![\"tlatlaya-300x240\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/tlatlaya-300x240-300x240.jpg\")
Hace unas semanas, por segunda vez la Secretar\u00eda de Defensa Nacional (Sedena) neg\u00f3 una solicitud de acceso a informaci\u00f3n que requer\u00eda documentaci\u00f3n relacionada a adiestramiento, equipo o apoyo del gobierno de los Estados Unidos a miembros del Batall\u00f3n 102.<\/p>\n
Recordemos que el Batall\u00f3n 102 salt\u00f3 a la fama, o la infamia, despu\u00e9s de la masacre de Tlatlaya, donde 22 j\u00f3venes perdieron la vida a manos de miembros de esta unidad de infanter\u00eda. Un d\u00eda despu\u00e9s de la masacre del 30 de junio de 2014, la Sedena emiti\u00f3 un comunicado anunciando que 22 delincuentes murieron en un enfrentamiento en el que ning\u00fan elemento de las fuerzas armadas fue abatido. Gracias a las investigaciones de periodistas nacionales e internacionales y el gran valor de testigos que contaron que pas\u00f3 esa noche, hoy sabemos que por lo menos algunas\u2014y probablemente la mayor\u00eda\u2014de las v\u00edctimas fueron ejecutadas por miembros del Batall\u00f3n despu\u00e9s <\/em>de rendirse al ej\u00e9rcito.<\/p>\n Al declarar la inexistencia de tales documentos, las oficinas de las fuerzas armadas intentan cerrar una investigaci\u00f3n binacional que busca llevar a la luz p\u00fablica no solo los hechos de Tlatlaya, sino tambi\u00e9n el tema de la cooperaci\u00f3n militar con el Pent\u00e1gono y otras agencias estadounidenses.<\/p>\n “Las v\u00edctimas de graves violaciones de derechos humanos en M\u00e9xico tienen el derecho de saber la verdad sobre que pas\u00f3 en Tlatlaya, y el pueblo estadounidense tiene el derecho de saber la verdad sobre el papel de su gobierno en las atrocidades\u201d, dijo el investigador Jesse Franzblau desde Washington DC. Franzblau, quien ha promovido el uso de las leyes de acceso a informaci\u00f3n en M\u00e9xico y Estados Unidos para indagar sobre la masacre de Tlatlaya y otras violaciones de derechos humanos, dice que a pesar de que estas leyes han sido una herramienta \u00fatil para obtener datos sobre hechos como \u00e9ste, \u201clo que no tenemos son detalles sobre el papel espec\u00edfico de EEUU\u201d.<\/p>\n El asunto es relevante por muchas razones. Documentos desclasificados por el proyecto independiente National Security Archive muestran que el Pent\u00e1gono ha estado muy pendiente del caso Tlatlaya. En un informe<\/a> con fecha 15 de octubre de 2014, se lee: \u201cSedena est\u00e1 investigando ahora el comandante (un general de Estado Mayor) de la zona militar encargado del Batall\u00f3n de infanter\u00eda 102, y agrega \u201csi estuviera implicado en una violaci\u00f3n grave de los derechos humanos, toda la zona militar y los 10,000 miembros del personal no podr\u00edan recibir asistencia de EEUU\u201d.<\/p>\n Cuando se establece en el caso Tlatlaya\u2014o cualquier otro\u2014que una unidad mexicana ha incurrido en violaciones graves a los derechos humanos, por ley el gobierno de los Estados Unidos est\u00e1 obligado a suspender la asistencia a esta unidad. Otro informe del 14 de enero<\/a> del Comando Norte confirm\u00f3 que el Batall\u00f3n 102 no podr\u00e1 recibir asistencia.<\/p>\n Sin embargo, el asunto qued\u00f3 en este nivel. En lugar de cuestionar al militar a cargo en Tlatlaya, Gen. Jos\u00e9 Luis S\u00e1nchez Le\u00f3n, como parte de una investigaci\u00f3n de cadena de mando, \u00e9ste fue removido de su cargo y enviado a Jalisco. La maniobra por parte del alto mando de la Sedena, lejos de despejar las sospechas, reforz\u00f3 la conclusi\u00f3n de que la masacre de Tlatlaya no fue exclusivamente la culpa de unos cuantos soldados indisciplinados, sino el resultado previsible del modus operandi<\/em> de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas.<\/p>\n Un descubrimiento de los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos\u2014 representante legal de una de los testigos de Tlatlaya\u2014corrobor\u00f3 esta hip\u00f3tesis. En su informe sobre Tlatlaya a un a\u00f1o, el centro cita a la \u201cOrden de Relevo y Designaci\u00f3n de Mando\u201d de la Sedena que dice: \u201cLas tropas deber\u00e1n operar en la noche en forma masiva y en el d\u00eda reducir la actividad a fin de abatir delincuentes<\/em> en horas de oscuridad\u2026\u201d Lleva fecha de 11 de junio 2014\u2014unas semanas antes de la masacre.<\/p>\n Mario Patr\u00f3n, director del Centro, destaca la importancia de la Orden: \u201cEsta es una prueba contundente que para el ej\u00e9rcito estamos en un estado de excepci\u00f3n y en un contexto de guerra no formalizada, no declarada, y por lo tanto mandan a sus elementos a abatir delincuentes.\u201d<\/p>\n En audiencias realizadas el mes pasado<\/a> en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales, organizaciones nacionales e internacionales presentaron datos sobre este estado de excepci\u00f3n no declarado: unos 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos; m\u00e1s de 4,000 civiles muertos a manos de las fuerzas armadas entre el 1\u00ba de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014; 3,967 civiles y 209 militares fallecidos entre 2007 y 2014.<\/p>\n Evidencias de que el ej\u00e9rcito reivindica la pr\u00e1ctica de ejecuciones extrajudiciales desde los altos mandos deber\u00eda ser un parteaguas en la guerra contra las drogas. Adem\u00e1s no es un hecho aislado. Hay serios cuestionamientos sobre el papel del ej\u00e9rcito en Iguala\u2014ya se estableci\u00f3 su presencia en el lugar de los hechos y su negligencia en proteger a los estudiantes ante los ataques, y existen evidencias de complicidad y participaci\u00f3n activa. Las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Apatzing\u00e1n, Tanhuato y Zacatecas se suman a la emblem\u00e1tica masacre de Tlatlaya y deshacen la versi\u00f3n de que son anomal\u00edas.<\/p>\n A pesar de las evidencias, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense siguen defendiendo su guerra al restringir las responsabilidades por Tlatlaya a 7 soldados que ahora son 3 ya que 4 fueron liberados<\/a> por irregularidades en sus casos.<\/p>\n Los documentos desclasificados se\u00f1alan que los individuos detenidos no recibieron entrenamiento en EEUU, aunque otros elementos del Batall\u00f3n s\u00ed. El informe del Comando Norte agrega con preocupaci\u00f3n que \u201cel incidente ha recibido amplia cobertura negativa en la prensa internacional y junto con otros casos subsecuentes que involucran a la polic\u00eda, ha llevado a organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo un trabajo de cabildeo para suspender la ayuda de seguridad a M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n De hecho, por ley y por principio, la suspensi\u00f3n de ayuda de EEUU deber\u00eda extenderse a todas las fuerzas armadas mexicanas. No solo porque se amontan los casos de violaciones graves de derechos. Tambi\u00e9n porque el modelo militarizado de guerra contra el narcotr\u00e1fico en s\u00ed es una violaci\u00f3n de derechos humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones e instancias han emitido recomendaciones formales para el retiro de plano de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad p\u00fablica. Ningunos de los dos gobiernos socios en la guerra ha respondido a estas recomendaciones.<\/p>\n Pero es dif\u00edcil que se logre la suspensi\u00f3n. No hay que olvidar que esta guerra fue importado desde los Estados Unidos y ha contado con su apoyo incondicional desde el inicio. Para la Casa Blanca, es la pieza clave de su hegemon\u00eda en Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n Con la Iniciativa M\u00e9rida<\/a>, el complejo militar-seguridad de los EEUU ha logrado un nivel de injerencia en M\u00e9xico sin precedentes en la historia. La militarizaci\u00f3n de la guerra contra las drogas es un gran negocio, es la construcci\u00f3n de una zona de amortiguamiento y control fronterizo, es la protecci\u00f3n de sus inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio. Desde este entramado de intereses, la guerra debe ser permanente, cueste lo que cueste a la sociedad mexicana.<\/p>\n La hipocres\u00eda intr\u00ednseca en ser socio en la guerra y defensor auto-erigido de derechos humanos en M\u00e9xico se vio hace poco, cuando los peri\u00f3dicos anunciaron que el gobierno de Estados Unidos decidi\u00f3 retener $5 millones de d\u00f3lares de la Iniciativa M\u00e9rida por no estar satisfecho con los esfuerzos del gobierno mexicano en el \u00e1rea de derechos humanos. Este anuncio sigui\u00f3 la decisi\u00f3n de enviar fondos adicionales <\/em>a la cantidad originalmente solicitada a la IM, a las mismas fuerzas de seguridad acusadas de incurrir en las violaciones, los cuales, seg\u00fan se ve, salieron de la jugada con ganancias netas.<\/p>\n La otra raz\u00f3n por lo cual las organizaciones de derechos humanos en los dos pa\u00edses siguen indagando en el caso Tlatlaya y su v\u00ednculo con Washington tiene que ver con el tipo de adestramiento que reciben los militares y polic\u00edas mexicanos del Comando Norte, la Escuela de las Am\u00e9ricas y aqu\u00ed en M\u00e9xico. En su decisi\u00f3n de reservar la informaci\u00f3n sobre entrenamiento de EEUU, la Sedena argument\u00f3 que \u201cel adiestramiento recibido por el personal militar del 102 Batall\u00f3n de Infanter\u00eda no guardaba relaci\u00f3n alguna con los hechos ocurridos en dicha localidad como err\u00f3neamente pretend\u00eda hacerlo valer el particular\u201d.<\/p>\n Pero \u00bfc\u00f3mo podemos estar seguros? El estado de excepci\u00f3n que se\u00f1ala el Centro Pro es la descripci\u00f3n de la guerra de Estados Unidos en Irak, el modelo utilizado en a\u00f1os recientes para el adestramiento de oficiales mexicanos en Colorado Springs. Result\u00f3 en aproximadamente 150,000 muertes<\/a> de civiles.<\/p>\n Nadie ha podido explicar por qu\u00e9 se despliega ahora un modelo de guerra contra el terrorismo que aument\u00f3 la violencia en el medio-oriente y ahora en M\u00e9xico, cuando aqu\u00ed no se ha documentado ni una sola amenaza por parte del terrorismo internacional, pero donde s\u00ed existe amplia documentaci\u00f3n de actos de terror y violaciones de derechos humanos por parte del estado.<\/p>\n Adem\u00e1s, actualmente el gobierno de los Estados Unidos est\u00e1 inmerso en esc\u00e1ndalos de derechos humanos como el ataque<\/a> a M\u00e9dicos sin Fronteras en Afganist\u00e1n, el uso de tortura y la matanza de civiles<\/a> por drones. Es un mal maestro para M\u00e9xico.<\/p>\n El caso Tlatlaya muestra la contradicci\u00f3n abierta entre promover la guerra irregular y sostener los principios de los derechos humanos. Es uno u otro. Y los gobiernos de los EEUU y M\u00e9xico se apuestan a la guerra.<\/p>\n Ahora para ciudadanos y ciudadanas a ambos lados de la frontera, la tarea es pararlos.<\/p>\n Laura Carlsen<\/em><\/strong> es directora del CIP Programa de las Am\u00e9ricas en la ciudad de M\u00e9xico, americas.org\/es\/<\/a> <\/em><\/p>\n