que algunos residentes continúen siendo víctimas de la corrupción, sino que se les niegue el acceso a la información pública, pese a vivir en un Estado que pregona la libertad de información. <\/p>\n
La corrupción continúa siendo una plaga en México, y le cuesta al gobierno alrededor de 60 mil millones de dólares al año, según la empresa International Consulting Group. El año pasado, México tuvo un desempeño muy pobre en transparencia, según el International Corruption Perception Index, que mide cómo perciben los empresarios y los analistas del país el nivel de corrupción de un país en particular. De un rango de 10 (muy limpio) a cero (muy corrupto), México calificó con 3.6, y se situó en el lugar 64 de 146 países. Recibió la misma calificación que Tailandia y Ghana. <\/p>\n
En el contexto, Finlandia fue el primer lugar, con una calificación de 9.6, y Bangladesh y Haití quedaron en último lugar con 1.5 de puntaje. Estados Unidos obtuvo 7.5, compartiendo el puesto 17 con Irlanda y Bélgica. <\/p>\n
Según la Secretaría de la Función Pública1<\/a>, del gobierno mexicano, se calcula que 10 por ciento del gasto de los contratos públicos en México se lo come la “mordida”, o soborno2<\/a>. Recientemente, los tres principales partidos políticos fueron multados por financiamiento ilegal de sus campañas. <\/p>\n Nadie pondría en duda que las comunidades rurales pobres son víctimas potenciales de la corrupción precisamente porque carecen de información acerca de sus derechos. En muchos poblados y ciudades pequeñas de México, los funcionarios, por rutina, niegan la más básica información pública. Por ejemplo, pese a que la ley de transparencia en el estado de San Luis Potosí requiere específicamente que el directorio de los empleados municipales sea abierto, los funcionarios del municipio rural de Catorce se niegan a proporcionarlo a sus ciudadanos. Por más de un año, los funcionarios de Catorce han acallado resueltamente las acusaciones de que algunas personas en la nómina del poblado no brindan servicios verificables a la municipalidad. <\/p>\n Una mirada a cómo funciona ( o no funciona) la ley de libertad de información en Catorce y otros municipios pequeños de San Luis Potosí revela algunos de los retos que siguen impidiendo que el actuar gubernamental sea transparente para los ciudadanos más vulnerables. <\/p>\n Cuando en el estado de San Luis Potosí fracasan los esfuerzos en pos de una transparencia, esto ocurre por las siguientes razones: <\/p>\n <\/p>\n Teóricamente, el concepto de libertad de información en México no es algo nuevo. En 1977, el Congreso reformó el artículo 6 de la Constitución mexicana para que incluyera estas palabras: “El Estado garantizará la libertad de información”. Sin embargo, no se crearon mecanismos para otorgar a los ciudadanos acceso a los archivos. El gobierno mexicano, cuya tradición de impunidad y corrupción está muy documentada y firmemente incrustada en la cultura de la sociedad mexicana, simplemente siguió sin dar información al público. Como resultado, consistentemente las encuestas muestran que los ciudadanos mexicanos siguen siendo muy desconfiados del gobierno y rara vez buscan oportunidades de intervenir en el sistema político. Los esfuerzos esporádicos de la sociedad civil por combatir la secrecía, el compadrazgo y la corrupción en el gobierno en los últimos veinte años han sido infructuosos. <\/p>\n Luego, en 2001, el departamento de supervisión administrativa y auditoría del gobierno mexicano, Secodam3<\/a>, comenzó a redactar versiones preliminares de una ley de información como parte de una iniciativa contra la corrupción. Pero los observadores la hallaron débil. Los críticos se quejaron de que el borrador parecía orientado a proteger la confidencialidad del gobierno más que el derecho del público a enterarse. Los abogados de derechos humanos, los periodistas y los académicos se movilizaron con rapidez y redactaron una propuesta más fuerte, que eventualmente sometieron al Congreso. Conocidos informalmente como el Grupo Oaxaca, la coalición cabildeó en el Congreso por meses para que la resolución pasara. En un momento en que crecía el interés nacional e internacional, los miembros de la coalición exigieron más apertura del gobierno mexicano. Después de varios meses, el Congreso aprobó la legislación. El lenguaje de la ley de derecho a estar informados se apoyó muy fuertemente en el documento de Secodam, pero incluyó algunos poderosos adendos del Grupo Oaxaca. <\/p>\n “El producto final es una ley muy buena”, dice Kate Doyle, analista principal y directora del Mexico Project, de National Security Archive, con sede en Washington DC. “Está muy bien concebida, bien articulada e inequívoca en su intento de garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información del ramo ejecutivo”4<\/a>. <\/p>\n Después de la aprobación de esta ley federal, el 12 de junio de 2002, las entidades federativas se apresuraron a ratificar su propia legislación de transparencia.5<\/a> Las nuevas leyes, que en teoría favorecían la apertura y no la secrecía, requieren que las dependencias gubernamentales publiquen información básica rutinariamente y que permitan al público, fácil y rápidamente, solicitar la información pública no divulgada. Los ciudadanos tienen el derecho a apelar cualquier negativa de información y demandar legalmente al gobierno si estas apelaciones son denegadas. <\/p>\n Un elemento clave de la ley federal es que aquella información que se supone es ya pública, debe ponerse a disposición sin que medie solicitud alguna. <\/p>\n Uno de los componentes cruciales es la formación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Con éste, por vez primera los mexicanos cuentan con una dependencia cuyo propósito primordial es garantizar que los 250 ramos federales y autónomos respondan apropiadamente a las solicitudes de información pública.6<\/a> Según el IFAI, un 80 por ciento de las solicitudes que recibe su sitio electrónico tienen por resultado la liberación de informes. <\/p>\n Tanto la ley federal como las leyes estatales de transparencia permiten sancionar a los servidores públicos que escondan, alteren o destruyan información pública. Dichas leyes también contemplan el retener alguna información, sobre todo aquella que invada la privacía personal o la que esté clasificada o sea confidencial. Las dependencias gubernamentales tienen veinte días hábiles para proporcionar la información solicitada o para explicar por qué no se concede. Si una dependencia sostiene que los documentos solicitados son confidenciales, los comisionados del IFAI deben dilucidar si esta situación está o no justificada. La ley federal incluye una cláusula innovadora que prohibe específicamente que el gobierno retenga cualquier información concerniente a las violaciones a los derechos humanos o a crímenes contra la humanidad. <\/p>\n No obstante, la reforma tiene sus debilidades. No hace lo suficiente por combatir la secrecía en el Congreso o en el aparato judicial, que es famoso por corrupto.7<\/a> Además no exige que los partido políticos publiquen información acerca de sus fuentes de financiamiento. Lo que es peor es que su instrumentación deja mucho qué desear. <\/p>\n <\/p>\n\n
Breve historia de la transparencia en México <\/font><\/h3>\n