Casi a hurtadillas, con la garantía que significa para Estados Unidos la presencia del primer ministro peruano Pedro Pablo Kuczynski como negociador “político”–y desmarcado de sus socios andinos, el gobierno peruano ha concluido las negociaciones del TLC. Es inexplicable su apuro por cerrarlas en vísperas del inicio de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Hong Kong, foro en el que los países subdesarrollados intentan lograr condiciones más equitativas en agricultura y otras áreas de la economía internacional. Asimismo, a sabiendas que el Ejecutivo norteamericano sólo lo presentará a su Congreso cuando logre un “TLC andino”. Es evidente que los términos aceptados por el Perú marcarán los límites de las negociaciones de sus socios andinos.<\/p>\n
\nCon una presidencia mediocre es probable que el Presidente Peruano Alejandro Toledo piense que con este acuerdo se esté ganando unos bonos para pasar a la historia. Tenía razón el ex representante comercial norteamericano, Robert Zoellick, de decir, luego que se suspendieron las negociaciones del ALCA, que en América Latina había varios presidentes dispuestos a firmar cualquier acuerdo bilateral, antes de leerlo.<\/p>\n
\nDesde que se iniciaron las negociaciones en mayo de 2004 advertimos que los márgenes para alterar los contenidos básicos del TLC prácticamente no existían y que éste podría suscribirse sin el trámite de una “negociación”. Así lo ha señalado también en su carta de renuncia, la semana pasada, Luis Guillermo Restrepo Vélez, miembro del grupo técnico colombiano que representó al sector salud en la mesa de derechos de propiedad intelectual: “Sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de ‘negociación por intereses’, traspasar las ‘líneas rojas’ y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por Estados Unidos con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA). Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria.”<\/p>\n
\nA lo largo de estos meses hemos discrepado con la lógica económica y jurídica que encierran estos tratados. A cambio de hacer permanente el acceso al mercado norteamericano de los productos contemplados en el ATPDEA, se busca introducir y consolidar un cuerpo de reformas legales, especialmente en los ámbitos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones. El precio que se debe pagar por ese acceso es abdicar a los instrumentos de política económica que los países industrializados usaron históricamente para su desarrollo. Se trata de un bilateralismo desproporcionadamente asimétrico que obliga a los países más débiles a aceptar normas que rechazan en el ámbito multilateral.<\/p>\n
\nEl debate se ha centrado en los aspectos comerciales que, casi siempre, adquirió una tónica mercachifle. El análisis en términos geopolíticos, como proyecto de desarrollo de país, de integración regional, y como forma de inserción en la economía internacional en la era de la sociedad del conocimiento, prácticamente no ha existido.<\/p>\n
\nDesde luego, esto no sólo es responsabilidad del gobierno. Con contadas excepciones, son los dirigentes de los partidos políticos los grandes responsables de que la millonaria campaña propagandística del gobierno sobre “el mercado infinito y el trabajo para todos” haya opacado la discusión de esos otros aspectos, más difíciles de “asir”, es cierto, pero no por ello menos importantes. Esa campaña sólo difundió un océano de beneficios, ocultó los costos y, lo que es peor, manipuló estadísticas sobre resultados de un tratado que aún se estaba negociando. Pero los dirigentes políticos evitaron pronunciarse y, en algunos casos, esperan ver las encuestas de aprobación del TLC para emitir sus pronunciamientos con cálculos electorales.<\/p>\n
\nDe esta responsabilidad, aunque en menor magnitud, no se eximen algunos Colegios Profesionales (especialmente el de Abogados y el de Economistas), la mayoría de universidades y algunas ONG que pudieron orientar sus capacidades a promover estudios relevantes sobre esta problemática. Esta falta de participación de los partidos políticos y la sociedad civil dejaron al foro del Acuerdo Nacional sin posibilidad de contribuir a definir límites o siquiera indagar, oportunamente, sobre la innumerable cantidad de aspectos incluidos en la negociación. Se optó por mirar al costado. Con la inacción y el silencio, los dirigentes políticos y un sector de la intelectualidad han avalado este resultado. El Congreso dirá la última palabra y sólo tendrá dos opciones: ratificarlo o rechazarlo, pero difícilmente modificarlo, pues Estados Unidos dirá: lo toman así, o lo dejan. La capitulación se ha consumado. Pero el debate en el Congreso Peruano será una oportunidad para difundir los alcances del tratado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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