{"id":16749,"date":"2015-10-02T13:45:42","date_gmt":"2015-10-02T18:45:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=16749"},"modified":"2018-09-27T09:38:45","modified_gmt":"2018-09-27T14:38:45","slug":"violencia-y-terror-de-estado-juicio-ciudadano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/violencia-y-terror-de-estado-juicio-ciudadano\/","title":{"rendered":"Ayotzinapa, violencia y terror de estado"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-16748 alignright\" src=\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Cartel-juicio-194x300.jpg\" alt=\"Cartel juicio\" width=\"194\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Cartel-juicio-194x300.jpg 194w, https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Cartel-juicio-663x1024.jpg 663w\" sizes=\"auto, (max-width: 194px) 100vw, 194px\" \/><\/strong><\/p>\n<p>El crimen de Ayotzinapa, y el grito de <strong>\u00a1Fue el estado!<\/strong> quebr\u00f3 el discurso oficial en torno a la violencia que azota al pa\u00eds. Cuando la polic\u00eda municipal de Iguala&#8211;observada de cerca por fuerzas estatales y federales&#8211;abri\u00f3 fuego contra los estudiantes y se llev\u00f3 a los 43, se dio un crimen del estado, de lesa humanidad, que el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto no ha podido ocultar frente a los ojos de la naci\u00f3n y del mundo entero.<\/p>\n<p>A casi un a\u00f1o del crimen del asesinato y la desaparici\u00f3n forzada de los 43 normalistas, los hechos siguen sin ser esclarecidos, pero las implicaciones del crimen est\u00e1n a la vista. No se sabe el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ra\u00fal Isidro Burgos de Ayotzinapa, ni si est\u00e1n vivos o muertos, sus padres y madres viven en la angustia y la sociedad se ha levantado frente a un crimen que revela la profundidad de la corrupci\u00f3n y la violencia que antes hab\u00eda sido un secreto a voces en M\u00e9xico.<\/p>\n<p><strong>Los hechos y las mentiras <\/strong><\/p>\n<p>Desde el amanecer el 27 de septiembre de 2014, y en las semanas siguientes hasta la fecha, la respuesta del estado mexicano ha sido una estrategia de \u201ccontrol de da\u00f1os\u201d &#8211;que poco o nada tiene que ver con una verdadera b\u00fasqueda de los desaparecidos o de la verdad y la justicia. En este af\u00e1n, primero fue la respuesta tard\u00eda del gobierno federal que, en un mal c\u00e1lculo pol\u00edtico de su parte y con una absoluta falta de sensibilidad, intent\u00f3 a lavarse las manos del crimen.<\/p>\n<p>La respuesta del estado mexicano ha sido una estrategia de \u201ccontrol de da\u00f1os\u201d &#8211;que poco o nada tiene que ver con una verdadera b\u00fasqueda de los desaparecidos o de la verdad y la justicia<\/p>\n<p>Cuatro d\u00edas despu\u00e9s de los ataques, el presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto dijo que fue problema del estado de Guerrero. Hasta ocho d\u00edas despu\u00e9s, el gobierno federal empez\u00f3 a colaborar en las investigaciones y tras <em>11 d\u00edas<\/em> transcurridos el presidente pronunci\u00f3 sobre el hecho.<\/p>\n<p>En estos d\u00edas, se permiti\u00f3 la fuga de los principales sospechosos y se aument\u00f3 el coraje de toda la sociedad, indignada por el terrible crimen y el dolor de las familias. Desde el inicio, la respuesta burda del gobierno ya mostraba las caracter\u00edsticas de un encubrimiento.<\/p>\n<p>Con la \u201cverdad hist\u00f3rica\u201d anunciada primero el 7 de noviembre en la versi\u00f3n oficial de los hechos y reiterado el 27 de enero con la fat\u00eddica frase, esta indignaci\u00f3n se profundiz\u00f3, junto a las contradicciones en la versi\u00f3n oficial. Se ve\u00eda claramente el intento de deslindar el Estado del crimen, cargando la responsabilidad \u00fanicamente en un presidente municipal\u2014Jos\u00e9 Luis Abarca&#8211; corrompido por el crimen organizado, y un grupo de delincuentes conocidos como \u201cLos Guerreros Unidos\u201d. Nada se dijo de los antecedentes de este personaje, conocidos por las autoridades, entre ellos acusaciones de homicidio en el asesinato de un luchador social Arturo Hern\u00e1ndez Cardona, y de v\u00ednculos con el crimen organizado, demandas ya recibidas y conocidas por la PGR.<\/p>\n<p>Para cerrar el, para ellos, bochornoso caso, el Procurador declar\u00f3 muertos a los estudiantes y desaparecidos sus cuerpos en un incendio en el basurero de Cocula, creando un escenario casi sin posibilidades de corroborase cient\u00edficamente. En el asunto fundamental del m\u00f3vil tras un crimen de esta magnitud, dej\u00f3 solo explicaciones confusas respeto a la interrupci\u00f3n del evento de la esposa del alcalde y o una tremenda confusi\u00f3n en el contexto de una pugna entre grupos de delincuentes en la zona. No explic\u00f3 la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en todo el tiempo en que transcurrieron los ataques y la caza de estudiantes.<\/p>\n<p>Las investigaciones independientes del Equipo Argentino de Antropolog\u00eda Forense (EAAF) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes d la CIDH (GIEI) han destacado las anomal\u00edas en la explicaci\u00f3n oficial. Vale la pena mencionar sus hallazgos principales:<\/p>\n<p>Sobre las declaraciones del 27 de enero de la Procuradur\u00eda, el equipo argentino se\u00f1al\u00f3 lo siguiente en un comunicado el 7 de febrero:<\/p>\n<ol>\n<li>Las im\u00e1genes del Basurero de Cocula obtenidas por el EAAF muestran que el \u00e1rea de fuego en la superficie del basurero de Cocula, que la PGR indica como la utilizada para quemar los restos de los 43 normalistas, ha sido utilizada en fuegos anteriores al menos desde el a\u00f1o 2010. Por lo tanto, reflejan una lectura parcial de la evidencia recolectada en dicho lugar.<\/li>\n<li>El an\u00e1lisis de los restos \u00f3seos recuperados en el basurero de Cocula sugiere fuertemente la posibilidad de que en la zona de fuego analizada en el basurero se encuentren presentes restos humanos que no pertenecen a los normalistas.<\/li>\n<li>No hay evidencia cient\u00edfica de que fueron quemado en el basurero de Cocula.<\/li>\n<li>Falta procesar una cantidad importante de evidencia, incluyendo mayor tiempo de an\u00e1lisis y \u00e1rea de an\u00e1lisis de los restos \u00f3seos y toda evidencia asociada a ellos.<\/li>\n<li>La evidencia f\u00edsica debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que solo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados.<\/li>\n<li>El EEAF tambi\u00e9n cita: graves problemas en el env\u00edo de 20 perfiles gen\u00e9ticos de los familiares de los estudiantes de desaparecidos que no permiten su utilizaci\u00f3n, la recolecci\u00f3n de evidencia fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos, el abandono de la custodia del basurero, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Asimismo, el informe de 29 de agosto del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, representante legal del los familiares se\u00f1ala que: 1) la falta de certeza cient\u00edfica, 2) \u201cninguna autoridad estatal o federal ha sido, hasta ahora, investigada o detenida\u201d, 3) Julio Cesar Mondrag\u00f3n fue torturado y asesinado en el lugar de los hechos, lo cual no concuerda con la versi\u00f3n del basurero, 4) la PGR no ha logrado un solo juicio penal por desaparici\u00f3n forzada (el cargo es \u201csecuestro\u201d), 5) existen serias contradicciones en el expediente, entre ellos que algunos imputados confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y La Parota donde est\u00e1n las primeras fosas que resultaron contener restos humanos que no eran de los estudiantes, 6) no hay ninguna indagaci\u00f3n sobre la responsabilidad del ej\u00e9rcito, 7) no se han investigado los circuitos de corrupci\u00f3n y connivencia con el narcotr\u00e1fico de la clase pol\u00edtica guerrerense; 8) El Estado mexicano se ha mostrado incapaz para detener a quienes seg\u00fan su hip\u00f3tesis ser\u00edan responsables (Felipe Flores, jefe de polic\u00eda de Iguala, y solo 5 de 15 Guerreros Unidos); 9) que el informe CNDH carece de profundidad y coherencia, y 10) no se ha investigado la acusaciones de tortura en la obtenci\u00f3n de las confesiones que forman la base de la versi\u00f3n oficial.<\/p>\n<p>Finalmente, el Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentado en septiembre se\u00f1ala que a la luz de las evidencias y el an\u00e1lisis t\u00e9cnico, es imposible la tesis del gobierno de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que hab\u00eda ropa de los estudiantes recogido en el lugar de los hechos que no fue registrado o presentado a los familiares; que se han perdido y aparentemente destruido pruebas, entre ellos un video grabado en la escena del crimen; y que el gobierno dej\u00f3 completamente fuera de sus investigaciones a un quinto autob\u00fas llevado por los estudiantes. Tambi\u00e9n reportaron que su solicitud de entrevistar a militares fue esencialmente negado, y que la autopsias no evaluaron importantes lesiones y es necesario hacerlas de nuevo.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ayotzinapa como Crimen de Estado<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Hasta ahora, los hechos principales que comprueban la acusaci\u00f3n del crimen de estado son los siguientes:<\/p>\n<ol>\n<li>El crimen se lleva a cabo por elementos del Estado, directamente y en un primer momento, la polic\u00eda municipal. Siendo uno de los tres niveles de gobierno y con los antecedentes e indicios de participaci\u00f3n directa de los otros niveles, el Estado es culpable del crimen por acci\u00f3n y omisi\u00f3n. El ejecutivo, el gobierno del estado de Guerrero y los partidos pol\u00edticos no pueden deslindarse.<\/li>\n<li>Participaron fuerzas estatales y federales en los ataques de la noche de 26 de septiembre. Hace falta esclarecer su papel y sus acciones.<\/li>\n<li>Hubo una decisi\u00f3n de alto nivel de no detener el ataque y no proteger a los estudiantes<\/li>\n<li>Todos los niveles del estado ten\u00edan informaci\u00f3n previa respeto a actos ilegales del alcalde y su relaci\u00f3n con el crimen organizado y no actuaron<\/li>\n<li>En el transcurso de la investigaci\u00f3n, se mostraron graves irregularidades que NO pueden ser atribuidos a errores o descoordinaci\u00f3n, entre ellos el no presentar la ropa recogida, la desaparici\u00f3n de evidencias claves incluyendo videos del crimen, y las contradicciones en la explicaci\u00f3n oficial. Esto indica un esfuerzo de <em>encubrimiento <\/em>que hace evidente la necesidad de incluir motivos pol\u00edticos entre las l\u00edneas de investigaci\u00f3n, algo que no se ha hecho.<\/li>\n<li>La negativa de entrevistar a los militares del Batall\u00f3n 27 y el cerraz\u00f3n y respuesta represiva del ej\u00e9rcito mexicano levantan sospechas y muestran la poca transparencia de esta instituci\u00f3n en la investigaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quiz\u00e1s lo m\u00e1s relevante es la ausencia de un m\u00f3vil convincente. Los estudiantes, familiares y expertos rechazan la versi\u00f3n oficial y insisten en la necesidad de investigar el caso en el contexto de un padr\u00f3n sistem\u00e1tica y constante de hostigamiento contra la escuela y sus actividades. Efectivamente, por a\u00f1os, si no d\u00e9cadas, el gobierno ha intentado cerrar las Escuelas Normales Rurales con el argumento de que son obsoletas.<\/p>\n<p>Creadas despu\u00e9s de la revoluci\u00f3n mexicana en el cardenismo, ense\u00f1an los ideales de aquella \u00e9poca y sostienen las reivindicaciones de los sectores pobres y marginados del campo. Su ideolog\u00eda revolucionaria choca con el neoliberalismo. Los j\u00f3venes se oponen abierta y activamente a las reformas educativas del presidente Pe\u00f1a Nieto y rechazan las privatizaciones que caracterizan el programa econ\u00f3mico del gobierno. Es precisamente en esta coyuntura hist\u00f3rica del pa\u00eds, de la imposici\u00f3n de las reformas estructurales, que se da el crimen de Ayotzinapa<\/p>\n<p><strong>Las implicaciones de un estado criminal y el marco de an\u00e1lisis<\/strong><\/p>\n<p>El caso Ayotzinapa es conocido y no es el prop\u00f3sito analizar los hechos en detalle en esta breve presentaci\u00f3n. Lo importante es destacar que la informaci\u00f3n que ha salido&#8211;y la que ocultan, porque tambi\u00e9n las evidencias extra\u00f1amente extraviadas en custodio del gobierno y el cerraz\u00f3n a entrevistar al ejercito son hechos relevantes- cada vez m\u00e1s perfila un crimen de estado, calculado para silenciar a un grupo en particular y enviar un mensaje a otros.<\/p>\n<p>Para entender Ayotzinapa, es urgente cambiar el marco de an\u00e1lisis. Es necesario abandonar el falso discurso de la guerra contra las drogas, que habla de las fuerzas de seguridad dando la lucha contra las fuerzas del mal que trafican drogas prohibidas y &#8220;capturan&#8221; a elementos de un Estado d\u00e9bil o corruptible.<\/p>\n<p>M\u00e9xico es un pa\u00eds militarizado en donde un conjunto de poderes establecidos y f\u00e1cticos han hecho alianzas de m\u00faltiples formas en contra del pueblo. El modelo patriarcal de la fuerza, que se ha impuesto de manera notable desde 2006, sirve para ejercer control sobre la poblaci\u00f3n y el territorio para alejar las propuestas de democratizaci\u00f3n desde abajo. Y tambi\u00e9n para producir muertos, desaparecidos, fosas clandestinas y los horrores que son parte de la vida cotidiana de este pa\u00eds.<\/p>\n<p>Estos hallazgos revelan un cuadro que nos permite hablar no solo de un crimen de estado, sino de la existencia de un estado criminal. \u00bfCu\u00e1l es la diferencia? La diferencia tiene que ver precisamente con el tema central de la Constituyente y de las conclusiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: que estamos frente un estado en su conjunto que ha desviado el poder soberano del pueblo confiado en \u00e9l hacia intereses particulares, a trav\u00e9s de instituciones\u2014no individuos\u2014cuyas principal motivo es la permanencia, enriquecimiento y control por parte de la clase pol\u00edtica en el poder y sus aliados internacionales.<\/p>\n<p>Sin duda, Ayotzinapa muestra la complicidad que existe entre fuerzas del estado y el crimen organizado, pero va m\u00e1s all\u00e1 de la complicidad. El crimen organizado es funcional a un estado usurpador y, evidentemente viceversa. No son alianzas ocasionales entre pol\u00edticos corruptos y carteles in lugares espec\u00edficos, sino un problema estructural.<\/p>\n<p>En este contexto, la violencia no es resultado de los malos contra los buenos, y unos malos que se infiltraron entre los buenos. Es una pol\u00edtica de estado para sembrar terror en la poblaci\u00f3n, espec\u00edficamente ciertos sectores de la oposici\u00f3n, con el fin de someterla. Este es el prop\u00f3sito del crimen de Ayotzinapa, si no \u00bfc\u00f3mo se explica la tortura de Julio Cesar?<\/p>\n<p>Y es el prop\u00f3sito tambi\u00e9n de la guerra contra el narco, el escenario de la violencia desatada en el pa\u00eds, esta alianza entre la clase pol\u00edtica EE.UU. y la mexicana, forjada bajo el pretexto de la lucha contra el narcotr\u00e1fico. La guerra ha sido el veh\u00edculo para la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds en contra de la sociedad, y sobre todo en contra de la juventud que protesta frente la venta de su futuro. Sirve para una nueva y agresiva ofensiva para repartir los recursos nacionales, como son el petr\u00f3leo, la miner\u00eda, el agua y la droga prohibida, entre poderosos actores transnacionales, entre ellos los pol\u00edticos.<\/p>\n<p>Las reformas estructurales\u2014la privatizaci\u00f3n del petr\u00f3leo, de la educaci\u00f3n y de la salud\u2014forman parte de la agenda de EE.UU. desde los inicios del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN). Pero las reformas siempre han encontrado las resistencia del pueblo y requieren de la imposici\u00f3n por encima de sus intereses y la soberan\u00eda. Por eso la guerra contra las drogas, perdida desde el primer d\u00eda, es un \u00e9xito para ellos. Con el ej\u00e9rcito en las comunidades, las oposiciones al plan neocolonial est\u00e1n\u2014estamos&#8211; el la mira.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>La impunidad es el mecanismo que permite la dominaci\u00f3n por parte de los poderosos<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________________________________________<\/p>\n<p>Ayotzinapa tambi\u00e9n nos ense\u00f1a que la impunidad no es solo otro problema entre los muchos que enfrenta el pa\u00eds. La impunidad es el mecanismo que permite la dominaci\u00f3n por parte de los poderosos, casi sin contrapesos, y que permite el funcionamiento de un estado autoritario que se viste de democracia. El informe de Tlachinollan se\u00f1ala \u201cel car\u00e1cter sist\u00e9mico de la impunidad en M\u00e9xico\u201d y se\u00f1ala que \u201cel sistema de justicia es inefectivo para que los poderosos que cometen abusos sean investigados y sancionados\u201d. A la luz de Ayotzinapa, hay que ver las supuestas fallas del sistema de justicia en sus justas dimensiones\u2014no como fallas, sino como un sistema funcional al poder.<\/p>\n<p>Otra vez, este cambio de marco tiene implicaciones mayores. Los millones de d\u00f3lares que invierte el gobierno estadounidense en el sistema de justicia \u00bfpara qu\u00e9 sirven si el problema claramente no es t\u00e9cnico sino pol\u00edtico, si no hay voluntad pol\u00edtica para crear que haya justicia? Como hay que confiar en las gestiones frente a las autoridades? Qu\u00e9 hacemos con la revictimizaci\u00f3n y la criminalizaci\u00f3n de los y las luchadores sociales y las personas que buscan justicia?<\/p>\n<p>Este es un cambio de marco de an\u00e1lisis mayor. Antes de Ayotzinapa se hablaba de vac\u00edos de poder, como zonas en donde el estado hab\u00eda perdido el control al crimen organizado. En este esquema, la respuesta ser\u00eda l\u00f3gicamente la recuperaci\u00f3n de territorio y de control por parte del estado. Esta es la imagen de la guerra contra el narcotr\u00e1fico que vendi\u00f3 Felipe Calder\u00f3n, junto con sus socios en el gobierno Estados Unidos, cuando lanz\u00f3 la ofensiva del estado.<\/p>\n<p>Bajo la tesis de que son las fuerzas del orden contra el crimen y que los m\u00faltiples casos de corrupci\u00f3n y complicidad son &#8220;unos malos&#8221;, el estado se deslinde de los actos del crimen organizado y se erige como el protector del pueblo. Sigue con la simulaci\u00f3n de justicia que ha caracterizado el PRI desde sus or\u00edgenes. Sigue militarizando el pa\u00eds en nombre de una guerra que no tiene la m\u00e1s m\u00ednima intenci\u00f3n de ganar, pero que le sirve a sus intereses de control poblacional y territorial. Sigue una estrategia de callej\u00f3n cerrado, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, de revisar polic\u00edas individuales en el af\u00e1n de purgar y capacitar en derechos humanos a las mismas fuerzas de seguridad que son los principales violadores de los derechos del pueblo.<\/p>\n<p>Ayotzinapa no solo rompi\u00f3 el mito de estado contra el crimen, sino cambi\u00f3 la manera en la sociedad entiende otros cr\u00edmenes de estado. Ahora nadie cree que la ejecuci\u00f3n de 22 j\u00f3venes por el ej\u00e9rcito el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de M\u00e9xico fue un acto de s\u00f3lo 5 soldados actuando contra \u00f3rdenes. Nadie puede creer tampoco que los otros miles de ejecuciones extrajudiciales fueron casos aislados. Nadie puede creer que los 26,000 mil\u2014o mas\u2014desapariciones en el pa\u00eds, por lo menos la mitad de ellos identificados por organismos de derechos humanos como desapariciones forzadas con participaci\u00f3n del estado\u2014son casualidad o da\u00f1os colaterales del infernal guerra contra el narco lanzado por los gobiernos de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto. Ahora se reconoce como una estrategia que tiende a incrementar, y una verg\u00fcenza nacional que demuestra un estado corrupto e incapaz de garantizar ni el derecho a la vida.<\/p>\n<p>Nadie puede creer que con cursos en derechos humanos para polic\u00edas, y capacitaci\u00f3n para las reformas a juicios orales y otros programas de los gobiernos de EEUU y Pe\u00f1a Nieto se va a conseguir justicia en este pa\u00eds.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Los informes de organizaciones locales, nacionales e internacionales sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura, abuso sexual y otras violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad, dan cuenta de un pa\u00eds en donde no es que haya individuos cooptados, sino que el sistema se ha configurado para proteger los intereses de los grandes negocios, incluyendo el de los narcos, contra los anhelos de justicia y paz de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En este contexto, lo que llamamos \u201cpoderes f\u00e1cticos\u201d o \u201cpoderes en la sombra\u201d tiene otro significativo tambi\u00e9n, como una estructura paralelo e imbricado de poder. La actuaci\u00f3n del gobierno en el caso de Ayotzinapa y muchos otros revela que no se trata de meros pactos entre los poderes establecidos y el crimen, sino que el gobierno y sus instituciones y agentes se convierten en un poder el la sombra por medio de sus acciones por fuera de las leyes y de los mandatos institucionales y constitucionales. Los poderes en la sombra financian campa\u00f1as pol\u00edticas, pero tambi\u00e9n ponen sus candidatos; compran procesos, pero tambi\u00e9n participan conjuntamente en procesos electorales, donde lo que menos cuenta es la voluntad del pueblo. En muchos casos, deciden qui\u00e9n vive y qui\u00e9n muere, qui\u00e9n sube y qui\u00e9n cae.<\/p>\n<p>Este proceso es parte de lo que el jurado internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos llama \u201cdesviaci\u00f3n de poder\u201d. Tiene muchas expresiones\u2014el informe de Tlachinollan habla de \u201cusurpaci\u00f3n por partidocracia\u201d y el TPP analiza el fen\u00f3meno en por lo menos ocho ejes distintos. En este contexto, hay que ver las supuestas fallas del sistema de justicia en sus justas dimensiones\u2014no son fallas, es un sistema funcional al poder, o como dice el informe de Tlachinollan, \u201cEl sistema de justicia es inefectivo para que los poderosos que cometen abusos sean investigados y sancionados\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Las fallas del sistema mexicano de justicia no son fallas\u2014es un sistema muy funcional al poder<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________________________________________<\/p>\n<p>Visto as\u00ed, \u00bfpara qu\u00e9 sirven los millones de d\u00f3lares que invierte el gobierno estadounidense en el sistema de justicia si el problema no es t\u00e9cnico sino pol\u00edtico, si no existe la voluntad pol\u00edtica para lograr justicia? En lugar de mejoras se produce una tendencia marcada hacia la criminalizaci\u00f3n de los y las luchadores sociales que les enfrentan con la verdad.<\/p>\n<p>Sirve para continuar con el modelo militarizado, y tambi\u00e9n para distraernos de la cr\u00edtica al fondo: el estado mexicano bajo el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u2014y desde antes&#8211; es un estado criminal que protege sus intereses a trav\u00e9s de la impunidad. Una impunidad ropada en simulaci\u00f3n, es decir, en donde el 98% de los cr\u00edmenes no se castigan.<\/p>\n<p>Todo esto nos pone frente un gran dilema, que el crimen de Ayotzinapa revel\u00f3 en todas sus dimensiones: Si es la naturaleza del estado\u2014de este estado, corrupto, con desviaci\u00f3n de poderes hacia intereses particulares nacionales e internacionales (e incluyendo de manera importante el crimen organizado)\u2014como ciudadanos y ciudadanas, \u00bfa qui\u00e9n apelas?<\/p>\n<p>En este grave contexto, la respuesta no puede ser otra que la organizaci\u00f3n de base y la refundaci\u00f3n del estado por el pueblo.<\/p>\n<p><strong>La organizaci\u00f3n social frente al estado criminal<\/strong><\/p>\n<p>Algunas lecciones preliminares de Ayotzinapa:<\/p>\n<ol>\n<li>1<strong>. La necesidad de la organizaci\u00f3n aut\u00f3noma entre m\u00faltiples sectores.<\/strong> La participaci\u00f3n activa e incansable de las familias y sus representantes, movimientos solidarios y ONG a nivel nacional e internacional son indispensables y han sido una gran lecci\u00f3n del movimiento en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>El papel de la participaci\u00f3n de instituciones independientes de capacidad y prestigio internacional<\/strong> que ayudan en la investigaci\u00f3n, visibilizaci\u00f3n, acceso a la justicia y organizaci\u00f3n del caso, como son el Equipo Argentino de Antropolog\u00eda Forense (EAAF), Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), CIDH, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias Forzadas de la ONU.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>La historia cuenta<\/strong>. La impunidad se construye sobre impunidad. Como dice el informe Tlachinollan: \u201cEsas concepciones generan un marco que reedita las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro estado, que justifica la impunidad, la pobreza y marginaci\u00f3n, la prepotencia de las autoridades y la clase pol\u00edtica que hoy nos tiene al borde del precipicio.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Ayotzinapa revela un problema estructural<\/strong> que no puede resolverse sin medidas profundas. La Constituyente es un proceso necesario para ir hacia la refundaci\u00f3n del estado que ha desviado el poder, y crea un espacio social para construir una visi\u00f3n integral de las fuerzas en contra y del pa\u00eds que queremos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si la violencia y la impunidad son instrumentos \u00fatiles a un gobierno criminal, si esto es funcional al gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, la \u00fanica manera para que se vuelva disfuncional, intolerable, inaceptable en un pa\u00eds democr\u00e1tico y soberano es cuando los y las ciudadanos se unan y se organizan a rechazar la situaci\u00f3n. Ayotzinapa fue un paso importante de rechazo colectivo a la violencia y abre la puerta a la construcci\u00f3n de una sociedad que exige justicia, que demanda la verdad y que nunca olvida.<\/p>\n<p><em>Presentaci\u00f3n de la autora en el <\/em><strong>Juicio<\/strong><strong> ciudadano a la usurpaci\u00f3n del poder y el terror de Estado en M\u00e9xico<\/strong><em>, Museo de la Ciudad de M\u00e9xico, 31 de agosto de 2015 del Constituyente Ciudadana-Popular. Laura Carlsen es directora del Programa de las Am\u00e9ricas <\/em><a href=\"https:\/\/www.americas.org\/es\"><em>www.americas.org\/es<\/em><\/a><em> en la Ciudad de M\u00e9xico. <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El crimen de Ayotzinapa, y el grito de \u00a1Fue el estado! quebr\u00f3 el discurso oficial en torno a la violencia que azota al pa\u00eds. Cuando la polic\u00eda municipal de Iguala&#8211;observada por fuerzas estatales y federales&#8211;abri\u00f3 fuego contra los estudiantes y desapareci\u00f3 a los 43, se dio un crimen del estado que el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto no ha podido ocultar.<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":16748,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[5114],"coauthors":[],"class_list":["post-16749","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","tag-ayotzinapa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16749"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16749\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17035,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16749\/revisions\/17035"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16749"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=16749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}