{"id":1891,"date":"2009-10-27T12:28:45","date_gmt":"2009-10-27T12:28:45","guid":{"rendered":"http:\/\/cipamericas.org\/?p=1891"},"modified":"2010-11-06T09:16:36","modified_gmt":"2010-11-06T14:16:36","slug":"6528","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/6528\/","title":{"rendered":"Pobre Pecos, Pobres Presos; Justicia penal para los inmigrantes en el Condado de Reeves en Texas"},"content":{"rendered":"

Introducirse en el edificio federal en Pecos, Texas requiere de sofisticaci\u00f3n pol\u00edtica—de la cual al parecer yo carec\u00eda cuando intent\u00e9 entrar al edificio para observar el juicio de un par de prisioneros inmigrantes acusados de haber participado en el incidente del 12 y 13 de diciembre de 2008.<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n es igual por todo el pa\u00eds. Despu\u00e9s del 11 de septiembre, las salas de la justicia federal est\u00e1n virtualmente bloqueadas. Para entrar a estos edificios, que normalmente son sede de los tribunales de distrito y de las oficinas del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, se tiene que pasar por detectores de metales, presentar identificaci\u00f3n, y deshacerse de cualquier dispositivo electr\u00f3nico. Al menos media docena o m\u00e1s guardias federales de seguridad—por lo general agentes de polic\u00eda o agentes del servicio de alguaciles retirados—se colocan en el vest\u00edbulo del Palacio de Justicia para bloquear la entrada a criminales y terroristas.<\/p>\n

Pecos, una ciudad remota del oeste de Texas, cuenta en sus afueras con una c\u00e1rcel para inmigrantes operada por una compa\u00f1\u00eda privada, abastecida por el gobierno federal, y que es propiedad del gobierno local. Durante las ultimas dos d\u00e9cadas, este negocio ha sido fuente de un creciente n\u00famero de empleos locales y de incremento sostenido de los ingresos del condado. La prisi\u00f3n ha sido ampliada en tres ocasiones para albergar a una cantidad en aumento de reclusos inmigrantes que est\u00e1n bajo la custodia del Bur\u00f3 de Prisiones. Pero, estos d\u00edas, a los pobladores de Pecos, los pone nerviosos el negocio dedicado a los “delincuente extranjeros”.<\/p>\n

“Bueno, yo estoy aqu\u00ed para observar el juicio de los inmigrantes presos que han sido acusados de participar en los disturbios sucedidos en la c\u00e1rcel en diciembre pasado.” Le dije al tiempo que le entregaba al guardia mi tarjeta de presentaci\u00f3n del Centro de Pol\u00edtica Internacional.<\/p>\n

“Disturbios, aqu\u00ed no ha habido disturbios.” Dijo. S\u00f3lo despu\u00e9s que le ped\u00ed que se identificara reconoci\u00f3: “hubo un mot\u00edn, que nos esta costando decenas de millones de d\u00f3lares.”<\/p>\n

Durante mis viajes a Pecos a partir del segundo evento noticioso protagonizado por los reclusos del 31 de enero al 5 de febrero, yo me hab\u00eda referido alternadamente a los sucesos como “revuelta”, “protesta”, “mot\u00edn”, y “disturbio”.<\/p>\n

El pa\u00eds otorga contratos a la gigantesca empresa carcelaria Grupo Geo<\/em> <\/strong>para que opere el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves (RCDC), y se jacta de que \u00e9ste es “el mayor centro de detenci\u00f3n\/correccional bajo gesti\u00f3n privada en el mundo. ” Lo sucedido, en dos ocasiones, en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves, fue que los inmigrantes ah\u00ed detenidos, incendiaron edificios de la prisi\u00f3n en protesta por las muertes y la carencia de tratamiento medico a reclusos enfermos. Clasificados oficialmente como “delincuentes extranjeros”, estos prisioneros, al cumplir sus condenas que van de 1 a 5 a\u00f1os, ser\u00e1n procesados para su deportaci\u00f3n—en ambos casos, el catalizador de las protestas fue el tratamiento de los reclusos enfermos quienes son confinados en la Unidad de Seguridad<\/em> (SHU) “para observaci\u00f3n m\u00e9dica.”<\/p>\n

En las c\u00e1rceles y en los centros de detenci\u00f3n modernos, las “Unidades de Seguridad”, SHU’s son el equivalente actual del viejo sistema de “Confinamiento Solitario”—destinado a castigar tanto infracciones disciplinarias como a ser instrumento disuasivo para evitar comportamientos rebeldes. Pero, en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves (RCDC), y en muchos otros por todo el pa\u00eds, las SHU’s se utilizan con frecuencia simplemente para mejorar el control de las poblaciones carcelarias—para castigar y aislar a los reclusos problem\u00e1ticos hayan o no infligido los reglamentos.<\/p>\n

En el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves, (RCDC) que, a partir de 1985 ha sido ampliado de 300 camas a su actual capacidad de hasta 3,000 detenidos, la “Unidad de Seguridad” se emplea sistem\u00e1tica y habitualmente para albergar a reclusos con enfermedades graves. Esto porque el complejo carcelario no cuenta con instalaciones de enfermer\u00eda.<\/p>\n

La muerte de Jes\u00fas Manuel Galindo<\/h3>\n

El primer incidente fue precipitado por la muerte de Jes\u00fas Manuel Galindo, de 32 a\u00f1os de edad, quien estaba cumpliendo una condena de 30 meses por reingreso ilegal desde M\u00e9xico. Galindo fue detenido por la Patrulla Fronteriza despu\u00e9s de sufrir un ataque epil\u00e9ptico en una tienda 7\/11 cerca de la ciudad fronteriza de Anthony, Nuevo M\u00e9xico, lugar en el cual hab\u00eda vivido con su familia desde que era adolescente. La polic\u00eda local, que respondi\u00f3 a la solicitud de ayuda de la dependienta de la tienda, entreg\u00f3 a Galindo a la Patrulla Fronteriza al determinarse que era un “extranjero ilegal”.<\/p>\n

Galindo fue deportado a Ciudad Ju\u00e1rez (a unos 20 kil\u00f3metros de su casa en Estados Unidos). Hace dos a\u00f1os, despu\u00e9s de haber pasado un mes en la ciudad fronteriza que colinda con El Paso, intent\u00f3 regresar con su familia nuclear y extendida tres hijos y su segunda esposa)—todos ellos residentes legales o ciudadanos.<\/p>\n

Sin embargo, la reforzada seguridad fronteriza y una nueva pol\u00edtica de “extranjero criminal” que criminaliza y penaliza el cruce ilegal de fronteras, se combinaron para enviar a Galindo al calabozo federal de Pecos, donde se estima que el 75% de sus compa\u00f1eros reclusos tambi\u00e9n sirven condenas relacionadas a cruces ilegales de la frontera y el resto por delitos no violentos, la mayor\u00eda de violaciones a la ley antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n

Un nuevo ataque agudo de epilepsia, a mediados de noviembre de 2008 envi\u00f3 a Galindo a un hospital de la zona, y a la “Unidad de Seguridad” (SHU). El mayor temor de los reclusos en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves es enfermase y ser consignados a la Unidad de Seguridad—a la que denominan “el hoyo”. Es considerado un agujero no solo por ser tan oscuro o sucio, sino m\u00e1s bien porque es donde no se encuentra alivio frente a las paredes, la soledad, el vac\u00edo, ni de uno mismo.<\/p>\n

Galindo manten\u00eda correspondencia frecuente con su madre, Graciela Galindo. Sus cartas, a partir de mediados de noviembre hasta la v\u00edspera de su muerte, hablan de su miedo y desesperanza por estar recluido en el agujero sin ninguna compa\u00f1\u00eda, sin sus amigos de c\u00e1rcel. Le cuenta a su madre acerca de lo inhumano de la mayor\u00eda de los guardias que no parec\u00edan reconocer la humanidad de los inmigrantes reclusos. Escribe acerca de la urgencia de obtener el medicamento correcto para evitar la recurrencia de los ataques—medicina, seg\u00fan me dijo su madre, para la cual ten\u00eda receta medica antes de su encarcelamiento, pero que fue substituida por las enfermeras de Reeves por sedantes que lo manten\u00edan adormilado e incapaz de sostenerse de pie. El 5 de diciembre, escribi\u00f3 que tenia “miedo” de lo que le pudiera pasar si permanec\u00eda mas tiempo en el agujero, de c\u00f3mo su petici\u00f3n de salir del confinamiento en solitario estaba siendo ignorada por los guardias y las enfermeras, de las severas magulladuras que ten\u00eda por todo el cuerpo por los golpes que se daba cuando sufr\u00eda ataques epil\u00e9pticos sin ninguna atenci\u00f3n.<\/p>\n

El d\u00eda anterior a su muerte, escribi\u00f3 una carta a su madre que la familia no ley\u00f3 hasta mucho despu\u00e9s, cuando recibieron sus pocas pertenencias personales, junto con su cuerpo.<\/p>\n

En su carta del 11 de diciembre, escribi\u00f3:”Les dije que ya he estado aqu\u00ed (en confinamiento solitario) por mas de un mes, durante el cual me he enfermado dos veces, a ver si me cambian o hacen algo r\u00e1pidamente. Todo lo que dicen es “s\u00ed, s\u00ed, y no hacen nada.”<\/p>\n

La versi\u00f3n de lo sucedido esta sujeta a interpretaciones y a intereses. Insurrecci\u00f3n o protesta: criminales comport\u00e1ndose como criminales o seres humanos exigiendo un trato humano- despu\u00e9s de que dos de sus compa\u00f1eros, quienes tambi\u00e9n estaban en confinamiento solitario, vieron que su cuerpo era trasladado en una bolsa de pl\u00e1stico negro la ma\u00f1ana del 12 de diciembre.<\/p>\n

Sus compa\u00f1eros de prisi\u00f3n reaccionaron con ira al conocer la noticia de la muerte de Galindo. El incidente del 12 y 13 de diciembre dej\u00f3 un saldo de varios cientos de miles de d\u00f3lares en da\u00f1os a la “Unidad de Seguridad” (SHU), y un edificio de recreaci\u00f3n pr\u00e1cticamente siniestrado. El Condado de Reeves atribuy\u00f3 la p\u00e9rdida de bienes en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves III (Reeves County Detention Center III, <\/em>la instalaci\u00f3n carcelaria para inmigrantes resultado de la ampliaci\u00f3n de 2005) a un “disturbio”. El tipificarla como “amotinamiento”, habr\u00eda eliminado la obligaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de seguros de cubrir los costos del siniestro, indic\u00f3 el juez del condado Sam Contreras.<\/p>\n

Procesando a los Reclusos, Protegiendo a la Prisi\u00f3n<\/h3>\n

Los propios reclusos se refer\u00edan al incidente como “mot\u00edn”, o revuelta—t\u00e9rmino que tiene la connotaci\u00f3n de insurrecci\u00f3n o levantamiento contra la autoridad.<\/p>\n

Despu\u00e9s del incidente de los d\u00edas 12 y 13 de diciembre en Pecos, los reclusos internados en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves (RCDC), se rebelaron de nuevo e incendiaron edificios de la prisi\u00f3n en una protesta generalizada que sucedi\u00f3 del 31 de enero a febrero 5, provocada, igual que la anterior, por la negligencia m\u00e9dica y los malos tratos relacionados con la utilizaci\u00f3n de la Unidad de Seguridad (SHU), con fines de “observaci\u00f3n m\u00e9dica”. A partir de entonces, el sistema de justicia penal, el sistema de seguros, y el sistema financiero son los que est\u00e1n asumiendo la mayor parte del seguimiento.<\/p>\n\n\n\n\n
\"\"<\/td>\n<\/tr>\n
El mot\u00edn en RCDC fue una reacci\u00f3n provocada por la falta de un sistema de saluda adecuado
\nproporcionado a los inmigrantes detenidos de los centros de detenci\u00f3n. Foto: www.malcolm-che.com.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

A pesar de las demandas de la Uni\u00f3n Americana por las Libertades civiles, (American Civil Liberties Union, ACLU) de Texas y grupos de defensa de inmigrantes, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia aun no inicia ninguna investigaci\u00f3n al respecto. Sin embargo, el sistema de justicia penal si respondi\u00f3 con otro tipo de acciones. La oficina de Midland, Tejas del Procurador General de Justicia Federal, de inmediato procedi\u00f3 a investigar si habr\u00eda otros delitos con los que iniciar nuevos procesos en contra de los reclusos inmigrantes que, en parte por solidaridad con los enfermos encerrados en el agujero, y en parte por temor a que ellos tambi\u00e9n ser\u00edan liberados de la prisi\u00f3n en una bolsa de pl\u00e1stico, tomaron control de las dos secciones de la prisi\u00f3n para hacer notar sus preocupaciones.<\/p>\n

Al igual que los internos, el Fiscal de Estados Unidos calific\u00f3 los incidentes como “motines” mientras que en los medios de comunicaci\u00f3n se hizo eco de la versi\u00f3n de los guardias de seguridad del vest\u00edbulo del edificio federal, refiri\u00e9ndose a los incidentes como “disturbios”. Veintis\u00e9is internos acusados de participar en el primer incidente, est\u00e1n siendo procesados. En un principio enfrentaban dos cargos—causar una insurrecci\u00f3n o mot\u00edn, y complicidad (asistir en la comisi\u00f3n de un crimen), en un mot\u00edn o insurrecci\u00f3n. El primer cargo especificaba que los acusados “y otras personas conocidas o no por el Gran Jurado, de manera ilegal, intencionada y a sabiendas, se unieron, conspiraron, se asociaron y se pusieron de acuerdo para juntos y con otros instigar, planear, intento de causar, asistir, y conspirar para provocar un mot\u00edn en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves, un penal federal de detenci\u00f3n, o instituci\u00f3n correccional.”<\/p>\n

(Al parecer, los abogados de la fiscal\u00eda general de Estados Unidos est\u00e1n tan confundidos como todo el mundo acerca del verdadero car\u00e1cter del Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves, sea una prisi\u00f3n o bien un centro de detenci\u00f3n. Y, al tiempo que aloja prisioneros federales—todos inmigrantes con \u00f3rdenes de deportaci\u00f3n—hay mucha confusi\u00f3n acerca del nivel de gobierno bajo el cual opera la prisi\u00f3n. El Bur\u00f3 Federal de Prisiones (BOP) es el contratista, el Condado es el propietario de la instalaci\u00f3n, y el Grupo GEO opera la c\u00e1rcel como sub-contratista del Condado. Esta cadena retorcida de responsabilidades ocasiona que la rendici\u00f3n de cuentas sea dif\u00edcil en el mejor de los casos.)<\/p>\n

El segundo cargo fue esencialmente el mismo, pero en \u00e9ste, los acusados supuestamente “colaboraron ellos y otros en instigar, planear, intento de causar, asistir o conspirar para provocar un mot\u00edn.” En resumen, la acusaci\u00f3n penal describi\u00f3 el incidente como un mot\u00edn o insurrecci\u00f3n. Los dos cargos fueron presentados el 9 de abril y 12 de mayo.<\/p>\n

Pero no obtuvieron el resultado deseado. Al inicio, algunos acusados rehusaron declararse culpables, causando la molestia de la oficina del fiscal de Estados Unidos quines esperaban ahorrarse el trabajo de presentar pruebas y que el caso transitara hacia un juicio. As\u00ed, el 14 de julio el Fiscal federal a cargo del caso, John Murphy, present\u00f3 ante el gran jurado una acusaci\u00f3n que sustituye a las anteriores y que incluye un cargo nuevo: “El uso del fuego para cometer un delito de naturaleza penal federal.”<\/p>\n

Mary Stillinger, una de los abogados de oficio representando a los inmigrantes, coment\u00f3 que el nuevo cargo, “realmente golpe\u00f3” a los inmigrantes, ya que origina una sentencia obligatoria de diez a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n

Las pruebas duras contra los acusados fueron escasas. Sin embargo, todos los abogados de los inmigrantes acusados fueron designados por el tribunal y reciben honorarios tanto si sus clientes son declarados inocentes como si los declaran culpables. Los defensores p\u00fablicos federales en zona de la frontera est\u00e1n abrumados por la cantidad de procesos federales de inmigraci\u00f3n, y el gobierno federal asigna los casos a abogados privados, muchos de los cuales s\u00f3lo cubren los requisitos m\u00ednimos formales en la defensa de los inmigrantes.<\/p>\n

Como parte del proceso de reconstrucci\u00f3n del reclusorio, la gente de GEO ha insistido en que el condado instale un sistema general de c\u00e1maras de seguridad y unidades de grabaci\u00f3n de v\u00eddeo para asegurar que la pr\u00f3xima vez que enfrenten problemas, las cintas de vigilancia puedan ser utilizadas como evidencia. El arquitecto director del proyecto de reconstrucci\u00f3n explic\u00f3, en una reuni\u00f3n de comisionados del condado que se llev\u00f3 a cabo en Pecos, “las c\u00e1maras y los equipos de grabaci\u00f3n son prioritarios, porque, dice, si hubieran tenido m\u00e1s c\u00e1maras de seguridad, y mejor equipo de grabaci\u00f3n durante los disturbios, habr\u00edan sido capaces de iniciar procesos penales contra mas personas, de acusar a un numero mayor—si hubieran tenido pruebas de lo que todo el mundo estaba haciendo.”<\/p>\n

Nadie en posici\u00f3n de responsabilidad—ni en el gobierno del Condado, ni en Geo, ni el subcontratista de los servicios m\u00e9dicos, Asociaci\u00f3n Red de M\u00e9dicos (de Lubbock, Texas), ni en el Bur\u00f3 Federal de Prisiones, (BOP), ni en la Procuradur\u00eda General de Estados Unidos, parecen estar interesados en procesar, acusar, recopilar evidencias, incluso ni siquiera de investigar las condiciones prevalecientes en el Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves, RCDC que provocaron los disturbios y la muerte de Jes\u00fas Manuel Galindo.<\/p>\n

El negocio es primero en el Condado de Reeves<\/h3>\n

El condado tiene otras preocupaciones que implican altas finanzas y la conservaci\u00f3n del empleo carcelario en el Condado de Reeves.<\/p>\n

A partir de 1985, el condado ha emitido aproximadamente $115 millones de d\u00f3lares en bonos municipales para financiar la construcci\u00f3n y el mantenimiento del Centro de Detenci\u00f3n del Condado de Reeves (RCDC), el complejo carcelario para inmigrantes. Al inicio del disturbio \/ mot\u00edn \/ insurrecci\u00f3n, el condado hab\u00eda acumulado una deuda a cargo del centro de detenci\u00f3n por la suma de $ 92 millones de d\u00f3lares. Esta deuda est\u00e1 asegurada con bonos municipales exentos de impuestos denominados “Bonos de Ingreso por Proyecto” emitidos por una corporaci\u00f3n p\u00fablica municipal establecida especialmente para crear un proyecto proveedor ingresos para el condado.<\/p>\n

El condado sali\u00f3 bastante bien librado del primer incidente. Las compa\u00f1\u00edas de seguros contratados por el condado durante un par de d\u00e9cadas para cubrir la prisi\u00f3n, solvent\u00f3 la mayor parte de los gastos de reconstrucci\u00f3n. Pero no tard\u00f3 en llegar la secuela proverbial, “la pr\u00f3xima es fuego.”<\/p>\n

A escasos dos meses de la primera protesta de reclusos, \u00e9stos protagonizaron un incidente mucho m\u00e1s agudo el 12 y 13 de diciembre—que destruy\u00f3 completamente la unidad carcelaria m\u00e1s antigua, dio lugar a la reconstrucci\u00f3n y elev\u00f3 los gastos del proyecto hasta $40 millones de d\u00f3lares. Esta vez, se espera que las compa\u00f1\u00edas de seguros aporten s\u00f3lo $ 25 millones, dejando el condado con un d\u00e9ficit de $15 millones d\u00f3lares.<\/p>\n

Ahora hay que introducir a Barry Friedman de Carlyle Capital Markets, la firma que ha suscrito los bonos del Condado de Reeves desde el comienzo de su empresa carcelaria. Friedman le asegura al condado que puede colocar los $15 millones o m\u00e1s en bonos para cubrir el d\u00e9ficit. “He estado del lado del Condado de Reeves desde 1986” Friedman recientemente les dijo a los comisionados del condado, asegur\u00e1ndoles que s\u00f3lo busca lo que es bueno para el condado.<\/p>\n

No s\u00f3lo es Friedman quien suscribe la nueva emisi\u00f3n de bonos, adem\u00e1s, despu\u00e9s de los disturbios, fue contratado como asesor financiero para el condado con honorarios de alrededor de $15,000 d\u00f3lares al mes. \u00c9l recibe tanto la comisi\u00f3n por suscribir la emisi\u00f3n de bonos como la retribuci\u00f3n por asesorar al condado en materia financiera. Cuando la Fiscal del Condado, Alva \u00c1lvarez, se quej\u00f3 del conflicto de intereses inherente a su doble rol, Friedman respondi\u00f3 muy molesto a la pregunta de si el representaba a los tenedores de bonos, “No, yo represento al condado.”<\/p>\n

El Condado de Reeves est\u00e1 enojado, preocupado, fuertemente endeudado, y en camino de incrementar sus adeudos. No es de extra\u00f1ar, entonces, que el anciano guardia de seguridad reaccionara a la defensiva en el edificio federal. Despu\u00e9s que le pregunt\u00e9 qui\u00e9n era, amenaz\u00f3 con llamar a los alguaciles. Conociendo la justicia que se imparte en el Condado de Reeves, me di la vuelta y me march\u00e9. En cualquier caso, todos los inmigrantes procesados hab\u00edan decidido declararse culpables. El juicio programado se cancel\u00f3.<\/p>\n

Los \u00e1nimos est\u00e1n tambi\u00e9n en llamas en el edificio del condado en la calle de enfrente, las quejas de que el Friedman de Carlyle trabaja dos lados del negocio carcelario y con el temor de que si el Condado no repara la prisi\u00f3n, el Bur\u00f3 Federal de Prisiones pueda, como apunt\u00f3 uno de los funcionarios municipales, “llegar con autobuses y llevarse a los presos”.<\/p>\n

Eso dejar\u00eda el Condado de Reeves con una enorme deuda en bonos carcelarios, a Pecos con un complejo penitenciario vac\u00edo a las afueras de la ciudad, y a m\u00e1s de cuatrocientos residentes de la zona sin trabajo. Ser\u00eda un golpe casi fatal para el municipio, donde un cuarto de la poblaci\u00f3n vive en la pobreza y el \u00edndice de desempleo alcanza el 14.1%.<\/p>\n

Pobre Pecos. Y pobres inmigrantes que todav\u00eda sufren las mismas condiciones m\u00e9dicas que provocaron los incidentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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