{"id":19939,"date":"2017-07-24T13:06:50","date_gmt":"2017-07-24T18:06:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.americas.org\/?p=19939"},"modified":"2017-09-07T13:16:39","modified_gmt":"2017-09-07T18:16:39","slug":"guatemaltecos-expulsados-de-sus-hogares-atrapados-en-el-limbo-en-la-frontera-mexicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/guatemaltecos-expulsados-de-sus-hogares-atrapados-en-el-limbo-en-la-frontera-mexicana\/","title":{"rendered":"Guatemaltecos expulsados de sus hogares atrapados en el limbo en la frontera mexicana"},"content":{"rendered":"

\"\"A principios de los a\u00f1os ochenta, decenas de miles de refugiados guatemaltecos huyeron a pie a medida que el ej\u00e9rcito guatemalteco quemaba y masacraba sus aldeas. Acusados de apoyar al movimiento izquierdista-guerrillero, las comunidades ind\u00edgenas mayas fueron blanco del gobierno genocida<\/a> del dictador militar Efra\u00edn R\u00edos Montt y no era raro que comunidades enteras huyeran a M\u00e9xico. Alrededor de 46.000<\/a> viv\u00edan en campamentos de refugiados antes de naturalizarse como ciudadanos mexicanos o regresar a Guatemala.<\/p>\n

Ahora, por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, el gobierno guatemalteco est\u00e1 volviendo a desarraigar a las comunidades ind\u00edgenas en una nueva ola de desplazamientos masivos. Un desastre humanitario del siglo XXI se est\u00e1 produciendo a lo largo de la frontera entre Guatemala y M\u00e9xico.<\/p>\n

El 2 de junio de 2017, el gobierno del presidente Jimmy Morales envi\u00f3 a 1.500 miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas<\/a> para desalojar a los m\u00e1s de 400 habitantes del pueblo de Laguna Larga. Frente al ej\u00e9rcito y las fuerzas policiales que se acercaban, y con la esperanza de evitar un enfrentamiento violento, las familias huyeron de la aldea que hab\u00eda sido su hogar durante 17 a\u00f1os. Con pocas pertenencias y sin un lugar a d\u00f3nde ir, el grupo se abri\u00f3 camino a trav\u00e9s del denso bosque de El Pet\u00e9n, en el norte de Guatemala, seg\u00fan se inform\u00f3<\/a> que fueron perseguidos por un helic\u00f3ptero militar.<\/p>\n

El Consejo Nacional de \u00c1reas Protegidas (CONAP) acus\u00f3 a los aldeanos de vivir ilegalmente en el Parque Nacional Laguna del Tigre en 2005<\/a> y obtuvo una orden judicial para desalojar a la comunidad el 24 de marzo<\/a> de este a\u00f1o. El parque Laguna del Tigre forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya protegida, pero la comunidad afirma<\/a> que tiene el derecho legal de estar all\u00ed bajo la denominaci\u00f3n de “uso m\u00faltiple” de la zona.<\/p>\n

“Fuimos arrojados como perros del lugar donde vivimos y donde nacieron nuestros hijos”, dijo a El Pa\u00eds<\/a> el miembro de la comunidad, Ezequiel Welmer.<\/p>\n

\"\"Despu\u00e9s de viajar 3 kil\u00f3metros a la frontera, la comunidad Laguna Larga lleg\u00f3 a Campeche, M\u00e9xico. All\u00ed, los refugiados fueron atendidos por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM) y la polic\u00eda armada federal y estatal, quienes hab\u00edan sido informados d\u00edas antes del desalojo inminente por parte de las autoridades guatemaltecas. Los habitantes del pueblo se vieron obligados a permanecer en tiendas improvisadas hechas de bolsas de pl\u00e1stico en la zona fronteriza de 8 metros entre Campeche y El Pet\u00e9n. Mientras tanto, sus casas, escuelas e iglesias fueron quemadas por el ej\u00e9rcito guatemalteco, seg\u00fan organizaciones de derechos humanos<\/a> que visitaron el sitio. Cinco semanas m\u00e1s tarde, los aldeanos permanecen varados en el campo de refugiados.<\/p>\n

Incapaces de salir del limbo de lo que llaman La L\u00ednea<\/a>, los refugiados, de los cuales m\u00e1s de la mitad<\/a> son ni\u00f1os, sufren durante la temporada de lluvias sin refugio adecuado y mastican hojas comestibles mezcladas con sal para aliviar su hambre. Cada dos semanas, el gobierno guatemalteco env\u00eda paquetes de alimentos<\/a> compuestos de dos jugos, dulces y bu\u00f1uelos de ma\u00edz; de otra forma las familias conf\u00edan en los funcionarios del INM y la solidaridad de las comunidades mexicanas circundantes para su sustento diario.<\/p>\n

Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refiri\u00f3 a la situaci\u00f3n en una conferencia de prensa<\/a> la semana pasada, diciendo que las cien familias viv\u00edan en “condiciones extremadamente precarias”. Violaron las leyes internacionales en el desalojo. “Estamos gravemente preocupados de que los desalojos hayan sido ordenados sin asegurar planes firmes de reubicaci\u00f3n o protecci\u00f3n para las familias afectadas, como exigen las normas internacionales de derechos humanos”.<\/p>\n

\"\"Enrique Vidal Olascoaga de Voces Mesoamericanas, un grupo de defensa de los migrantes radicado en Chiapas, M\u00e9xico, dijo al Programa de las Am\u00e9ricas que las acciones de ambos gobiernos violan los derechos ind\u00edgenas y de refugiados. En particular, critic\u00f3 al gobierno mexicano por negar la entrada de refugiados al pa\u00eds y “ofrecer ayuda humanitaria con armas, intimidaci\u00f3n, miedo y amenazas”. Esto est\u00e1 en consonancia con las pol\u00edticas cada vez m\u00e1s draconianas de inmigraci\u00f3n del pa\u00eds. Desde la implementaci\u00f3n de 2015 del Programa Frontera Sur<\/a> M\u00e9xico, respaldado por los Estados Unidos, se ha detenido y deportado migrantes centroamericanos a un ritmo m\u00e1s alto que los Estados Unidos.<\/p>\n

Vidal Olascoaga regres\u00f3 recientemente de una visita de investigaci\u00f3n a la comunidad desplazada organizada por Voces Mesoamericanas, Equipo Indignaci\u00f3n, Refugio Migrante La 72 y Resistencia Civil de Candelaria. La declaraci\u00f3n de los grupos<\/a> pide “ayuda humanitaria de acuerdo con la severidad de la situaci\u00f3n y los principios y directivas de las Naciones Unidas”.<\/p>\n

Las organizaciones afirman que la negativa del gobierno guatemalteco a involucrarse de manera significativa con la comunidad para encontrar soluciones alternas al desalojo forzoso demuestra su “profundo desprecio y discriminaci\u00f3n hacia el pueblo maya de la comunidad de Laguna Larga, entre ellos Maya Q’eqchi ‘ y gente mestiza”.<\/p>\n

\"\"Vidal Olascoaga llama a las acciones del gobierno guatemalteco “terrorismo de Estado”. Visit\u00f3 las ruinas de la aldea y dijo que adem\u00e1s de quemar todo el pueblo y sus pertenencias, las fuerzas de seguridad que custodiaban el sitio admitieron que com\u00edan el ganado de los aldeanos, lo cual describe como econ\u00f3micamente devastador y humillante.<\/p>\n

“Ellos est\u00e1n infligiendo deliberadamente terror y humillaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n, es decir, estamos volviendo a los mismos mecanismos utilizados en el conflicto armado interno de Guatemala”, afirm\u00f3. “Lo que el gobierno de Guatemala est\u00e1 buscando hacer, y lo que han hecho durante los desplazamientos violentos pasados, es desmantelar la organizaci\u00f3n comunitaria para que no haya una demanda colectiva para el retorno de sus tierras”.<\/p>\n

La comunidad contin\u00faa afirmando su derecho a regresar a su tierra, pero el gobierno guatemalteco insiste en reasentarlos en alg\u00fan lugar fuera de la Biosfera. Vidal Olascoaga dice que la comunidad tiene buenas razones para ser esc\u00e9ptica de esta oferta, ya que las poblaciones pasadas desplazadas han sido trasladadas a tierras que son improductivas o carecen de un suministro de agua, lo que hace imposible realmente restablecer la comunidad.<\/p>\n

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Desplazamiento y militarizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\"\"Ni Guatemala ni M\u00e9xico est\u00e1n involucrados en conflictos armados formales. Sin embargo, ambos pa\u00edses reciben un apoyo financiero masivo de los Estados Unidos para luchar contra una guerra cada vez m\u00e1s militarizada contra los narcotraficantes y el crimen organizado, al menos en teor\u00eda.<\/p>\n

Dawn Paley, autor del libro “Drug War Capitalism”, describe la guerra contra las drogas como m\u00e1s exactamente una “guerra contra la gente, llevada a cabo con intereses mucho m\u00e1s amplios que las sustancias que controlan”. Entre ellas, enumera facilitar la inversi\u00f3n internacional mediante la supresi\u00f3n o remoci\u00f3n De la oposici\u00f3n popular. En El Pet\u00e9n, los grupos de derechos humanos citan<\/a> “inversiones extranjeras en extracci\u00f3n de petr\u00f3leo, monocultivos de palma aceitera, gasoductos, turismo, extracci\u00f3n de aguas subterr\u00e1neas y delincuencia organizada” como intereses geopol\u00edticos que amenazan la ecolog\u00eda del \u00e1rea y las comunidades locales.<\/p>\n

\"\"En un informe sobre la situaci\u00f3n de Laguna Larga<\/a>, la Comisi\u00f3n de Juristas Internacionales (CIJ) se\u00f1ala que la justificaci\u00f3n de CONAP para desalojar a la comunidad parece espuria debido al continuo funcionamiento de la empresa petrolera franco-brit\u00e1nica Perenco dentro del parque. Los estudios<\/a> han encontrado que las operaciones de Perenco en la Laguna del Tigre est\u00e1n causando contaminaci\u00f3n, deforestaci\u00f3n, y est\u00e1n agotando las reservas de agua dulce de la zona, que se encuentran entre las m\u00e1s importantes en Centroam\u00e9rica. El propio CONAP identific\u00f3 la extracci\u00f3n de petr\u00f3leo como una amenaza importante para la integridad del parque en su borrador original del Plan Maestro 2007 para la Laguna del Tigre. Sin embargo, la versi\u00f3n final del plan elimin\u00f3 todo lenguaje relacionado con la extracci\u00f3n de petr\u00f3leo y en 2010 el gobierno de Guatemala extendi\u00f3 el contrato de Perenco para operar dentro del \u00e1rea protegida por otros 15 a\u00f1os. En 2012, Sergio Enrique V\u00e9liz Rizzo, ex funcionario de CONAP, fue condenado a tres a\u00f1os de c\u00e1rce<\/a>l por su papel en la alteraci\u00f3n del documento.<\/p>\n

El desplazamiento violento de la comunidad Laguna Larga tambi\u00e9n plantea serias dudas sobre las prioridades del gobierno guatemalteco. El uso de las fuerzas de seguridad de Guatemala, que reciben financiamiento de los Estados Unidos como parte de la guerra<\/a> contra las drogas, para expulsar a las comunidades ind\u00edgenas es especialmente preocupante cuando gran parte del problema de la deforestaci\u00f3n es causado por las operaciones de lavado de dinero de narcotraficantes. Un estudio realizado en 2017<\/a> concluy\u00f3 que los narcotraficantes son responsables de hasta un 30% de la deforestaci\u00f3n en Centroam\u00e9rica y que “el tr\u00e1fico de drogas y el lavado de dinero a trav\u00e9s de la ganader\u00eda est\u00e1n siendo citados como principales impulsores en departamentos con altos \u00edndices de p\u00e9rdida forestal.”<\/p>\n

\"\"La ret\u00f3rica de la guerra contra las drogas tambi\u00e9n se invoca para demonizar a los aldeanos desplazados, ya que funcionarios del gobierno sugieren que los narcotraficantes paguen a las comunidades<\/a> para que hagan su “trabajo sucio”, incluyendo incendios forestales para limpiar tierras para pastar o pistas de aterrizaje clandestinas. Vidal Olascoaga cree que comunidades como Laguna Larga realmente juegan el papel opuesto: inhibir la expansi\u00f3n del uso de la tierra por los c\u00e1rteles y la tala ilegal y otras operaciones extractivas. En 2016, la ONU afirm\u00f3 el papel de los pueblos ind\u00edgenas como administradores ambientales<\/a> en contra de “la industria extractiva, la energ\u00eda y los proyectos de infraestructura” y concluy\u00f3 que “el pleno reconocimiento de los derechos de las tierras ind\u00edgenas y la participaci\u00f3n son condiciones clave para que la conservaci\u00f3n se mantenga”<\/p>\n

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Comunidades ind\u00edgenas desalojadas, Contin\u00faa la Deforestaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\"\"La ganader\u00eda es el factor m\u00e1s importante en la p\u00e9rdida de bosques, es responsable de haber destruido el 8%<\/a> de la Reserva de la Biosfera Maya. La expansi\u00f3n ha sido impulsada en gran parte por “narco-rancheros” que blanquean sus ganancias del tr\u00e1fico ilegal de drogas a trav\u00e9s de inversiones en granjas de ganado. Roan Balas McNab, director de la Sociedad para la Conservaci\u00f3n de la Vida Silvestre, calcula<\/a> que el 95% de la tierra de la Laguna del Tigre que se ha convertido de bosque a la agricultura se est\u00e1 utilizando para ganado, mientras que s\u00f3lo el 5% est\u00e1 ocupado por el tipo de agricultura de subsistencia practicado por la comunidad Laguna Larga. El periodista guatemalteco Sebasti\u00e1n Escal\u00f3n visit\u00f3 recientemente la Laguna del Tigre y report\u00f3 haber visto mansiones y granjas ganaderas operando abiertamente dentro del \u00e1rea protegida. Escal\u00f3n pone en duda la voluntad pol\u00edtica del gobierno guatemalteco de proteger el parque se\u00f1alando que el CONAP recibe anualmente s\u00f3lo Q100 millones (13,6 millones de d\u00f3lares) o el 0,13% del presupuesto nacional, pero se espera que el 33% del territorio nacional total de Guatemala.<\/p>\n

El dinero il\u00edcito de drogas hecho en los Estados Unidos no es el \u00fanico v\u00ednculo entre los intereses de Estados Unidos y la degradaci\u00f3n ambiental en El Pet\u00e9n. A principios de este a\u00f1o, un informe de investigaci\u00f3n<\/a> encontr\u00f3 que el gigante fondo de pensiones estadounidense TIAA es ahora el mayor inversionista mundial en tierras agr\u00edcolas y agroindustria, incluyendo $ 433.65 millones en la producci\u00f3n mundial de aceite de palma. En Guatemala, TIAA invierte en Cargill y Wilmar International, con sede en Singapur, que reciben el aceite de palma de REPSA, una empresa guatemalteca que ha transformado 96 millas cuadradas de bosques de El P\u00e9ten en monocultivo de palmeras. En 2015, la REPSA fue declarada culpable de ecocidio tras el desbordamiento de efluentes de sus campos envenenados en un tramo de 65 millas del r\u00edo Pasi\u00f3n. Miles de peces murieron y 12.000 familias locales perdieron sus medios de subsistencia.<\/p>\n

\"\"El New Yorker inform\u00f3<\/a> que el d\u00eda despu\u00e9s de que un juez guatemalteco ordenara una suspensi\u00f3n de seis meses de las operaciones de REPSA, Rigoberto Lima Choc, maestro de escuela ind\u00edgena que lider\u00f3 el caso legal contra la compa\u00f1\u00eda, fue asesinado en los escalones de la corte. El suyo fue uno de una serie de asesinatos que han hecho de Guatemala y Honduras los pa\u00edses m\u00e1s peligrosos <\/a>del mundo para ser un activista ambiental. Cargill emiti\u00f3 un comunicado<\/a> en el que denunciaba el uso de la violencia y la intimidaci\u00f3n por parte de REPSA y amenaz\u00f3 con retirar sus contratos con la empresa, pero a\u00fan no ha tomado medidas contra su proveedor.<\/p>\n

Como los agricultores de subsistencia est\u00e1n siendo culpados por la deforestaci\u00f3n y los l\u00edderes ind\u00edgenas son atacados por defender el medio ambiente, las industrias principales responsables de amenazar los bosques de Guatemala est\u00e1n recibiendo un gran impulso. A mediados de junio en una conferencia en Miami, el gobierno de Trump volvi\u00f3 a comprometerse con la Alianza para la Prosperidad, un plan para impulsar la inversi\u00f3n extranjera en la regi\u00f3n. La versi\u00f3n Trump del plan se centra en el aumento de la inversi\u00f3n privada y la represi\u00f3n de las fronteras en el Tri\u00e1ngulo del Norte. En lugar de fortalecer los derechos humanos, el plan seguir\u00e1 promoviendo megaproyectos ambientales y socialmente destructivos<\/a> y aumentar\u00e1 los abusos contra los refugiados<\/a> que tratan de cruzar a M\u00e9xico. Durante la conferencia, el ministro de Defensa de Guatemala, Juan Manuel P\u00e9rez, tambi\u00e9n celebr\u00f3 planes<\/a> para construir una base operacional para el Comando Sur de Estados Unidos en El Pet\u00e9n. A pesar de la preocupaci\u00f3n de los miembros del Congreso<\/a>, la militarizaci\u00f3n financiada por los Estados Unidos de la regi\u00f3n est\u00e1 aumentando.<\/p>\n

\"\"El desalojo de Laguna Larga fue s\u00f3lo la primera de cuatro comunidades con avisos de desalojo ordenados por el tribunal, seg\u00fan<\/a> Pilar Montejo, Directora Legal de CONAP. La Mestiza, una comunidad de 50 familias, fue desalojada el 21 de junio; Pero esa orden fue suspendida mientras el gobierno aguarda la decisi\u00f3n de una apelaci\u00f3n judicial <\/a>presentada por Laguna Larga en el Tribunal Constitucional de Guatemala. Si el tribunal finalmente gobierna en favor de la comunidad, se les permitir\u00e1 regresar a su tierra. De lo contrario, la ONU advierte<\/a> de una “situaci\u00f3n de crisis y violencia” ya que los residentes de Laguna Larga, junto con los de las otras 36 comunidades que viven en el \u00e1rea protegida, enfrentan desplazamientos permanentes mientras que los verdaderamente responsables de la destrucci\u00f3n de los bosques de Guatemala Contin\u00faan operando con impunidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Despu\u00e9s de viajar 3 kil\u00f3metros a la frontera, la comunidad Laguna Larga lleg\u00f3 a Campeche, M\u00e9xico. All\u00ed, los refugiados fueron atendidos por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM) y la polic\u00eda armada federal y estatal, quienes hab\u00edan sido informados d\u00edas antes del desalojo inminente por parte de las autoridades guatemaltecas.<\/p>\n","protected":false},"author":437,"featured_media":19860,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4916,4919,4915],"tags":[5034,5046],"coauthors":[],"class_list":["post-19939","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derechos-humanos","category-migracion","category-tierra","tag-central-america","tag-mexico-north-america"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/437"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19939"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19940,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19939\/revisions\/19940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19860"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19939"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=19939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}