Hace tan sólo un año, el escenario político argentino presentaba a priori condiciones inmejorables para la flamante presidenta: cinco años de crecimiento económico continuo a tasas chinas, precios de los commodities por las nubes, una sociedad en calma, los sindicatos a su favor y un partido justicialista disciplinado. La lectura—y la propuesta—fue que por delante sólo quedaban retoques que no harían más que "profundizar el modelo" que en mayo de 2003 había iniciado Néstor Kirchner. <\/b><\/p>\n
Así fue que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) centró su campaña en mejorar sus relaciones internacionales, prestar atención a los asuntos institucionales y, de cara al bicentenario del 2010, sellar un gran acuerdo nacional que le de al "consenso kirchnerista" perspectiva histórica. Pero por azares inmanejables y graves errores propios, a lo largo del año pasado nada fue como se esperaba. Sino, más bien todo lo contrario. <\/p>\n
El 2008 fue, desde el 2002, el año de mayor conflicto político que vivió el país. Sin lugar a dudas, el más grave de los episodios comenzó el 11 de marzo, cuando el gobierno dio a conocer la famosa resolución 125 que gravaba de manera móvil a la soja, el girasol, el maíz y el trigo. A partir de ahí se sucedieron una serie de errores tácticos de los que el gobierno aún hoy paga las consecuencias. <\/p>\n
Néstor Kirchner había gobernado en condiciones diferentes. Ante un clima general de incertidumbre, de impugnación al sistema político y de crisis de autoridad, procuró siempre conservar la iniciativa imponiendo agenda con medidas tan inesperadas como estridentes. Las decisiones se tomaban a puertas cerradas en un despacho que no visitaban más que un manojo de personas. Así, amparado en las crecientes reservas que se acumulaban en el Banco Central en medio de condiciones internacionales óptimas, daba muestras de poder y gobernabilidad ante un clima general de constante ebullición. El costo a pagar fue la institucionalidad. <\/p>\n
A comienzos de este año, ante el desafío del lockout agrario producto de "la 125", dentro del gobierno hubo una colisión de estrategias. CFK asumió consciente de que uno de los ejes de su mandato sería darle a su gobierno la institucionalidad que su marido, apremiado por la coyuntura, desdeñó. <\/p>\n
Sin embargo, ante el paro con cortes de ruta de los productores agropecuarios, la primera respuesta fue confrontativa "Piquetes de la abundancia", los llamó la mandataria por cadena nacional. La respuesta fue la radicalización. Así comenzó un espiral que duraría más de tres meses y que representaría el más duro golpe que recibió el kirchnerismo desde mayo de 2003. <\/p>\n
Paulatinamente, el conflicto pasó de las rutas a las calles. Desde el interior, "el campo" fue conquistando la simpatía de amplias capas de la clase media urbana que ya venía insinuando signos de fastidio, pero que no lograban articularse bajo ningún proyecto opositor concreto. Así, la lucha contra "la 125", con la anuencia del gobierno nacional que una y otra vez se encargó de polarizar y politizar el conflicto, abrió un gran paraguas político que cobijó malestares varios y tuvo alcance nacional. Luego de varios rounds callejeros, la presidenta aceptó enviar el proyecto, que inicialmente era un decreto, al congreso. En una primera instancia, fue aprobado en la cámara baja sin la holgura esperada. <\/p>\n
Días después, en vivo y en directo, a lo largo de una noche eterna, luego de arduos debates, tensión y fracturas internas, la cámara alta quedó prolijamente divida: 36 votos a favor, 36 en contra. La decisión caía sobre el presidente del Senado y vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.1<\/a> Proveniente del radicalismo y representante de una objetivamente inexistente "Concertación plural", Cobos tuvo su momento de gloria con su famoso voto "no positivo".2<\/a><\/p>\n La derrota era indiscutible y las moralejas varias. El oficialismo pareció tomar nota y autocriticarse en los hechos. A partir de los "piquetes verdes", la presidenta le asignó un nuevo rol al parlamento, en donde concedió más aire a sus operadores. El objetivo, en las batallas posteriores, no fue ya aprobar el proyecto gubernamental a libro cerrado, sino permitir incorporar a la oposición modificaciones que rieguen de legitimidad a las iniciativas de la casa Rosada. Así fue como logró la aprobación de medidas estructurales como la reciente expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en manos del grupo español Marsans y la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). <\/p>\n En lo político, el gobierno se volcó nuevamente sobre la ortodoxia pragmática con miras en las elecciones legislativas del 2009. Néstor Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista y desde ahí apostó a los "barones del conurbano" bonaerense, a la dirigencia sindical tradicional y a todo su añejo y burocrático aparato político.3<\/a><\/p>\n Dentro de los movimientos sociales que apoyan al gobierno, este decidido vuelco ideológico suscitó encarnizados debates. Libres del Sur tomó la drástica decisión de abandonar el proyecto gubernamental, mientras que otras organizaciones como la Federación Tierra y Vivienda (FTV), el Frente Transversal Nacional y Popular y el Movimiento Evita, aunque con disidencias, optaron por permanecer. "De bosta también se hacen los ladrillos", justificó el más visceral de los dirigentes sociales K, Luis D´Elía de la FTV. <\/p>\n Para la oposición, agazapada y sin iniciativa hasta el lockout, es el momento de salir a flote. Luego del traspié oficialista, hoy todas las fuerzas evalúan alianzas de cara a las elecciones legislativas del 2009. Surgen. La Unión Cívica Radical cerró filas con la Coalición Cívica de la ex candidata presidencial Elisa Carrió y ambos discuten un frente nacional con el Partido Socialista que gobierna la provincia de Santa Fe. A su vez, Carrió mantiene cada vez más fluidos vínculos con el empresario y jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Por su parte, Cobos juega solo, discute con el radicalismo que había decidido expulsarlo y algunos sectores del justicialismo no oficialista, mientras confronta desde la misma casa Rosada con el Ejecutivo. A la izquierda se ubica Proyecto Sur del cineasta Fernando "Pino" Solanas que discute con todo el arco de izquierda no kirchnerista y los sectores popular que rompieron con el gobierno. <\/p>\n Las banderas de estos sectores, de raigambre nacional y popular, se centran en temas concretos desde donde aspirar asentar una plataforma para ampliar la discusión al campo más estructural. Sus críticas se focalizan en los escandalosos beneficios que el kirchnerismo otorga a la minería, en el injustificablemente costoso proyecto del tren bala con el que el gobierno pretendía unir Buenos Aires y Córdoba4<\/a> y en la falsa "argentinización" de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF) privatizada en los 90.5<\/a><\/p>\n Cada uno de estos temas, aunque en diferentes coyunturas y con distinta repercusión, estuvieron en el centro del debate. El más reciente tuvo que ver con la minería. Fruto de la presión de la canadiense Barrick Gold que precisa agua para operar, CFK decidió vetar la ley de protección de Glaciares que buscaba preservar las masas de hielo de todo país prohibiendo que en su entorno se realicen actividades (como la explotación minera o petrolera) que puedan afectarlas, impliquen su destrucción o traslado. El veto oficial puso nuevamente sobre la mesa el paquete de leyes que exime a las minerías del pago de todos los impuestos, sólo les obliga a pagar el 3% de regalías, de las que a su vez pueden descontar todos los gastos de exportación, seguros, fletes y transporte hasta el puerto de destino. <\/p>\n Y cuando ya nada era sencillo, explotó la crisis internacional. Los tiempos en los que no había fuga de depósitos; el dólar estaba quieto; las tarifas del transporte, el gas y la electricidad estaban congeladas; la recaudación fiscal crecía a ritmo constante; y el consumo, a pesar de la inflación, se expandía, pasaron a ser añorados recuerdos. La crisis frenó la inflación, pero también al consumo. El crédito, como en el mundo, comenzó a mermar, las facturas de servicios públicos aumentaron, el dólar subió hasta casi rozar los 3,5 pesos,6<\/a> los empresarios iniciaron su campaña extorsiva utilizando a los trabajadores en negro de rehén. <\/p>\n El neodesarrollismo kirchnerista enfrentaba así el mayor de los desafíos. Debía actuar, y rápido, ante las presiones internas y la incertidumbre global. Desde la Unión Industrial Argentina reaccionaron a la devaluación brasileña que fue casi del 40% reclamando una corrección cambiaria que les devuelva la competitividad perdida. Por su lado, tanto la progresista Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) como la Confederación General del Trabajo (CGT), que por estos días ejercitan un histórico acercamiento, hicieron pública su oposición a una medida que inevitablemente haría retroceder la capacidad adquisitiva de los salarios. En la Rosada consideraron que una devaluación violenta, en una sociedad como la argentina tan sensible como acostumbrada a los ciclos críticos, implicaría el riesgo concreto de una corrida contra el peso y una salida de depósitos. Mientras, el Banco Central evaluaba día a día qué hacer, con un ojo puesto en el dólar y otro en el real brasileño. <\/p>\n Aunque todavía los datos no muestran un escenario crítico, otro de los factores a tener en cuenta es el alza de la desocupación. Según un informe difundido recientemente por la CGT, se registraron 11.800 despidos y suspensiones durante los últimos dos meses. <\/p>\n "Los empresarios acuden a la política del miedo ante el despido para contrarrestar demandas salariales e incluso reducir premios, compensaciones o demandas de mejoras en las condiciones laborales. La CTA, propone suspender los despidos por 180 días y la CGT, empuja la idea de la doble o triple indemnización para evitar las cesantías. Ambas iniciativas pretenden frenar el atajo empresarial para custodiar la tasa de ganancia sobre la base del despido o la disminución de los costos de producción disminuyendo el salario y el costo laboral. Las patronales argentinas empujan un chantaje a dos puntas, sobre el Estado y los trabajadores. Al primero le reclaman subsidios, tipo de cambio adecuado (elevado) y fuentes de financiamiento suficiente y barato para enfrentar el estancamiento. A los trabajadores les demandan una cuota de sacrificio para sostener el empleo", señala Julio Gambina.7<\/a><\/p>\n "Si la actividad privada se contrae, vamos a expandir la actividad pública. Lo que los empresarios no inviertan, lo va a invertir el Estado. Pero en 2009 vamos a crecer un 5 por ciento", dijo CFK e inmediatamente presentó un proyecto anticíclico con tics keynesianos. En resumen, lo que el gobierno busca es incitar el crédito, el consumo de bienes durables, infundir confianza a virtuales compradores y a empresarios. El paquete "anticrisis" incluye una moratoria impositiva, beneficios para el mantenimiento y ampliación del trabajo registrado, el blanqueo y repatriación de capitales, frenar las importaciones, aumentos parciales y por única vez a los jubilados. <\/p>\n También propone una desgravación del impuesto a las ganancias para el tramo superior de los asalariados, entre el 5 y el 10% de los trabajadores, con ingresos mensuales superiores a 7000 pesos. Quizá la medida más espectacular sea un megaplan de obras públicas por 111 mil millones de dólares que fue presentado como "una acción contracíclica". <\/p>\n Sin embargo, como señala José Natanson, "Si es el Estado el que se encarga, de un modo u otro, de pilotear la crisis, es notable que las medidas orientadas a los sectores más pobres brillen por su ausencia. Hasta ahora, las decisiones del Gobierno se orientaron a la clase media o los directamente ricos: desde el beneficio del blanqueo para el que ahorró unos dólares y los mandó a Nueva York hasta los créditos para el que puede cambiar el auto o utiliza la tarjeta para irse de vacaciones a Pinamar o comprarse un plasma". <\/p>\n A su vez, el 22 de octubre pasado se anunció el envío al Parlamento del proyecto de nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), al que CFK calificó de "estructural y estratégico". Ello supone que unos 78.000 millones de pesos que manejaban las AFJP pasarán a ser gestionado por la ANSES, el ente estatal encargado de administrar la seguridad social. Así, junto a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral se dan pasos concretos en el desmantelamiento del modelo neoliberal minuciosamente enarbolado por la década menemista (1989-1999). Las AFJP contribuyeron a desfinanciar al Estado por los enormes costos de transición de un sistema a otro, no crearon un mercado de capitales amplio, no generaron competencia8<\/a>, ni ampliaron la cobertura. <\/p>\n La medida tuvo impacto regional. Desde la reforma pinochetista en Chile de la década del 80, doce países latinoamericano se sumaron al barco privatizador. Luego de más de una década de fallida gestión, a raíz de la decisión del gobierno argentino ahora todos ellas están en jaque. <\/p>\n Como sintetiza Alfredo Zaiat,9<\/a>"la recuperación de un sistema estatal de reparto único es una condición básica para la reconstrucción de un tejido social destruido por décadas de políticas de ajuste. Pero esa iniciativa no será suficiente si no viene acompañada por una estrategia de legitimación y reconstrucción del Estado como un actor central de la economía en su tarea de intervención, control y regulación. La administración kirchnerista está en deuda en esa materia más allá de lo discursivo, asignatura que ha empezado a pagar con el proyecto que termina con las AFJP". <\/p>\n Hace exactamente 25 años, Raúl Alfonsín prometía: "Con la democracia se come, se cura y se educa". La Argentina salía de su trance histórico más duro, luego de ocho años de una a cruel dictadura. Ha pasado ya un cuarto siglo, el período más largo de institucionalidad democrática que conoció el país. Visto desde aquí, aquella ambiciosa propuesta parece desmedida. Las deudas son muchas y las respuestas escasas. <\/p>\n La Argentina hoy transita un camino ambiguo, en el que por un lado se recuperan algunas empresas escandalosamente privatizadas en "la década infame" al tiempo que se otorgan groseros beneficios a multinacionales extranjeras. Se avanza en un proyecto semi-industrialista, pero con medidas que benefician fundamentalmente a las capas medias y altas. Se habla de renovación política, pero se apuesta a la rancia ortodoxia justicialista. De cara al bicentenario del 2010 se evoca nuevo acuerdo, pacto o diálogo social entre empresarios y sindicatos que tenga como intermediario al gobierno, a pesar de que las decisiones, aunque a veces acertadas, huelen a improvisación coyuntural, cortoplacista. A sí, en un contexto de reacomodamientos globales quedan aún por definir estrategias perdurables que determinen cuál será el rumbo que asuma este gobierno. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hace tan sólo un año, el escenario político argentino presentaba a priori condiciones inmejorables para la flamante presidenta: cinco años de crecimiento económico continuo a tasas chinas, precios de los commodities por las nubes, una sociedad en calma, los sindicatos a su favor y un partido justicialista disciplinado. 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Notas<\/h3>\n
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