El 16 de noviembre de 2009, la legislatura del estado costero mexicano de Veracruz aprobó una ley que declara que la vida se inicia en el momento de la concepción y termina con la muerte natural. Veracruz se convierte ahora en el 17º estado en México que criminaliza el aborto en una serie de medidas reactivas y ardientemente disputadas, desencadenada por la legalización del aborto en el Distrito Federal (que abarca a la Ciudad de México) en abril de 2007.<\/b><\/p>\n
Las reformas a la constitución del estado de Veracruz incluyen una estipulación de último minuto que agregó el Partido Acción Nacional (PAN), en el sentid de que las mujeres que aborten ilegalmente podrán evitar la cárcel aceptando un tratamiento médico y psicológico. Este cambio, dicen, "defenderá el derecho a la vida y protegerá a las mujeres".1<\/a> Margarita Guillaumín, del PRD, reviró: "Ahora las mujeres que se sienten obligadas a abortar están enfermas, locas, desequilibradas, perturbadas… y ellos<\/i> van a rehabilitarlas. ¡Aleluya!"2<\/a><\/p>\n El debate en Veracruz, atizado por la pasión y la ira, es característico de la lucha general que se libra en todo México sobre el tema del aborto, y que abarca los aspectos personal y político. Las guerras del aborto en México involucran temas políticos, como la intervención directa de la Iglesia Católica en un estado laico, y aspectos de salud derivados de la elevada incidencia de complicaciones resultantes de abortos clandestinos.<\/p>\n En el nivel personal, el debate sobre el aborto fuerza a la sociedad y a los políticos a examinar las implicaciones ocultas de las políticas rigurosas sobre el aborto y de los abortos clandestinos sobre la salud y las vidas de las mujeres mexicanas.<\/p>\n El 24 de agosto de 2007, tras abundantes discusiones en iglesias, en las calles y en los medios de comunicación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal logró por 46 votos a 17 reformar el código penal y leyes de salud para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Después de 12 semanas, declaraban las nuevas reformas, se puede penalizar a las mujeres que aborten con 3 a 6 meses de cárcel o de 100 a 300 días de servicio comunitario. Antes de aprobada esta ley, las mujeres en el Distrito Federal podían abortar legalmente sólo si habían sido violadas, por una malformación fetal, riesgo para la vida de la madre, o inseminación artificial sin el consentimiento de la mujer.<\/p>\n Pese a la conmoción consiguiente, el voto no sorprendió a mucha gente que siguió el debate. La legislatura del Distrito Federal estaba dirigida por el liberal Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fue respaldado en su voto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y varios partidos menores. No es de extrañar que el conservador PAN, al que pertenece el presidente Calderón, consistentemente opuesto al aborto, se opusiera a las reformas.<\/p>\n Inmediatamente después de la legislación del Distrito Federal, el PAN entabló una demanda de nulidad de la misma ante la Suprema Corte de Justicia, arguyendo que la resolución había sido inconstitucional. La Suprema Corte celebró seis audiencias públicas sobre el tema, en donde 40 personas hablaron en pro y en contra de las reformas. Finalmente, el 28 de agosto de 2008, la Suprema Corte reafirmó la ley del Distrito Federal sobre el aborto por un voto de 8 a 3. Muchas personas sintieron que esta resolución facilitaría que otros estados aprobaran reformas similares con leyes menos estrictas sobre el aborto.<\/p>\n Cuánto se equivocaban. Antes de que los activistas a favor del aborto pudieran comenzar a celebrar la victoria, pronto se hizo evidente que por todo el país se extendía una reacción violenta contra la resolución en la Ciudad de México. Antes de esta resolución, el estado norteño de Chihuahua era el único con una llamada "reforma de reconocimiento de la calidad de persona." Pero a los tres meses de la resolución de la Suprema Corte reafirmando la de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Morelos, el estado inmediatamente al sur del D.F., reformó su constitución para que declarara que la vida comienza en el momento de la concepción. Y así se inició la tendencia de equiparar legalmente al aborto con el homicidio: primero en Morelos, y andando el tiempo en Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y ahora Veracruz. Se está discutiendo el tema también en Michoacán y en Aguascalientes.<\/p>\n Jalisco es un ejemplo emblemático de la ofensiva antiaborto en México, que refleja esfuerzos similares pero infructuosos en Estados Unidos. El gobernador ultraconservador del PAN Emilio González Márquez presentó hace poco una apelación para impedir a las mujeres abortar por cualquier razón incluyendo el estupro. En conferencia de prensa, González dijo: "Para mí, y a los ojos del pueblo de Jalisco, el aborto está mal."3<\/a> Este es el mismo gobernador que lanzó una campaña para prevenir el contagio de sida\/VIH a través de la abstinencia y la fidelidad, declarando que "el SIDA se contagia a través de la promiscuidad, no por no usar condones."4<\/a><\/p>\n Las implicaciones de las reformas constitucionales en Veracruz y otros estados son enormes, y llevan el debate al nivel federal. El estado ha adoptado una propuesta que pide al Congreso considerar la proscripción del aborto en todo el país, un acto permitido porque la constitución estipula que la legislatura de un estado puede proponer una reforma que debe ser considerada por el Congreso.<\/p>\n Lo que es más, esta tendencia legislativa demuestra cómo se está borrando la línea entre los asuntos seculares y los religiosos, además de la intromisión de la Iglesia en la política de los estados.<\/p>\n El parecido entre las declaraciones de la jerarquía católica en México y el lenguaje empleado en las legislaciones anti aborto demuestra que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel principal en las legislaciones recientes. Después de la resolución de 2007 en el Distrito Federal, el Papa Benedicto escribió una carta a los obispos mexicanos, alentándoles a oponerse a dicha ley. Los dirigentes de la Iglesia en México amenazaron con excomulgar a los políticos que apoyaran esta ley. "Se les penalizará con la excomunión. No es venganza, es solamente lo que ocurre en el caso de pecados graves",5<\/a> declaró el arzobispo de Acapulco.<\/p>\n En un país de mayoría católica, pero con un estado laico, la participación activa de la Iglesia ha provocado acusaciones de que la jerarquía eclesiástica está invadiendo terrenos constitucionales, aunque por canales indirectos. En una columna reciente en el diario mexicano La Jornada<\/i>, Javier Flores argumenta que como México es un estado secular la Iglesia ha tenido que solapar sus acciones detrás de "partidos políticos en los estados, organizaciones de la sociedad civil, comités bioéticos creados ad hoc, sociedades de padres de familia, intelectuales, médicos y científicos.6<\/a> Sea de forma discreta o abierta, no hay duda de que la Iglesia se constituye en participante activo en las guerras de leyes sobre el aborto y, en consecuencia, en lo más íntimo de la vida de las mujeres.<\/p>\n En medio de los altercados partidistas, la protesta de los secularistas y los muchos aspectos relevantes que rodean a las políticas sobre aborto, ¿cómo afectan estas leyes la vida real de las mujeres? ¿cómo se desarrollan en el terreno estas reformas constitucionales y qué opciones le quedan a una mujer con un embarazo no planeado?<\/p>\n Aunque es imposible obtener cifras exactas, se estima que el número de abortos en México aumentó de 533,000 a 875,000 al año entre 1990 y 2006.7<\/a> Para hacerse un aborto legal en la mayoría de los estados, la mujer debe presentar una solicitud al gobierno demostrando que puede abortar legalmente. En general, la razón debe ser haber sido violada.<\/p>\n La Dra. Olivia Piña Ballesteros, ginecóloga en una clínica en la Ciudad de México de la organización no lucrativa Mexfam, descartó por completo la posibilidad de obtener un aborto legal antes de 2007, explicando que la burocracia era casi imposible de superar, y que si acaso se llegaba a poder presentar la petición, era cuando el bebé ya había nacido. Un informe de 2006 de Human Rights Watch respalda esta observación, citando evidencia de que los funcionarios estatales utilizan burocracia, intimidación y humillación, entre otros medios, para evitar que las mujeres aborten por embarazos provocados por violación.8<\/a> Puede asumirse, por ende, que antes de 2007 los abortos en México eran casi todos clandestinos.<\/p>\n La cultura, logística y peligros de los abortos clandestinos casi se han olvidado en Estados Unidos desde la resolución Roe v. Wade<\/i> en 1973. La Dra. Piña explica que en México estos abortos suelen hacerse con instrumentos no esterilizados, en lugares riesgosos, y los realizan parteras, médicos generales o individuos que se hacen pasar por doctores. En estas circunstancias, siendo ginecóloga en la Ciudad de México antes de la resolución de 2007, la Dra. Piña vio a un gran número de pacientes con complicaciones derivadas de abortos. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 63% de todas las hospitalizaciones por problemas relacionados con el embarazo, se deben a complicaciones que un aborto ha provocado.9<\/a><\/p>\n Zaira Berenice Gutiérrez, psicóloga en la misma clínica Mexfam, explica la cultura de los abortos clandestinos. Gutiérrez se involucró en organizaciones para la planificación familiar, luego de tener la experiencia de llevar a una amiga de 16 años de edad a que le hicieran un aborto ilegal. Explica que todos saben dónde encontrar estos centros; se les llama clínicas mata cigüeña<\/i>. En ellas, la paciente y la persona que la acompaña firman un formato en donde declaran que son mayores de 18 años, y que aceptan no revelar nada sobre el centro en el caso de que surjan complicaciones.<\/p>\n Gutiérrez explica que desde que la ley que permite el aborto se aprobó en 2007, las pacientes tienen acceso a un cuidado de mucha mayor calidad. Las clínicas profesionales también realizan el seguimiento posterior al aborto.<\/p>\n "Antes", explica Gutiérrez, "podíamos explicar a las mujeres sus opciones, pero si decidían tener un aborto clandestino, salían de aquí y nunca las volvíamos a ver. Ahora tenemos la seguridad de saber que las mujeres obtienen cuidados de calidad y el seguimiento apropiado. Y ellas saben que cuentan con nuestro apoyo."<\/p>\n Con abortos practicados en secreto y en sitios no profesionales, no es de extrañar que tantas mujeres acaben con complicaciones posiblemente mortales. De acuerdo con un estudio hecho por El Colegio de México, la oficina en México de la organización The Population Council y el Instituto Guttmacher, el 17% de las mujeres mexicanas que abortaban en 2006 eran tratadas en hospitales públicos por complicaciones, en contraste con Estados Unidos, en donde menos del 0.3% de las pacientes que abortan requieren hospitalización.10<\/a><\/p>\n El informe también concluye que en México abortan más mujeres que en Estados Unidos, en donde el aborto es legal. "Estos hallazgos confirman los de investigaciones de otras partes del mundo: que hacer ilegal el aborto no reduce su frecuencia de manera significativa, sólo lo vuelve más inseguro y pone vidas de mujeres en peligro," dice Fátima Juárez, investigadora principal en el estudio de parte del Instituto Guttmacher.11<\/a><\/p>\n La elevada tasa de abortos en México plantea la pregunta de por qué hay tantos embarazos no deseados en el país. El programa gubernamental de planificación familiar se inició en 1974, y se le considera extremadamente exitoso, habiendo reducido la tasa de natalidad mexicana a 2.4 niños por mujer.12<\/a> Pero de acuerdo con Estela Kempis, medica de Cuernavaca que dirige su propia clínica, el conocimiento sobre métodos anticonceptivos es ínfimo entre sus pacientes. Lo que es peor, comenta, muchas mujeres están mal informadas.<\/p>\n Kempis señala a la falta de educación sexual en el país. "El programa educativo no es adecuado, y me estoy refiriendo a las materias básicas: matemáticas, español, gramática. Ahora imagínense qué poco espacio hay para la educación sexual. La educación sexual es un desastre."<\/p>\n Si el sistema educativo mexicano no provee adecuadamente a sus alumnos una educación comprensiva y de calidad para crear una cultura de sexo más seguro, ¿cómo puede el gobierno mexicano esperar que las mujeres eviten embarazos no deseados? La respuesta, por supuesto, es que no puede, y las mujeres son quienes pagan el precio.<\/p>\n Las mujeres tienen abortos—legales o ilegales—por muchas razones: oportunidad, profesión, pobreza, violación, incesto y riesgos para sus propias vidas. Si bien muchas activistas emplean el lenguaje de la elección al describir el debate, en la mayor parte de México la restricción de opciones significa que la mujer puede dejar que un embarazo no deseado siga su curso, o interrumpirlo en circunstancias peligrosas y que a menudo amenazan su vida misma. El gobierno enfrenta la verdadera elección: seguir al margen mientras las mujeres arriesgan sus vidas al buscar un aborto clandestino, o legalizar el aborto y permitir que las mujeres elijan por sí mismas con acceso a un cuidado médico profesional.<\/p>\n El debate a propósito de los cuerpos femeninos en las legislaturas de todo el país pone de manifiesto el abismo cada vez más abierto y profundo entre la política y las vidas de las mexicanas comunes y corrientes. A pesar de la ruidosa retórica política, quienes de verdad pierdan no serán los políticos. Lo serán los cientos de miles de mujeres no escuchadas que se arriesgan valientemente al hacer elecciones sobre sus propias vidas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 16 de noviembre de 2009, la legislatura del estado costero mexicano de Veracruz aprobó una ley que declara que la vida se inicia en el momento de la concepción y termina con la muerte natural. 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Notas<\/h3>\n
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