Publicado originalmente el 10 de julio de 2008<\/p>\n
El 30 de junio, el presidente George W. Bush promulg\u00f3 la “Iniciativa M\u00e9rida” -m\u00e1s conocida como Plan M\u00e9xico- apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de que fuera aprobada por el Congreso como parte del proyecto de ley de financiaci\u00f3n suplementaria para Irak. La medida tuvo que pasar por varias versiones antes de ser finalmente aprobada por ambas c\u00e1maras, ya que los legisladores iban y ven\u00edan con la administraci\u00f3n Bush y el gobierno del presidente mexicano Felipe Calder\u00f3n sobre las condiciones de los derechos humanos.<\/strong><\/p>\n Al final, incluso las d\u00e9biles condiciones que se hab\u00edan puesto al proyecto de ley se eliminaron en gran medida. Ambas administraciones se declararon satisfechas con el acuerdo, y el Congreso salud\u00f3 una nueva era en la cooperaci\u00f3n binacional. Pero con los derechos humanos relegados a un segundo plano, la sociedad mexicana y las relaciones entre Estados Unidos y M\u00e9xico se enfrentan a un futuro militarizado en el que el poder sin control de unas fuerzas de seguridad abusivas se suma a la alarmante violencia del crimen organizado, en lugar de resolverla.<\/p>\n El paquete final de ayuda de 400 millones de d\u00f3lares difiere poco en contenido y concepci\u00f3n de la versi\u00f3n original presentada por el presidente Bush el 22 de octubre del a\u00f1o pasado. De acuerdo con la propuesta de Bush y la autorizaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, el paquete completo de tres a\u00f1os podr\u00eda destinar hasta 1.600 millones de d\u00f3lares a M\u00e9xico, los pa\u00edses centroamericanos y caribe\u00f1os en concepto de ayuda a la seguridad para dise\u00f1ar y llevar a cabo medidas antinarc\u00f3ticos, antiterroristas y de seguridad fronteriza.<\/p>\n M\u00e9xico y Estados Unidos afrontan el reto conjunto de disminuir el crimen organizado transnacional y deben cooperar para fortalecer el Estado de derecho y detener el tr\u00e1fico ilegal de drogas y armas a trav\u00e9s de la frontera. Pero en la prisa por etiquetar el Plan M\u00e9xico en el suplemento para Irak y demostrar el apoyo a M\u00e9xico a los votantes latinos, muchos legisladores prestaron poca atenci\u00f3n a los detalles de la medida. La iniciativa contiene defectos fatales en su estrategia. Su enfoque militar de la lucha contra el narcotr\u00c3\u00a1fico aumentar\u00c3\u00a1 la violencia relacionada con las drogas y los abusos de los derechos humanos y dar\u00c3\u00a1 lugar a una incapacidad para alcanzar sus propios objetivos.<\/p>\n Aunque se presenta como un esfuerzo sin precedentes para luchar contra el creciente tr\u00e1fico de drogas y la violencia relacionada con el crimen organizado en M\u00e9xico, la “Iniciativa de Cooperaci\u00f3n para la Seguridad Regional” va mucho m\u00e1s all\u00e1 de detener el flujo de drogas ilegales. Reestructura fundamentalmente la relaci\u00f3n binacional M\u00e9xico-Estados Unidos, replantea los problemas econ\u00f3micos y sociales como cuestiones de seguridad y militariza la sociedad mexicana.<\/p>\n Debido a los cambios que tuvieron lugar para obtener la aprobaci\u00f3n de la medida, ahora debemos esperar al informe de gastos del Secretario de Estado a mediados de agosto para conocer los detalles precisos de gran parte del plan. En la versi\u00f3n de Bush, m\u00e1s de la mitad del paquete se destinaba a las fuerzas militares y policiales mexicanas, con 205 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo para las fuerzas armadas. En la versi\u00f3n aprobada por el Congreso, la ayuda militar se redujo a 116,5 millones de d\u00f3lares este primer a\u00f1o, lo que podr\u00eda significar que se retrasar\u00e1 la entrega de uno de los dos aviones de patrulla mar\u00edtima de 50 millones de d\u00f3lares y de algunos de los helic\u00f3pteros de vigilancia de 13 millones de d\u00f3lares, o que se destinar\u00e1 un mayor porcentaje a las fuerzas policiales, o una combinaci\u00f3n de ambas cosas.<\/p>\n La reducci\u00f3n de la ayuda militar apenas tendr\u00e1 consecuencias pr\u00e1cticas. Tanto el ej\u00e9rcito como las fuerzas policiales han sido acusados de violaciones de los derechos humanos documentadas y a\u00fan no resueltas legalmente. Al mismo tiempo, no se asigna dinero para el tratamiento de la drogadicci\u00f3n y la reducci\u00f3n de da\u00f1os en ninguno de los dos pa\u00edses, y el colosal paquete de “cooperaci\u00f3n” ignora los graves problemas que existen en Estados Unidos, como la entrada de drogas ilegales, la venta y el consumo generalizados, el tr\u00e1fico transfronterizo de armas y el blanqueo de dinero.<\/p>\n Este paquete de ayuda situar\u00eda la relaci\u00f3n binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados m\u00e1s cercanos y sensibles en el \u00e1mbito de cuestiones de seguridad vagamente definidas. Al tiempo que ordena un enorme aumento de la ayuda a M\u00e9xico, no incluye fondos para abordar de una vez por todas la brecha de pobreza y las necesidades de desarrollo de nuestro vecino del sur. Tambi\u00e9n encierra a la administraci\u00f3n entrante en la desastrosa estrategia antiterrorista de Bush de primeros ataques y diplomacia de ca\u00f1onera aplicada a una naci\u00f3n fronteriza, justo en un momento en que el p\u00fablico estadounidense est\u00e1 exigiendo un cambio en la pol\u00edtica exterior.<\/p>\n A los miembros de los grupos de derechos humanos de M\u00e9xico y Estados Unidos no les queda otra opci\u00f3n que vigilar los resultados de esta pol\u00edtica equivocada. Esta tarea debe llevarse a cabo con la m\u00e1s amplia participaci\u00f3n ciudadana para que cuando el Plan M\u00e9xico vuelva a ser objeto de asignaciones pueda ser evaluado con base en resultados reales y no en veleidades pol\u00edticas. Los congresos de Estados Unidos y M\u00e9xico tambi\u00e9n deber\u00edan insistir en que la estrategia de seguridad apoyada por esta ayuda se someta a criterios espec\u00edficos de revisi\u00f3n.<\/p>\n Para iniciar un debate p\u00fablico sobre los peligros inherentes al Plan M\u00e9xico, primero es importante entender qu\u00e9 es.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 es el Plan M\u00e9xico?<\/strong><\/p>\n El Plan M\u00e9xico, o Iniciativa M\u00e9rida, fue presentado tras meses de anticipaci\u00f3n y herm\u00e9ticas negociaciones como una “Iniciativa de Cooperaci\u00f3n para la Seguridad Regional” de tres a\u00f1os y 1.400 millones de d\u00f3lares. Los miembros del Congreso de EE.UU. se quejaron inmediatamente de que la administraci\u00f3n Bush no proporcion\u00f3 ninguna informaci\u00f3n a los miembros del comit\u00e9 del Congreso hasta que el acuerdo estuvo cerrado.<\/p>\n La solicitud para el a\u00f1o fiscal 2008 de 550 millones de d\u00f3lares -500 millones para M\u00e9xico y 50 millones para Am\u00e9rica Central- se adjunt\u00f3 al proyecto de ley de asignaciones suplementarias para Irak. El 26 de junio, el Congreso aprob\u00f3 el proyecto de ley con ligeras variaciones. La parte correspondiente a M\u00e9xico se redujo a 400 millones de d\u00f3lares en el primer tramo, y la ayuda a Centroam\u00e9rica aument\u00f3 a 65 millones de d\u00f3lares, incluidos Hait\u00ed y la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n El Secretario de Estado debe presentar un plan de gastos al comit\u00e9 de asignaciones para mediados de agosto. Los detalles facilitados hasta ahora revelan 116,5 millones de d\u00f3lares para el ej\u00e9rcito mexicano y 73,5 millones para “reforma judicial, desarrollo institucional, lucha contra la corrupci\u00f3n y actividades relacionadas con el Estado de derecho”. Lo que sigue es un desglose del plan original. A pesar de la falta de cifras ajustadas, la versi\u00f3n del Congreso parece seguir estas mismas l\u00edneas, con reducciones en algunas partidas.<\/p>\n Bajo la r\u00fabrica de Financiaci\u00f3n Militar Extranjera, el Plan M\u00e9xico asigna hasta 116,5 millones de d\u00f3lares para las Fuerzas Armadas mexicanas, alrededor del 30% del total. El paquete original inclu\u00eda la compra de ocho helic\u00f3pteros Bell (a 13 millones de d\u00f3lares cada uno, con entrenamiento, mantenimiento y equipo especial) para el Ej\u00e9rcito Mexicano y dos aviones de patrulla mar\u00edtima CASA 235 (a 50 millones de d\u00f3lares cada uno, con mantenimiento) para la Armada del pa\u00eds.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico tambi\u00e9n asigna 48 millones de d\u00f3lares para “Control Internacional de Narc\u00f3ticos y Aplicaci\u00f3n de la Ley” en M\u00e9xico. La ayuda directa a la polic\u00eda y las fuerzas armadas representa m\u00e1s del 40% del paquete. La mayor parte de este dinero acaba llenando los bolsillos de las empresas de defensa para la compra de equipos de vigilancia, inspecci\u00f3n y seguridad, y para formaci\u00f3n. La Polic\u00eda Federal mexicana recibe la mayor parte de esta financiaci\u00f3n, mientras que Aduanas, Inmigraci\u00f3n y Comunicaciones reciben el resto.<\/p>\n El resto de las asignaciones solicitadas por Bush para 2008 se compone de 112 millones de d\u00f3lares en la categor\u00eda de “Estado de Derecho” para la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y el sistema de justicia penal. Este dinero est\u00e1 destinado a software y formaci\u00f3n en seguimiento de casos y centralizaci\u00f3n de datos. La iniciativa original tambi\u00e9n destinaba 12,9 millones de d\u00f3lares al infame Servicio de Inteligencia Mexicano (CISEN) para investigaciones, equipo forense y labores antiterroristas, y a otros organismos, entre ellos el Instituto de Migraci\u00f3n, para la creaci\u00f3n de una base de datos sobre inmigrantes. El gobierno estadounidense se asigna a s\u00ed mismo 37 millones de d\u00f3lares del paquete de Bush para gastos administrativos.<\/p>\n El presupuesto propuesto para 2009 de 450 millones de d\u00f3lares para M\u00e9xico es pr\u00e1cticamente el mismo, con una mayor proporci\u00f3n para la polic\u00eda que para el ej\u00e9rcito, suponiendo que para entonces la notoria corrupci\u00f3n entre estos organismos se habr\u00e1 remediado al menos parcialmente, una suposici\u00f3n dudosa en el mejor de los casos (120 millones de d\u00f3lares para las fuerzas armadas y 252 millones de d\u00f3lares para la polic\u00eda y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley).<\/p>\n Todos estos programas est\u00e1n dirigidos a los objetivos de interdicci\u00f3n de la oferta, aplicaci\u00f3n de la ley y vigilancia -incluido el espionaje dom\u00e9stico- de acuerdo con el modelo de “guerra contra las drogas” desarrollado en Estados Unidos a principios de los a\u00f1os 70 bajo el mandato del entonces presidente Richard Nixon.1 Este modelo militar ha demostrado ser hist\u00f3ricamente ineficaz a la hora de alcanzar los objetivos de eliminar el tr\u00e1fico ilegal de drogas y disminuir el crimen organizado, y est\u00e1 estrechamente relacionado con un aumento de la violencia, la inestabilidad y los poderes presidenciales autoritarios.<\/p>\n La versi\u00f3n del Congreso a\u00f1ade un mill\u00f3n de d\u00f3lares para apoyar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en M\u00e9xico. Tambi\u00e9n a\u00f1ade una serie de condiciones que no se encontraban en la versi\u00f3n de Bush. La primera establece que “el quince por ciento de estos fondos no podr\u00e1 ser comprometido hasta que el Secretario de Estado informe por escrito a los Comit\u00e9s de Asignaciones que el Gobierno de M\u00e9xico est\u00e1:<\/p>\n (1) mejorando la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas de las fuerzas policiales federales, y trabajando con las autoridades estatales y municipales para mejorar la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas de las fuerzas policiales estatales y municipales, a trav\u00e9s de mecanismos que incluyan el establecimiento de comisiones de quejas policiales con autoridad e independencia para recibir quejas y llevar a cabo investigaciones efectivas;<\/p>\n (2) establecer un mecanismo de consultas peri\u00f3dicas entre las autoridades gubernamentales mexicanas competentes, las organizaciones mexicanas de derechos humanos y otras organizaciones mexicanas de la sociedad civil pertinentes, para formular recomendaciones relativas a la aplicaci\u00f3n de la Iniciativa M\u00e9rida de conformidad con el derecho mexicano e internacional;<\/p>\n (3) garantizar que los fiscales civiles y las autoridades judiciales investiguen y enjuicien, de conformidad con el derecho mexicano e internacional, a los miembros de la polic\u00eda federal y las fuerzas militares que hayan cometido presuntas violaciones de los derechos humanos, y que la polic\u00eda federal y las fuerzas militares cooperen plenamente con las investigaciones; y<\/p>\n (4) hacer cumplir la prohibici\u00f3n, de conformidad con el derecho mexicano e internacional, sobre el uso de testimonios obtenidos mediante tortura u otros malos tratos.”<\/p>\n Esta lista no exige nada que el gobierno mexicano no est\u00e9 obligado a hacer actualmente. En la mayor\u00eda de los lugares, ya existen mecanismos de denuncia policial y la condici\u00f3n no es clara sobre cu\u00e1l debe ser el seguimiento legal de una denuncia. Los ciudadanos mexicanos atestiguar\u00e1n que, en la mayor\u00eda de los casos, no existe ninguno.<\/p>\n La segunda condici\u00f3n crea un nuevo organismo, pero ese grupo se reduce a hacer recomendaciones sobre la aplicaci\u00f3n de la Iniciativa M\u00e9rida. Tiene incluso menos dientes que la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido decenas de recomendaciones que han sido ignoradas por las fuerzas de seguridad y los organismos gubernamentales.<\/p>\n Por \u00faltimo, la prohibici\u00f3n de la tortura en M\u00e9xico representa un avance en el \u00e1mbito jur\u00eddico, pero ha sido papel mojado en la pr\u00e1ctica. De hecho, la Comisi\u00f3n Civil Internacional de Derechos Humanos document\u00f3 decenas de casos de tortura en su visita de 2007 a Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco. El n\u00famero de casos -agravado por la falta de persecuci\u00f3n legal- llev\u00f3 a la Comisi\u00f3n a calificar la situaci\u00f3n de los derechos humanos en M\u00e9xico de “extremadamente cr\u00edtica”.2<\/p>\n En cualquier caso, el condicionamiento de los derechos humanos por parte del Congreso de Estados Unidos ha sido un arma de doble filo. En el pasado se ha aplicado con criterios evidentemente pol\u00edticos, y con frecuencia carece de normas claras de evaluaci\u00f3n, hasta el punto de que incluso muchos grupos de derechos humanos rechazan esta pr\u00e1ctica. M\u00e9xico siempre se ha opuesto al proceso de “certificaci\u00f3n” por el que el Congreso de Estados Unidos decid\u00eda si una naci\u00f3n pod\u00eda recibir ayuda antinarc\u00f3ticos, y el proceso se modific\u00f3 posteriormente para que M\u00e9xico quedara exento de la certificaci\u00f3n desde 2002. El embajador Garza intent\u00f3 r\u00e1pidamente apaciguar las susceptibilidades mexicanas, alegando que los requisitos de la Iniciativa M\u00e9rida no equival\u00edan a una certificaci\u00f3n.3 Las condiciones finales s\u00f3lo exigen un informe previo, sin que Estados Unidos verifique el cumplimiento con posterioridad a la entrega del paquete de ayuda.<\/p>\n La conexi\u00f3n con el TLCAN<\/strong><\/p>\n La “Iniciativa M\u00e9rida” recibi\u00f3 su nombre de una reuni\u00f3n entre los presidentes Bush y Calder\u00f3n en M\u00e9rida, en la pen\u00ednsula mexicana de Yucat\u00e1n, en marzo de 2007. La historia oficial es que el presidente Calder\u00f3n, ya comprometido con una “guerra contra las drogas” que se basa en gran medida en el uso del ej\u00e9rcito en la interdicci\u00f3n de suministros, solicit\u00f3 la ayuda de Estados Unidos en la reuni\u00f3n de M\u00e9rida y, tras negociar los detalles, el gobierno estadounidense accedi\u00f3.<\/p>\n Con el \u00e9nfasis puesto en los esfuerzos antinarc\u00f3ticos, en el periodo previo al anuncio del paquete en octubre, ambos gobiernos presentaron estudios y estad\u00edsticas para apoyar la tesis contradictoria de que el narcotr\u00e1fico y la violencia relacionada en M\u00e9xico hab\u00edan alcanzado un punto de crisis, y que la ofensiva de Calder\u00f3n contra los c\u00e1rteles de la droga estaba funcionando.<\/p>\n Esta no es la verdadera historia de los or\u00edgenes del plan. El concepto de la administraci\u00f3n Bush de una estrategia de seguridad conjunta para Am\u00e9rica del Norte se remonta al menos a la creaci\u00f3n de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN) como ampliaci\u00f3n del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN).4 Cuando los tres l\u00edderes norteamericanos se reunieron en Waco, Texas, en marzo de 2005, pusieron en marcha un proceso secreto de negociaciones entre miembros de los poderes ejecutivos y representantes de grandes empresas para facilitar los negocios transfronterizos y crear un per\u00edmetro de seguridad compartido. Las reuniones posteriores, incluida la cumbre trilateral de abril de 2008 en Nueva Orleans, ampliaron estos objetivos en medio de crecientes cr\u00edticas5.<\/p>\n A trav\u00e9s de la ASPAN, la administraci\u00f3n Bush ha tratado de empujar a sus socios comerciales norteamericanos hacia un frente com\u00fan que asuma la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de las amenazas terroristas, promover y proteger el modelo econ\u00f3mico de libre comercio y reforzar el control global estadounidense, especialmente en Am\u00e9rica Latina, donde el Departamento de Estado ve una amenaza creciente debido a la elecci\u00f3n de gobiernos de centro-izquierda. Aunque la cooperaci\u00f3n internacional para hacer frente al terrorismo es un objetivo loable y necesario, la estrategia de seguridad nacional de Bush6 conlleva graves violaciones de la soberan\u00eda nacional de sus pa\u00edses socios, un mayor riesgo de ser blanco de ataques como aliados militares de Estados Unidos y amenazas a las libertades civiles de los ciudadanos de los tres pa\u00edses.<\/p>\n Adem\u00e1s, el modelo antiterrorista, ejemplificado por la invasi\u00f3n de Irak, ha provocado un aumento de la inestabilidad y la actividad terrorista en todo el mundo.<\/p>\n Extender el concepto de integraci\u00f3n econ\u00f3mica norteamericana a cuestiones de seguridad nacional a trav\u00e9s de la ASPAN a puerta cerrada plantea serias dudas sobre c\u00f3mo se define la seguridad y qui\u00e9n la define.<\/p>\n Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, lo expres\u00f3 sin rodeos en un discurso pronunciado el 8 de abril, afirmando que la ASPAN “entiende Am\u00e9rica del Norte como un espacio econ\u00f3mico compartido y que como espacio econ\u00f3mico compartido necesitamos protegerlo, y que necesitamos entender que no protegemos este espacio econ\u00f3mico s\u00f3lo en nuestras fronteras, que tiene que ser protegido m\u00e1s ampliamente en toda Am\u00e9rica del Norte. Y a medida que hemos trabajado a trav\u00e9s de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para mejorar nuestra relaci\u00f3n comercial e intercambios, tambi\u00e9n hemos trabajado para mejorar nuestra cooperaci\u00f3n en materia de seguridad. Hasta cierto punto, estamos blindando el TLCAN”.7<\/p>\n La ASPAN pretende fijar pol\u00edticas que no cuentan con consenso y que no han sido debatidas entre la opini\u00f3n p\u00fablica ni en el seno del Congreso. Grupos de ciudadanos de los tres pa\u00edses han pedido que se detengan las negociaciones del ASPAN debido a la falta de representaci\u00f3n laboral, medioambiental y civil, y de transparencia ante el p\u00fablico. En el frente de la seguridad, el concepto de la administraci\u00f3n Bush de una seguridad basada en el ej\u00e9rcito y no en la diplomacia y la pol\u00edtica social es fuertemente cuestionado en Estados Unidos y rechazado de plano entre la gran mayor\u00eda de mexicanos y canadienses.<\/p>\n En este contexto, en lugar de revisar las pol\u00edticas y abrirlas al debate p\u00fablico, la administraci\u00f3n Bush ha lanzado su avance m\u00e1s audaz hasta la fecha en el contexto de la ASPAN: el Plan M\u00e9xico. Se especulaba con que el plan se anunciar\u00eda en la reuni\u00f3n de la ASPAN de Montebello en agosto de 2007, pero quiz\u00e1 debido a la presencia de manifestantes de la ASPAN en esa reuni\u00f3n, el presidente Bush retras\u00f3 varios meses la presentaci\u00f3n oficial de la “Iniciativa M\u00e9rida”. Sin embargo, las dos \u00faltimas reuniones de la ASPAN han incluido debates sobre el Plan M\u00e9xico y el Departamento de Estado ha sido claro sobre su papel crucial dentro del marco econ\u00f3mico y de seguridad general de la ASPAN.<\/p>\n Es importante comprender las ra\u00edces del Plan M\u00e9xico en la agenda de integraci\u00f3n profunda de la administraci\u00f3n Bush. El plan implica mucho m\u00e1s que un programa de ayuda temporal para luchar contra los c\u00e1rteles de la droga. Modifica estructuralmente las bases de la relaci\u00f3n binacional de forma que se enfatizan permanentemente los aspectos militares por encima de la tan necesaria ayuda al desarrollo y de las modificaciones en la pol\u00edtica comercial y de inversi\u00f3n. El alcance de la Iniciativa de Cooperaci\u00f3n para la Seguridad Regional demuestra que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de una guerra conjunta contra las drogas y consolida pol\u00edticas fracasadas de aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n, militarizaci\u00f3n de la frontera, pol\u00edticas de integraci\u00f3n econ\u00f3mica, ataques antiterroristas a las libertades civiles e intromisi\u00f3n de las fuerzas de seguridad en la pol\u00edtica social y la diplomacia internacional. Para ello, la administraci\u00f3n saliente de Bush ha contado con el apoyo de dos aliados econ\u00f3micamente dependientes para tratar de asegurar que sus pol\u00edticas ser\u00e1n irreversibles bajo una presidencia dem\u00f3crata en Estados Unidos.8<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 falla en el Plan M\u00e9xico?<\/strong><\/p>\n El Plan M\u00e9xico encarna una l\u00f3gica de confrontaci\u00f3n que puede criticarse en los once puntos siguientes:<\/p>\n El modelo de “guerra contra las drogas” no funciona.<\/strong><\/p>\n M\u00e9xico tiene un grave problema con el tr\u00e1fico ilegal de drogas y la violencia relacionada con el narcotr\u00e1fico. Pero hay m\u00e1s de una forma de resolverlo.<\/p>\n La Iniciativa M\u00e9rida parte del pretexto err\u00f3neo de que la interdicci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n de la ley y el enjuiciamiento acabar\u00e1n por frenar el narcotr\u00e1fico transfronterizo ilegal. Los estudios han demostrado que el tratamiento y la rehabilitaci\u00f3n son 20 veces m\u00e1s eficaces para reducir el tr\u00e1fico ilegal de drogas.9 Sin embargo, la Iniciativa de M\u00e9rida no incluye ni un c\u00e9ntimo10 para tratamiento o rehabilitaci\u00f3n en ninguno de los dos pa\u00edses.<\/p>\n En contra del objetivo declarado de reducir el tr\u00e1fico binacional de drogas, la administraci\u00f3n Bush ha recortado recientemente los fondos destinados a programas nacionales de tratamiento y prevenci\u00f3n. Este enfoque va en la direcci\u00f3n equivocada.<\/p>\n El modelo de la oferta fracasa por una raz\u00f3n obvia: donde hay un comprador habr\u00e1 un vendedor. Y como se trata de un mercado negro, el vendedor debe pertenecer al crimen organizado y puede obtener enormes beneficios libres de impuestos.<\/p>\n La experiencia del Plan Colombia revela las trampas del Plan M\u00e9xico que ahora se presenta al Congreso. El Plan Colombia es un paquete similar de ayuda militar estadounidense dise\u00f1ado para combatir la guerra contra las drogas. Desde su inicio en 2000, ha contribuido a arraigar la violencia y la corrupci\u00f3n en ese pa\u00eds sudamericano, al tiempo que no ha logrado reducir los flujos de droga hacia Estados Unidos.<\/p>\n En los \u00faltimos siete a\u00f1os del Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos ha gastado unos 6.000 millones de d\u00f3lares supuestamente para combatir la guerra contra las drogas; el 76% de esa cantidad se ha destinado al ej\u00e9rcito colombiano. Los resultados son bien conocidos: Colombia sigue siendo la principal fuente de coca\u00edna en el mercado estadounidense, el precio ha bajado y la pureza ha aumentado. A pesar de las campa\u00f1as de fumigaci\u00f3n, devastadoras para el medio ambiente, numerosos estudios demuestran que la superficie plantada de coca ha aumentado o se ha mantenido constante.<\/p>\n Como consecuencia de las medidas en\u00e9rgicas, los c\u00e1rteles de la droga han adoptado equipos y formas de organizaci\u00f3n m\u00e1s sofisticados, y han estrechado sus relaciones con los c\u00e1rteles mexicanos. En un efecto globo, se abre una nueva ruta cuando se cierra una antigua y nuevos capos de la droga ascienden en las filas cuando los l\u00edderes existentes son encarcelados o asesinados.<\/p>\n Adem\u00e1s de su fracaso a la hora de detener la producci\u00f3n, procesamiento y tr\u00e1nsito de coca\u00edna, el Plan Colombia se ha extendido en ayuda al gobierno derechista colombiano en su guerra contra los insurgentes guerrilleros izquierdistas. La participaci\u00f3n del gobierno estadounidense en los esfuerzos contra la insurgencia fue autorizada por el Congreso en 2003, cuando acord\u00f3 ampliar formalmente el alcance del Plan Colombia para autorizar el uso de ayuda militar m\u00e1s all\u00e1 de las actividades antinarc\u00f3ticos y levantar las restricciones anteriores. Como resultado, el periodista de investigaci\u00f3n Frank Smyth escribi\u00f3 que en 2001 Colombia hab\u00eda superado a El Salvador como el mayor esfuerzo contrainsurgente de Estados Unidos desde Vietnam.11<\/p>\n Con la llegada de armas y dinero para las fuerzas armadas colombianas, la violaci\u00f3n de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles se ha generalizado tanto que resulta alarmante incluso para los defensores del Plan Colombia. En la reciente autorizaci\u00f3n de nuevos fondos para el plan, la C\u00e1mara de Representantes aprob\u00f3 una versi\u00f3n que recorta la ayuda militar, reduce las fumigaciones y condiciona la ayuda a requisitos m\u00e1s estrictos en materia de derechos humanos. La ayuda total al gobierno de Colombia sigue siendo enorme y en gran medida militar, pero junto con el probable rechazo del Tratado de Libre Comercio con Colombia debido a preocupaciones sobre los derechos humanos y laborales, marca un m\u00ednimo reconocimiento en el Congreso de que el modelo de guerra contra las drogas en esa naci\u00f3n simplemente no est\u00e1 funcionando como se pretend\u00eda.<\/p>\n El resultado hoy es que un consumidor de drogas tiene igual, si no mayor, acceso a la coca\u00edna en las calles de las ciudades estadounidenses y es m\u00e1s barata y potente que nunca.12 Colombia sigue siendo la fuente n\u00famero uno de coca\u00edna para el mercado estadounidense. M\u00e1s de 3,8 millones de personas han sido desplazadas de sus comunidades, los grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones de los derechos humanos campan a sus anchas y Colombia es una sociedad militarizada atrapada en la violencia intestina.<\/p>\n Esta experiencia deber\u00eda analizarse cuidadosamente antes de replicar un modelo fracasado con graves da\u00f1os colaterales en el tejido social de una naci\u00f3n aliada. Aunque M\u00e9xico es un pa\u00eds muy diferente -no hay guerra civil ni guerrilla generalizada-, vale la pena tener en cuenta las lecciones del Plan Colombia en v\u00edsperas del Plan M\u00e9xico. El fracaso del modelo de guerra contra las drogas en Colombia y Afganist\u00e1n parece justificar, como m\u00ednimo, una actitud cautelosa hacia su aplicaci\u00f3n en otros pa\u00edses, especialmente en uno tan cercano geogr\u00e1fica y econ\u00f3micamente como M\u00e9xico.<\/p>\n Financiar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas en el actual contexto de corrupci\u00f3n e impunidad empeorar\u00e1 los problemas, reducir\u00e1 el papel de la sociedad civil en la reforma e inhibir\u00e1 la construcci\u00f3n de instituciones democr\u00e1ticas.<\/strong><\/p>\n Desafortunadamente, las fuerzas de seguridad mexicanas son actualmente m\u00e1s parte del problema que de la soluci\u00f3n. El informe de 2007 del Departamento de Estado sobre los derechos humanos13 en M\u00e9xico se\u00f1ala: “La corrupci\u00f3n sigui\u00f3 siendo un problema, ya que muchos polic\u00edas estaban implicados en secuestros, extorsiones o proporcionando protecci\u00f3n o actuando directamente en nombre del crimen organizado y los narcotraficantes. La impunidad era generalizada hasta el punto de que las v\u00edctimas a menudo se negaban a presentar denuncias.”<\/p>\n Miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad mexicanas a nivel local y nacional mantienen estrechos v\u00ednculos con los narcotraficantes, trabajando para ellos directamente en muchas partes del pa\u00eds. El ej\u00e9rcito ha sido tradicionalmente m\u00e1s independiente de esta din\u00e1mica, pero su despliegue en el interior del pa\u00eds en la guerra contra el narcotr\u00e1fico est\u00e1 aumentando su implicaci\u00f3n y dando lugar a violaciones de los derechos humanos. Muchos desertores de las fuerzas armadas, que ascendieron a 17.000 s\u00f3lo el a\u00f1o pasado, reciben formaci\u00f3n antinarc\u00f3ticos y luego la transmiten al servicio de c\u00e1rteles de la droga muy bien pagados. Los tristemente c\u00e9lebres Zetas (una red de narcotraficantes formada por antiguos agentes de las fuerzas de seguridad y militares) ilustran la capacidad letal de los grupos entrenados por militares que operan con los c\u00e1rteles de la droga.<\/p>\n El equipamiento militar tambi\u00e9n acaba en manos de los c\u00e1rteles. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos informa de que el 90% de las armas decomisadas al crimen organizado en M\u00e9xico proced\u00edan de Estados Unidos, muchas de ellas registradas a nombre del ej\u00e9rcito estadounidense.14 El senador Alfonso S\u00e1nchez Anaya inform\u00f3 al Congreso mexicano de que en M\u00e9xico circulan ilegalmente 15 millones de armas.15 En Irak, una investigaci\u00f3n revel\u00f3 la existencia de miles de armas “desaparecidas” que se cree que est\u00e1n en manos de insurgentes y delincuentes. El mercado negro de armas est\u00e1 en auge. Dada esta situaci\u00f3n, la probabilidad de que el material militar estadounidense acabe en las manos equivocadas es m\u00e1s bien una fatalidad.<\/p>\n Al excluir los programas comunitarios de prevenci\u00f3n, tratamiento y rehabilitaci\u00f3n, las iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que crean un papel m\u00e1s activo para la sociedad civil, la iniciativa tiende a convertir a la ciudadan\u00eda en un protectorado de las fuerzas armadas. La redefinici\u00f3n de la delincuencia como una amenaza para la seguridad nacional tambi\u00e9n la aleja del \u00e1mbito comunitario.<\/p>\n No se trata de vilipendiar a las fuerzas armadas, la polic\u00eda y el gobierno mexicanos. Entre sus filas se encuentran muchos individuos honestos y valientes, y algunos han dado su vida luchando contra la corrupci\u00f3n. Declaraciones extremas como la de Tom Tancredo el 8 de noviembre de 2007, quien dijo: “El grado de corrupci\u00f3n dentro del gobierno y el ej\u00e9rcito es tan grande que es dif\u00edcil ver d\u00f3nde termina el gobierno y d\u00f3nde empiezan los c\u00e1rteles”, responden m\u00e1s a una mentalidad de “M\u00e9xico aporrea” que a una preocupaci\u00f3n seria por los verdaderos retos a los que se enfrenta M\u00e9xico.<\/p>\n Pero esta es la realidad de la situaci\u00f3n y el reto para la pol\u00edtica binacional de Estados Unidos es apoyar medidas efectivas para limpiar la corrupci\u00f3n y acabar con la impunidad, al tiempo que se desarrollan mecanismos de cooperaci\u00f3n para combatir el crimen transnacional.<\/p>\n Algunas organizaciones han pedido que se apruebe la Iniciativa M\u00e9rida con un proceso de certificaci\u00f3n de derechos humanos adjunto. Se trata de objetivos contradictorios, ya que el propio plan empeorar\u00e1 las violaciones de los derechos humanos. Dar armas, equipamiento militar, capacidad de espionaje y vigilancia, y formaci\u00f3n a unas fuerzas de seguridad con un historial de abusos que el sistema judicial no puede o no quiere controlar es como echar gasolina al fuego. Ignorar las causas profundas de la actividad delictiva y la demanda del mercado hace muy probable que la ayuda militar potencie la delincuencia y alimente la corrupci\u00f3n.<\/p>\n La certificaci\u00f3n de los derechos humanos, aunque bienintencionada, no ha funcionado en Colombia. Los puntos de referencia de la evaluaci\u00f3n han sido m\u00f3viles y a menudo definidos pol\u00edticamente. Adem\u00e1s, muchos pa\u00edses los consideran una forma de intervenci\u00f3n.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico promueve la militarizaci\u00f3n de la sociedad mexicana con pocos controles legales o sociales.<\/strong><\/p>\n El modelo de hacer frente al tr\u00e1fico, la venta y el consumo de drogas con medios militares aumenta la violencia y debilita las instituciones democr\u00e1ticas. En pa\u00edses donde \u00e9stas ya son d\u00e9biles puede crear serios obst\u00e1culos para una transici\u00f3n a la democracia.<\/p>\n La ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, advirti\u00f3 sobre el uso del ej\u00e9rcito en las calles en su \u00faltima visita a M\u00e9xico. “Entiendo que haya quien diga que a veces hay que recurrir a una fuerza m\u00e1s poderosa como el ej\u00e9rcito, pero me parece que a largo plazo es francamente peligroso”, declar\u00f3 Arbour a la cadena de televisi\u00f3n Televisa. “El ej\u00e9rcito no deber\u00eda hacer el trabajo de la polic\u00eda “16.<\/p>\n El general Jos\u00e9 Francisco Gallardo, el mayor defensor de las garant\u00edas de los derechos humanos en el Ej\u00e9rcito mexicano y un erudito constitucional que fue encarcelado por sus esfuerzos, afirma: “Aqu\u00ed lo que se deber\u00eda hacer es formar una polic\u00eda nacional que lleve a cabo estas funciones y que no dependa de los militares… La presencia del ej\u00e9rcito en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil, federal, estatal y municipal y va en contra del art. 21 de la constituci\u00f3n”. 21 constitucional”.<\/p>\n Cuando se le pregunt\u00f3 si la estrategia de Calder\u00f3n de militarizar la guerra contra el narcotr\u00e1fico podr\u00eda conducir a un retorno a la “Guerra Sucia” de los a\u00f1os 70, Gallardo -como joven soldado, uno de los pocos miembros de las fuerzas armadas que protestaron contra la tortura y los asesinatos que marcaron ese periodo- dijo al autor: “Ya estamos viviendo un retorno a la Guerra Sucia”.18 Cit\u00f3 la pr\u00e1ctica generalizada de la tortura y las detenciones arbitrarias como prueba de las violaciones sistem\u00e1ticas de los derechos humanos en el M\u00e9xico contempor\u00e1neo.<\/p>\n El informe de 2007 de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos de M\u00e9xico19 recomend\u00f3 la retirada gradual del ej\u00e9rcito de la guerra interna contra las drogas. Militarizar la sociedad involucrando al ej\u00e9rcito en funciones internas m\u00e1s all\u00e1 de su mandato constitucional constituye una amenaza para la democracia. Como es bien sabido en Am\u00e9rica Latina, la militarizaci\u00f3n de la sociedad y de la ideolog\u00eda durante la Guerra Fr\u00eda allan\u00f3 el camino a dictaduras militares que asesinaron a civiles y retrasaron d\u00e9cadas el progreso hacia la democracia. Se espera que aumenten las violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n El corolario de un mayor apoyo militar en asuntos internos es el aumento de fuerzas paramilitares incontroladas, como ha ocurrido en Colombia. En M\u00e9xico, el uso de paramilitares se ha limitado en gran medida a los ataques contra las comunidades zapatistas en el estado sure\u00f1o de Chiapas.20 Desde 2006, las organizaciones paramilitares se han utilizado en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e ind\u00edgenas de la zona. Es probable que el aumento de la militarizaci\u00f3n de la sociedad mexicana conlleve un incremento del alcance y la actividad de estos grupos.<\/p>\n Ambos gobiernos se han apresurado a defender el plan afirmando que no se desplegar\u00e1n tropas estadounidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versi\u00f3n dom\u00e9stica de la guerra contra las drogas y la que el gobierno estadounidense ha aplicado en otros pa\u00edses es el uso del Ej\u00e9rcito. Cuando se inici\u00f3 el modelo de guerra contra las drogas, la sobreextensi\u00f3n militar en Vietnam, un sistema de reclutamiento impopular y la adicci\u00f3n a las drogas entre los soldados, as\u00ed como las prohibiciones constitucionales, descartaron el uso del Ej\u00e9rcito. La versi\u00f3n para la exportaci\u00f3n ha incluido tanto ej\u00e9rcitos estadounidenses como del pa\u00eds de origen. El Plan Colombia envi\u00f3 tropas estadounidenses a Colombia, pero el Congreso ha mantenido un tope de tropas. En la actualidad, una situaci\u00f3n similar de sobreextensi\u00f3n militar, debida ahora a la guerra de Irak, impone restricciones pr\u00e1cticas al uso de tropas estadounidenses.<\/p>\n Sin embargo, el despliegue de tropas estadounidenses no puede ser la \u00fanica medida de militarizaci\u00f3n para evaluar la Iniciativa de Cooperaci\u00f3n para la Seguridad Regional. La guerra contra el narcotr\u00e1fico en Am\u00e9rica Latina la libran en mayor medida mercenarios del sector privado y ej\u00e9rcitos nacionales entrenados por el ej\u00e9rcito estadounidense. El Plan M\u00e9xico sigue esta estrategia, por las razones antes mencionadas y, en particular, para evitar irritar las sensibilidades mexicanas respecto a la soberan\u00eda nacional. La militarizaci\u00f3n mediante la creaci\u00f3n de ej\u00e9rcitos nacionales para luchar dentro de sus propias fronteras y el env\u00edo de empresas privadas como Blackwater puede ser incluso m\u00e1s peligrosa para M\u00e9xico que la presencia de tropas estadounidenses. Los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas son d\u00e9biles o inexistentes.<\/p>\n A menos que aparezcan controles y equilibrios que hasta ahora no se han revelado, el Plan M\u00e9xico podr\u00eda contribuir a la creaci\u00f3n de un Estado policial en M\u00e9xico. Esto supone una amenaza especial para las mujeres. Adem\u00e1s de lo ocurrido en San Salvador Atenco (mayo de 2006), las fuerzas de seguridad se han visto implicadas en violaciones y torturas sexuales en casos ocurridos en Oaxaca, Zongolica y Coahuila.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico ampl\u00eda los poderes presidenciales de M\u00e9xico, sesgando un d\u00e9bil equilibrio de poderes.<\/strong><\/p>\n El modelo de guerra contra el narcotr\u00e1fico siempre ha tenido esto como objetivo t\u00e1cito: fortalecer el poder ejecutivo sin contrapesos efectivos ni transparencia, restando facultades a otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.21 En M\u00e9xico, que apenas sale de d\u00e9cadas de autoritarismo presidencial, avanzar en esta direcci\u00f3n podr\u00eda borrar a\u00f1os de construcci\u00f3n de un equilibrio de poderes m\u00e1s efectivo.<\/p>\n Desde su muy disputada elecci\u00f3n por medio punto porcentual en 2006 y las acusaciones de irregularidades sostenidas en parte por las instituciones electorales, el presidente Calder\u00f3n se enfrenta al reto de consolidar su gobierno. Las pol\u00edticas de Estados Unidos deber\u00edan fomentar un proceso de reconciliaci\u00f3n pol\u00edtica y no depender de las fuerzas armadas para reforzar los poderes presidenciales.<\/p>\n Tras su toma de posesi\u00f3n, Calder\u00f3n se forj\u00f3 r\u00e1pidamente una imagen de fuerza en las armas. Envi\u00f3 m\u00e1s de 24.000 soldados a ciudades y pueblos mexicanos y cre\u00f3 un cuerpo de \u00e9lite de fuerzas especiales bajo su supervisi\u00f3n directa.<\/p>\n El mensaje de una presidencia d\u00e9bil reforzada por una fuerte alianza con el ej\u00e9rcito no ha pasado desapercibido para los ciudadanos mexicanos. Mientras algunos creen que es la \u00fanica forma de atacar la inseguridad p\u00fablica, otros han criticado(22) los tintes represivos, el peligro de volver al presidencialismo, el aumento de las violaciones de los derechos humanos, los cuestionamientos constitucionales y las amenazas a las instituciones democr\u00e1ticas civiles.<\/p>\n Para la administraci\u00f3n Bush, el modelo de guerra contra las drogas sirve para afianzar las pol\u00edticas econ\u00f3micas pro-corporativas y la influencia militar estadounidense en la regi\u00f3n. Cuando Estados Unidos exporta su “guerra contra las drogas” se convierte en una poderosa herramienta para intervenir y presionar a otras naciones para que asuman como propios los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Este papel de polic\u00eda mundial crea dependencia de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses y militariza la diplomacia. El Pent\u00e1gono asume el liderazgo de la pol\u00edtica internacional, mientras relega el derecho internacional y la diplomacia a un distante segundo plano.<\/p>\n El modelo de guerra contra las drogas se extiende invariablemente a la represi\u00f3n de la oposici\u00f3n pol\u00edtica en los pa\u00edses donde se ha aplicado, desdibujando los l\u00edmites entre la guerra contra las drogas, contra el terrorismo y contra la oposici\u00f3n pol\u00edtica.<\/strong><\/p>\n Un informe de 2004 documenta el impacto del aumento de la ayuda militar estadounidense en Am\u00e9rica Latina y concluye que “con demasiada frecuencia en Am\u00e9rica Latina, cuando los ej\u00e9rcitos se han centrado en un enemigo interno, la definici\u00f3n de enemigos ha incluido a los opositores pol\u00edticos del r\u00e9gimen en el poder, incluso a los que trabajan dentro del sistema pol\u00edtico como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales o l\u00edderes de partidos pol\u00edticos de la oposici\u00f3n”.23<\/p>\n La persecuci\u00f3n de los disidentes est\u00e1 bien documentada en muchos periodos de la historia de M\u00e9xico, incluida la actualidad. La Comisi\u00f3n Civil Internacional de Derechos Humanos escribe en sus conclusiones preliminares de un viaje de investigaci\u00f3n en febrero de 2008: “Se han producido detenciones arbitrarias generalizadas de miembros de movimientos sociales y, en ocasiones, de miembros de sus familias por el mero hecho de estar relacionados con ellos. Es normal que los detenidos sean sometidos a torturas y malos tratos f\u00edsicos. Para justificar las detenciones se utilizan pruebas falsas… “24<\/p>\n Los periodistas que informan sobre la violencia estatal o relacionada con los c\u00e1rteles de la droga tambi\u00e9n son v\u00edctimas del silenciamiento selectivo. El Comit\u00e9 para la Protecci\u00f3n de los Periodistas sit\u00faa a M\u00e9xico en el 10\u00ba lugar del mundo en su “\u00cdndice de Impunidad”. Colombia, tras casi una d\u00e9cada de recetas del Plan Colombia para aumentar el Estado de derecho, ocupa el cuarto lugar en el \u00edndice de asesinatos impunes de periodistas.25<\/p>\n El Plan M\u00e9xico replica indiscriminadamente el modelo antiterrorista de Bush, poniendo en riesgo las instituciones democr\u00e1ticas y los derechos civiles y humanos en M\u00e9xico, donde la amenaza del terrorismo internacional es pr\u00e1cticamente inexistente.<\/strong><\/p>\n Las medidas antiterroristas incluidas en el Plan M\u00e9xico ignoran el hecho de que la amenaza para Estados Unidos y la amenaza para M\u00e9xico no son equivalentes en tama\u00f1o o naturaleza, como tampoco lo son los contextos pol\u00edticos. M\u00e9xico est\u00e1 saliendo de un r\u00e9gimen autoritario, con muchas instituciones y pr\u00e1cticas no democr\u00e1ticas todav\u00eda intactas y signos crecientes de un retorno a la impunidad y al gobierno de los caciques pol\u00edticos.<\/p>\n Obligar a M\u00e9xico a adoptar medidas antiterroristas de emergencia que incluyan vigilancia nacional, escuchas telef\u00f3nicas, registros sin orden judicial -la “ley Gestapo” (que es como se refieren a ella los medios de comunicaci\u00f3n mexicanos) propuesta por el gobierno de Calder\u00f3n que fue derrotada por la protesta popular- y definiciones de la protesta social como actividad delictiva podr\u00eda da\u00f1ar las fr\u00e1giles protecciones de las libertades civiles y las instituciones democr\u00e1ticas. La Iniciativa M\u00e9rida incluye financiaci\u00f3n para sistemas de espionaje dirigidos a la ciudadan\u00eda nacional y equipos de vigilancia. Las reformas dictadas en el marco de la ASPAN han autorizado el arresto domiciliario y otras medidas consideradas una violaci\u00f3n de los derechos, pero comunes en Estados Unidos ahora bajo la Ley Patriota.<\/p>\n Dado que la definici\u00f3n de “terrorismo” del gobierno estadounidense es tan amplia y ambigua, el modelo antiterrorista ha conducido a la expansi\u00f3n de las misiones y a ataques contra la disidencia interna. La Iniciativa de Cooperaci\u00f3n para la Seguridad Regional constituye un peligroso pelda\u00f1o en ese proceso.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico intensifica el conflicto fronterizo al considerar la inmigraci\u00f3n a trav\u00e9s de la misma lente militar que el terrorismo y el crimen organizado.<\/strong><\/p>\n Al incluir la “seguridad fronteriza” y centrarse expl\u00edcitamente en los “flujos de bienes y personas il\u00edcitos”, la iniciativa equipara a los trabajadores inmigrantes con el contrabando ilegal y las amenazas terroristas. Esto ignora tanto las causas profundas de la emigraci\u00f3n mexicana como la demanda real de mano de obra inmigrante en Estados Unidos.26<\/p>\n La Declaraci\u00f3n Conjunta de la Iniciativa M\u00e9rida(27) dice: “Nuestro objetivo compartido es maximizar la eficacia de nuestros esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales para desarticular el tr\u00e1fico de drogas (incluidos los precursores qu\u00edmicos), el tr\u00e1fico de armas, las actividades financieras il\u00edcitas y el contrabando de divisas, as\u00ed como la trata de personas.”<\/p>\n Los millones de d\u00f3lares asignados al instituto de inmigraci\u00f3n se centran en reforzar la frontera sur de M\u00e9xico mediante la vigilancia, la recopilaci\u00f3n de datos biol\u00f3gicos y un programa de trabajadores invitados guatemaltecos y de control fronterizo. M\u00e9xico tiene una historia de ofrecer refugio a los centroamericanos y aceptarlos en su sociedad. Esto ha ido cambiando a medida que el gobierno estadounidense ha presionado a M\u00e9xico para que intercepte a los migrantes centroamericanos antes de que lleguen a la frontera norte.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico avanza en ese proceso y aumenta la participaci\u00f3n mexicana para detener tambi\u00e9n a sus propios migrantes en la frontera norte. Poner la inmigraci\u00f3n en el mismo saco que las amenazas terroristas ya ha servido para promover la estrategia del gobierno estadounidense de militarizar la frontera norte. La frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico es un ejemplo de c\u00f3mo los programas antiterroristas estadounidenses conducen a la militarizaci\u00f3n, la p\u00e9rdida de soberan\u00eda nacional y la violaci\u00f3n de los derechos humanos e incluso la muerte de los migrantes. Para los trabajadores mexicanos expulsados de un puesto de trabajo por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y M\u00e9xico, ser atrapados como criminales por su propio gobierno en la frontera es una cruel iron\u00eda.<\/p>\n La inmigraci\u00f3n ilegal no es un problema que pueda resolverse con medidas de seguridad draconianas. Nuestra experiencia con las medidas militarizadas de seguridad fronteriza hasta la fecha demuestra que son extremadamente caras, y la criminalizaci\u00f3n de los inmigrantes conduce a un aumento de la hostilidad y la violencia que erosiona las comunidades. La p\u00e9rdida de mano de obra tambi\u00e9n perjudica a las empresas locales.<\/p>\n Una pol\u00edtica mejor reconocer\u00eda la inmigraci\u00f3n como resultado de la integraci\u00f3n econ\u00f3mica y ajustar\u00eda en consecuencia el comercio, la inversi\u00f3n y los programas de desarrollo comunitario en ambos pa\u00edses. La generaci\u00f3n de empleo, el desarrollo de infraestructuras locales y los programas destinados a regular los flujos migratorios y prevenir conflictos contribuir\u00edan en gran medida a mejorar la seguridad fronteriza a corto y largo plazo.<\/p>\n La reforma de los sistemas judicial y penitenciario mexicanos requiere voluntad pol\u00edtica en M\u00e9xico, no dinero de los contribuyentes estadounidenses.<\/strong><\/p>\n Los 112 millones de d\u00f3lares asignados para 2008 en la parte de “Estado de derecho” de la Iniciativa M\u00e9rida a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y otros organismos de justicia penal incluyen principalmente sistemas de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n para centralizar la recopilaci\u00f3n de datos, laboratorios forenses y formaci\u00f3n para el sistema judicial y el personal encargado de hacer cumplir la ley. Aunque algunos los consideran la parte “blanda” de la iniciativa, estos programas plantean serias dudas sobre su eficacia e idoneidad.<\/p>\n En primer lugar, para aumentar el “Estado de derecho” lo que M\u00e9xico necesita realmente es voluntad pol\u00edtica -no recursos adicionales- para que la reforma funcione. Por poner un ejemplo: el asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Ju\u00e1rez se ha convertido en un caso conocido internacionalmente y ha recibido millones de d\u00f3lares del gobierno mexicano y de organismos internacionales para resolver los cr\u00edmenes. Se han formado numerosas comisiones que se han ido desvaneciendo sin dar resultados.28 Un equipo de forenses de \u00faltima generaci\u00f3n llamado para analizar las pruebas que a\u00fan no hab\u00edan sido destruidas redact\u00f3 un informe. Aunque concluyeron su investigaci\u00f3n, el informe no se ha hecho p\u00fablico. Los activistas de derechos humanos cercanos a los casos creen que podr\u00edan implicar a personas con poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico.<\/p>\n En segundo lugar, las leyes y el sistema jur\u00eddico mexicanos no son iguales a los de Estados Unidos. Mientras que los departamentos de polic\u00eda y otras agencias tienen acuerdos de formaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n desde hace tiempo, un gran plan del gobierno estadounidense para formar y reformar el sistema legal mexicano es visto como una intervenci\u00f3n negativa por muchos juristas mexicanos. Jueces mexicanos de la Suprema Corte y de tribunales inferiores han manifestado p\u00fablicamente sus objeciones a los fondos estadounidenses para el sistema judicial. Durante a\u00f1os, los miembros del sistema judicial se han resistido a los intentos de las instituciones financieras internacionales de imponer programas de gobernanza que obliguen a reformar el sistema judicial mexicano, no porque el pa\u00eds no necesite mejorar en este \u00e1mbito (el sistema judicial es notoriamente malo), sino porque s\u00f3lo M\u00e9xico puede renovar su sistema judicial. El Plan M\u00e9xico romper\u00eda esa resistencia y exigir\u00eda planes y formaci\u00f3n estadounidenses tanto en el sistema judicial como en el penitenciario.<\/p>\n El gobierno estadounidense har\u00eda mejor en mejorar su propio sistema judicial en el esfuerzo conjunto por controlar el tr\u00e1fico ilegal de drogas y el crimen organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mayor mercado de drogas ilegales indica un p\u00e9simo historial en el control de la venta al por menor, la distribuci\u00f3n y el consumo de drogas ilegales. Adem\u00e1s, se ha demostrado que medidas como las sentencias obligatorias por drogas discriminan racial y econ\u00f3micamente; consid\u00e9rese que los afroamericanos representan el 13% de los consumidores de drogas y el 59% de los condenados.29 Las condenas por drogas, normalmente para consumidores y no para traficantes y l\u00edderes del crimen organizado, han provocado un hacinamiento en las c\u00e1rceles estadounidenses. Aunque este m\u00e9todo no ha demostrado ser el m\u00e1s eficaz para abordar el problema, el sistema penitenciario privatizado de EE.UU. crea incentivos de mercado para encarcelar a consumidores ocasionales de drogas y a inmigrantes, que forman parte de la Iniciativa de M\u00e9rida. Esto desv\u00eda los recursos y la atenci\u00f3n de la persecuci\u00f3n de los l\u00edderes del crimen organizado y, dado el ya peligroso hacinamiento de las c\u00e1rceles mexicanas, podr\u00eda dar lugar a violentos motines.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico no representa una verdadera cooperaci\u00f3n binacional.<\/strong><\/p>\n Varios miembros del Congreso han anunciado la Iniciativa M\u00e9rida como un paso sin precedentes hacia la cooperaci\u00f3n binacional. Argumentan que el gobierno de Estados Unidos reconoce impl\u00edcitamente su responsabilidad en el tr\u00e1fico transnacional de drogas al ofrecer el paquete de ayuda a M\u00e9xico para combatir el crimen organizado.<\/p>\n De hecho, el plan hace recaer la responsabilidad de la guerra contra las drogas en M\u00e9xico y no incluye medidas de contrapartida para reducir el mercado estadounidense, mejorar el control aduanero en el lado norte de la frontera, reducir la venta al por menor y la distribuci\u00f3n, eliminar el tr\u00e1fico ilegal de armas y perseguir el blanqueo de dinero, todos ellos problemas localizados firmemente en Estados Unidos.<\/p>\n Adem\u00e1s, aunque el Presidente Calder\u00f3n ha anunciado la medida como un ejemplo de que el gobierno estadounidense est\u00e1 dispuesto a asumir su parte en la lucha contra el tr\u00e1fico ilegal de drogas y el aumento del crimen organizado, el grueso del presupuesto de la iniciativa nunca llegar\u00e1 a M\u00e9xico. Adem\u00e1s del 40% que se gastar\u00eda en los helic\u00f3pteros militares y aviones de vigilancia, la mayor parte del resto del presupuesto se destina a contratistas de defensa y empresas de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n (TI) en forma de desembolsos para equipos de inteligencia, software y hardware, y formaci\u00f3n. Una gran parte de este presupuesto va directamente a las empresas de defensa y TI del sector privado estadounidense y al gobierno de Estados Unidos, no a las agencias gubernamentales y de seguridad mexicanas.<\/p>\n Mientras algunos atacan el plan por los recursos destinados a un M\u00e9xico que “no lo merece”, el Plan M\u00e9xico bien podr\u00eda terminar siendo otro barril de cerdo de las empresas de defensa.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico viola la soberan\u00eda mexicana.<\/strong><\/p>\n El Plan M\u00e9xico incluye el entrenamiento de la polic\u00eda y las fuerzas armadas mexicanas utilizando t\u00e9cnicas, tecnolog\u00eda y prioridades estadounidenses. Pocas naciones aceptar\u00edan este arreglo en el \u00e1rea vital de la seguridad nacional. A medida que crece la red de agentes antinarc\u00f3ticos y de aduanas y las unidades de entrenamiento estadounidenses en M\u00e9xico, disminuye proporcionalmente la capacidad del pa\u00eds para aplicar pol\u00edticas basadas en sus propias necesidades y prioridades nacionales.<\/p>\n Los mexicanos siempre han sido protectores de su soberan\u00eda. Los funcionarios del gobierno estadounidense suelen considerar la reticencia de M\u00e9xico a participar en acciones militares y policiales conjuntas con Estados Unidos como si se tratara de un flashback hipernacionalista, pero M\u00e9xico ha guardado su neutralidad en asuntos exteriores y la opini\u00f3n p\u00fablica ve con escepticismo la pol\u00edtica exterior estadounidense, especialmente desde la invasi\u00f3n de Irak, y la mayor\u00eda prefiere cierto grado de autonom\u00eda respecto a los intereses de seguridad de Estados Unidos.<\/p>\n La opini\u00f3n p\u00fablica estadounidense rechazar\u00eda el Plan M\u00e9xico si se invirtieran los papeles. Imag\u00ednese la siguiente noticia en el peri\u00f3dico de la ma\u00f1ana:<\/p>\n “El Plan Estados Unidos, financiado en su totalidad por el gobierno mexicano, colocar\u00e1 agentes antidroga mexicanos en las aduanas fronterizas y en puntos clave del interior, como Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de escuchas telef\u00f3nicas, producido por SPY-MEX y supervisado por agentes de inteligencia mexicanos, vigilar\u00e1 las comunicaciones privadas de ciudadanos estadounidenses sospechosos de estar implicados en el crimen organizado, mientras aviones de fabricaci\u00f3n mexicana sobrevuelan comunidades que se cree est\u00e1n situadas a lo largo de las rutas del narcotr\u00e1fico. El ej\u00e9rcito estadounidense, desplegado recientemente en ciudades de todo el pa\u00eds para luchar contra la guerra del narcotr\u00e1fico, recibir\u00e1 armas y entrenamiento de M\u00e9xico”.<\/p>\n Los peri\u00f3dicos y blogs estallar\u00edan con gritos de reconquista mexicana y sacrificio de la soberan\u00eda estadounidense. Sin embargo, no hay pr\u00e1cticamente nada en este escenario que no est\u00e9 ya sobre la mesa para M\u00e9xico.<\/p>\n Cuando en su testimonio ante las comisiones del Senado mexicano, la canciller Patricia Espinosa mencion\u00f3 las actividades antiterroristas “para detectar terroristas(30) que pudieran intentar atacar a nuestro vecino”, sus comentarios provocaron las cr\u00edticas de los legisladores como prueba de que Estados Unidos pretende imponer su propia agenda antiterrorista.<\/p>\n Aunque se ha descartado la presencia de tropas estadounidenses en M\u00e9xico, la sociedad civil mexicana ha empezado a reaccionar ante lo que considera una intromisi\u00f3n excesiva de Estados Unidos. El entrenamiento militar estadounidense en el marco del Plan M\u00e9xico ha suscitado preocupaci\u00f3n a ambos lados de la frontera.<\/p>\n El papel de los contratistas privados en la aplicaci\u00f3n del paquete sigue sin estar claro y es fuente de consternaci\u00f3n. Una fuente de seguridad afirma que Blackwater ser\u00e1 probablemente el principal beneficiario, a pesar de su manchada reputaci\u00f3n tras los tiroteos contra civiles iraqu\u00edes. La corrupci\u00f3n en los contratos relacionados tanto con la formaci\u00f3n como con la compra de material parece una certeza, dada la experiencia reciente en Irak(31).<\/p>\n Tampoco ayuda el hecho de que se a\u00f1adiera a la solicitud de financiaci\u00f3n suplementaria para Irak. Cualquier v\u00ednculo entre el Plan M\u00e9xico y la doctrina de seguridad estadounidense de Bush aplicada en Irak aumenta las sospechas entre los pol\u00edticos y el p\u00fablico mexicanos.<\/p>\n El Plan M\u00e9xico divide a Am\u00e9rica Latina<\/strong><\/p>\n Para la administraci\u00f3n Bush, el Plan M\u00e9xico desempe\u00f1a un papel expl\u00edcito en su estrategia geopol\u00edtica global en el hemisferio. M\u00e9xico es uno de los dos \u00fanicos gobiernos de extrema derecha entre los principales pa\u00edses del hemisferio. El otro, Colombia, ha recibido miles de millones de d\u00f3lares de ayuda militar estadounidense, tambi\u00e9n originalmente como parte de una “guerra contra las drogas” que pronto se ampli\u00f3 a una alianza militar global. La insistencia del presidente Bush en presionar a los dem\u00f3cratas para que aprueben el Tratado de Libre Comercio con Colombia en el contexto de la Cumbre Trilateral Norteamericana de Nueva Orleans revela los objetivos geopol\u00edticos subyacentes de la administraci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina. Seg\u00fan la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush, este tipo de alianza requiere adherirse a las premisas de dicha doctrina, incluidos los ataques preventivos, la acci\u00f3n unilateral y el desd\u00e9n por el derecho internacional.<\/p>\n La administraci\u00f3n Bush ha desarrollado una pol\u00edtica de “con nosotros o contra nosotros” hacia sus vecinos latinoamericanos. En diversos grados, considera la ola de gobiernos de centro-izquierda (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza para sus intereses estrat\u00e9gicos. Los movimientos para modificar las econom\u00edas de mercado internacionales, aumentar la implicaci\u00f3n del Estado en la redistribuci\u00f3n de la riqueza y el control p\u00fablico de los recursos naturales y los servicios b\u00e1sicos, y las reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos ind\u00edgenas se consideran generalmente contrarios a los intereses de Estados Unidos.<\/p>\n La administraci\u00f3n y los think tanks de derechas que han desarrollado la estrategia formulan expl\u00edcitamente la pol\u00edtica de seguridad hemisf\u00e9rica en t\u00e9rminos de hegemon\u00eda estadounidense. Thomas Donnelly, del American Enterprise Institute, llama al hemisferio occidental “la tercera frontera de Estados Unidos”(32) y sostiene que “la hegemon\u00eda estadounidense en el hemisferio es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos”.<\/p>\n Stephen Johnson,(33) subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa, estableci\u00f3 recientemente la conexi\u00f3n entre el Plan M\u00e9xico y el intento de Washington de recuperar su influencia en un contexto geopol\u00edtico en declive.<\/p>\n “Si bien parece existir una corriente a favor de un mayor compromiso con Estados Unidos, hay Estados desafiantes como Venezuela, Cuba y, en cierta medida, Bolivia y Ecuador. Por ahora, Venezuela y Cuba son claramente hostiles a Estados Unidos, a la democracia de estilo occidental y a los mercados, e intentan activamente contrarrestar nuestra influencia. Nuestro reto no es enfrentarnos a ellos directamente, sino trabajar mejor con nuestros aliados democr\u00e1ticos y vecinos amigos.”<\/p>\n El Plan M\u00e9xico es visto como una oportunidad hist\u00f3rica para que Estados Unidos gane influencia militar en M\u00e9xico y lo utilice como plataforma en la batalla ideol\u00f3gica con Venezuela y Cuba et al. Se trata de una estrategia peligrosa y equivocada para las relaciones internacionales en el hemisferio, donde el respeto mutuo y la autodeterminaci\u00f3n deber\u00edan ser los principios rectores de una paz duradera. Tambi\u00e9n compromete las relaciones de M\u00e9xico con sus vecinos del sur.<\/p>\n Las relaciones internacionales s\u00f3lidas deben basarse en mecanismos de cooperaci\u00f3n entre naciones que han establecido cada una pol\u00edticas de seguridad nacional basadas en sus propias necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad civil a ambos lados de la frontera es el alcance del Plan M\u00e9xico en la refundici\u00f3n de la relaci\u00f3n binacional, para crear lo que la administraci\u00f3n Bush llama “un nuevo paradigma para la cooperaci\u00f3n en materia de seguridad.”<\/p>\n Oposici\u00f3n al Plan M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n A pesar de la falta de informaci\u00f3n p\u00fablica, muchas organizaciones se han manifestado en contra de la Iniciativa M\u00e9rida. Adem\u00e1s de las dudas sobre la eficacia del modelo de guerra contra el narcotr\u00e1fico para eliminar el tr\u00e1fico de drogas ilegales, una de las cr\u00edticas m\u00e1s fuertes y frecuentes se refiere al pobre historial de derechos humanos y a la corrupci\u00f3n de las fuerzas de seguridad mexicanas que recibir\u00edan directamente la ayuda. Numerosas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera basan su oposici\u00f3n al plan en casos de violaciones flagrantes que nunca han sido investigados ni enjuiciados en M\u00e9xico. Algunos ejemplos bastan para ilustrar sus preocupaciones.<\/p>\n 1. En una carta de 30 de abril de 2008 dirigida a William Delahunt, del Subcomit\u00e9 de Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, la AFL-CIO manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la Iniciativa M\u00e9rida, citando “violaciones sistem\u00e1ticas y a menudo violentas de derechos laborales fundamentales” y nombrando espec\u00edficamente dos casos. El primero es el asesinato del l\u00edder del Comit\u00e9 Organizador de Trabajadores Agr\u00edcolas de M\u00e9xico, Santiago Rafael Cruz, sin que las autoridades hayan hecho ning\u00fan seguimiento de las pruebas que indican un v\u00ednculo entre sus actividades sindicales y su asesinato. El segundo tiene que ver con “un ataque a gran escala contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metal\u00fargicos” por parte del gobierno de Calder\u00f3n y la empresa minera Grupo M\u00e9xico, en el que han sido asesinados tres miembros del sindicato sin que se haya investigado ni procesado a nadie, y la falta de seguimiento de la responsabilidad de la empresa en la muerte de 65 mineros en una explosi\u00f3n en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006.34<\/p>\n La carta afirma: “Sin mejoras significativas y concretas en los mecanismos institucionales para eliminar a los criminales, proporcionar formaci\u00f3n en derechos humanos y establecer una supervisi\u00f3n civil efectiva, es probable que la financiaci\u00f3n adicional a estas fuerzas de seguridad empeore la corrupci\u00f3n y la violencia.”<\/p>\n 2. En 2006, las fuerzas de seguridad estatales y federales reprimieron por la fuerza las protestas de los ciudadanos del estado de Oaxaca, en el sur de M\u00e9xico, entre los que se encontraban maestros sindicalizados, estudiantes, pueblos ind\u00edgenas y habitantes de la ciudad. Grupos paramilitares y francotiradores a sueldo participaron tambi\u00e9n en un esfuerzo orquestado para derrotar al movimiento que pretend\u00eda destituir al gobernador del estado, acusado de fraude y violencia, y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y las condiciones de vida en las comunidades en las que trabajan. Las organizaciones de derechos humanos documentaron el asesinato de 23 personas, as\u00ed como numerosos casos de abusos, tortura, detenci\u00f3n arbitraria y encarcelamiento injusto. El asesinato de l\u00edderes del movimiento ha continuado hasta la fecha y ha elevado el n\u00famero de v\u00edctimas mortales a 62, seg\u00fan la Comisi\u00f3n Civil Internacional de Derechos Humanos.35 Entre los muertos se encuentra el periodista estadounidense Brad Will, cuyos asesinos fueron grabados en v\u00eddeo. A pesar de las pruebas, el Estado se ha negado a investigar seriamente o procesar a los autores de estos cr\u00edmenes y la Fiscal\u00eda General Federal archiv\u00f3 el caso. Grupos estadounidenses se oponen a las asignaciones a las fuerzas de seguridad mexicanas bas\u00e1ndose en este caso sin resolver y en otros similares.<\/p>\n Otros casos destacados son los asesinatos de Ciudad Ju\u00e1rez; los asesinatos, torturas y violaciones de manifestantes bajo custodia policial en la comunidad agr\u00edcola de San Salvador Atenco36 en 2006; y la periodista Lydia Cacho, que fue detenida y amenazada tras escribir un libro que revelaba la implicaci\u00f3n de importantes industriales y pol\u00edticos en una red de pedofilia.<\/p>\n Desde que fue enviado a librar la guerra contra el narcotr\u00e1fico, el Ej\u00e9rcito mexicano ha acumulado un alarmante n\u00famero de denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos varios incidentes de tiroteos mortales en puestos de control, violaciones y brutalidad. El Informe sobre Derechos Humanos en M\u00e9xico 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos37 se\u00f1ala informes sobre la participaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad en “homicidios ileg\u00edtimos por parte de las fuerzas de seguridad; secuestros, incluso por parte de la polic\u00eda; abusos f\u00edsicos; condiciones carcelarias deficientes y de hacinamiento; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; corrupci\u00f3n, ineficacia y falta de transparencia en el sistema judicial; confesiones coaccionadas mediante abusos f\u00edsicos permitidas como prueba en los juicios; … corrupci\u00f3n en todos los niveles de gobierno; … violencia, incluidos homicidios, contra las mujeres …”.<\/p>\n En febrero y marzo de 2008, la Comisi\u00f3n Civil Internacional de Derechos Humanos investig\u00f3 la situaci\u00f3n de las violaciones de derechos humanos en los estados sure\u00f1os de Chiapas, Oaxaca y Atenco. La comisi\u00f3n realiz\u00f3 m\u00e1s de 650 entrevistas a v\u00edctimas de abusos. Concluy\u00f3: “La CCIODH sostiene que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situaci\u00f3n m\u00e1s generalizada caracterizada por un patr\u00f3n de comportamiento continuado y habitual por parte de distintas autoridades federales, estatales y, en algunos casos, locales. Este modelo de comportamiento puede entenderse claramente como la pol\u00edtica del Estado”.<\/p>\n El argumento de los grupos que se oponen al Plan M\u00e9xico no es que, dado el deplorable estado de sus sistemas judicial y policial, M\u00e9xico no merezca el paquete de ayuda estadounidense, como si se tratara de una especie de recompensa por buen comportamiento. Esta es una postura presuntuosa: el pueblo mexicano necesita y merece el apoyo de Estados Unidos para programas de desarrollo. El problema es el tipo de ayuda prevista en el Plan M\u00e9xico. Empoderar (y enriquecer) a las instituciones corruptas y abusivas antes de reformarlas empodera a los abusadores, y potencialmente profundiza y consolida la corrupci\u00f3n.<\/p>\n Uno de los grupos de derechos humanos m\u00e1s importantes de M\u00e9xico, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez, afirma: “La Iniciativa M\u00e9rida se caracteriza por la falta de una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de seguridad humana que confunde la seguridad de los Estados con la seguridad de los seres humanos… Es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar pol\u00edticas miopes como \u00e9sta”.<\/p>\n A pesar de las preocupaciones de que las protecciones mexicanas de los derechos humanos y las libertades civiles son insuficientes para garantizar que la ayuda letal y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad no se utilizar\u00e1n contra civiles inocentes, muchos grupos de derechos humanos y pol\u00edticos apoyaron el Plan M\u00e9xico, pidiendo que se a\u00f1adieran condiciones de derechos humanos.38 Estas condiciones, como se ha mencionado, se abandonaron en gran medida. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos se quedan ahora con un papel de vigilancia no vinculante ante un previsible aumento de las violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n La necesidad de un plan mejor<\/strong><\/p>\n M\u00e9xico se encuentra en una coyuntura cr\u00edtica. Sus d\u00e9biles instituciones democr\u00e1ticas se han visto sacudidas y desacreditadas por su inadecuada respuesta a la polarizaci\u00f3n electoral y a la enorme desigualdad social que destina a millones de personas a la pobreza o a la emigraci\u00f3n. Los abusos contra los derechos humanos siguen caracterizando a gran parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El sistema de justicia sigue ligado a poderosos intereses y carece de independencia del gobierno federal y de los gobiernos estatales y locales.<\/p>\n M\u00e9xico puede aceptar el reto de fortalecer las instituciones democr\u00e1ticas o puede volver a caer en el gobierno de la fuerza y el autoritarismo.<\/p>\n En esta coyuntura cr\u00edtica, la Iniciativa M\u00e9rida supone un retroceso potencialmente devastador.<\/p>\n A pesar de la gravedad de la situaci\u00f3n de M\u00e9xico, sigue faltando un diagn\u00f3stico cuidadoso.<\/p>\n Frente a un problema real -la fuerza de los c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico y Estados Unidos- el Plan M\u00e9xico prescribe soluciones que reproducen la l\u00f3gica de la fuerza y el control patriarcal en que se basan los c\u00e1rteles de la droga. Luego aplica estas soluciones no s\u00f3lo a una sangrienta batalla frontal contra los narcotraficantes, sino a una multitud de complejas amenazas a la seguridad con profundas ra\u00edces en la sociedad mexicana.<\/p>\n Antes de poner al ej\u00e9rcito en las calles -con todos los riesgos legales, pol\u00edticos y pr\u00e1cticos que ello conlleva-, el dram\u00e1tico aumento del consumo de drogas en M\u00e9xico deber\u00eda tratarse como una epidemia sanitaria y abordarse de una vez mediante la educaci\u00f3n, las opciones para los j\u00f3venes y la rehabilitaci\u00f3n. La guerra contra las drogas de Calder\u00f3n incluye la construcci\u00f3n de centros de tratamiento, pero se centra en la oferta y la represi\u00f3n, y el Plan M\u00e9xico incluye exclusivamente acciones de represi\u00f3n e inteligencia. El principal resultado hasta ahora ha sido desatar la violencia en la mayor\u00eda de las regiones del pa\u00eds. La muerte, detenci\u00f3n o extradici\u00f3n de cabecillas ha desencadenado luchas por la sucesi\u00f3n y renovadas guerras territoriales. Mientras tanto, no est\u00e1 claro que el precio y la disponibilidad de las drogas ilegales se hayan visto afectados en los mercados estadounidense o mexicano.<\/p>\n Tanto Estados Unidos como M\u00e9xico deber\u00edan rechazar las asignaciones que ponen el \u00e9nfasis en una soluci\u00f3n militar a su drogodependencia compartida. Ir\u00f3nicamente, la \u00fanica parte de la pol\u00edtica antidroga de Nixon que realmente funcion\u00f3 -la expansi\u00f3n de los servicios de tratamiento- es la que menos se ha emulado. El brazo militar-policial de la “guerra contra las drogas” ha demostrado ser no s\u00f3lo un fracaso, sino una amenaza para los mismos valores sociales que dice defender.<\/p>\n La prioridad debe ser desarrollar planes nacionales y mecanismos de coordinaci\u00f3n binacional que funcionen, y cuyos efectos colaterales -como la militarizaci\u00f3n, los abusos a los derechos humanos y la sofisticaci\u00f3n de los elementos criminales- no anulen los beneficios. Si algo se sabe sobre el armamento en los conflictos es que, independientemente del bando al que se arme -y las armas acaban invariablemente en ambos bandos-, la violencia aumenta.<\/p>\n El mero alcance de la Iniciativa M\u00e9rida refleja el enfoque militar\/policial de la administraci\u00f3n Bush en cuestiones de seguridad internacional, justo cuando esas estrategias han tocado fondo en popularidad dentro de Estados Unidos. Cualquier administraci\u00f3n entrante deber\u00eda tener la libertad de desarrollar pol\u00edticas nuevas y m\u00e1s efectivas con uno de sus vecinos m\u00e1s cercanos, en lugar de verse encerrada en pol\u00edticas fracasadas e impopulares de la administraci\u00f3n saliente.<\/p>\n Las principales organizaciones de derechos humanos de M\u00e9xico y Estados Unidos ya se han pronunciado en contra de la Iniciativa M\u00e9rida. Pronto se votar\u00e1 en el Congreso estadounidense. Para evitar los escollos de esta pol\u00edtica, un plan binacional m\u00e1s eficaz deber\u00eda abordar las causas profundas, desarrollar mecanismos de coordinaci\u00f3n binacional y asumir las responsabilidades y obligaciones de Estados Unidos.<\/p>\n Notas finales<\/p>\n Publicado originalmente el 10 de julio de 2008 El 30 de junio, el presidente George W. Bush promulg\u00f3 la “Iniciativa M\u00e9rida” -m\u00e1s conocida como Plan M\u00e9xico- apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de que fuera aprobada por el Congreso como parte del proyecto de ley de financiaci\u00f3n suplementaria para Irak. La medida tuvo que pasar por varias […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"coauthors":[5128],"class_list":["post-1867","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1867","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1867"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1867\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63981,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1867\/revisions\/63981"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1867"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=1867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n