{"id":2199,"date":"2010-05-10T22:16:09","date_gmt":"2010-05-10T22:16:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=2199"},"modified":"2011-01-11T13:06:58","modified_gmt":"2011-01-11T18:06:58","slug":"la-industria-paralela-de-las-carceles-y-sus-facilitadores-en-el-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/la-industria-paralela-de-las-carceles-y-sus-facilitadores-en-el-gobierno\/","title":{"rendered":"La industria paralela de las c\u00e1rceles y sus facilitadores en el gobierno"},"content":{"rendered":"

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La contrataci\u00f3n externa (outsourcing)<\/em> de responsabilidades gubernamentales a entidades privadas es un hecho de rutina y es alarmante. Los esc\u00e1ndalos de Blackwater, Wackenhut, CACI, <\/em>y Halliburton<\/em> ponen en evidencia da\u00f1os ocasionados a nuestros asuntos de relaciones exteriores resultado de depender en contratistas particulares para llevar a cabo misiones esenciales de pol\u00edtica exterior fuera del pa\u00eds. Sin embargo, es en casa—en nuestro sistema domestico de crimen y castigo—en donde la contrataci\u00f3n privada puede estar causando el mayor da\u00f1o a nuestro sistema de gobernabilidad.<\/strong><\/p>\n

Elementos de nuestros sistemas de justicia criminal y de control de la inmigraci\u00f3n giran peligrosamente fuera del control p\u00fablico. En forma creciente, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) est\u00e1n contratando externamente sus responsabilidades de detenci\u00f3n y encarcelamiento a cientos de contratistas y sub-contratistas—con escasa supervisi\u00f3n, poca transparencia, y a menudo con consecuencias tr\u00e1gicas. Teniendo como resultado, abusos a los derechos humanos, despilfarro de los haberes p\u00fablicos, y el inescrupuloso af\u00e1n por obtener ganancias ha penetrado y pervertido al sistema estadunidense de crimen y castigo.<\/p>\n

Una industria penitenciaria paralela (sombra) se ha extendido por todas las partes del sistema federal de detenci\u00f3n y encarcelamiento que est\u00e1, con unas pocas excepciones, completamente a cargo de la detenci\u00f3n y encarcelamiento de los inmigrantes, tanto los consignados por el Departamento de Justicia (DOJ) como los correspondientes al Departamento de Seguridad Interna (DHS). Dado que esta industria paralela ha evolucionado sin ning\u00fan plan o estrategia, se ha convertido en un laberinto bizarro y complejo de protagonistas p\u00fablicos y privados poco entendido y alarmantemente fuera de control.<\/p>\n

Los protagonistas principales de la industria penitenciaria paralela<\/h3>\n

Los outsourcers<\/em>:<\/strong><\/p>\n

DOJ: USMS, BOP, OFDT<\/span><\/p>\n

Dentro del Departamento de Justicia, a partir de la mitad de la d\u00e9cada de los 90, el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) y el Bureau de Prisiones (BOP) han incrementado la contrataci\u00f3n de empresas penitenciarias privadas y a gobiernos locales, para que asuman la responsabilidad de la custodia de detenidos y prisioneros de orden federal. Los centros de detenci\u00f3n m\u00e1s grandes y la mayor\u00eda de los centros de detenci\u00f3n de inmigrantes bajo la responsabilidad del Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) est\u00e1n siendo operados por corporaciones privadas. Desde 1998 el Bureau de Prisiones ha erigido diez grandes prisiones exclusivamente para inmigrantes que son administradas por firmas privadas.<\/p>\n

El otro protagonista dentro del Departamento de Justicia en la contrataci\u00f3n a externos de los detenidos, es la Oficina de la Administraci\u00f3n Federal de Detenci\u00f3n (OFDT) creada en 2000 para coordinar y supervisar a una retaceria, penosamente descoordinada y sin supervisi\u00f3n, de c\u00e1rceles y centros de detenci\u00f3n indistintamente operados por gobiernos locales, gobiernos estatales, compa\u00f1\u00edas privadas y agencias federales. En parte a causa de la creaci\u00f3n del Departamento de Seguridad Interna en 2003, y en parte por el decreciente desinter\u00e9s de la Casa Blanca sobre la crisis de los centros de detenci\u00f3n, la Oficina de la Administraci\u00f3n Federal de Detenci\u00f3n (OFDT) al presente, funciona no como una oficina central de supervisi\u00f3n y coordinaci\u00f3n para las detenciones de orden federal, sino mas bien como una peque\u00f1a agencia del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que da servicio a contratistas de la rama penitenciaria privada en busca de hacer negocio con el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS).<\/p>\n

DHS: ICE<\/span><\/p>\n

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) le ha arrebatado el liderazgo al Departamento de Justicia (DOJ) en la custodia de detenidos de orden federal. La Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) asumi\u00f3 el legado del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Naturalizaci\u00f3n, tomando a su cargo la detenci\u00f3n penal y la deportaci\u00f3n de inmigrantes. Actualmente ICE mantiene a unos 33,000 inmigrantes por d\u00eda en su red de 350 centros de detenci\u00f3n, -alrededor de 400,000 anualmente.<\/p>\n

Propietarios de las c\u00e1rceles y de los centros de detenci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

La propiedad de las c\u00e1rceles y centros de detenci\u00f3n para prisioneros y detenidos federales reviste diversas formas, indistintamente pueden ser propiedad de: 1) las agencias federales (tanto del Departamento de Justicia (DOJ) como del Departamento de Seguridad Interna (DHS)), 2) las compa\u00f1\u00edas penitenciarias privadas, y 3) los gobiernos locales que dispongan de acuerdos y contratos con agencias federales y empresas privadas. Generalmente, tanto si son propiedad directa del gobierno federal o propiedad de los gobiernos locales que tengan acuerdos de custodia con el gobierno federal, los operadores y gestores de las instalaciones son empresas privadas del ramo penitenciario.<\/p>\n

Contratistas:<\/strong><\/p>\n

Tres compa\u00f1\u00edas privadas del ramo carcelario—Corrections Corporation of America<\/em>, el Grupo GEO<\/em>, y Companias Cornell<\/em>—son las empresas m\u00e1s grandes que reciben a los presos y los detenidos federales, negocio que constituye la fuente de aproximadamente el 40% de sus ingresos. Otros incluyen a las compa\u00f1\u00edas Management & Training Corporation, Esmeralda Correcciones, <\/em>y Centros de Educaci\u00f3n de la Comunidad.<\/em> Los contratistas celebran sus contratos bien sea directamente con el Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) y la Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE), o indirectamente a trav\u00e9s de contratos con los intermediarios de los gobiernos locales que tienen acuerdos de custodia con estas tres agencias federales.<\/p>\n

Subcontratistas:<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s de proveer a las empresas privadas con un creciente flujo de prisioneros y detenidos federales (junto con el pago del per diem<\/em> asociado a los “d\u00edas\/hombre”), los outsourcers<\/em> federales tambi\u00e9n han creado una industria penitenciaria adjunta de subcontratistas. Estos subcontratistas de servicios incluyen a empresas privadas de seguridad como Akal Seguridad<\/em> y la Wackenhut Corporation<\/em> (divisi\u00f3n de G4S), as\u00ed como a proveedores de servicios de salud como Physicians Network Association<\/em> y Correctional Healthcare Management<\/em>. Esta red de empresas de servicios penitenciarios contratan o subcontratan con todos los actores principales del complejo outsorcing<\/em> penitenciario: organismos federales, los intermediarios de los gobiernos locales, y las empresas privadas de servicios penitenciarios.<\/p>\n

Un preso federal puede, por ejemplo, encontrarse legalmente bajo custodia del Departamento de Justicia, pero estar detenido en una c\u00e1rcel propiedad del gobierno local, operada por una empresa privada servicios penitenciarios, donde su atenci\u00f3n m\u00e9dica se presta en virtud de un subcontrato entre el gobierno local y una empresa de salud penitenciaria. Como otro ejemplo de esta compleja red de outsourcers<\/em>, contratistas y subcontratistas, un detenido que se encuentre en uno de los diferentes centros de detenci\u00f3n propiedad del la Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE), puede que en realidad no estar bajo el cuidado del ICE, sino bajo la custodia de una empresa de seguridad privada.<\/p>\n

Intermediarios de los gobiernos locales:<\/strong><\/p>\n

Los outsourcers<\/em> del gobierno federal, de forma rutinaria firman acuerdos inter-gubernamentales (AIG) con gobiernos locales y estatales (en su mayor\u00eda los gobiernos de los condados) que autorizan a los gobiernos que cooperan para resguardar a los prisioneros o detenidos con cargos federales. En muchos de estos casos, el gobierno local da un giro y contrata externamente la administraci\u00f3n y operaci\u00f3n de la prisi\u00f3n o del centro de detenci\u00f3n a empresas penitenciarias privadas y a subcontratistas de servicios carcelarios. El Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) o la Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) suelen pagar al gobierno local un estipendio per diem<\/em> por cada prisionero. En la pr\u00e1ctica, s\u00f3lo una peque\u00f1a parte (un par de d\u00f3lares) de este per diem<\/em> a vi\u00e1ticos se queda en las arcas del gobierno local, y el saldo se transfiere a los contratistas, subcontratistas, y los inversionistas que proporcionan el financiamiento para construir prisiones. Los gobiernos locales firmantes de acuerdos inter-gubernamentales penitenciarios, frecuentemente subcontratan la responsabilidad del cuidado m\u00e9dico a las empresas de salud correccional. En la pr\u00e1ctica, los gobiernos locales no ejercen ning\u00fan control sobre sus contratistas y subcontratistas.<\/p>\n

Los principales problemas de la industria penitenciaria paralela (sombra)<\/h3>\n

El gobierno federal ha demostrado ser cada vez m\u00e1s reacio a asumir la responsabilidad directa de los resultados de sus enormes sistemas de justicia penal y de control de la inmigraci\u00f3n, en cambio, ha contratado externamente esta ingrata y costosa tarea. Al hacerlo, el gobierno federal ha: 1) evitado, en gran medida, sus responsabilidades en la gesti\u00f3n y supervisi\u00f3n de los contratos, 2) ha hecho caso omiso de su responsabilidad permanente en monitorear las condiciones dentro de estas prisiones financiadas con fondos federales, y 3) ha creado una industria paralela (sombra) que, en la pr\u00e1ctica, tiene casi el control absoluto de m\u00e1s de medio mill\u00f3n de presos y detenidos.<\/p>\n

Los problemas con la industria penitenciaria paralela, en su mayor\u00eda, corresponden a los siguientes temas de preocupaci\u00f3n:<\/p>\n

1. Falta de coordinaci\u00f3n:<\/span><\/strong> Los outsourcers<\/em> del gobierno federal dependen en gran medida en el mismo sistema desarticulado de centenares de contratistas y subcontratistas. Tanto el Servicio Estadunidense de Alguaciles (USMS) como la Agencia de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) dependen exclusivamente de esta red de contrataci\u00f3n para retener al creciente numero de detenidos federales, en gran medida inmigrantes legales o indocumentados. Tipificado, por estudios realizados en el Congreso como una crisis , a finales de 1990, el ahora bifurcado sistema de detenci\u00f3n federal (DHS y el DOJ), abrumado en ambos departamentos por el incremento de prisioneros y detenidos inmigrantes, ha vuelto mucho m\u00e1s complicado y problem\u00e1tico.<\/p>\n

La nueva promesa del Departamento de Seguridad Interna de revisar su parte del sistema de detenci\u00f3n federal hace caso omiso de la historia reciente de los intentos de reformarlo e ilustra la tensi\u00f3n burocr\u00e1tica entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna. Es m\u00e1s, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no ha reconocido su propio papel de promotor del incremento de inmigrantes detenidos en las instalaciones del Bureau de Prisiones y del Departamento de Justicia—al incrementar la criminalizaci\u00f3n de las violaciones migratorias y el lanzamiento de nuevos programas dirigidos a criminales extranjeros.<\/p>\n

2. Falta de supervisi\u00f3n efectiva:<\/span><\/strong> Mientras que la industria penitenciaria y sus partidarios afirman que la motivaci\u00f3n principal para la contrataci\u00f3n externa se servicios carcelarios es mejorar la eficiencia y reducir costos, existe poca evidencia que soporte esta conclusi\u00f3n. En cambio, los factores que impulsan el auge de la industria penitenciaria paralela incluyen un intenso cabildeo, la difusi\u00f3n de la ideolog\u00eda de disminuir las instituciones de gobierno, y el af\u00e1n de los organismos federales de justicia y de inmigraci\u00f3n de deshacerse de la carga que supone el encarcelamiento.<\/p>\n

En lugar de proporcionar supervisi\u00f3n eficaz y monitorear los contratos, los outsourcers<\/em> federales funcionan principalmente como expendedores de contratos y de Per Diem<\/em>. A falta de la debida diligencia del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la contrataci\u00f3n externa del prisionero\/detenido federal ha conducido a graves abusos en contra de los derechos de los mismos, a un patr\u00f3n de irregularidades financieras, y a la aparici\u00f3n de un archipi\u00e9lago pr\u00e1cticamente inexplorado de c\u00e1rceles privadas\/p\u00fablicas.<\/p>\n

3. Falta de transparencia:<\/span><\/strong> La ausencia casi total de supervisi\u00f3n comprometida, ha permitido a la industria penitenciaria florecer en las sombras. Las solicitudes de la m\u00e1s b\u00e1sica informaci\u00f3n acerca del funcionamiento de estas c\u00e1rceles y centros de detenci\u00f3n habitualmente llevan a ninguna parte.<\/p>\n

Los operadores privados, como el Grupo GEO, rebotan las peticiones de los medios de comunicaci\u00f3n y los cuestionamientos de organizaciones de defensa hacia los gobiernos locales propietarios de las prisiones y a los outsourcers<\/em> federales. A su vez, las entidades de gobierno local contratantes, turnan las investigaciones a sus contratistas y subcontratistas a sabiendas de que esto conduce otro callej\u00f3n sin salida. Por su parte, los outsourcers<\/em> federales refieren las investigaciones a los gobiernos locales y a sus socios privados y exigen que las solicitudes de informaci\u00f3n, incluso las m\u00e1s b\u00e1sicas, se canalicen a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de una solicitud formal bajo el “Acta de Libertad de Informaci\u00f3n” (FOIA), para despu\u00e9s de mucho retraso, responden neg\u00e1ndose o con densos documentos que se amparan en secretos comerciales, patentes y propiedad privada de la informaci\u00f3n.<\/p>\n

Se trata de un sistema revolvente de tirar la bolita por medio del cual los principales actores desv\u00edan las preguntas a los dem\u00e1s jugadores. El sistema de contrataci\u00f3n externa les permite evadir su propia responsabilidad y afirmar que los problemas y deficiencias del sistema de contrataci\u00f3n externa recaen en sus socios contratistas. El resultado es un complicado sistema carcelario que es poco entendido. A\u00fan m\u00e1s importante es que no existen v\u00edas efectivas para buscar la compresi\u00f3n y tener claridad acerca del funcionamiento del esencialmente subcontratado sistema penitenciario que prospera por la sistem\u00e1tica falta de gobernanza—un sistema que relega a diario miles de residentes de los EE.UU. a un mundo de sombras.<\/p>\n\n\n\n
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Recomendaciones de soluci\u00f3n<\/h3>\n

Las reformas para hacer frente a la falta de rendici\u00f3n de cuentas y la transparencia, end\u00e9micas en el sistema de contrataci\u00f3n externa de los servicios penitenciarios incluyen:<\/span><\/p>\n