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Recul\u00f3 el partido del gobierno (PRI, m\u00e1s sus aliados PAN, Verde y Panal) en la C\u00e1mara de Diputados federal: la garra privatizadora lanzada esta vez sobre el agua \u2014cuyo acceso es un derecho constitucional\u2014 tendr\u00e1 que esperar mejores tiempos, no electorales, de preferencia.<\/p>\n
Al informar que el debate del dictamen de nueva Ley General del Agua, programado para el martes 10, fue diferido indefinidamente, el talante ofensivo del diputado priista Manlio Fabio Beltrones desnud\u00f3 su contrariedad: calific\u00f3 de \u201clento aprendizaje\u201d a quienes advirtieron el car\u00e1cter regresivo de la iniciativa, y dej\u00f3 entrever que la suspensi\u00f3n del proceso de aprobaci\u00f3n legislativo busca evitar que \u201calgunos pol\u00edticos en campa\u00f1a quieran tomarlo como bandera\u201d.<\/p>\n
El hecho es que ante la inminencia de un nuevo atraco de dimensiones colosales, la reacci\u00f3n social fue inmediata. La Uni\u00f3n de Cient\u00edficos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) exigi\u00f3 un debate p\u00fablico de la iniciativa y lanz\u00f3 un manifiesto<\/a> que en pocas horas reuni\u00f3 m\u00e1s de diez mil firmas.<\/p>\n Denunciaron la opacidad del proceso de discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la iniciativa y sus contenidos contrarios al Art\u00edculo 4\u00b0 Constitucional (\u201cToda persona tiene derecho al acceso, disposici\u00f3n y saneamiento de agua para consumo personal y dom\u00e9stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizar\u00e1 este derecho\u201d) y se\u00f1alaron cuatro de los graves problemas de la propuesta de ley.<\/p>\n Los cient\u00edficos alertaron a la comunidad acad\u00e9mica y a la sociedad sobre el intento de aprobaci\u00f3n \u201cfast-track\u201d de la iniciativa<\/a> de la Ley General de Aguas formulada por la Comisi\u00f3n Nacional del Agua, \u00f3rgano del gobierno federal, y presentada por los legisladores Kamel Athi\u00e9 Flores (PRI), Jos\u00e9 Antonio Rojo Garc\u00eda de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).<\/p>\n Al mismo tiempo, m\u00e1s de 30 organizaciones, movimientos e investigadores de instituciones acad\u00e9micas reunidas en el colectivo<\/a> Agua para Todos demandaron que sea considerada por los legisladores la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, presentada al Senado el 24 de febrero de este a\u00f1o.<\/p>\n La iniciativa ciudadana fue promovida por una petici\u00f3n<\/a> a trav\u00e9s de AVAAZ que al momento de redactar esta nota llevaba cerca de 14 mil firmas exigiendo que el Congreso deseche la iniciativa privatizadora y entable \u201cun genuino di\u00e1logo para la concertaci\u00f3n de una Ley General de Aguas que permita a M\u00e9xico transitar a una gesti\u00f3n sustentable y equitativa, en pleno respeto de los derechos humanos\u201d.<\/p>\n La iniciativa ciudadana<\/a> consta de 176 art\u00edculos y 19 transitorios que reglamentan las disposiciones constitucionales en materia de acceso al agua para consumo personal y dom\u00e9stico y definen \u201clas bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos h\u00eddricos\u201d.<\/p>\n Establece asimismo las facultades de la federaci\u00f3n, los estados y municipios, as\u00ed como la participaci\u00f3n ciudadana para: garantizar los derechos humanos al agua, a la alimentaci\u00f3n en relaci\u00f3n al agua y a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas; garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como el respeto a sus formas de gobierno en relaci\u00f3n con el agua.<\/p>\n Tambi\u00e9n dispone medidas para restaurar los flujos de aguas subterr\u00e1neas y superficiales; eliminar progresivamente la contaminaci\u00f3n as\u00ed como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterr\u00e1neas, y acabar con la vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n ante sequ\u00edas e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.<\/p>\n En cambio, la finalidad de la iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, llamada Ley Korenfeld por ser obra del director de la CONAGUA, David Korenfeld, es entregarle al sector privado la distribuci\u00f3n del l\u00edquido, lo cual elevar\u00e1 las tarifas, no ofrecer\u00e1 necesariamente un mejor servicio \u2014como indica la experiencia local y mundial\u2014 y favorecer\u00e1 el fracking<\/em>. Esto \u00faltimo ha llevado a algunos legisladores<\/a> opositores a considerar la iniciativa como consecuencia de la reforma energ\u00e9tica aprobada el a\u00f1o pasado.<\/p>\n El fracking consume ingentes vol\u00famenes de agua. Se requieren entre 9 mil y 29 mil metros c\u00fabicos de agua para las operaciones de un solo pozo y frecuentemente los yacimientos de lutitas se encuentran en las zonas m\u00e1s \u00e1ridas con la consecuente presi\u00f3n sobre la sostenibilidad de los recursos h\u00eddricos, incluso en regiones de clima templado.<\/p>\n La iniciativa oficial permite heredar las concesiones de agua, mantener su tr\u00e1fico, cambiar el t\u00e9rmino de \u201casignaci\u00f3n\u201d por el de \u201cconcesi\u00f3n\u201d, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obliga al gobierno a incorporar inversiones privadas en el manejo del agua.<\/p>\n\n
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