Actualmente los gobiernos de Latino América rara vez ejercen una censura directa sobre la prensa prohibiendo periódicos u otros medios, revisando material o directamente prohibiendo su publicación. Sin embargo, los gobiernos de toda la región están usando fondos de los contribuyentes y el poder público para ejercer formas de "censura blanda" en los medios. Las formas comunes incluyen el retiro de fondos de publicidad gubernamental como castigo a contenidos críticos, prodigando contratos de publicidad a los medios amistosos, pagando a periodistas directamente por coberturas favorables, denegando licencias de transmisión, o bloquendo el acceso a fuentes e información a ciertos medios.<\/b><\/p>\n
\n Aunque estas prácticas no son nuevas, por primera vez mayores números de ciudadanos están comenzando a denunciar los efectos perniciosos de estos métodos mucho más sutiles de interferir con la libertad de prensa. Se han sacado a la luz casos en el mundo—en Latino América, Hong Kong, Ucrania y los Estados Unidos, donde la administración Bush fue acusada de usar fondos gubernamentales para sembrar historias en los medios de prensa de los EE.UU. e Irak y el gobernador de Illinois, según se informa, amenazó con retener la ayuda del Estado en un convenio comercial lque involucraba a la Chicago Tribune Co. si el periódico no despedía a ciertos miembros de su grupo editorial.<\/p>\n
\nFORMAS de censura blanda<\/h3>\n<\/p>\n <\/font>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n Las prácticas de censura blanda tienen un efecto inhibitorio poderoso que se extiende más allá de los medios directamente afectados hacia todo el ambiente mediático. Los funcionarios de gobierno mandan un fuerte mensaje a todos periodistas, editores y propietarios de medios en el sentido de que deben pensar dos veces en las consecuencias de lo que publiquen. Los incontables periódicos y estaciones de radio locales que dependen del ingreso por publicidad gubernamental para sobrevivir, siente la presión más agudamente, especialmente en zonas en que las firmas locales de negocios hacen poco uso de la publicidad.<\/p>\n Los abusos publicitarios oficiales toman múltiples formas. Los gobiernos nacionales y locales en Argentina y Costa Rica han descontinuado contratos publicitarios en represalia por contenidos críticos. Otros han compensado a medios que proporcionan cobertura firmemente positiva con sumas desproporcionadas por publicidad. En algunos casos, los gobiernos retienen el pago de publicidad ya realizada si están desconformes con lo que el periódico, la radio o canal de televisión dicen sobre ellos. En 2007, el vice-presidente de Costa Rica renunció luego que él y otro funcionario de alto rango propusieron usar los contratos de publicidad para obtener una cobertura favorable de los medios apoyando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.<\/p>\n En Honduras y Chile los gobiernos locales han demandado coberturas favorables como condición para pagos por publicidad a reporteros o medios locales—muchos de quienes ganan tan poco como periodistas que la publicidad pública es una fuente de ingreso vital. Algunos funcionarios incluso llegan a requerir a los periodistas que firmen contratos que requieren cobertura favorables sobre actividades gubernamentales. En otros casos, los gobiernos publican avisos publicitarios que son poco menos que propaganda velada.<\/p>\n Muchos de estos abusos ocurren en el contexto de presupuestos para publicidad de rápido ascenso, multiplicando el potencial de fechorías por parte de los gobiernos. Según un reciente informe titulado "El Precio del Silencio. La Creciene Amenaza de Censura Blanda en Latinoamérica", el ejemplo más dramático de la amenaza de censura blanda en Latino América ocurrió en Honduras, donde el presupuesto para publicidad de la oficina del presidente fue más de 30 veces mayor en 2005, año de elección presidencial, que en 2006, primer año del nuevo gobierno. En Colombia el gasto de publicidad a nivel nacional fue más de 100% superior en 2006 que el año anterior. Las elecciones presidenciales y para congresistas tuvieron lugar en 2006 y fueron las primeras en que un presidente en ejercicio se presentó para ser reelegido. En Argentina, la publicidad del gobierno nacional ha aumentado incesantemente desde que el ex -presidente Néstor Kirchner llegó al poder en 2003. En 2006, el gobierno nacional invirtió 353% más que la suma gastada sólo tres años antes. En algunos casos, los contratos para publicidad son concedidos a una serie de medios—a menudo "servicios de noticias" en línea—que hace poco más que reproducir artículos producidos por el gobierno o comunicados de prensa, palabra por palabra, reproduciendo inclusive, a veces, errores tipográficos.<\/p>\n Otras formas de censura blanda consisten en retener información o acceso a funcionarios de gobiernos por parte de medios que cuestionan acciones de gobierno, a menudo como una revancha contra coberturas críticas. Algunas veces, las prácticas de gobierno son bastante directas pero aún así invisibles, tales como poner barreras a llamadas telefónicas que hacen algunos funcionarios de alto rango a los propietarios de medios, editores y periodistas buscando bloquear la publicación de cierta información o controlar de otro modo lo que se publica.<\/p>\n La censura blanda puede incluir la manipulación de regulaciones, tales como la injusta concesión de permisos de transmisión de televisión y radio para beneficiar a aliados políticos o silenciar voces independientes in algunos países; los funcionarios de gobierno simplemente se aprovechan de la amplia discreción de que gozan gracias al proceso de dar licencias por parte del estado. En otros casos, barreras estructurales tales como requerimientos de alta inversión financiera dejan excluídas a una amplia franja de voces de las ondas aéreas. Las radios comunitarias y otros transmisores sin propósito de lucro están a menudo sujetos a injustas y sistemáticas negativas de licencias y verdaderamente muy pocos han sido acordados acceso a las ondas transmisoras en Latino América.<\/p>\n Los abusos no terminan allí. La compañía telefónica de Honduras cortó el servicio a una estación de radio y un gobierno municipal cerró una imprenta en Argentina—en ambos casos como represalia por informes críticos. Cada uno de estos métodos detrás de la escena tiene por objeto impedir a los medios y otros de hacerse oir. Tales tácticas terminan por limitar grandemente la información y opiniones con que cuentan los ciudadanos para considerar, opinar y efectivamente participar en asuntos locales y nacionales.<\/p>\n Grupos de ciudadanos en toda la región están comenzando a realizar la dura tarea requerida para identificar y publicitar abusos y demandar al gobierno para que se abstenga de censura indirecta. Grupos que van desde asociaciones de periodistas hasta organizaciones de derechos civiles usan ahora los pedidos de libertad de información a los gobiernos locales y nacionales, para obtener acceso a datos del gobierno sobre gastos de publicidad y utilizar esa información para denunciar abusos. También están demandando las reformas legales requeridas, presentando propuestas legislativas, comprometiendo a abogados y otros miembros de gobierno, y actuando en las cortes en apoo de medios que han presentado demandas contra el gobierno. En todo el continente, grupos de ciudadanos están ganando importantes victorias.<\/p>\n <\/p>\n <\/font>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n Los activistas generalmente enfocan los métodos más pesados de interferencia, de manera que ha habido poco monitoreo de censura blanda. Asimismo, la manipulación de los medios a través del luso selectivo y punitivo de contratos de publilcidad y prácticas regulatorias represivas a menudo permanecen invisibles a todos, salvo los actores involucrados. El primer desafío es, pues, documentar y publicitar los abusos—una tarea difícil dado que muchos medios son reacios a arriesgarse a recibir el enojo de funionarios públicos y la pérdida de sus propios contratos de publicidad gubernamental o de fuentes internas de información.<\/p>\n En Agosto 2008, la Asociación por los Derechos Civiles con base en Buenos Aires (ADC) y la Iniciativa Justicia Sociedad Abierta (OSJI) con base en Nueva York publicaron "El Precio del Silencio: La Amenaza Creciente de Censura Blanda en Latino América". Este informe documenta meticulosamente las prácticas de censura blanda en siete países Latino Americanos: Argentina, Chile, Colombia, Cosa Rica, Honduras, Perú y Uruguay. La investigacion fue conducida por una coalición de periodistas, activistas y ONGs, incluyendo la ADC que trabajó con varias organizaciones locales en Argentina, la Fundación Para la Libertad de Prensa en Colombia, Fundación Pro Acceso en Chile, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) en Costa Rica, el Instituto Prensa y Sociedad (PYS) en Perú y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la oficina en Montevideo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMAR).<\/p>\n El informe halló que la censura blanda interfiere con la independencia editorial y el acceso de los ciudadanos a información imparcial en los países estudiados. Los casos más tremendos geneeralmente ocurren a nivel local, donde los medios son más precarios financieramente. Menos medios de nivel nacional dependen del ingreso por publicidad gubernamental para su supervivencia, pero están aún así sujetos a prácticas de censura blanda. El informe también documentó un creciente movimiento hacia una reforma legal en varios países del continente. De acuerdo a Darian Pavli de la Iniciativa de Justicia Sociedad Abierta, "Millones de dólares son repartidos por funcionarios de gobierno tratando de comprar cobertura favorable—una situación que empeora por los bajos salarios y falta de seguridad en el empleo para muchos periodistas".<\/p>\n Una estrategia coordinada de los medios para dar a publicidad los hallazgos permitio la lcobertura del informe regional en todas las Américas. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras también publicó un estudio nacional y realizó eventos para presentar los informes tanto nacionales como regionales en Tegucigalpa y San Pedro Sula.<\/p>\n Los grupos de ciudadanos pidieron a los gobiernos que se abstuvieran de usar la publicidad y otras presiones financieras o indirectas para interferir en la libertad e independencia de los medios. También pidieron poner fin a toda interferencia incorrecta con los contenidos editoriales y autonomía de los medios. Se juntaron para demandar leyes específicas the establezcan procedimientos transarentes de contratación y otorgamiento de licencias que garanticen independencia a los medios y pluralismo, tales como publicación puntual en línea del uso de información respecto a todas las etapas del proceso de contratación de publicidad del gobierno, y criterios claros, justos y pre-establecidos para la elección de medios en cuales publicitar.<\/p>\n En Uruguay, oganizaciones de la sociedad civil han capitalizado el deseo político expresado por funcionarios del gobierno de Tabaré Vásquez que declararon públicamente su compromiso para sancionar nueva legislación sobre publicidad. En Junio 2006 APU y AMARC, las dos GNOs involucradas en preparar un borrador del informe regional, organizaron en Montevideo un "Coloquio sobre Publicidad Gubernamental y Libertad de Expresión" al qlue conculrrieron funcionarios de gobierno y representantes de la sociedad civil. Durante el 2009, el Grupo Medios y Sociedad organizó eventos para continuar el impulso hacia la rteforma y ayudaron a preparar borradores de legislación que está actualmente sujeto a debate público y que probablemente sea presentado ante el Congreso en Abril 2009. El proyecto de ley incluye una clara definición de publicidad gubernamental, solicita la publicación en línea de información específica sobre el proceso de su contratación, fija criterios específicos y procedimientos para la contratación, y crea un organismo gubernamental para reunir información independiente sobre circulación de medios y ratings de audiencia. También crea un programa especial separado para proporcionar fondos de subsidio para apoyar la diversidad de medios.<\/p>\n Mientras tanto, AMARC y sus aliados ganaron una victoria importante en 2007 cuando el Congreso aprobó una ley sobre transmisoras comunitarias que por primera vez reconoce las radios y canales de televisión de comunidades y requiere al estado que promueva su viabilidad. En Chile, a fines del 2007, una investigación especial del congreso estimulada por preocupaciones sobre la falta de pluralismo mediático solicitó una reforma abarcativa de leyes y políticas de publicidad. Pro Acceso, con base en Santiago, trabajó en conjunto con la comisión especial y, con OSJI, facilitaron una audiencia del comité con una delegación de expertos extranjeros quienes discutieron las mejores prácticas para regular la publicidad de gobiernos. En la presentación de Pro Acceso de "El Precio del Silencio" en Santiago en agosto del 2008, un funcionario público anunció que el gobierno se comprometía a presentar un proyecto de reforma sobre el que están trabajando representantes del gobierno y de la sociedad civil.<\/p>\n En Argentina, una campaña multifacética a favor de la reforma legal ha despertado conciencia sobre el tema y resultó en propuestas legislativas a niveles nacionales y locales. En el 2005, el ADC y OSJI publicaron "Comprando las Noticias—Un informe sobre la censura indirecta en Argentina", la primera de su especie en Latino América, cubriendo cuatro provincial y el nivel nacional. En 2006, ADC continuó con "Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Gubernamental" para promover una serie de principios que cualquier propuesta legislativa debería respetar.<\/p>\n Estos principios incluyen:<\/p>\n Para aumentar la participación en el problema, el ADC mantuvo reuniones con abogados, periodistas y otros para recibir retroalimentación sobre los principios a tener en cuenta en el borrador. Varios talleres recibieron cobertura en la prensa poniendo en evidencia el tema. En un evento público en Buenos Aires para lanzar estos principios, periodistas que habían viajado desde diferentes provincias expresaron su apoyo a los principios y compartieron experiencias con la censura indirecta. Los principios han sido usados por activistas en Chile y Uruguay, y pronto se llevarán a cabo talleres en varios países para obtener entrada a nivel regional.<\/p>\n En diciembre del 2006, el concejo de la municipalidad de Alta Gracia en la provincia de Córdoba aprobó la primera reforma regulatoria del contrato de publicidad gubernamental en Argentina. Los propietarios de medios locales expresaron su oposición, pero el estatuto fue defendido por la asociación local de periodistas. En Febrero del 2008 se aprobó un decreto estableciendo criterios objetivos para la contratación de publicidad en la provincia de Tierra del Fuego, donde ADC y la iniciativa de la Justicia habían presionado por esta reforma desde 2005. El decreto también encontró oposición de los propietarios de medios y su implementación fue lenta. Unos pocos meses más tarde, el gobierno provincial promulgo un nuevo decreto que incorporaba las propuestas de cambio de ADC y reconoció la dificultad para pasar de un esquema de distribución completamente sin regulaciones a uno que utiliza criterios objetivos para distribuir la publicidad.<\/p>\n A nivel nacional, se han presentado siete proyectos de ley pero ninguno ha avanzado. Sin embargo, la presencia de legisladores de Uruguay y Chile en eventos en Argentina ayudó a despertar interés legislativo, y ADC y otros grupos han sido invitados al Congreso para discutir algunos de los proyectos de ley. Aunque una reciente reforma convirtió a las organizaciones sin fines de lucro en elegibles para recibir licencias para transmisoras, grupos de la sociedad civil han estado pidiendo repetidamente una ley de emisoras para reformar el marco actual, remanente de la más reciente dictadura. <\/p>\n En Colombia, varios lacaldes y gobernadores han firmado pactos de transparencia (Pactos por la Transparencia), acuerdos escritos con la ciudadanía local representada por organizaciones locales, que contienen un compromiso público con la transparencia gubernamental. El Programa Presidencial Anticorrupción promovió estos acuerdos y actuó como testigo de ellos. La participación de los ciudadanos en comités de monitoreo compuestos por organizaciones de la sociedad civil ayudan a aumentar el control social sobre los actos de gobierno.<\/p>\n La Asociación Nacional para el Desarrollo Social del Periodista (ANPRESS) promovió una medida dirigida a la publicidad de gobierno en los pactos de transparencia que fueron firmados por el alcalde electo de Tolima en 2004. Un comité a cargo de la contratación de publicidad también fue creado pero fue compuesto exclusivamente por funcionarios del gobierno municipal (sin ningun miembro de la sociedad civil), comprometiendo su independencia del actual gobierno.<\/p>\n En 2007, FLIP firmó un acuerdo con el Programa Presidencial Anticorrupción para incluir una cláusla similar a la usada en Tolima en los pactos de transparencia, a ser firmada por los candidatos a funcionario en el contexto de las elecciones municipales y departamentales en Octubre 2007. Diez alcaldes y diez gobiernadores firmaron los pactos cuando eran candidatos. FLIP participa en el comité de monitoreo de un sub-grupo de esos departamentos en los cuales los pactos de transparencia incluyen una cláusula sobre publicidad gubernamental, y también ofrece asistencia técnica a aquellos alcaldes y gobernadores que ratifiquen los acuerdo respecto a su implementación.<\/p>\n Hasta ahora, sólo el gobierno municipal de Cartagena ha aprobado regulaciones relacionadas a la publicidad. Cartagena creó un Comité de Publicidad Gubernamental encargada de planificar toda la publicidad basada en campañas con objetivos específicos y audiencias a las que se dirige. El comité selecciona los medios en cuales publicitar, basándose en criterios pre-establecidos tales como audiencia a quien va dirigida, índices de lectura o similares, y contenido de programas.<\/p>\n El caso de Perú muestra que las nuevas leyes no son suficiente para asegurar un cambio en las prácticas. Perú es el único país en la región que cuenta con una ley nacional específica queguía los contratos de publicidad gubernamental. Sin embargo, una investigación por parte de IPYS mostró que la ley no ha sido reglamentada y apenas está implementada. Como resultado, los abusos persisten en los niveles locales y nacionales. Enh 2007, el Ministro de Viviendas usó contratos publilcitarios para comprar una cobertura favorable a su ministerio y a sí mismo en tres periódicos nacionales—y el Presidente Alan García se negó a condenar su mala conducta.<\/p>\n ADC y otros grupos han iniciado juicios demandando que los gobiernos locales provean información sobre el gasto en publicidad pública. También el ADC emitió "amicus curiae" o "informes sobre amigos de la corte" en dos casos líderes que involucraban abusos publicitarios. En Septiembre 2007, La Suprema Corte de Argentina emitió un fallo en el sentido que el gobierno de la provincia de Neuquén violó los derechos a la libre expresión del periódico "Río Negro" retirando publiidad en castigo por coberturas críticas, lo que constituía una censura indirecta. La corte ordenó al gobierno de Neuquén abandonar las asignaciones discriminatorias de fondos para publicidad y presentar un nuevo plan de asignaciones—la primera vez que una Corte Suprema Latino Americana falló inequívocamente, que las asignaciones de carácter vengativo de la publicidad pública violan la libertad de los medios. En Febrero del 2009 un tribunaldictaminó que el gobierno de Nestor Kirchner discriminó en contra la compañía Editorial Perfirl, negándole publicidad como castigo por su línea editorial y ordenó el gobierno que publicitara en sus publicaciones.<\/p>\n Ciudadanos han apelado a funcionarios públicos para que:<\/p>\n Las principales recomendaciones en "El Precio del Silencio" pedían a los funcionarios públicos:<\/p>\n <\/p>\n <\/font>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n Aunque la lucha por eliminar la censura indirecta es una batalla cuesta arriba, estas novedosas coaliciones de ciudadanos han hecho un importante progreso en Latino América. Sus esfuerzos han arrojado luz sobre lo que una vez fue un problema invisible pero muy real, han creado ímpetu por el cambio y han comenzado a reformar la legislación y prácticas gubernamentales.<\/p>\n Mientras que los siete países involucrados en el estudio original se mueven hacia mejores prácticas bajo el ojo vigilante de grupos de ciudadanos, permanece el reto de encarar la censura blanda en otros países donde se han denunciado abusos, como por ejemplo: Nicaragua, México, Brasil y Guyana.<\/p>\n Estos métodos de censura complejos detrás de bambalinas requieren respuestas ciudadanas sofisticadas respaldadas por un cierto grado de capacidad técnica. El trabajo en cadena internacional es posible ly necesario para compartir experiencias, metodologías y lecciones aprendidas. Los "Principios Básicos para la Reglamentación de la Publicidad Gubernamental" (ver arriba) puede adaptarse y usarse en casi cualquier país de la región. Las metodologías para documentación y la experiencia para analizar las propuestas legislativas pueden compartirse a través de las fronteras, como también la experiencia para utilizar remedios legales.<\/p>\n Invitar a actores principales para compartir sus experiencias en eventos pùblicos en otros países puede resultar de ayuda para producir el cambio. Una presentacion en Buenos Aires a cargo del presidente de la comisión investigadora especial del Congreso Chileno despertó la entusiasta solicitud de parte de legisladores nacionales clave para que ADC continuara ayudando a profundizar el debate público en Argentina. Mientras tanto, actores Chilenos y Uruguayos han invitado a expertos de Argentina para presentar los Principios Básicos para la Reforma Legislativa como un medio de adelantar el cambio en sus países. También existen posibilidades de tomar acciones conjuntas ante la Comisión y Corte Inter-Americana de Derechos Humanos , tales como solicitar una audiencia especial sobre los temas y para comprometer a Catalina Botero, la Reportera Especial sobre Libertad de Expresión de OAS más profundamente en el problema.<\/p>\n |