![\"800px-paraguayan_marines_at_ancon_marine_base_2010-07-19-150x150\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/800px-Paraguayan_marines_at_Ancon_Marine_Base_2010-07-19-150x150.jpg\")
La destituci\u00f3n fulminante del presidente Fernando Lugo, en 2012, represent\u00f3 un paso atr\u00e1s para los campesinos y lubric\u00f3 un avance exponencial de los negocios de la soja y la carne. Ese avance profundiza la desigualdad y se produce con los m\u00e9todos mafiosos que caracterizan al narcotr\u00e1fico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.<\/p>\n
\u201c\u00bfPorqu\u00e9 para desalojar a 50 familias campesinas env\u00edan 400 polic\u00edas?\u201d, le preguntan a la soci\u00f3loga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas.<\/p>\n
\u201cPorque si son pocos, no les tienen miedo y no pueden desalojarlos\u201d, responde. \u201cPor eso emplean niveles in\u00e9ditos de violencia y en casi todos los desalojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos, y les roban sus pertenencias\u201d.<\/p>\n
Un buen ejemplo es el desalojo de la colonia San Juan (departamento de Canindey\u00fa), el 17 de agosto pasado cuando m\u00e1s de 200 polic\u00edas desalojaron doce lotes dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas cuando, seg\u00fan un comunicado del instituto BASE-IS (BASE-Investigaciones Sociales), la comitiva fiscal-policial \u201cderrib\u00f3 las casas de las familias, trabajo que realizaron polic\u00edas y peones de los productores de soja\u201d.<\/p>\n
El caso es grave, porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a trav\u00e9s de la ley 620, que permiti\u00f3 a familias campesinas beneficiarias de pol\u00edticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hect\u00e1reas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayor\u00eda brasile\u00f1os. El desalojo de las familias que permanec\u00edan en la colonia se produjo por una denuncia de un sojero que asegur\u00f3 que los campesinos \u201cinvad\u00edan su propiedad\u201d. Pero el operativo no contaba con orden judicial de desalojo o desahucio, sino \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n sobre algunas personas.<\/p>\n
La polic\u00eda de elite se qued\u00f3 varios d\u00edas en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, se\u00f1ala un informe de BASE-IS, un grupo de polic\u00edas y sojeros llegaron al asentamiento \u201ccon la intenci\u00f3n de fumigar con secantes qu\u00edmicos los cultivos de las familias\u201d. Ante\u00a0 la oposici\u00f3n encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. \u201cEl coraz\u00f3n del conflicto es el acaparamiento irregular de tierras estatales reservas para la reforma agraria por productores sojeros\u201d[2]<\/a>.<\/p>\n Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking de pa\u00edses productores de soja transg\u00e9nica en el mundo, por delante de Canad\u00e1 y detr\u00e1s de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Todos pa\u00edses con una superficie mucho mayor que la del pa\u00eds guaran\u00ed. Las nueve millones de toneladas de soja se cosechan en tres millones y medio de hect\u00e1reas que se han sido robadas (literalmente) a campesinos, ind\u00edgenas y a un Estado aliado de los sojeros.<\/p>\n La soja se come todo<\/strong><\/p>\n Lo m\u00e1s curioso e indignante, es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. O sea, con colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios m\u00ednimos. En las zonas de expansi\u00f3n sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasile\u00f1os alegan tener t\u00edtulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupci\u00f3n de funcionarios estatales del INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) y la Direcci\u00f3n de Catastro.<\/p>\n Varios trabajos del instituto BASE-IS documentan el avance del agronegocio en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros a\u00f1os del gobierno de Horacio Cartes. En los ocho a\u00f1os que van de 2004 a junio de 2012 (destituci\u00f3n de Fernando Lugo por un golpe parlamentario), se hab\u00eda liberado legalmente un solo evento transg\u00e9nico. Sin embargo, desde ese a\u00f1o se liberaron 19 eventos m\u00e1s, de modo legal o ilegal, seg\u00fan la abogada Silvia Gonz\u00e1lez.<\/p>\n No hay datos oficiales. \u201cPara acceder a informaci\u00f3n sobre la liberaci\u00f3n de eventos transg\u00e9nicos\u201d, escribe la abogada, \u201cnos hemos visto en la necesidad de recurrir a informaci\u00f3n de organismos del exterior, ya que la p\u00e1gina oficial de la Comisi\u00f3n de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO) desde hace meses tiene \u201cproblemas t\u00e9cnicos\u201d[3]<\/a>.<\/p>\n En segundo lugar, se constata una fuerte concentraci\u00f3n de las empresas oligop\u00f3licas que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora fusionada con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasile\u00f1as controlan las exportaciones de carne y tres estadounidenses las de soja. En un pa\u00eds donde el presidente e, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.<\/p>\n S\u00f3lo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones. Las consecuencias son catastr\u00f3ficas para el medio ambiente y los campesinos. Seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Guyra Paraguay cada a\u00f1o se deforestan 260 mil hect\u00e1reas, por lo que en poco m\u00e1s de una d\u00e9cada \u201cla deforestaci\u00f3n rampante promete eliminar los bosques de la faz del Paraguay\u201d. Cada d\u00eda se destruyen dos mil hect\u00e1reas de bosque.<\/p>\n El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Econom\u00eda Pol\u00edtica, concluye luego de analizar los datos oficiales que los grandes productores evadieron nada menor que el 87 por ciento del Impuesto a la Renta Agropecuaria. El sector apenas aport\u00f3 110 millones de d\u00f3lares lo que suficiente para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres d\u00edas. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de d\u00f3lares de los cuales s\u00f3lo aportaron por impuesto a la renta 14 millones, el 0,5 por ciento[4]<\/a>.<\/p>\n Destrucci\u00f3n y resistencias<\/strong><\/p>\n Hasta la ca\u00edda de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, la mitad de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds era rural. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, auspiciaban que\u00a0 poblaci\u00f3n rural del pa\u00eds deb\u00eda situarse en torno al 12 por ciento. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos deb\u00edan ser desplazados hacia las ciudades.<\/p>\n Las cosas marcharon seg\u00fan lo previsto. En 1991 hab\u00eda casi un mill\u00f3n de trabajadores rurales (946 mil), cifra que se redujo a 238.400 en 2008, seg\u00fan el trabajo del soci\u00f3logo Ram\u00f3n Fogel del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios[5]<\/a>. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a raz\u00f3n de nueve kilos de veneno per c\u00e1pita cada a\u00f1o. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creci\u00f3 un 31 por ciento, pero los agrot\u00f3xicos importados lo hicieron un 4 2 por ciento y el fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento[6]<\/a>.<\/p>\n La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hect\u00e1reas, mientras que \u201cla agricultura campesina, con un promedio de tres hect\u00e1reas de cultivo de producto agr\u00edcolas, ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente\u201d, se\u00f1ala el informe \u201cCon la soja al cuello\u201d[7]<\/a>. Un conjunto de factores, crecimiento de la superficie de cultivos transg\u00e9nicos, fumigaci\u00f3n masiva con venenos y ca\u00edda de los precios de la agricultura familiar, explican buena parte del \u00e9xodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistem\u00e1tica de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.<\/p>\n En departamentos sojeros como Canindey\u00fa, seis de cada diez propietarios de m\u00e1s de mil hect\u00e1reas son brasile\u00f1os. Seg\u00fan Fogel son grandes empresarios con que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como \u201cun capitalismo de mafia que incorpora en sus pr\u00e1cticas el soborno y elementos ligados a la coerci\u00f3n f\u00edsica\u201d[8]<\/a>.<\/p>\n En dos a\u00f1os hubo 43 casos de comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja; 26 est\u00e1n relacionadas a conflictos de tierras, y a su vez en 16 de ellas el Estado intervino y termin\u00f3 destruyendo las viviendas campesinas, vulnerando sus derechos elementales. En total, seis de cada diez casos est\u00e1n relacionados a la lucha por la tierra y cuatro a la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.<\/p>\n En los dos a\u00f1os relevados por BASE-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, diecis\u00e9is casos en que se quemaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron bienes de las familias campesinas, hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Como se\u00f1alan Areco y Palau, la criminalizaci\u00f3n es \u201cuna estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos\u201d[9]<\/a>.<\/p>\n Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay en el que releva los 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales, concluye que \u201cfueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad pol\u00edtica\u201d, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos \u201cpara apropiarse de sus territorios, mediante la perpetraci\u00f3n sistem\u00e1tica y generalizada de m\u00e9todos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial\u201d[10]<\/a>.<\/p>\n Delincuentes ambientales<\/strong><\/p>\n El abogado Juan Martens sostiene en el pr\u00f3logo del informe \u201cJudicializaci\u00f3n y violencia contra la lucha campesina\u201d que el paraguayo es un \u201cEstado d\u00e9bil (no ausente), \u00fatil y funcional a poderes f\u00e1cticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protecci\u00f3n de sus negocios\u201d[11]<\/a>.<\/p>\n Destaca la existencia de una \u201cselectividad punitiva\u201d por parte del Ministerio P\u00fablico, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistem\u00e1tica tanto el poder judicial con el Ministerio P\u00fablico se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos, sostiene Martens, que emitieron penas de hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel por \u201cinvasi\u00f3n de inmueble\u201d, la cl\u00e1sica ocupaci\u00f3n de fincas que realizan los campesinos desde hace d\u00e9cadas. De este modo se busca \u201cdisciplinar y atemorizar cada vez m\u00e1s con sentencias y castigos aleccionadores\u201d.<\/p>\n A ese tipo de empresarios los denomina \u201cdelincuentes ambientales\u201d e incluye a los cultivadores de soja que contravienen la legislaci\u00f3n ambiental, a traficantes de rollos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por \u201cla cooptaci\u00f3n de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias\u201d, sobre todo en los departamentos de \u201cmayor incidencia de la soja, la agro ganader\u00eda y el narcotr\u00e1fico\u201d[12]<\/a>.<\/p>\n Un buen ejemplo de la impunidad y la subordinaci\u00f3n del Estado a los empresarios, se relaciona con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Informaci\u00f3n de Recursos de la Tierra (SIRT). El objetivo formal es informatizar el registro agrario de las 1.18 colonias que tiene e Estado, pero en realidad la investigadora In\u00e9s Franceschelli de BASE-IS, afirma que es el modo de \u201cpasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares\u201d, pues se reconoce autom\u00e1ticamente las tierras registradas, sean legales o no[13]<\/a>.<\/p>\n En apoyo de su tesis cita el gerente del SIRT, Hugo Gim\u00e9nez: \u201cLos lotes que ya tienen t\u00edtulo definitivo, a\u00fan los conseguidos con informes falsos, no ser\u00e1n cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que die el Estatuto. Es injusto, Pero si se pretende recuperarlos pasar\u00e1n 50 a\u00f1os en una demanda\u201d (ABC Color<\/em>, 9 de enero de 2015).<\/p>\n En la lucha por la tierra no hay ninguna organizaci\u00f3n nacional que se destaque, siendo protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federaci\u00f3n Nacional Campesina (FNC), una de las pocas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Ind\u00edgenas (CONAMURI) y la Organizaci\u00f3n de Lucha por la Tierra (OLT).<\/p>\n Pese a los elevados grados de violencia la resistencia campesina sigue en pie. Teodolina Villalba, dirigente de la FNC, asegura: \u201cMucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y tambi\u00e9n algunos ya abandonaron sus tierras\u201d. Con una enorme sonrisa, suelta en guaran\u00ed \u201comu\u00f1ama chupekuera lomit\u00e1\u201d<\/em> (los echaron los compa\u00f1eros).<\/p>\n Ra\u00fal Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de Am\u00e9rica Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el \u201cInforme Mensual de Zibechi\u201d para el Programa de las Am\u00e9ricas. www.americas.org<\/em><\/p>\n NOTAS:<\/p>\n [1]<\/a> Este trabajo se basa en cuatro investigaciones del instituto BASE-IS.<\/p>\n Jorge Gonz\u00e1lez, \u201cEl nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras campesinas e ind\u00edgenas a cumplir tres a\u00f1os\u201d (2016); Marielle Palau (coord.) \u201cCon la soja al cuello\u201d (2016); Abel Areco y Marielle Palau, \u201cJudicializaci\u00f3n y violencia contra la lucha campesina\u201d (2016) e In\u00e9s Franceschelli, \u201cBajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el hist\u00f3rico despojo\u201d, (2016).<\/p>\n [2]<\/a> Jorge Gonz\u00e1lez, \u201cEl nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras\u201d.<\/p>\n [3]<\/a> Marielle Palau, \u201cCon la soja al cuello\u201d, p. 19.<\/p>\n [4]<\/a> Idem, p. 25.<\/p>\n [5]<\/a> Idem, p. 47.<\/p>\n [6]<\/a> Idem, p. 42.<\/p>\n [7]<\/a> Idem, p. 15.<\/p>\n [8]<\/a> Idem, p. 47.<\/p>\n [9]<\/a> Abel Areco y Marielle Palau, \u201cJudicializaci\u00f3n y violencia contra la lucha campesina\u201d, p. 19.<\/p>\n [10]<\/a> Idem, p. 22.<\/p>\n