{"id":2218,"date":"2010-05-10T23:05:35","date_gmt":"2010-05-10T23:05:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=2218"},"modified":"2010-05-10T23:07:19","modified_gmt":"2010-05-10T23:07:19","slug":"elecciones-en-colombia-2010","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/elecciones-en-colombia-2010\/","title":{"rendered":"Elecciones en Colombia 2010"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-Electoral en Colombia fue dirigida por Global Exchange, con la participaci\u00f3n de profesionales, analistas y ciudadanos de m\u00e1s de siete pa\u00edses incluyendo los Estados Unidos, Canad\u00e1, Alemania, Reino Unido y M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n

La misi\u00f3n reuni\u00f3 a 22 individuos con experiencia colectiva de observaci\u00f3n electoral en once pa\u00edses. Del 3 al 15 de febrero, el grupo condujo observaci\u00f3n pre-electoral en Colombia, antes de las elecciones de 2010. Nos dividimos en cuatro equipos para observar las condiciones en municipios y en las regiones de Antioquia, C\u00f3rdoba, Valle del Cauca y Santander.<\/span><\/p>\n

Contenido:<\/strong><\/span><\/h3>\n

Reporte General<\/strong><\/a>
\nContexto Pol\u00edtico y Social<\/strong><\/a>
\nResultados de la Observaci\u00f3n<\/strong><\/a>
\nConclusiones y Recomendaciones<\/strong><\/a><\/span><\/h4>\n

<\/a>Informe Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-Electoral-Colombia<\/span><\/h3>\n

3-15 febrero de 2010<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral Internacional visit\u00f3 en el mes de febrero municipios de los departamentos de C\u00f3rdoba, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Los equipos de observaci\u00f3n fueron conformados por profesionales de diferentes organizaciones y formaciones, lo que busc\u00f3 ser un trabajo metodol\u00f3gico amplio, que permitiera una mirada diversa a las condiciones particulares de cada regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Las agendas de trabajo fueron incluyentes y las reuniones se realizaron con dirigentes de diferentes partidos pol\u00edticos (Partido Conservador, Partido Liberal, Polo Democr\u00e1tico, Partido de la U, Partido de Integraci\u00f3n Nacional—PIN, Partido Verde, Partido MIRA, Movimiento Compromiso Ciudadano y Alianza Social Ind\u00edgena—ASI, etc.); representantes de la sociedad civil organizada entre ellas organizaciones sociales de victimas, personas desplazados, afro-colombianos\/as, ind\u00edgenas, campesinos y mujeres; funcionarios de las administraciones locales (Gobernaciones, Alcald\u00edas, Secretarios de Gobierno, Concejales); autoridades electorales (Consejo Nacional Electoral y Registradores(as) municipales y departamentales); funcionarios de los organismos de control y vigilancia (Procuradur\u00edas regionales y provinciales, Contralor\u00edas, Defensor\u00eda del Pueblo y Personer\u00edas municipales); periodistas y miembros de medios de comunicaci\u00f3n regionales. Se busc\u00f3 adem\u00e1s contacto directo con ciudadanos y ciudadanas en diferentes espacios, formales e informales, en los diferentes municipios visitados.<\/span><\/p>\n

El prop\u00f3sito de la observaci\u00f3n pre-electoral es recoger informaci\u00f3n pertinente a las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso electoral. Los est\u00e1ndares de observaci\u00f3n electoral marcan claramente la necesidad de tomar en cuenta las condiciones previas al d\u00eda de las votaciones y las situaciones estructurales en que se lleva a cabo elecciones. En una situaci\u00f3n de conflicto interno, con altos niveles de violencia, violaci\u00f3n de derechos humanos y desplazamiento interno, esto se vuelve a\u00fan m\u00e1s importante.<\/span><\/p>\n

En este sentido, la historia de Colombia es un factor de contexto muy importante, por ser un pa\u00eds que ha vivido, y sigue viviendo, conflictos violentos. La violencia partidario entre los Liberales y Conservadores de los a\u00f1os cuarenta y cincuenta ha sido superado desde hace mucho tiempo, sin embargo, existen formas de violencia m\u00e1s recientes muy graves que existen en la sociedad y restringen el ejercicio del voto libre entre verdaderas alternativas electorales.<\/span><\/p>\n

La destrucci\u00f3n del la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica, un partido de la izquierda lanzado por las FARC y el Partido Comunista en los ochenta durante un proceso de paz, fue logrado al costo de unos 3,000 miembros y dirigentes, incluyendo dos candidatos a la presidencia. Este hecho hist\u00f3rico ha afectado la posibilidad de construir opciones electorales desde la izquierda.<\/span><\/p>\n

Las FARC, por su parte, han intentado controlar los resultados electorales a trav\u00e9s del asesinato de alcaldes, gobernadores, y candidatos en muchas partes del pa\u00eds. Los narcotraficantes, por otra parte, lanzaron una guerra contra elementos del Estado y contra los movimientos sociales en los a\u00f1os ochenta y principios de los noventa. Hoy en d\u00eda, siguen siendo una amenaza a la paz y a la democracia en distintas partes del pa\u00eds. Estamos convencidos de que el ejercicio de la democracia no se puede entender como un evento aislado. Incluye un c\u00famulo de factores que van desde la participaci\u00f3n cotidiana en la toma de decisiones de una ciudadan\u00eda libre e informada, hasta la soberan\u00eda nacional a nivel geopol\u00edtico. Por esta raz\u00f3n, creemos pertinente el an\u00e1lisis de fondo de las condiciones sociales y pol\u00edticas en el pa\u00eds que constituyen el trasfondo del proceso electoral y que son determinantes en el desarrollo del mismo. Esta observaci\u00f3n electoral es un peque\u00f1o paso en este sentido.<\/span><\/p>\n

<\/a>EL CONTEXTO POLITICO\/SOCIAL<\/span><\/h3>\n

Nuestra investigaci\u00f3n previa a la llegada de la misi\u00f3n mostr\u00f3 un panorama preelectoral preocupante marcado, en grandes rasgos, por: 1) fallas en la aplicaci\u00f3n de las reformas y las leyes electorales, 2) el esc\u00e1ndalo de los pactos entre pol\u00edticos y grupos paramilitares (la “parapol\u00edtica<\/em>“) actualmente bajo investigaci\u00f3n y proceso legal, 3) el impacto del desplazamiento masivo de poblaciones (pasado, presente y futuro, y 4) el contexto de violaci\u00f3n de derechos humanos y violencia en el pa\u00eds. Los siguientes apartados explican cada uno de estas preocupaciones en m\u00e1s detalle:<\/span><\/p>\n

Las reformas electorales y ambig\u00fcedad en su aplicaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h4>\n

Las reformas pol\u00edticas dotaron al proceso electoral nuevos mecanismos de transparencia y equidad, sin embargo, han causado incertidumbre y ambig\u00fcedad en su aplicaci\u00f3n. Colombia ha promulgado varias reformas a su legislaci\u00f3n electoral desde la Constituci\u00f3n de 19911<\/a>. Algunas de las reformas m\u00e1s significativas son la Acta Legislativa 01 de 2003, la Ley de Garant\u00edas de 2005 y la Acta Legislativa 01 de 2009.<\/span><\/p>\n

La reforma de 2003 trajo cambios al proceso electoral y a las medidas para fortalecer el sistema de partidos pol\u00edticos. Los cambios incluyen un nuevo m\u00e9todo para determinar financiamiento p\u00fablico para los partidos pol\u00edticos; una prohibici\u00f3n para unirse a m\u00e1s de un partido; un n\u00famero m\u00ednimo de votos requeridos para mantener el estatus legal del partido; la promulgaci\u00f3n de un sistema de bancada; y el establecimiento de una lista \u00fanica de candidatos de cada partido pol\u00edtico para las elecciones.<\/span><\/p>\n

Estas reformas fueron hechas para corregir algunos problemas que surgieron de la Constituci\u00f3n de 1991, una de los cuales fue el numero m\u00e1s grande de partidos que aparecieron (72 partidos en 2003). M\u00e1s que representar diversidad, la pl\u00e9tora de partidos fue juzgado por tener un impacto negativo para la democracia Colombiana con muchos partidos nuevos vistos solamente como proyectos electorales de corto plazo de un individuo especifico. Muchas fuerzas compitiendo hicieron al congreso menos manejable y que su rendici\u00f3n de cuentas fuera m\u00e1s dif\u00edcil. En 2005, la Ley de Garant\u00eda Electoral (ley 996 de 2005) fue desarrollada en respuesta a las cambios constitucionales que permit\u00edan la reelecci\u00f3n presidencial por primera vez (Acta Legislativa de 2004). Reconocer la ventaja potencial que un Presidente o Vicepresidente en el poder podr\u00eda tener sobre otros candidatos, la Ley de Garant\u00edas busca asegurar una competencia justa entre todos los candidatos presidenciales. Por lo tanto, la ley proh\u00edbe al Presidente o al Vicepresidente actual usar su posici\u00f3n para hacer campa\u00f1a si est\u00e1n compitiendo para un segundo periodo y regula la igualdad de oportunidades para publicidad. Tambi\u00e9n previene que trabajadores del sector p\u00fablico participen en campa\u00f1as electorales y proh\u00edbe el otorgamiento de contratos gubernamentales en seis meses antes de empezar la campana.<\/span><\/p>\n

Durante el periodo de observaci\u00f3n, la posibilidad de una reelecci\u00f3n intentada por el Presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez y la incertidumbre de su candidatura- ahora descartada por la decisi\u00f3n de una Corte Constitucional- creo ambig\u00fcedad en la aplicaci\u00f3n de la Ley de Garant\u00edas ya que el presidente era un posible pero no declarado candidato. La Misi\u00f3n alaba la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional para prohibir una candidatura de \u00faltimo minuto, ya que da gran institucionalidad al proceso electoral adem\u00e1s de demostrar y reforzar el balance esencial de poder entre las tres ramas de gobierno.<\/span><\/p>\n

La Ley de Garant\u00edas tambi\u00e9n Proh\u00edbe que un miembro de un grupo armado ilegal participe directamente en las elecciones como candidato o en apoyo de un candidato, a menos que primero se haya reincorporado a la sociedad civil2<\/a>.<\/span><\/p>\n

El Acta Legislativa de 2009 incluye m\u00e1s detalles sobre financiamiento p\u00fablico para las campanas electorales de los partidos pol\u00edticos. De igual manera tambi\u00e9n detalla claramente la responsabilidad y sanciones de un partido pol\u00edtico que tiene un candidato o representante electo que ha sido acusado de nexos con grupos armados ilegales, trafico de drogas o cr\u00edmenes en contra de la humanidad y democracia3<\/a> Esta \u00faltima secci\u00f3n surgi\u00f3 del esc\u00e1ndalo de la “parapol\u00edtica<\/em>“.<\/span><\/p>\n

Algunas \u00e1reas que a\u00fan requieren de reformas legales electorales son las que incluyen la necesidad de generar mecanismos para garantizar el balance de poder entre el poder ejecutivo del gobierno y otros poderes e instituciones tales como la Corte Constitucional y la Procuradur\u00eda General. Antes, esto era garantizado por el hecho de que el presidente estaba limitado a s\u00f3lo un periodo. La otra \u00e1rea cr\u00edtica es la falta de sanciones serias para algunos casos de fraude electoral, tales como la compra del voto y el mal uso de voto (por ejemplo: las boletas).<\/span><\/p>\n

La parapol\u00edtica <\/em>y la incidencia del paramilitarismo en los procesos electorales en Colombia<\/strong><\/span><\/h4>\n

El esc\u00e1ndalo de la “parapol\u00edtica” estall\u00f3 en Colombia cuando empezaron a salir los v\u00ednculos entre grupos paramilitares y pol\u00edticos en el Congreso y otros puestos p\u00fablicos, a partir de las declaraciones de m\u00faltiples paramilitares desmovilizados y la informaci\u00f3n encontrada por la Fiscal\u00eda en el computador de alias “Jorge 40”, sobre el llamado “Pacto de Ralito”. Con esa informaci\u00f3n, la Corte Suprema, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n empezaron a investigar los representantes supuestamente involucrados a nivel nacional y departamental. El alcance de la colusi\u00f3n entre pol\u00edticos y grupos armados a\u00fan no se sabe plenamente, pero fue masiva. Por ejemplo, en el Pacto de Chivolo del a\u00f1o 2000 en el departamento de Magdalena, asistieron 13 candidatos a alcald\u00edas y 395 personas a una reuni\u00f3n con fuerzas paramilitares, entre ellos miembros de Concejos municipales y Asambleas Departamentales4<\/a>.<\/span><\/p>\n

Hasta la fecha al menos 133 congresistas han sido investigados en los \u00faltimos tres a\u00f1os por v\u00ednculos con grupos al margen de la ley. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria, 50 actualmente est\u00e1n detenidos, 42 renunciaron a su fuero como congresista, 18 est\u00e1n en etapa de juicio, 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 7 fueron condenados. La mayor\u00eda de los pol\u00edticos implicados hacen parte de la coalici\u00f3n de gobierno. Le\u00f3n Valencia, director de la Corporaci\u00f3n Nuevo Arco Iris se\u00f1ala que “de los siete partidos<\/em> que hacen parte de la coalici\u00f3n Uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus<\/em> candidatos son procesados por parapol\u00edtica. Actualmente, estos partidos siguen<\/em> teniendo capacidad de influencia dentro de la escena pol\u00edtica5<\/a>.”<\/em><\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n toma nota que el esfuerzo sigue siendo incompleto y existen evidencias de que la presencia de paramilitares en el gobierno no solo sigue sino que podr\u00eda ser renovado en las actuales elecciones a trav\u00e9s de candidatos colocados por los mismos pol\u00edticos actualmente bajo investigaci\u00f3n y castigo, mayoritariamente por las candidaturas de sus familiares.<\/span><\/p>\n

Para nuestra labor de observaci\u00f3n pre-electoral en Colombia, fue muy importante medir las secuelas y las posibles continuaciones de la parapol\u00edtica, y as\u00ed el impacto en el ejercicio de la democracia en el pa\u00eds. El m\u00e1s reciente reporte de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral (MOE) sobre riesgos electorales para las elecciones del congreso en el 20106<\/a> incluye un an\u00e1lisis cualitativa por parte de la organizaci\u00f3n Nuevo Arco Iris, que destaca las fuertes estructuras parapol\u00edticas, tanto a nivel regional como nacional, las cuales han permitido a congresistas—pese a las investigaciones en su contra por v\u00ednculos con grupos narco-paramilitares o estar preso—de “mantener influencias en sus lugares de origen y poner su maquinaria a disposici\u00f3n de alg\u00fan allegado, con el fin de que su grupo o red pol\u00edtica contin\u00fae en el poder regional.” El hecho, adem\u00e1s, que en el 2007 los partidos con miembros vinculados a la parapol\u00edtica lograron obtener gobernaciones (24), alcald\u00edas (925), asambleas (360) y concejales (460) demuestra que existe suficiente poder paramilitar no solo para salpicar las elecciones en 2010 con ingresos il\u00edcitos, sino tambi\u00e9n para incidir en el proceso electoral por adentro del propio sistema: “la realidad de varios departamentos del pa\u00eds es que la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as se est\u00e1 dando por medio del dinero que pol\u00edticos tomaron del presupuesto del departamento”.<\/span><\/p>\n

Esa influencia se est\u00e1 haciendo evidente con el nuevo partido del PIN (Partido de Integraci\u00f3n Nacional). Fundado a finales del \u00faltimo a\u00f1o el partido espera que pueda participar en el nuevo Senado de la Rep\u00fablica con un 15% de las curules.7<\/a> El PIN est\u00e1 compuesto por miembros del extinto partido Convergencia Ciudadana, del anulado ADN8<\/a>, as\u00ed como candidatos que no fueron avalados ni por el partido de la U, ni por el partido Conservador. Tambi\u00e9n integran este grupo los familiares de pol\u00edticos que est\u00e1n en la c\u00e1rcel o que son investigados por v\u00ednculos con paramilitares9<\/a>.<\/span><\/p>\n

El gran n\u00famero de candidatos al Congreso con v\u00ednculos con las estructuras paramilitares—por no mencionar las investigaciones a servidores p\u00fablicos en otros niveles del gobierno—se explica en parte por tres fen\u00f3menos observados. Primero, no existen mecanismos eficaces contra los para-herederos, <\/em>es decir, la capacidad que tienen los pol\u00edticos deshabilitados por v\u00ednculos con los paramilitares de colocar a gente cercana en el poder. Segundo, los electores no suelen castigar a este tipo de comportamiento, lo que tiene que ver con la falta de educaci\u00f3n pol\u00edtica en el pa\u00eds, presiones directas sobre el voto y falta de informaci\u00f3n y difusi\u00f3n10<\/a>. Segundo, porque “gran parte del terreno se encuentra condicionado al temor que lograron acu\u00f1ar las autodefensas sobre la poblaci\u00f3n”11<\/a>. Esa realidad coincide con un comentario por parte de un oficial, quien nos dijo que “la clase media, por su educaci\u00f3n, no por su riqueza, tiene muy poca incidencia pol\u00edtica en este pa\u00eds12<\/a>“. En fin, con la maquinar\u00eda parapol\u00edtica a\u00fan intacta, acceso a fondos por parte de grupos ilegales y una poblaci\u00f3n con una carencia de educaci\u00f3n c\u00edvica y\/o atemorizado, ha sido posible que congresistas que no est\u00e1n formalmente inhabilitados, los familiares de ellos qui\u00e9nes son y otros apoyados por paramilitares—en total m\u00e1s que 80 candidatos con supuestos v\u00ednculos con paramilitares—no solo est\u00e1n apostando carreras, sino tambi\u00e9n tienen la fuerte posibilidad de ser elegidos; en este caso, las elecciones 2010 no significar\u00edan el fin de la parapol\u00edtica, sino un nuevo comienzo.<\/span><\/p>\n

Desde su principio, el proceso legal contra los pol\u00edticos con v\u00ednculos al paramilitarismo ha encontrado una variedad de obst\u00e1culos, entre ellos las amenazas y asesinatos de testigos, las “chuzadas” o interceptaciones de comunicaciones de manera ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a miembros de la Corte Suprema de Justicia, y las extradiciones de los principales jefes paramilitares a los Estados Unidos, lo cual impide conocer en profundidad los nexos de pol\u00edticos con los grupos paramilitares.<\/span><\/p>\n

El informe “Obst\u00e1culos a la aplicaci\u00f3n de la justicia” <\/em>de la Corporaci\u00f3n Colectivo de Abogados “Jos\u00e9 Alvear Restrepo” de octubre de 2009, detalle las dificultades para llegar a la verdad, pues muchos desmovilizados en busca de beneficios jur\u00eddicos incurren en falsos testimonios o extorsiones que adem\u00e1s persiguen fines econ\u00f3micos y beneficios pol\u00edticos.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n existen casos de evasiones jur\u00eddicas como la renuncia al fuero que reviste a Senadores y Representantes de la C\u00e1mara, con lo cual se quiere que sea un juez ordinario y no la Corte Suprema la que asuma las investigaciones. De manera oportuna la Corte Suprema decidi\u00f3 reasumir su competencia en los procesos contra congresistas que han renunciado su curul a partir del 15 de septiembre de 200913<\/a>. Numerosos casos han regresado a manos de la Corte Suprema, incluido el proceso contra el jefe del partido Convergencia Ciudadana, Lu\u00eds Alberto Gil.<\/span><\/p>\n

Mientras el proceso actual de investigaciones y juicios de la parapol\u00edtica representa un paso adelante muy importante en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado la actitud del Estado hacia las actividades paramilitares—y m\u00e1s a\u00fan cuando est\u00e1n involucrados directamente representantes del Estado como pol\u00edticos y las fuerzas armadas. Existen una multitud de casos que muestran la impunidad en masacres y actuaciones delictivas de grupos paramilitares y militares, que van desde cr\u00edmenes de hace a\u00f1os aun no resueltos como Segovia el 11 de noviembre 198814<\/a> y La Rochela en 198915<\/a>, donde las dilaciones y los laberintos jur\u00eddicos han impedido que se tomen acciones contra pol\u00edticos y servidores p\u00fablicos que han sido se\u00f1alados como c\u00f3mplices en dichas masacres.<\/span><\/p>\n

Los \u00faltimos casos de impunidad tienen que ver con los ‘falsos positivos’ y la masacre de ocho personas en la Comunidad de Paz, San Jos\u00e9 de Apartado, el 21 y 22 de febrero 2005. La nueva t\u00e1ctica para que crimines de lesa humanidad se queden impunes se lleva a cabo a trav\u00e9s de t\u00e9cnicas jur\u00eddicas que permiten que se vencen los t\u00e9rminos establecidos en el c\u00f3digo penal. Ya salieron libres 46 militares procesados por los ‘falsos positivos’ de Soacha16<\/a> y parece que el juicio en contra de diez militares por la masacre en la Comunidad de Paz, sufriera el mismo destino17<\/a>. Despu\u00e9s de m\u00faltiples obst\u00e1culos y a\u00f1os de retraso18<\/a>, el juicio contra los culpables podr\u00eda quedarse anulado por la misma t\u00e9cnica jur\u00eddica.<\/span><\/p>\n

El fen\u00f3meno de la parapol\u00edtica en Colombia ha sido presentado como un hecho aislado de algunas “manzanas podridas”<\/em>, incapaces de arriesgar la democracia de manera estructural. A esa interpretaci\u00f3n de la presencia de estructuras mafiosas aisladas, se opone la contundencia de los casos investigados por la Corte Suprema de Justicia y que ponen en evidencia la relaci\u00f3n hist\u00f3rica entre estructuras mafiosas y pol\u00edticos de diversas regiones en una alianza consensuada y planificada.<\/span><\/p>\n

El ex-fiscal General de la Naci\u00f3n, Mario Iguar\u00e1n, afirm\u00f3 que “seg\u00fan las investigaciones de la Parapol\u00edtica […], se pudo constatar que no fueron los paramilitares quienes buscaron a la clase pol\u00edtica en las regiones donde ten\u00edan sus operaciones, sino muy al contrario, fueron los elites de la pol\u00edtica regional quienes acudieron en su ayuda19<\/a>“.<\/em><\/span><\/p>\n

Gracias a las investigaciones de la Corte Suprema y el seguimiento de ONG defensoras de Derechos Humanos, se ha demostrado el preocupante alcance del paramilitarismo dentro de las estructuras pol\u00edticas en Colombia, mediante una sistem\u00e1tica implementaci\u00f3n del proyecto paramilitar unido a la clase pol\u00edtica a trav\u00e9s de los pactos realizados entre las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia—AUC y los l\u00edderes pol\u00edticos del pa\u00eds, que buscaban entre otros fines “refundar nuestra patria”<\/em>y hacer un “nuevo contrato social”20<\/a>.<\/em><\/span><\/p>\n

Qu\u00e9 existan investigaciones por paramilitarismo en 25 de los 32 departamentos de Colombia, muestra la amplia incidencia del fen\u00f3meno en lo pol\u00edtico y lo administrativo. Como resultado, el miedo permanece entre la sociedad civil e incluso entre miembros de las entidades p\u00fablicas con quienes los distintos equipos regionales de la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n se reunieron durante su estad\u00eda en Colombia. Cabe se\u00f1alar que en varias oportunidades, funcionarios de entidades como la Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Personer\u00edas Locales y otras instancias, prefirieron hablar extraoficialmente de la situaci\u00f3n de conflicto armado en las regiones, presencia de grupos armados ilegales y violaciones de derechos humanos, ya que consideran dif\u00edcil mantener su opini\u00f3n profesional sobre estos hechos en el marco de la institucionalidad que los ampara.<\/span><\/p>\n

El impacto del desplazamiento masivo de poblaciones<\/strong><\/span><\/h4>\n

El desplazamiento interno sigue siendo un gran obst\u00e1culo para muchos colombianos para participar de forma libre, informada y transparente en las elecciones del pa\u00eds. Es de gran preocupaci\u00f3n que el desplazamiento y su impacto negativo en la participaci\u00f3n democr\u00e1tica afecten a algunos sectores que ya de por si est\u00e1n en desventaja—los descendientes de africanos, ind\u00edgenas, agricultores rurales pobres y mujeres jefas de familia. De acuerdo a la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en 2009 m\u00e1s de 280,000 colombianos se convirtieron en nuevos desplazados internos debido al conflicto armado y la violencia interna. Estas personas se unieron a m\u00e1s de tres millones de personas que ya son desplazados internos en el pa\u00eds. Esto representa un n\u00famero significativo de colombianos, tal vez el 8 por ciento de la poblaci\u00f3n, en situaci\u00f3n de gran vulnerabilidad de maltrato f\u00edsico, coerci\u00f3n, reclutamiento forzado por grupos armados y pobreza extrema. Algunas de las \u00e1reas m\u00e1s afectadas por los nuevos desplazamientos en 2009 incluyen los cuatro departamentos visitados por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral: Antioquia, Valle del Cauca, Santander y C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

Mientras Colombia cuenta con la normativa legal m\u00e1s completa para tratar el desplazamiento interno de personas (PIDs) en el mundo, el \u00e1mbito de los derechos consagrados en estas normas est\u00e1 lejos de ser aplicados. Esto llev\u00f3 a la Corte Constitucional de Colombia a pronunciar en Abril de 2004 que la situaci\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos de personas desplazadas en el pa\u00eds era inconstitucional. En esto la Corte se refiere a todos sus derechos—desde los b\u00e1sicos como el derecho a la vida hasta los pol\u00edticos, econ\u00f3micos y culturales. Desde entonces la Corte ha ordenada al gobierno implementar una serie de medidas para rectificar la situaci\u00f3n. En enero de 2009 la Corte expidi\u00f3 las \u00f3rdenes 004 y 005 relacionadas a la grave situaci\u00f3n enfrentada por los afro-colombianos e Ind\u00edgenas PIDs.<\/span><\/p>\n

Aunque el gobierno ha tomado pasos para dar respuesta junto a las \u00f3rdenes de la Corte, la mayor\u00eda de los desplazados internos contin\u00faan sufriendo de serios abusos a sus derechos, inseguridad y falta de estabilidad socioecon\u00f3mica para sacarlos del estatus de desplazados. Tambi\u00e9n muchos PIDs siguen sin ser capaces de regresar a sus territorios de origen debido al actual conflicto interno armado y las actividades de las FARC, paramilitares y militares, presencia de minas y usurpaci\u00f3n de sus tierras a causa de intereses econ\u00f3micos. Desplazamientos Internos afectan a la mayor\u00eda de municipios colombianos y representan el mayor reto humanitario a lo largo del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Los desplazamientos internos nos son solo un problema grave de seguridad humanitario, esto tambi\u00e9n conlleva al deterioro de los derechos civiles pol\u00edticos y culturales. Personas que se convirtieron en desplazados suelen huir de un momento al otro y perder sus documentos de identidad los cuales son vitales para registrarse para votar y acceder a servicios p\u00fablicos muchos m\u00e1s necesarios en las \u00e1reas de refugio. En Colombia, una falta de documentos de identidad puede llevar a una grave amenaza de seguridad y la sospecha de grupos armados ilegales. Muchas mujeres especialmente las de \u00e1reas rurales pobres que conf\u00edan en sus esposos para servicios relacionados con documentaci\u00f3n son viudas o separadas de sus maridos o compa\u00f1eros sin documentos.<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n encontr\u00f3 que el gobierno no tomo suficientes medidas para compensar los obst\u00e1culos para la participaci\u00f3n civil que enfrentan las PIDs. Se nos informo repetitivamente que el periodo de dos semanas permiti\u00f3 a las PIDs registrarse para votar en las elecciones venideras y que dicho periodo estaba lejos de ser muy corto.<\/span><\/p>\n

Grupos de PIDs con los que nos reunimos propusieron tres medidas especificas para rectificar esta situaci\u00f3n: 1) PIDs deben de ser autorizados para votar en su lugar de expulsi\u00f3n mismo si no tienen sus documentos, 2) que las autoridades no exijan los requerimientos de mostrar documentos de residencia en el lugar donde los PIDs votan y 3) que a los PIDs Afro-colombianos e ind\u00edgenas se les otorgue una excepci\u00f3n para votar.<\/span><\/p>\n

Debido al continuo conflicto armado a lo largo de Colombia y a una taza alta de desplazamiento interno que no se ha abatido, el reto de integrar completamente a las PIDs dentro del proceso democr\u00e1tico es cr\u00edtico para tener elecciones libres y justas. El \u00fanico camino real para garantizar derechos democr\u00e1ticos completos para todos los ciudadanos es detener las fuerzas pol\u00edticas y econ\u00f3micas que siguen siendo causa de desplazamientos internos.<\/span><\/p>\n

El contexto de los derechos humanos y las libertades fundamentales<\/strong><\/span><\/h4>\n

Colombia tiene una larga trayectoria de reconocimiento como la democracia m\u00e1s antigua de Am\u00e9rica Latina. Su Constituci\u00f3n y el marco normativo en relaci\u00f3n con derechos humanos y libertades fundamentales es altamente comprehensivo. En 1991, la naci\u00f3n se reconoci\u00f3 en sus diferencias y pluralidades \u00e9tnicas y culturales y as\u00ed se dejo plasmado en la nueva Constituci\u00f3n Nacional (Articulo 7). Igualmente, gobierno y sociedad civil se reafirmaron en su compromiso con la democracia definiendo importantes mecanismos de participaci\u00f3n, control y monitoreo ciudadano, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato y el voto (art\u00edculo 103 de la Constituci\u00f3n) y legislaci\u00f3n espec\u00edfica dirigida a proteger los derechos de la poblaci\u00f3n Ind\u00edgena y Afrodescendiente21<\/a>.<\/span><\/p>\n

El voto, consagrado en el Articulo 258 de la Constituci\u00f3n, reconoce la “soberan\u00eda del pueblo” para escoger libremente a sus representantes en el gobierno, reflejando as\u00ed el derecho de la sociedad civil a participar en la vida pol\u00edtica del pa\u00eds. Consecuente con su trayectoria, Colombia es signatario de la mayor\u00eda de tratados y convenios regionales e internacionales que determinan los est\u00e1ndares de respeto y protecci\u00f3n de los derechos y libertades fundamentales, dentro de los cuales se enmarcan los criterios y prerequisitos para un ejercicio electoral libre y equitativo.<\/span><\/p>\n

A pesar del esfuerzo colombiano por establecer un sistema de gobierno que pueda asegurar respeto por los derechos humanos, el respeto por la norma y el desarrollo de instituciones democr\u00e1ticas, nuestra Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-Electoral encontr\u00f3 que persistentes factores de violencia, discriminaci\u00f3n en todas sus formas, racismo estructural, exclusi\u00f3n, segregaci\u00f3n y pobreza hacen a la sociedad civil vulnerable a acciones que debilitan el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Durante el proceso electoral, estos factores—sumados a la corrupci\u00f3n y la impunidad—propician condiciones de manipulaci\u00f3n, coacci\u00f3n y coerci\u00f3n del voto para promover intereses econ\u00f3micos y pol\u00edticos, al tiempo que obstaculizan procesos transparentes de participaci\u00f3n ciudadana y ejercicio de ciudadan\u00eda.<\/span><\/p>\n

En el marco de los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, la Convenci\u00f3n Internacional sobre los Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como otros convenios y declaraciones de car\u00e1cter internacional y regional, se entiende que las garant\u00edas electorales est\u00e1n dadas por criterios b\u00e1sicos de libertad y justicia. Elecciones por si mismas no constituyen democracia22<\/a>, se requiere un proceso complejo de participaci\u00f3n en la vida pol\u00edtica del pa\u00eds sin intimidaciones, sin miedo, sin manipulaciones. En este marco la libertad de opini\u00f3n, expresi\u00f3n e informaci\u00f3n; la libertad de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n; procesos judiciales independientes y libres de coerci\u00f3n y, la protecci\u00f3n en contra de toda forma de discriminaci\u00f3n, son pre-requisitos para el ejercicio democr\u00e1tico de elecci\u00f3n y el pleno ejercicio de voto, entendido este como derecho en s\u00ed mismo.23<\/a>Se entiende que es responsabilidad del Estado asegurar el cumplimiento de estos prerequisitos. Como se expone en este informe, numerosos factores hacen que Colombia no re\u00fana tales pre-requisitos para las presentes elecciones y en consecuencia el conjunto de la sociedad civil no cuenta con plenas garant\u00edas de participaci\u00f3n en un proceso libre y equitativo de elecci\u00f3n de sus representantes.<\/span><\/p>\n

Criterios de Libertad y Equidad en el marco de la realizaci\u00f3n plena de derechos. Los<\/em><\/strong> efectos del conflicto armado interno.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

La vida colombiana ha estado marcada en las \u00faltimas d\u00e9cadas por graves violaciones a los derechos fundamentales, las libertades pol\u00edticas y el derecho internacional humanitario, ampliamente documentados a nivel nacional e internacional. Entre ellos son: el fen\u00f3meno del desplazamiento forzado interno y su consecuente crisis humanitaria y la expropiaci\u00f3n territorial; los asesinatos selectivos y masacres concentrados hoy en d\u00eda en territorios y contra comunidades ind\u00edgenas y Afro descendientes; la vinculaci\u00f3n forzada de mujeres y ni\u00f1os a la guerra; los actos de intolerancia social, racial y de g\u00e9nero, manifestados en las “listas de limpieza social” y acciones crueles y degradantes contra la comunidad LGBT por parte de la fuerza p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

A estas pr\u00e1cticas, se suman a otras bien-documentadas por grupos de derechos humanos dentro y fuera del pa\u00eds. Se reportan actitudes de intolerancia por parte del gobierno y los actores armados hacia las expresiones ideol\u00f3gicas y pol\u00edticas de oposici\u00f3n. Existe tambi\u00e9n una falta de garant\u00edas laborales y m\u00faltiples acciones violentas en contra de los grupos sindicales, la mayor\u00eda de los cuales siguen en la impunidad; en 2008 y los primeros ocho meses de 2009 se reportan 73 asesinatos de dirigentes sindicales.24<\/a><\/span><\/p>\n

Los casos de “los falsos positivos” que siguen siendo investigados involucran elementos del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, en ejecuciones extrajudiciales en todo el pa\u00eds. Existen evidencias que, a pesar de las investigaciones, est\u00e1 tambi\u00e9n involucrado en cubrir y no castigar estos cr\u00edmenes; seg\u00fan la U.S. Office on Colombia, s\u00f3lo 16 de los 1,025 casos recibidos por la Procuradur\u00eda han sido sentenciados. El esc\u00e1ndalo reciente de las interceptaciones telef\u00f3nicas ilegales o “chuzadas” por parte del DAS contra periodistas y defensores de derechos humanos es otra se\u00f1al preocupante de un patr\u00f3n de violaciones de derechos humanos por parte del Estado.<\/span><\/p>\n

Los est\u00e1ndares internacionales para las elecciones25<\/a> comprenden tres derechos b\u00e1sicos, dentro de los derechos civiles y pol\u00edticos (Art\u00edculo 25, CIDCP): 1) el derecho a tomar parte en el gobierno, 2) el derecho a votar y ser elegido y, 3) el derecho al acceso equitativo a los servicios p\u00fablicos. Por la informaci\u00f3n recogida durante las visitas a las diferentes regiones, se observa que hay una falta de realizaci\u00f3n de estos derechos en la medida en que violencia, pobreza, impunidad y corrupci\u00f3n incrementan las condiciones que propician la opresi\u00f3n, coerci\u00f3n y coartaci\u00f3n de sectores de por si marginados, como son mujeres, j\u00f3venes y grupos \u00e9tnicos, particularmente en periodos de elecciones.<\/span><\/p>\n

Responsabilidad del Estado en la coartaci\u00f3n de Derechos y Libertades Fundamentales<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os diferentes organismos de veedur\u00eda regional e internacional, as\u00ed como ONG y defensores de derechos humanos han puesto en evidencia hechos que evidencian un resquebrajamiento del estado social de derecho en Colombia y en consecuencia serios reveces en la protecci\u00f3n de los derechos y libertades fundamentales. Pronunciamientos como la Sentencia T-025 del 6 de Febrero del 200426<\/a> de la Corte Constitucional, denunciando el “estado de cosas inconstitucional” en relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n en situaci\u00f3n de desplazamiento forzado interno, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del Examen Peri\u00f3dico Universal—EPU, a Colombia (Diciembre 2008)27<\/a> y, los comentarios hechos por la Experta Independiente de las Naciones Unidas para las cuestiones de minor\u00edas, durante su reciente visita a Colombia28<\/a>, sustentan la necesidad de que el estado colombiano sea m\u00e1s efectivo en la generaci\u00f3n de garant\u00edas democr\u00e1ticas, desde una perspectiva no solo legislativa sino tambi\u00e9n de justicia social.<\/span><\/p>\n

Se encontr\u00f3 como objeto de gran controversia la implementaci\u00f3n de mecanismos dentro de la pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica, que involucran a la sociedad civil y en particular a ni\u00f1os y j\u00f3venes en acciones de vigilancia y recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n para acciones de inteligencia, generando condiciones propicias para la violaci\u00f3n de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas preocupaciones son secundadas en las recomendaciones emanadas del EPU a Colombia, donde se recomienda al gobierno Colombiano poner t\u00e9rmino a tales medidas.29<\/a><\/span><\/p>\n

Se observa que en las pol\u00edticas de combate al narcotr\u00e1fico y terrorismo, hay m\u00faltiples factores que tienen un efecto adverso en la sociedad civil y su pr\u00e1ctica de soberan\u00eda. Algunos componentes de tales pol\u00edticas se han convertido o, a su vez han favorecido, circunstancias propicias de violaci\u00f3n de derechos y coartaci\u00f3n de libertades. Durante las entrevistas con organizaciones de comunidades rurales, particularmente de la zona de Buenaventura, se pudo observar que las confrontaciones armadas y los bombardeos indiscriminados ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil. Las fumigaciones, como estrategia primaria de erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, son una causa del desplazamiento interno, como lo ratifica la Corte Constitucional en los Autos 004 y 005 del 2009. Sin embargo, la poblaci\u00f3n que se desplaza por razones de fumigaciones no es reconocida como tal y en consecuencia no recibe atenci\u00f3n diferenciada del estado, lo cual pone a estas personas en riesgo de indigencia y predispone condiciones para su utilizaci\u00f3n en periodo electoral.<\/span><\/p>\n

El programa del gobierno de pagar a j\u00f3venes como “informantes” presenta otra amenaza a la seguridad y libertad de la gente. Los “informantes” son objeto de estigmatizaci\u00f3n, y en muchos casos su reclutamiento para este fin lleva a rupturas en los v\u00ednculos familiares y comunitarios y compromete seriamente la seguridad de todos sus miembros. Los casos de “ajusticiamiento” a personas clasificadas dentro de un bando u el otro son numerosos. Con una taza de desempleo de 13.6% en el 2009 y altos niveles de pauperizaci\u00f3n entre la poblaci\u00f3n desplazada, este tipo de iniciativas estimulan la participaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable en una econom\u00eda de guerra. Adem\u00e1s, ha sido ampliamente documentado que guerrilla y grupos paramilitares utilizan estos mismos mecanismos con los mismos objetivos que el gobierno.<\/span><\/p>\n

Discriminaci\u00f3n<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Diferentes testimonios en relaci\u00f3n con la discriminaci\u00f3n racial y de g\u00e9nero dejan igualmente una preocupaci\u00f3n en relaci\u00f3n con las garant\u00edas electorales. De particular atenci\u00f3n deben ser las condiciones de marginalidad y exclusi\u00f3n de la poblaci\u00f3n Ind\u00edgena y Afro descendiente en condiciones de desplazamiento interno, emplazamiento y confinamiento; las mujeres, vinculadas de manera forzada al conflicto armado, bien sea a trav\u00e9s de la violencia psicol\u00f3gica, f\u00edsica y\/o sexual, el reclutamiento forzado de sus hijos y parejas, su propio reclutamiento forzado, o por v\u00edas econ\u00f3micas y, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, travest\u00ed y transexual—LGBT sometida a tratamiento cruel, la estigmatizaci\u00f3n y exclusi\u00f3n de la vida pol\u00edtica y social dada su orientaci\u00f3n sexual.
\nProblemas con su auto-identificaci\u00f3n (identidad), identificaci\u00f3n a trav\u00e9s de un documento formal (cedula), del cual regularmente carecen por diferentes motivos y, carencia de estad\u00edsticas especificas que los identifique e identifique sus problemas y necesidades de manera diferenciada, al igual que la carencia de pol\u00edticas p\u00fablicas que les brinde atenci\u00f3n diferenciada, son componentes de una problem\u00e1tica poco visible y sin embargo explotada en periodos de elecciones. Definidos como grupos minoritarios, su capacidad de auto-representaci\u00f3n est\u00e1 limitada por las maquinarias econ\u00f3micas y pol\u00edticas ya establecidas, de las cuales terminan siendo objeto de manipulaci\u00f3n. A pesar de que las comunidades ind\u00edgenas y Afro descendientes cuentan con legislaci\u00f3n que les permite tener representantes dentro del gobierno, por circunscripci\u00f3n especial, ellos mismos reportaron que las condiciones de participaci\u00f3n dentro del proceso electoral son desiguales e inequitativas, dadas las circunstancias de pobreza, desplazamiento interno y amenaza permanente a sus comunidades y lideres y su acceso desigual a estos puestos30<\/a>.<\/span><\/p>\n

<\/a>RESULTADOS DE LA OBSERVACION<\/span><\/h3>\n

I. Riesgos al proceso electoral<\/strong><\/span><\/h4>\n

Secci\u00f3n 1: Incidencia de grupos armados (paramilitares\/narcotr\u00e1fico\/guerrilla) en los procesos electorales en Colombia<\/span><\/h3>\n

En todas las regiones visitadas, el equipo de observaci\u00f3n internacional recibi\u00f3 informes y pudo constatar a trav\u00e9s de la observaci\u00f3n directa la prevalencia de grupos de acci\u00f3n violenta o amenazas de violencia entre la sociedad colombiana. La relativa falta de reconocimiento \u00f3 respuesta a esta situaci\u00f3n por parte de las autoridades colombianas fue en muchas ocasiones desconcertante. A\u00fan m\u00e1s preocupante es el contexto generalizado de impunidad que se manifiesta en paralelo a un Estado democr\u00e1tico en casos de violaciones de derechos humanos y otros crimines cometidos por los paramilitares.<\/span><\/p>\n

Es importante aclarar que el fen\u00f3meno del paramilitarismo en Colombia no obedece \u00fanicamente a su funci\u00f3n contrainsurgente, sino a una estrategia que desde el campo pol\u00edtico promovi\u00f3 la creaci\u00f3n de grupos armados que retomaran el territorio en manos de la guerrilla y ofrecieran seguridad a ciertos sectores econ\u00f3micos. Estas organizaciones han funcionado de manera simult\u00e1nea al mandato que en dicha materia compete exclusivamente al Estado mediante sus fuerzas militares y policiales. La estrecha relaci\u00f3n entre elementos del Estado y los paramilitares ha sido ampliamente documentada.<\/span><\/p>\n

En zonas de presencia paramilitar y grupos armados ilegales, el miedo y la preocupaci\u00f3n permanecen entre la sociedad civil e incluso entre miembros de las entidades p\u00fablicas con quienes el equipo de la Misi\u00f3n se reuni\u00f3 durante su estad\u00eda en Colombia. Cabe se\u00f1alar que en varias ocasiones, funcionarios de entidades, incluyendo la Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Personer\u00edas Locales y otras instancias, prefirieron hablar extraoficialmente de la situaci\u00f3n de conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales y las violaciones de derechos humanos en sus regiones, ya que consideran problem\u00e1tico expresar su preocupaci\u00f3n profesional sobre estos hechos en el marco de la institucionalidad que los ampara. Estos funcionarios dejaron ver que la persistente presencia y creciente consolidaci\u00f3n de estos grupos paramilitares sucesores a la AUC es un secreto a voces en un escenario pol\u00edtico que oficialmente est\u00e1 caracterizado como “pos-conflicto” desde la desmovilizaci\u00f3n de las estructuras nacionales.<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n recibi\u00f3 informes de presencia de grupos paramilitares en las cuatro regiones visitadas. Los grupos m\u00e1s mencionados fueron las \u00c1guilas Negras, los Rastrojos, los Machos, entre otros. Tambi\u00e9n recibimos reportes, como en Buenaventura, en el sentido de que en algunos barrios de control paramilitar estos operan sin intervenci\u00f3n por parte de las fuerzas p\u00fablicas.<\/span><\/p>\n

La incidencia de los narcotraficantes y grupos armados ilegales en el proceso electoral en varias partes de Colombia es, seg\u00fan varios indicadores, significativos y alarmantes. La Misi\u00f3n de observaci\u00f3n recibi\u00f3 numerosos reportes de la presencia de estos grupos en todas las regiones. Su intromisi\u00f3n a menudo a base de la fuerza y la intimidaci\u00f3n en la vida pol\u00edtica est\u00e1 relacionada directamente con objetivos estrat\u00e9gicos de convertirse en el poder de facto y\/o formal en distintas zonas del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Un funcionario de la oficina de la Defensor\u00eda en Bucaramanga encargado del Sistema de Alerta Temprana describi\u00f3 el fen\u00f3meno de la presencia de estos grupos ilegales en los siguientes t\u00e9rminos:<\/span><\/p>\n

“[Los grupos paramilitares]…se desmovilizaron en el a\u00f1o 2006 pero lo que uno no puede negar es que existen otra serie de agrupaciones y estructuras con nexos muy fuertes con el narcotr\u00e1fico pero en nuestra opini\u00f3n y en el trabajo validado a nivel nacional que hacemos con todo el sistema… es que no se ha renunciado a la consecuci\u00f3n de objetivos estrat\u00e9gicos, como el control social, como el control poblacional y el control de los poderes locales y regionales… Y tambi\u00e9n en convertirse en poder efectivo en el Estado para direccionar no solo esas actividades ilegales sino tambi\u00e9n—a eso nos parece muy grave—es que puede naturalizarse conductas ilegales dentro de una actividad normal.”<\/span><\/p>\n

La tendencia de los grupos armados ilegales y los narcotraficantes (a menudo lo mismo) de incursionar en actividades econ\u00f3micas leg\u00edtimas, como el cultivo de palma y otras, le “parece grave” a las autoridades electorales porque lo hace a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil rastrear su participaci\u00f3n en la financiaci\u00f3n y manipulaci\u00f3n de las elecciones. La financiaci\u00f3n de campa\u00f1as por parte de empresas est\u00e1 permitida por ley, as\u00ed que la participaci\u00f3n de intereses y dinero ilegales en actividades legales no solo borra la l\u00ednea entre los dos en la econom\u00eda local sino tambi\u00e9n ofrece una manera de meter dinero sucio en la pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en \u00e1reas en donde estos grupos son activos y operan con relativa impunidad, la legitimidad y libertad de los procesos electorales se pone en duda y los candidatos elegidos bajo estas condiciones no tienen—ni tendr\u00e1n, seg\u00fan testimonios de grupos de la sociedad civil en estas zonas, como Buenaventura, Barrancabermeja y Medell\u00edn—la plena confianza de la gente. Este hecho contribuye a la erosi\u00f3n de la confianza en el proceso electoral, y el cinismo frente la idea de que el gobierno se elige para representar los intereses del pueblo.<\/span><\/p>\n

Recibimos varios informes respeto a la presencia y presiones por parte de grupos de narcotraficantes y paramilitares, especialmente en zonas de poblaci\u00f3n vulnerable—Afro descendientes, ind\u00edgenas y campesinos ocupando tierras que puedan tener valor para estos grupos. A pesar de que estos nuevos grupos ilegales hayan sido plenamente identificados por varias organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos31<\/a>, la violencia e intimidaci\u00f3n que ejercen en ciertas zonas no es un factor que se toma suficientemente en cuenta en la evaluaci\u00f3n de riesgos electorales porque va su existencia de alguna manera desmiente la versi\u00f3n oficial de que este tipo de grupos no existen despu\u00e9s de la desmovilizaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan los entrevistados en varias comunidades, los narcotraficantes y actores armados est\u00e1n involucrados en muchos aspectos de la pol\u00edtica electoral, incluyendo sobornos y intimidaci\u00f3n hacia los candidatos y los votantes, vigilancia de las urnas el d\u00eda de las votaciones para asegurar que sus planes de control se desarrollen sin contratiempos, y interferencia directa con los jurados y los tarjetones despu\u00e9s de cerrar el centro de votaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En casos como Buenaventura se encontr\u00f3 que el paramilitarismo se ha tomado varios barrios de la zona urbana, desplazando a los grupos guerrilleros que ten\u00edan dominio territorial en muchos de ellos. Desde diferentes experiencias, de acuerdo con las entrevistas, se manifest\u00f3 reiteradamente que estos grupos tienen total control y dominan la vida comunitaria. Un ejemplo concreto de esta situaci\u00f3n fue expresado durante la entrevista con la oficina de la Procuradur\u00eda de Buenaventura. Se manifest\u00f3 que los Jueces de Paz fueron elegidos en condiciones “normales” y bajo un proceso democr\u00e1tico, por el hecho de que los grupos armados permitieron las elecciones y aceptaron a los elegidos en tanto estos “fueron aceptados por la comunidad”.<\/span><\/p>\n

Este ejemplo deja dos preocupaciones. Por un lado la consideraci\u00f3n de que la normalidad de un ejercicio democr\u00e1tico este medida por el visto bueno de los grupos armados, da legitimidad a su presencia y control sobre la participaci\u00f3n ciudadana en la vida pol\u00edtica del pa\u00eds. Por otra parte, dadas las m\u00faltiples denuncias de la comunidad al respecto, queda la sensaci\u00f3n de que los Jueces de Paz elegidos bien pueden haber sido impuestos por los grupos armados a trav\u00e9s de intimidaci\u00f3n a la comunidad. La Misi\u00f3n escuch\u00f3 reiteradamente como los grupos armados instigan a la comunidad a votar por un candidato en particular, aun si el candidato no tiene ninguna relaci\u00f3n con el grupo que arbitrariamente lo “endorsa”.<\/span><\/p>\n

Para estos grupos, la incidencia en la pol\u00edtica, y la manipulaci\u00f3n electoral facilitan el control del territorio, de los servicios p\u00fablicos, de los recursos y otros elementos que son importantes para sostener sus negocios. Adem\u00e1s del soborno y otras formas de corrupci\u00f3n, emplean tambi\u00e9n formas de intimidaci\u00f3n. Estas formas van desde amenazas a actos de violencia f\u00edsica, y pueden terminar en la muerte de las personas que reh\u00fasan a cooperar con sus fines.<\/span><\/p>\n

Secci\u00f3n 2: Fraude y Delitos Electorales<\/span><\/h3>\n

La Delegaci\u00f3n Observadora Pre-electoral Internacional de febrero 2010 recibi\u00f3 numerosas quejas de actividades ilegales que pudieran influenciar potencialmente la participaci\u00f3n y los resultados en las elecciones del Congreso colombiano programadas para marzo 14 de 2010 y fungir como interferencia en el libre ejercicio del voto.<\/span><\/p>\n

En nuestras juntas con ciudadanos colombianos, funcionarios electos y representantes de partidos pol\u00edticos (ver anexo 1) fueron registradas las siguientes quejas:<\/span><\/p>\n

Compra y venta de votos y corrupci\u00f3n al sufragante: Bajo la prohibici\u00f3n de la ley en contra de “corrupci\u00f3n del votante” ambos comprador y vendedor son castigados con prisi\u00f3n o con multas. Esta fue una de las quejas m\u00e1s comunes recibidas por la delegaci\u00f3n regional de la misi\u00f3n. Ciudadanos en Tierra Alta, Montel\u00edbano, Monter\u00eda etc. Reportaron haber recibido ofrecimientos que van desde comida, bolsas de cementos, materiales para la construcci\u00f3n de techos y pagos en efectivo de 20,000 a 50,000 pesos por voto. Recurrentemente, votantes y representantes de partidos de oposici\u00f3n reportaron que compradores de votos de varios partidos pol\u00edticos o grupos armados, requer\u00edan la confirmaci\u00f3n de que el ciudadano hab\u00eda votado como fue pactado antes de realizar el pago total. M\u00e9todos comunes para llevar a cabo estas acciones son “el carrusel<\/em>” donde una boleta ya marcada en favor de un candidato en particular ser\u00e1otorgada a la persona que recibe el soborno, y que despu\u00e9s de votar, la mismapersona regresar\u00e1 con una boleta en blanco, permitiendo que este proceso contin\u00faeinfinitamente. Otros m\u00e9todos incluyen tomar fotograf\u00edas de boletas marcadas concelulares y c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas, o usar papel carb\u00f3n para probar que alguien havotado por cierto candidato.<\/span><\/p>\n

Mal manejo de las identificaciones de los votantes: <\/em>Prohibido por ley bajo la categor\u00eda de “voto fraudulento”… Esto fue com\u00fanmente citado como un m\u00e9todo de voto fraudulento en todas las regiones. Identificaciones de votantes de otros distritos, identificaciones falsas e incluso identificaciones de personas fallecidas han sido usadas. La delegaci\u00f3n en C\u00f3rdoba fue informada que dicho problema es muy com\u00fan, que cedulas de personas fallecidas son robadas frecuentemente, dejando un gran n\u00famero de cad\u00e1veres que despu\u00e9s son sepultados sin identificaci\u00f3n. Como otra forma de voto fraudulento se inform\u00f3 a la delegaci\u00f3n de Valle del Cauca que en una elecci\u00f3n pasada reciente, hombres armados acudieron a las urnas y que a punta de pistola entregaron a los jurados 1000 boletas marcadas que quer\u00edan fueran cambiadas por los votos reales. Los jurados temiendo por sus vidas no tuvieron m\u00e1s opci\u00f3n que cambiar las boletas reales por las boletas fraudulentas. El uso fraudulento de identificaciones de los votantes generalmente involucra el choque de funcionarios en las urnas el d\u00eda de las elecciones, lo cual es tambi\u00e9n un delito electoral referido como “permitir el voto fraudulento”.<\/span><\/p>\n

Coacci\u00f3n al Votante: <\/em>(constre\u00f1imiento al sufragante. Tambi\u00e9n cuando las fuerzas armadas impiden el voto libre) se considera como un delito electoral, esto se refiere al uso de amenazas o violencia para impedir o influenciar la decisi\u00f3n del votante. La Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n escuch\u00f3 un sin n\u00famero de quejas de que subsidios otorgados a desplazados y a familias pobres a trav\u00e9s del programa Acci\u00f3n Social de la oficina del presidente en ocasiones estaban siendo usados para coaccionar a la gente (ver Secci\u00f3n 4). Durante las \u00faltimas elecciones presidenciales, representantes de campa\u00f1as informaron a las familias que recib\u00edan subsidios en Monter\u00eda y Tierra Alta, C\u00f3rdoba y en varias localidades en Valle del Cauca que si no votaban por Uribe para Presidente, el Plan Colombia ser\u00eda reducido y con ello sus subsidios. Un mensaje similar ha sido escuchado durante las campa\u00f1as en estas elecciones para apoyar a los candidatos para el congreso en partidos de la coalici\u00f3n presidencial en Bucaramanga y en otras ciudades. Este delito tambi\u00e9n incluye incidentes de grupos armados impidiendo el voto libre a trav\u00e9s de violencia o amenazas de violencia, etc.<\/span><\/p>\n

Fraude por jurados en las urnas<\/em>: En todas las regiones existieron reportes que observadores oficiales hab\u00edan sido “comprados” por los partidos para promover sus intereses o coaccionar a trav\u00e9s de amenazas de violencia por grupos armados y que o ignoraban las irregularidades o que participaban activamente en ellas. Esto incluye actividades como el marcado de boletas a favor de su candidato, anulaci\u00f3n de boletas marcadas para candidatos opuestos, y falsificar conteo de votos. Estos delitos electorales se refieren a permitir el voto fraudulento, y falsificaci\u00f3n de los resultados electorales.<\/span><\/p>\n

Posesi\u00f3n ilegal y ocultaci\u00f3n de identificaciones. Nuevamente considerado como una forma de delito electoral, la cedula de registro del votantes es ocultada durante el proceso de registro hasta el d\u00eda de la elecci\u00f3n y regresada para que el votante vaci\u00e9 su boleta junto con la promesa de un pago en efectivo. En una entrevista con un candidato pol\u00edtico en Santander, un empleado de un candidato mostr\u00f3 una cantidad de c\u00e9dulas durante la entrevista con la Misi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Retiro y obstrucci\u00f3n de observadores electorales en los centros de votaci\u00f3n<\/em>: Esto fue reportado por ciudadanos de varias regiones del pa\u00eds en relaci\u00f3n a las elecciones pasadas. La decisi\u00f3n de retirar observadores fue hecha de manera repetida por los funcionarios en las urnas, sin una clara justificaci\u00f3n, Adem\u00e1s, se dieron muchos reportes de casos donde los observadores electorales fueron impedidos de estar a no m\u00e1s de 2 a 3 metros de las urnas, lo cual hac\u00eda imposible observar de manera clara el procesos de revisi\u00f3n de identificaciones y la entrega de boleta o el recibo de boletas marcadas, impidiendo as\u00ed el trabajo de los observadores electorales. Mientras que no se encuentre considerado como delito electoral como tal, impedir e obstruir la observaci\u00f3n del proceso electoral claramente facilita el fraude electoral.<\/span><\/p>\n

Impedimento al derecho de votar<\/em>: Un delito electoral, “perturbaci\u00f3n del certamen democr\u00e1tico”. En muchos centros, esto fue realizado a trav\u00e9s del uso de monopolios en el transporte p\u00fablico para interrumpir el servicio el d\u00eda de la elecci\u00f3n. Un partido pol\u00edtico report\u00f3 al grupo de C\u00f3rdoba que un candidato contrato la flota completa de autobuses normalmente bajo contrato para promover transito p\u00fablico el d\u00eda de la elecci\u00f3n, dejando a muchos ciudadanos en el \u00e1rea sin trasporte para acudir a las urnas a menos de que aceptaran ser transportados por un candidato en particular, por lo tanto comprometiendo su voto posiblemente. El miedo de que los paramilitares o la guerrilla impidieran votar el d\u00eda de la elecci\u00f3n a trav\u00e9s del bloqueo tambi\u00e9n fue reportado.<\/span><\/p>\n

Estudiantes universitarios se quejaron de una “cultura de corrupci\u00f3n” que ha permeado a la sociedad al grado de percibir el fraude electoral como normal o inevitable. Muchos expresaron la necesidad de educaci\u00f3n dentro de la sociedad en gran escala y en las escuelas con el fin de combatir este problema. La impunidad de delitos electorales contribuye a la omnipresencia natural del problema. Como ejemplo, la denuncia mostrada a la delegaci\u00f3n en C\u00f3rdoba ejecutada en contra de un funcionario electo por fraude electoral. Cada tipo de fraude descrito anteriormente usando la identificaci\u00f3n del votante fue supuestamente empleada en este caso adem\u00e1s de otros. Aunque la queja parec\u00eda estar bien documentada y conten\u00eda pruebas de varios actos il\u00edcitos, el caso sigue sin resolverse en la Oficina del Consejo Nacional Electoral, dos a\u00f1os despu\u00e9s de haber sido presentado y de que el funcionario afirm\u00f3 haber sido elegido a trav\u00e9s de m\u00e9todos fraudulentos segu\u00eda en su cargo.32<\/a><\/span><\/p>\n

Secci\u00f3n 3: Financiaci\u00f3n de campa\u00f1as<\/span><\/h3>\n

Aunque hay esfuerzos de la mayor\u00eda de los partidos pol\u00edticos y del Consejo Nacional Electoral (CNE) de regular y controlar la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as, la Misi\u00f3n recibi\u00f3 reportes de la existencia de pr\u00e1cticas ilegales de financiamiento de las campa\u00f1as electorales a trav\u00e9s del presupuesto p\u00fablico y de dineros ilegales, especialmente provenientes del narcotr\u00e1fico. Hay que destacar que las pr\u00e1cticas ilegales a veces son complejas y dif\u00edciles de comprobar, por transferencias sofisticadas o por contribuciones en efectivo especialmente de dineros il\u00edcitos provenientes del narcotr\u00e1fico. Tambi\u00e9n hay pactos entre candidatos y servidores p\u00fablicos, y empresas que invierten en campa\u00f1as para despu\u00e9s beneficiarse a trav\u00e9s de la contrataci\u00f3n para construcciones de infraestructura contratadas por el Estado. Aunque son legales las aportaciones de empresas a las campa\u00f1as electorales al Congreso, este tipo de pacto incentiva la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Marco Legal de la Financiaci\u00f3n Electoral<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

En Colombia existe un sistema mixto de financiaci\u00f3n de la pol\u00edtica,33<\/a> por parte del Estado y por parte de particulares que contribuyen recursos para el “funcionamiento de las campa\u00f1as electorales de los partidos y movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica”.34<\/a><\/span><\/p>\n

Para la financiaci\u00f3n estatal prevista en el Art\u00edculo 12 de la Ley 130 de 1994 (23 de marzo) sobre la financiaci\u00f3n de los partidos se cre\u00f3 a trav\u00e9s del Art\u00edculo 38 de la misma ley, el Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n de Partidos y Campa\u00f1as Electorales, adscrito al CNE. Los recursos de este fondo se distribuyen de acuerdo con los siguientes criterios:35<\/a> a) Una suma b\u00e1sica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos y movimientos pol\u00edticos; b) El 50% entre los partidos y movimientos en proporci\u00f3n al n\u00famero de curules obtenidas en la \u00faltima elecci\u00f3n para el Congreso de la Rep\u00fablica o para Asambleas Departamentales, seg\u00fan el caso; c) El 10%, d) El 30% para contribuir a las actividades que realicen los partidos y movimientos para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus prop\u00f3sitos. Para el a\u00f1o 2010 la Resoluci\u00f3n No. 0284 de 2010 (16 de Febrero 2010): “fija la cuant\u00eda y se distribuye entre los partidos y movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica vigente, los recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n de Partidos y Campa\u00f1as Electorales para la financiaci\u00f3n del funcionamiento de los mismos para la vigencia de 2010 […].”<\/span><\/p>\n

La Ley 130 de 1994, reglamenta adem\u00e1s en el Art\u00edculo 20 la financiaci\u00f3n de los partidos, que por parte de los particulares pueden ser a trav\u00e9s de las siguientes modalidades como son: a) Contribuci\u00f3n de los miembros; b) Donaciones; c) Inversiones; d) Actos p\u00fablicos, de la distribuci\u00f3n de folletos, insignias, publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento; e) Cr\u00e9ditos; f) Ayudas en especie.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as electorales tanto los Art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 130 de 1994 definen respectivamente los aportes del Estado y los de particulares, aunque el \u00faltimo art\u00edculo expresa claramente que: “Ning\u00fan candidato a cargo de elecci\u00f3n popular podr\u00e1 invertir en la respectiva campa\u00f1a suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares.”36<\/a> El CNE estableci\u00f3 a trav\u00e9s de las resoluciones respectivas tanto para las elecciones presidenciales y del vicepresidente,37<\/a> como para las elecciones al Congreso,38<\/a> los topes de financiamiento de las campa\u00f1as electorales. El tope m\u00e1ximo de gastos en elecciones presidenciales para la primera vuelta es para el 2010 de $17.000.000.000 y para la segunda vuelta de $8.500.000.000, y los topes m\u00e1ximos en las elecciones de Congreso son en general para el Senado y C\u00e1mara de $ 675.000.000, pero con topes menores para el Distrito Capital y seg\u00fan censo de la circunscripci\u00f3n electoral, por ejemplo el valor en regiones donde el censo da igual o inferior a 100.000 habitantes el tope m\u00e1ximo es de $ 264.000.000.39<\/a> Hay que tener en cuenta que en el caso de las campa\u00f1as presidenciales, hay un r\u00e9gimen especial para su financiaci\u00f3n, definido en la Ley de Garant\u00edas Electorales, Ley 996 de 2005 (24 de Noviembre), una ley que busca garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos presidenciales, y adem\u00e1s reglamentando la participaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos en la pol\u00edtica y las garant\u00edas a la oposici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Al igual hay un tope establecido para los aportes particulares a las campa\u00f1as presidenciales. En el caso de las campa\u00f1as presidenciales, la ley estipula un aporte de 80% por el Estado y 20% por particulares, pero a la vez el aporte m\u00e1ximo para una campa\u00f1a presidencial por parte de un particular no puede superar los 2% del valor determinado para el tope global de todos los aportes de particulares.40<\/a> Aqu\u00ed hay que tener en cuenta la Ley 996 de 2005, que expresa en el Art\u00edculo 14, que el 20% de las campa\u00f1as presidenciales puede recibir financiaci\u00f3n por personas naturales, as\u00ed excluyendo los aportes de personas jur\u00eddicas como son por ejemplo las empresas. A los aportes particulares para campa\u00f1as electorales para Congreso no se han establecido un tope para aportaciones de un particular, quien podr\u00eda aportar el valor total permitido para la financiaci\u00f3n de particulares.41<\/a><\/span><\/p>\n

Como mecanismos de financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as electorales por parte del Estado, existe la reposici\u00f3n de votos y el anticipo de la reposici\u00f3n de votos. Este \u00faltimo mecanismo se aplica a las campa\u00f1as presidenciales, en el sentido que se da “un anticipo del valor que se estima se obtendr\u00e1 por reposici\u00f3n de votos.”42<\/a> El mecanismo de la reposici\u00f3n de votos se aplica tanto para las campa\u00f1as presidenciales como para las campa\u00f1as electorales para el Congreso posteriormente de las elecciones, para financiar los gastos ejecutados durante las campa\u00f1as electorales, para ello se multiplica el n\u00famero de votos conseguidos por un candidato por el valor previamente establecido por el CNE o la ley. Las condiciones y los valores respectivos para la reposici\u00f3n de votos son establecidos para las campa\u00f1as electorales de 2010-2014 a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 0020 de 2010 (14 de Enero) del CNE, en lo que corresponde la campa\u00f1a presidencial y para las campa\u00f1as al Congreso a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 1139 de 2009 (1 de Diciembre) del CNE. Por ejemplo, hay un valor de $4.217 por voto para las campa\u00f1as al Congreso y $4.217,85 por voto a la presidencia (sin previo anticipo). Para tener derecho a la reposici\u00f3n de votos los candidatos presidenciales necesitan obtener “una votaci\u00f3n equivalente o superior al 4% de los votos v\u00e1lidamente emitidos, no solo no acceder\u00e1n a la reposici\u00f3n de votos, sino que adem\u00e1s deber\u00e1n devolver la totalidad de los dineros dados a t\u00edtulo de anticipo,”43<\/a> y para los candidatos del Congreso, las lista de las campa\u00f1as deben superar el umbral.<\/span><\/p>\n

Solamente tienen derecho a la reposici\u00f3n de votos los partidos y movimientos pol\u00edticos que han presentado su rendici\u00f3n de cuentas, pero en el caso de los candidatos independientes estos reciben directamente el valor respectivo de los gastos de su campa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

La rendici\u00f3n de cuentas es exigida en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, a trav\u00e9s del Art\u00edculo 109 que dice que “los partidos, movimientos y candidatos deber\u00e1n rendir p\u00fablicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.” A su vez el Art\u00edculo 18 de la Ley 130 de 1994 (23 de Marzo) determina qu\u00e9 tipo de informes p\u00fablicos los partidos y movimientos pol\u00edticos deben presentar ante el CNE, como son:<\/span><\/p>\n

a) Los ingresos y egresos anuales del partido o del movimiento antes del 31 de enero de cada a\u00f1o;
\nb) La destinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los dineros p\u00fablicos que les fueron asignados; y
\nc) Los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante las campa\u00f1as. Este balance deber\u00e1 ser presentado a m\u00e1s tardar un (1) mes despu\u00e9s del correspondiente debate electoral.
\nEl Art\u00edculo 20 de la misma ley especifica qu\u00e9 categor\u00edas de ingresos deben aparecer en las rendiciones de cuentas, como son:
\na) Contribuci\u00f3n de los miembros;
\nb) Donaciones;
\nc) Rendimientos de las inversiones;
\nd) Rendimientos netos de actos p\u00fablicos, de la distribuci\u00f3n de folletos, insignias, publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento;
\ne) Cr\u00e9ditos;
\nf) Ayudas en especie valoradas a su precio comercial; y
\ng) Dineros P\u00fablicos.<\/span><\/p>\n

Cabe anotar que para las campa\u00f1as presidenciales la Ley 996 de 2005 (24 de Noviembre) se han establecido varios requerimientos para la rendici\u00f3n de cuentas, como la asignaci\u00f3n de un gerente de campa\u00f1a, libros de contabilidad y soportes, sistema de auditor\u00eda, una cuenta \u00fanica y seg\u00fan necesidad subcuentas. Pero, tambi\u00e9n hay normas especiales para este tipo de campa\u00f1as descritas en la Resoluci\u00f3n No. 0330 de 2007 (30 de Mayo) del CNE.<\/span><\/p>\n

Para las dem\u00e1s campa\u00f1as electorales para el Congreso se aplican los requerimientos expresados tanto en la Ley 130 de 1994, como en la Resoluci\u00f3n No. 0330 de 2007 (30 de Mayo) del CNE acerca del registro y presentaci\u00f3n de los libros contables, y posterior presentaci\u00f3n de un informe consolidado por parte de los partidos o movimientos pol\u00edticos, ante el CNE para su revisi\u00f3n. Una vez aprobado el informe por el CNE, este debe ser publicado. El CNE reglamenta a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 0212 de 2010 (del 9 de Febrero) y la Resoluci\u00f3n 1142 de 2009 (1 de Diciembre), y la cual fue aclarada por la Resoluci\u00f3n 1329 de 2009 (17 de Diciembre), los l\u00edmites o llamados topes de publicidad para las campa\u00f1as presidenciales y las al Congreso respectivamente, para evitar la desigualdad en las campa\u00f1as.<\/span><\/p>\n

En cuanto a las sanciones por violaciones44<\/a> a las normas expresadas de la Ley 130 de 1994, el Art\u00edculo 39, Numeral A se refiere a las multas, especificando el rango de valores en los cuales puede haber multas. Dichos valores son anualmente actualizados, para que mantengan su valor en el tiempo.45<\/a><\/span><\/p>\n

Pr\u00e1cticas Ilegales<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

En estas elecciones de 2010 se ha denunciado p\u00fablicamente, incluso por parte de diferentes candidatos pol\u00edticos, el exceso de dinero en las campa\u00f1as electorales que se evidencia entre otras maneras en grandes cantidades de publicidad como las vallas que tienen un costo muy alto, pero tambi\u00e9n de las sedes y cu\u00f1as. Adem\u00e1s se ha denunciado la posibilidad de que muchos recursos para la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as de algunos candidatos podr\u00edan ser fruto de acuerdos financieros, o con fuentes del narcotr\u00e1fico \u00f3 con recursos p\u00fablicos.46<\/a> Seg\u00fan la gente entrevistada por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral en las diferentes regiones, un exceso de recursos en las campa\u00f1as electorales y la superaci\u00f3n de los topes establecidos por el CNE se muestran principalmente en la cantidad de publicidad que se percibe. Mucha gente piensa que algunos candidatos manejen presupuestos demasiados altos para su campa\u00f1a electoral.<\/span><\/p>\n

II. Superaci\u00f3n de los topes<\/strong><\/span><\/h4>\n

Hay una percepci\u00f3n general que algunas campa\u00f1as electorales disponen de altos presupuestos que superan los topes establecidos por el CNE, sobre todo para las elecciones al Congreso. La publicidad electoral es uno de los gastos donde m\u00e1s se evidencia la superaci\u00f3n de los topes. Sobre todo en el departamento del Valle de Cauca, la gente percibe que haya excesos de publicidad por parte del Partido de Integraci\u00f3n Nacional (PIN)47<\/a> y el Partido de la U; y en Antioquia por parte del Partido Conservador. En Colombia la publicidad es extremamente costosa, as\u00ed que sirve de indicador de altos gastos de campa\u00f1a. El presidente del CNE, Marco Emilio Hincapi\u00e9, dice que hay un elevado n\u00famero de vallas en diferentes regiones del pa\u00eds, lo cual podr\u00eda bien reflejar inversiones excesivas en algunas campa\u00f1as electorales.48<\/a> El CNE comenz\u00f3 a investigar el exceso de vallas de publicidad en Bogot\u00e1 y encontr\u00f3 que cinco partidos violaron los topes de vallas, sobrepasando el l\u00edmite legal de 15 por partido: el partido de ‘la U’ ten\u00eda 65, el Conservador 25; Cambio Radical 20, y el Polo Democr\u00e1tico Alternativo y el Partido Liberal 18 cada uno.49<\/a> Los respectivos partidos tuvieron que empezar a bajar la cantidad de vallas que superara el tope.50<\/a><\/span><\/p>\n

En la actualidad hay dos casos que est\u00e1n en la mira en cuanto a su supuesta superaci\u00f3n de topes. Uno de ellos que est\u00e1 actualmente en etapa de investigaci\u00f3n es la financiaci\u00f3n de la recolecci\u00f3n de firmas para el referendo reeleccionista para una segunda reelecci\u00f3n del actual presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, donde supuestamente se ha superado el tope m\u00e1ximo para la financiaci\u00f3n de esta iniciativa, lo que se evidencia en la suma de 2000 millones de pesos que fueron invertidos, aunque el tope m\u00e1ximo es de 340 millones de pesos.51<\/a> Lo que llama la atenci\u00f3n no es solamente el hecho que se super\u00f3 el tope m\u00e1ximo, sino tambi\u00e9n que la mayor\u00eda de los recursos fueron aportados por parte de “consorcios y empresas que tienen contratos con el Estado,”52<\/a> a trav\u00e9s de una fundaci\u00f3n. Dado que es prohibido el aporte de personas jur\u00eddicas como son las empresas a tales iniciativas,53<\/a> se espera en este caso aun un pronunciamiento oficial al respecto por parte de la Corte Constitucional. Otro caso donde supuestamente se est\u00e1 superando el tope, es el de Andr\u00e9s Felipe Arias, precandidato del Partido Conservador para la presidencia,54<\/a> caso que est\u00e1 en proceso de investigaci\u00f3n por parte del CNE.55<\/a> Refiri\u00e9ndose al caso de Arias, Daniel Coronell56<\/a> en su columna sostiene que en la lista de los aportantes hay varios beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro. Es una situaci\u00f3n muy cr\u00edtica ante el hecho de que Arias fue, antes de lanzarse como candidato a la presidencia, Ministro de Agricultura. Cabe recordarse que aportes de personas jur\u00eddicas como empresas para campa\u00f1as presidenciales est\u00e1n prohibidos por la ley57<\/a>, Aunque en este caso tambi\u00e9n se ha fundado una fundaci\u00f3n para canalizar los aportes a la campa\u00f1a. En este caso se est\u00e1 esperando un pronunciamiento del CNE al respecto, ya que se trata de un precandidato para la Presidencia.<\/span><\/p>\n

En la misma l\u00ednea, hay otro caso que llama mucho la atenci\u00f3n, que es el del Ex-Senador y Ex-Vicepresidente del Partido Conservador Alirio Villamizar en cuya casa en Bucaramanga, Santander se encontraron casi 1000 millones de pesos en efectivo, y quien est\u00e1 acusado por la justicia por el esc\u00e1ndalo de Notar\u00edas, aunque hay “37 senadores y representantes m\u00e1s de haber recibido notar\u00edas como retribuci\u00f3n por el apoyo dado al proyecto de reforma constitucional que permiti\u00f3 la reelecci\u00f3n presidencial.”58<\/a> Por esta alta suma de dinero y las acusaciones en su contra, la Corte Suprema expidi\u00f3 una orden de captura, y actualmente Villamizar se encuentra encarcelado. El mismo Villamizar manifest\u00f3 que el dinero encontrado en su casa fue aportado por particulares para su campa\u00f1a pol\u00edtica en 2010.59<\/a> Pero, debe recordarse si fuera as\u00ed, la suma de dinero superar\u00eda mucho el tope de 675.000.000 de pesos, establecido por el CNE para las campa\u00f1as electorales para candidatos al Congreso.<\/span><\/p>\n

Corrupci\u00f3n—Influencia en las Campa\u00f1as Electorales a trav\u00e9s de Recursos del Presupuesto P\u00fablico<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan El Tiempo.com, el Ministerio del Interior ha recibido hasta ahora 54 denuncias de posibles actos de corrupci\u00f3n en la actual campa\u00f1a electoral de 2010, la mayor\u00eda de estos en los departamentos de Santander, Antioquia y Valle del Cauca,60<\/a> regiones visitadas por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral. Entre los hechos que fueron denunciados se menciona la corrupci\u00f3n al sufragante (entre otros en Antioquia, Santander y Valle del Cauca), dineros p\u00fablicos en pol\u00edtica (entre otros en Valle del Cauca) y la participaci\u00f3n de funcionarios en pol\u00edtica (entre otros, en Valle del Cauca).<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n recibi\u00f3 reportes de corrupci\u00f3n con fondos ilegales en todas las regiones, no solamente comprando a l\u00edderes de barrios, y entre la poblaci\u00f3n—especialmente la que se encuentra en condiciones vulnerables—sino tambi\u00e9n de servidores p\u00fablicos como gobernadores y alcaldes, para facilitar la elecci\u00f3n de ciertos candidatos y para obstaculizar la elecci\u00f3n de candidatos no deseados.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la gente entrevistada por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral, hay una pr\u00e1ctica de influenciar al electorado a trav\u00e9s de recursos p\u00fablicos. La corrupci\u00f3n de servidores p\u00fablicos juega en este sentido un papel importante, ya que a menudo son ellos que permiten y\/o ejercen pr\u00e1cticas ilegales para favorecer candidatos. En este sentido hay que tener en cuenta que la corrupci\u00f3n no solamente se muestra en el momento de las campa\u00f1as pol\u00edticas, sino en muchas regiones como por ejemplo dec\u00eda la gente entrevistada por la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n en el Bajo Cauca, ha sido una pr\u00e1ctica que constituye uno de los principales problemas. As\u00ed la gente consider\u00f3 que se da de igual manera la corrupci\u00f3n tambi\u00e9n en las campa\u00f1as de estas elecciones de 2010.<\/span><\/p>\n

Incluso se denunci\u00f3 que hay publicidad financiada por gobernaciones y alcald\u00edas a trav\u00e9s del presupuesto p\u00fablico.61<\/a> Son los alcaldes, junto con los registradores, a quienes corresponde a asignar los lugares para la publicidad electoral en sus respectivos municipios.62<\/a><\/span><\/p>\n

Como posible acto de corrupci\u00f3n, est\u00e1 el mecanismo de las contrataciones para obras de infraestructura a cambio de la financiaci\u00f3n de campa\u00f1as electorales. Aparecieron denuncias p\u00fablicas que aparentemente hay congresistas de la coalici\u00f3n del gobierno que indican a los alcaldes a qu\u00e9 empresas conceder contratos, para obtener de estos recursos para la financiaci\u00f3n de sus campa\u00f1as.63<\/a> Como explic\u00f3 un servidor p\u00fablico en Antioquia, las contrataciones municipales—por ejemplo, para obras de infraestructura, son dirigidas por alcaldes, que ilegalmente pueden a trav\u00e9s de los contratos que otorgan, favorecer a sus candidatos, y al mismo tiempo se benefician ellos mismos de este tipo de contrato por recibir posteriormente de las empresas aportes de dinero. Para que se otorgue el contrato a cierta empresa se pone en los T\u00e9rminos de Referencia criterios o experiencias previas que solamente la empresa (en general, compa\u00f1\u00edas constructoras) que debe ser beneficiada puede cumplir. En el caso de las campa\u00f1as presidenciales son prohibidas las aportaciones de empresas, pero en las dem\u00e1s son permitidas. Pero aunque en este \u00faltimo caso son legales, implican consecuencias pol\u00edticas, en el sentido que propician la captura de candidatos (y alcaldes que les apoyan) por las empresas, y as\u00ed incentiva la corrupci\u00f3n, ya que la empresa constructora como gran contribuyente a una campa\u00f1a espera que sea favorecido despu\u00e9s con contratos para obras de infraestructura.<\/span><\/p>\n

Durante la visita a las regiones de Antioquia se coment\u00f3 a la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral por parte de grupos sociales acerca de la compra de votos en el municipio Bello,64<\/a> a trav\u00e9s de recursos p\u00fablicos, en el sentido de que por parte de la alcald\u00eda se est\u00e1n construyendo casas para l\u00edderes y\/o casas de inter\u00e9s social\/p\u00fablico en la regi\u00f3n para comprar votos (en bloques y facilitados por los l\u00edderes) a favor de una candidata. Al igual seg\u00fan periodistas y grupos sociales, existe un exceso de publicidad por parte de esta candidata.<\/span><\/p>\n

El apoyo de candidatos al Congreso en su campa\u00f1a por parte de servidores p\u00fablicos, con recursos del presupuesto p\u00fablico, se da por ejemplo a trav\u00e9s de eventos donde se promueven candidatos en Antioquia y Valle del Cauca. Tambi\u00e9n se habl\u00f3 del uso del Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional para hacer campa\u00f1a en Antioquia.65<\/a><\/span><\/p>\n

Se ha reportado a la Misi\u00f3n casos de servidores p\u00fablicos usando sus oficinas p\u00fablicas para promover a sus candidatos, en Valle de Cauca y Santander. Existen tambi\u00e9n denuncias acerca de la corrupci\u00f3n a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n de empleados de entidades estatales en campa\u00f1as electorales.66<\/a><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se hablaba en las visitas de la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Preelectoral a las diferentes regiones de la financiaci\u00f3n anticipada de campa\u00f1as a cambio de la facilitaci\u00f3n de votos, por ejemplo a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica de que un l\u00edder de un municipio facilita en las elecciones al Congreso votos, pero a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica ilegal de la compra de votos para un candidato a cambio de una financiaci\u00f3n adelantada de su propia campa\u00f1a para la alcald\u00eda en las pr\u00f3ximas elecciones regionales. Para aclarar, tambi\u00e9n hay casos donde l\u00edderes de barrios o comunidades son contratados por candidatos, para hacer propaganda pol\u00edtica en su zona de influencia a favor de este candidatos y recibiendo para ello un sueldo, lo que en un sentido estricto no es ilegal, solamente se convierte en un acto ilegal si este l\u00edder adem\u00e1s est\u00e1 ofreciendo a la gente dinero a cambio de su voto.<\/span><\/p>\n

Resumiendo, se puede decir que en algunas regiones de Colombia, visitadas por la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n, se busca influir en el electorado a trav\u00e9s del presupuesto p\u00fablico, tanto nacional, como departamental y municipal para favorecer candidaturas al Congreso y la Presidencia.<\/span><\/p>\n

Recursos ilegales del narcotr\u00e1fico<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Otra realidad todav\u00eda en Colombia son los recursos provenientes del narcotr\u00e1fico en las campa\u00f1as electorales, como se ha denunciado especialmente en el Valle de Cauca. Cabe recordarse el Proceso 8000 sobre la financiaci\u00f3n de la campa\u00f1a presidencial electoral de Ernesto Samper en 1994.67<\/a> Hay que destacar que detectar las fuentes ilegales de recursos como del narcotr\u00e1fico, hoy es m\u00e1s dif\u00edcil, ya que muchos recursos est\u00e1n en la legalidad a trav\u00e9s de negocios legales. Para poder seguir con el negocio Il\u00edcito, algunos grupos armados dedicados al narcotr\u00e1fico apoyan con sus recursos campa\u00f1as electorales de candidatos en las regiones donde tienen control territorial.<\/span><\/p>\n

En su visita de la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral al departamento del Valle de Cauca la gente entrevistada expresaba preocupaciones acerca de candidatos del Partido de Integraci\u00f3n Nacional (PIN), por sus supuestos nexos con individuos cuestionables, y considerando que hay algunos que reciben financiaci\u00f3n ilegal para sus campa\u00f1as. El departamento del Valle de Cauca figura tambi\u00e9n en la lista sobre hechos denunciados al Ministerio Interior acerca de la infiltraci\u00f3n de dinero Il\u00edcito en campa\u00f1as electorales.68<\/a><\/span><\/p>\n

Compra de Voto<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

La compra del voto es un acto ilegal. Cabe resaltar que el financiamiento para la compra de votos viene de diferentes fuentes como son las instituciones p\u00fablicas, narcotraficantes y de grupos armados ilegales dedicados al narcotr\u00e1fico. Lo que hace dif\u00edcil detectar este dinero ilegal es el hecho que es a menudo invertido en efectivo, as\u00ed no aparece en la contabilidad. La pr\u00e1ctica de la compra de votos a trav\u00e9s de recursos p\u00fablicos—por ejemplo, a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de casas de inter\u00e9s social\/p\u00fablico a cambio de votos facilitados por l\u00edderes de comunidades\/barrios, es un hecho que es seg\u00fan la gente dif\u00edcil de explicar y denunciarlo. Respecto a la compra de votos en Antioquia, recibimos serias denuncias p\u00fablicas acerca de que personas del municipio Bello fueron llevadas en camiones para inscribir sus c\u00e9dulas, y para favorecer a dos candidatos (del Partido Conservador) a cambio de la compra de su voto69<\/a>, en este sentido se habla tambi\u00e9n del “voto prepago.”70<\/a><\/span><\/p>\n

Como se coment\u00f3 en muchas regiones visitadas por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral, hay candidatos que gastan altas cantidades de dineros en ciertas zonas rurales, por ejemplo para la construcci\u00f3n de casas o en un caso concreto en el Bajo Cauca (Antioquia) donde la gente dec\u00eda que un candidato equip\u00f3 un equipo de f\u00fatbol con materiales deportivos a cambio de sus votos, aunque la entrega de los materiales fue hecho por un Concejal.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan alguna gente del Bajo Cauca que fue entrevistada por la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n tanto en elecciones anteriores, como en las actuales de 2010 hay otra vez candidatos de C\u00f3rdoba, que hacen campa\u00f1a en Caucasia y que supuestamente compren votos, aunque hasta ahora no existen denuncias oficiales. La gente dec\u00eda tambi\u00e9n que se pagaba en el Bajo Cauca por 20 votos entre 100 hasta 130 mil Pesos, o la pr\u00e1ctica de comprar el voto por un saco de cemento.<\/span><\/p>\n

Pero, tambi\u00e9n como sostiene un candidato la corrupci\u00f3n en las campa\u00f1as electorales no es solo de los candidatos, ya que se est\u00e1 ofreciendo por parte de l\u00edderes a vender votos, por ejemplo cada uno por 50 mil pesos.71<\/a><\/span><\/p>\n

Desventajas en la Financiaci\u00f3n como Realidad Pol\u00edtica<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Como se coment\u00f3 a la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral por parte de integrantes del Partido Conservador, se presentan desventajas para ciertos candidatos en la financiaci\u00f3n de sus campa\u00f1as electorales en el sentido de que muchos de los nuevos candidatos no cuentan con el mismo apoyo financiero que candidatos conocidos, e incluso no se est\u00e1 apoyando a las mujeres candidatas con recursos por parte del partido. La financiaci\u00f3n de campa\u00f1as electorales a trav\u00e9s de la financiaci\u00f3n p\u00fablica por el CNE a menudo no es suficiente, especialmente para candidatos nuevos, que tampoco reciben muchas donaciones individuales.<\/span><\/p>\n

As\u00ed las campa\u00f1as que reciben financiamiento de empresas tienen una clara ventaja, frente a las que no reciben este tipo de financiaci\u00f3n, aunque obviamente las que reciben recursos il\u00edcitos provenientes del narcotr\u00e1fico tienen una ventaja aun mayor.<\/span><\/p>\n

Mecanismos de Control<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Aunque se sabe que a menudo hay dinero sucio en algunas campa\u00f1as, denunciarlo sobre todo en regiones con presencia de grupos armados ilegales es peligroso por las consecuencias que eso puede llevar. Lo que dificulta la labor de investigaci\u00f3n es el hecho de que no se han metido muchas denuncias formales con pruebas, lo que en muchos casos es dif\u00edcil a comprobar por parte de la persona que quiere denunciar una violaci\u00f3n, adem\u00e1s poniendo en riesgo su vida. Al otro lado, varias autoridades nos dijeron que no son capaces de vigilar cabalmente los procesos electorales por falta de recursos. Otras autoridades muestran desinter\u00e9s y falta de voluntad por dar seguimiento a las denuncias, de la compra de votos, o la financiaci\u00f3n que supera los topes. Esta actitud se percibe seg\u00fan la gente entrevistada por la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral en los Comit\u00e9s de Seguimiento a nivel municipal en Antioquia, sobre todo en municipios donde se habla de los v\u00ednculos de los alcaldes con grupos ilegales o donde un alcalde se ve comprometido con ciertos candidatos. En estas regiones el papel de los Comit\u00e9s de Seguimiento se limita a hacer reuniones informativas, y no tanto de investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Hay que destacar que durante las campa\u00f1as tampoco hay un control financiero por parte del partido pol\u00edtico, sino solamente despu\u00e9s de las elecciones, cuando el partido exige de sus candidatos a presentarles su contabilidad para poder enviarla al Fondo de Campa\u00f1as para su respectiva revisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El tiempo de investigaci\u00f3n de violaciones por superar los topes se demora hasta 2 a\u00f1os. Solamente hay un control por el CNE en el momento de la inscripci\u00f3n de los candidatos y 30 d\u00edas despu\u00e9s de las elecciones, cuando los partidos\/candidatos tienen que entregar al CNE los registros contables de sus campa\u00f1as electorales para su respectiva revisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Votebien.com se\u00f1ala que en lo que corresponde a las elecciones al Congreso del 2006, hasta finales de octubre “137 aspirantes a la C\u00e1mara de Representantes y 27 candidatos al Senado no entregaron informes de rendici\u00f3n de cuentas a sus partidos pol\u00edticos, seg\u00fan estad\u00edsticas del CNE.”72<\/a> Quiere decir que ni los partidos pol\u00edticos ni el CNE saben c\u00f3mo estos candidatos financiaron sus campa\u00f1as. Aparte de eso, se presenta en t\u00e9rminos de rendici\u00f3n de cuentas la situaci\u00f3n desfavorable que el Fondo de Campa\u00f1as \u00fanicamente puede hacer las respectivas revisiones de los montos reportados de los partidos y los informes finales para ver si las cuentas cuadren, adem\u00e1s cuenta el Fondo para esta tarea con muy pocos recursos como funcionarios para estas revisiones por lo cual el control es m\u00ednimo.73<\/a> En los casos donde fueron entregados los registros contables muchos contienen errores en las sumatorias o errores en la diligencia de los formularios o no cumplen con ciertos requerimientos. En este sentido es importante anotar que aparentemente “no hay una ley o un plazo que diga cuantas veces pueden ir y venir los informes y eso hace que el CNE todav\u00eda tenga cuentas sin certificar desde los comicios de 1997,” y de “las cuentas de las campa\u00f1as al Congreso de 2006, hoy hay 23 cuentas en proceso de correcci\u00f3n.”74<\/a> Lo que se evidencia es la falta de una norma para sancionar la calidad de los informes y en qu\u00e9 forma son presentados. Otro problema es que gracias a la Resoluci\u00f3n 157 de 2006 que emiti\u00f3 el CNE, los partidos solamente tienen que presentar los informes consolidados y resumidos sin la relaci\u00f3n detallada acerca “de lo que cada candidato hab\u00eda recibido y gastado, y de lo que entreg\u00f3 a su partido.”75<\/a> Quiere decir que no hay un control efectivo acerca de las campa\u00f1as electorales.<\/span><\/p>\n

Aunque el CNE investig\u00f3 a diferentes candidatos y partidos por violaciones de las reglas en las campa\u00f1as electorales tanto para el Congreso como la Presidencia en 2006, hasta finales de octubre de 2009 no hab\u00eda “ninguna sanci\u00f3n por violaci\u00f3n de topes,”76<\/a> sino m\u00e1s por abuso de publicidad o falta de entrega de informes etc. Todav\u00eda hay revisiones e investigaciones de las cuentas de campa\u00f1as anteriores de algunos candidatos, que no necesariamente quiere decir que se ha superado los topes, as\u00ed hay que esperar los resultados de estas investigaciones. Aunque la percepci\u00f3n de mucha gente es que si hab\u00eda candidatos que han superado los topes, y en la actualidad, para las elecciones al Congreso de 2010 la gente considera que haya supuestamente tambi\u00e9n candidatos que est\u00e1n superando los topes m\u00e1ximos.<\/span><\/p>\n

Lo que dificulta las investigaciones y sanciones por parte del CNE es el hecho que sus magistrados son nombrados por el Congreso, lo que naturalmente les pone en un conflicto de inter\u00e9s, limitando de esta manera su autonom\u00eda a proceder en contra los partidos y candidatos que violan la ley. Lo que adem\u00e1s hay que tener en cuenta, si en un caso se comprueba una violaci\u00f3n al tope para la financiaci\u00f3n de una campa\u00f1a electoral la sanci\u00f3n pueda llegar hasta quitar la personer\u00eda jur\u00eddica a los partidos respectivos.77<\/a><\/span><\/p>\n

En este sentido deben tenerse en cuenta tanto la Ley 130 de 1994 acerca de las sanciones en caso de violaciones de las normas reglamentadas por ella, como el Art\u00edculo 107 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, el cual fue modificado por el Art\u00edculo 1 de la Reforma del 2009 a trav\u00e9s del Acto Legislativo 01 de 2009 (14 de Julio) lo cual establece la responsabilidad de los partidos y movimientos pol\u00edticos de “[…] responder por toda violaci\u00f3n o contravenci\u00f3n a las normas que rigen su organizaci\u00f3n, funcionamiento o financiaci\u00f3n […].” Este mismo art\u00edculo establece como posibles sanciones “[…] multas, devoluci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos percibidos mediante el sistema de reposici\u00f3n de votos, hasta la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica.”<\/span><\/p>\n

En resumen se puede decir aunque la ley prev\u00e9 sanciones en casos de violaciones, no existe una ley que especifica claramente los diferentes tipos de delitos (entre otros electorales) y sus respectivas sanciones como multas.<\/span><\/p>\n

Tristemente parece que todav\u00eda en Colombia vale el lema, expresado por un pol\u00edtico que “Una campa\u00f1a cuesta que uno quiere que valga.” A pesar de que existan las reglamentaciones acerca de la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as electorales muchos candidatos no cumplen estas directrices. Pero se debe reconocer los avances de investigaciones y denuncias por parte de las diferentes entidades de control que se presentaron posteriormente a la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral.<\/span><\/p>\n

Secci\u00f3n 4: Programas sociales y su eventual manipulaci\u00f3n con fines electorales<\/span><\/h3>\n

Acci\u00f3n Social y los programas Sociales de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

El gobierno del presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez cre\u00f3 la Agencia Presidencial para la Acci\u00f3n Social y la Cooperaci\u00f3n Internacional mediante el decreto 2467 de 2005, fusionando dos entidades: la Red de Solidaridad Social, encargada hasta entonces de los programas sociales de la Presidencia de la Rep\u00fablica y la Agencia Colombiana de Cooperaci\u00f3n Internacional, que focalizaba la cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica y financiera del pa\u00eds78<\/a>.<\/span><\/p>\n

Desde entonces, Acci\u00f3n Social es la entidad que canaliza recursos nacionales e internacionales para los programas sociales que dependen de la Presidencia de la Rep\u00fablica y que atiende a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotr\u00e1fico y la violencia. Coordina adem\u00e1s la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n v\u00edctima del conflicto armado mediante el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada, SNAIPD. La entidad realiza adem\u00e1s la coordinaci\u00f3n interinstitucional para que los programas sociales lleguen de manera ordenada y oportuna a diversas regiones del territorio nacional.<\/span><\/p>\n

Entre los diferentes programas que desarrolla Acci\u00f3n Social, el programa “Familias en Acci\u00f3n” es el m\u00e1s reconocido a nivel nacional y el que cuenta con la mayor cobertura con cerca de 3 millones de familias. El programa consiste en otorgar subsidios condicionados a madres y familias pobres y\/o desplazadas por la violencia, que cumplan con compromisos frente a sus propios hijos, como la asistencia de los ni\u00f1os y ni\u00f1as a centros educativos y llevarlos a controles peri\u00f3dicos de salud. Este programa goza del reconocimiento de las autoridades locales como una importante estrategia de lucha contra la pobreza y tiene una masiva aceptaci\u00f3n entre sus beneficiarios(as).<\/span><\/p>\n

Resultados de la Observaci\u00f3n de la Misi\u00f3n.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Como se ha dicho, el equipo de Observaci\u00f3n Pre-electoral realiz\u00f3 visitas a cuatro regiones del pa\u00eds, con equipos diferentes, pero luego del an\u00e1lisis de los hallazgos regionales, llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la Misi\u00f3n que diferentes fuentes (funcionarios, ciudadanos, miembros de organizaciones sociales y partidos pol\u00edticos) coincidieran en afirmar, casi de manera literal salvando las diferencias de fuente y regi\u00f3n, que miembros del Partido de la U y de partidos de coalici\u00f3n de gobierno que aspiran a la C\u00e1mara y al Senado de la rep\u00fablica, han asistido a reuniones con los beneficiarios de los programas sociales de la presidencia, concretamente “Familias en Acci\u00f3n” <\/em>y ha manifestado, que de no apoyarlos en las urnas “los subsidios que reciben del<\/em> presidente de la rep\u00fablica se acabar\u00edan”<\/em>.<\/span><\/p>\n

Resulta grave que no se identifique una distancia entre la figura presidencial y programas que buscan atender poblaciones desplazadas y vulnerables en el pa\u00eds, lo cual, a nuestro entender, deja abierta una gran oportunidad para la manipulaci\u00f3n de los subsidios y la restricci\u00f3n de la libertad ciudadana a elegir libremente al candidato de su preferencia.<\/span><\/p>\n

La manipulaci\u00f3n electoral a partir del favorecimiento en programas sociales o beneficios como empleos temporales, no se limitan al gobierno nacional, pero sin duda la gran cobertura de “Familias en Acci\u00f3n” <\/em>lo hace muy visible, tanto para quienes agradecen sus bondades, como para quienes buscan aprovechar electoralmente esta iniciativa.<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n recibi\u00f3 quejas de casos de manipulaci\u00f3n y desinformaci\u00f3n por parte de pol\u00edticos regionales sobre los beneficiarios del programa “Familias en Acci\u00f3n” <\/em>en los sectores populares de todos los municipios que visit\u00f3. Infortunadamente, el miedo impide que ellos mismos adelanten las denuncias formales ante las autoridades competentes y las fuentes pidieron a la Misi\u00f3n el anonimato ya que pueden correr riesgos por firmar una denuncia con su propio nombre. Sin embargo, es significativo que a partir de las primeras declaraciones de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Pre-electoral Internacional el pasado 15 de febrero, los medios de comunicaci\u00f3n hayan mostrando su inter\u00e9s en seguir investigando y eso evidencia que nuestras afirmaciones no buscan ser un ataque a la institucionalidad colombiana, sino una preocupaci\u00f3n aut\u00e9ntica frente al uso inadecuado de los programas sociales y la necesidad de establecer condiciones para el ejercicio de la democracia, la distinci\u00f3n clara entre las obligaciones del Estado y actividades de proselitismo pol\u00edtico, as\u00ed como la igualdad para todos los partidos y candidatos en el marco de los procesos electorales en Colombia. Este informe busca dar voz a las percepciones, preocupaciones y quejas que los ciudadanos y ciudadanas han expresado en forma insistente a menudo de manera an\u00f3nima, con el inter\u00e9s compartido de mejorar el funcionamiento de la democracia y la aplicaci\u00f3n de las leyes existentes.<\/span><\/p>\n

Lo que se coment\u00f3 a la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-electoral es que beneficiaros de ayudas brindadas por Acci\u00f3n Social reciben subsidios con el mensaje de que estas fueran facilitadas directamente por el presidente Uribe y que si no reeligieran a \u00e9l en la segunda reelecci\u00f3n seguramente se les quitar\u00e1n estas ayudas, o incluso como se\u00f1alaron l\u00edderes comunitarios y beneficiarios de programas sociales de Acci\u00f3n Social, aspirantes a la C\u00e1mara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, donde se ha se\u00f1alado que si no votan por ellos y por el partido de gobierno, los subsidios que reciben de la Presidencia de la Rep\u00fablica se acabar\u00edan.<\/span><\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica pone en gran desventaja a los partidos opositores del actual gobierno. Estos hechos ya fueron denunciados p\u00fablicamente por el peri\u00f3dico El Tiempo que obtuvo conocimiento de “casos concretos en los que el nombre del programa presidencial Acci\u00f3n Social—que beneficia a 4 millones de personas aptas para votar- es usado irregularmente por candidatos que dicen tener el poder para decidir la asignaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de los subsidios.”79<\/a> Como reacci\u00f3n se orden\u00f3 por parte del gobierno a suspender los subsidios de todos los programas de Acci\u00f3n Social hasta despu\u00e9s de las elecciones, y la misma agencia presidencial ya ha denunciado 6 casos sobre la utilizaci\u00f3n del programa para campa\u00f1as pol\u00edticas.80<\/a><\/span><\/p>\n

Otras instancias de denuncia de anomal\u00edas.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Desde la misma direcci\u00f3n de Acci\u00f3n Social se han hecho denuncias de manipulaci\u00f3n de los programas de la entidad con fines electorales y sabemos, gracias a los medios de comunicaci\u00f3n, que tales denuncias ya est\u00e1n en manos de la Fiscal\u00eda General de Naci\u00f3n. Por las mismas fuentes period\u00edsticas se han denunciado casos en los municipios de Tenjo (Cundinamarca), Cajamarca (Quind\u00edo), Salda\u00f1a (Tolima), y en el departamento de Nari\u00f1o y se puso en evidencia la presunta manipulaci\u00f3n del programa Familias en Acci\u00f3n con fines electorales por parte del se\u00f1or Juli\u00e1n Rivera, candidato a la C\u00e1mara de Representantes por el Partido Cambio Radical y ex-funcionario de Acci\u00f3n Social.<\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de su Sistema de Informaci\u00f3n y Gesti\u00f3n Disciplinaria (GEDIS) ha recibido quejas de los ciudadanos en los \u00faltimos tres a\u00f1os frente a presuntas manipulaciones de los programas de Acci\u00f3n Social en municipios como Cucutilla (Norte de Santander), Dagua (Valle), Guaduas (Cundinamarca), Tierralta (C\u00f3rdoba), Agust\u00edn Codazzi (Cesar), Bol\u00edvar y Toro (Valle del Cauca), Santana (Boyac\u00e1), Florencia (Caquet\u00e1), Yopal (Casanare) y Venadillo (Tolima).<\/span><\/p>\n

De igual forma, funcionarios de Acci\u00f3n Social en las Unidades Territoriales de la entidad, han denunciado que a los beneficiarios los pol\u00edticos regionales los convocan “presuntamente a reuniones de la entidad, luego se les exige presentaci\u00f3n de<\/em> documentos y afiliaciones, y posteriormente se les advierte que si no han participado<\/em> de las convocatorias se les podr\u00eda suspender la ayuda gubernamental que les brinda el<\/em> Estado”<\/em>.81<\/a><\/span><\/p>\n

M\u00e1s que suplantar las funciones que por dem\u00e1s le competen a organismos del gobierno colombiano como la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica en cuanto a realizar investigaciones y encontrar responsabilidades, queremos hacer un llamado para que Acci\u00f3n Social adelante acciones que m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, le permitan a beneficiarios que no tienen acceso a la Internet o que en muchas oportunidades no son alfabetizados, identificar que no son los pol\u00edticos regionales quienes otorgan los subsidios de “Familias en Acci\u00f3n”, <\/em>ni que el programa o la inclusi\u00f3n en el mismo son “favores” <\/em>que deben cambiarse por votos por un determinado candidato o partido pol\u00edtico.<\/span><\/p>\n

INFORMES REGIONALES:<\/strong><\/span><\/p>\n

1. Informe de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Internacional—C\u00f3rdoba (Monter\u00eda, Montel\u00edbano)<\/strong>
\n2. Informe de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Internacional—Santander (Barrancabermeja, Bucaramanga)<\/strong>
\n3. Informe de la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Internacional—Valle de Cauca (Cali, Buenaventura)<\/strong>
\n4. Informe de la misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Internacional—Antioquia (Medell\u00edn, Caucasia)<\/strong><\/span><\/p>\n

<\/a>Conclusiones y recomendaciones de la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-Electoral a Colombia, febrero de 2010<\/span><\/h3>\n

En t\u00e9rminos generales, los retos de la democracia son grandes y complejos en Colombia. Los efectos adversos del conflicto armado internos y la influencia de la econom\u00eda del narcotr\u00e1fico, en un contexto generalizado de pobreza, corrupci\u00f3n, impunidad y miedo, han dejado a las instituciones democr\u00e1ticas y a la sociedad civil en un estado de debilidad y sometimiento que amenaza los derechos humanos y libertades fundamentales, y en ese contexto, las condiciones necesaria para un ejercicio electoral libre, incluyente y equitativo en el periodo 2010.<\/span><\/p>\n

La Misi\u00f3n concluye que es imposible analizar el ambiente pre-electoral sin tomar en cuenta el contexto pol\u00edtico, el conflicto armado interno, y los factores socio-econ\u00f3micos que impactan al pa\u00eds. Se\u00f1alamos que la participaci\u00f3n ciudadana en el sistema democr\u00e1tica es profundamente influenciada por el conflicto armado interno, por las actividades de los grupos armados ilegales, por el narcotr\u00e1fico, por la impunidad y por la sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de los derechos humanos que se vive en algunas regiones y en algunos sectores de la poblaci\u00f3n. Esta situaci\u00f3n y una cultura de desconfianza en las autoridades debido a la corrupci\u00f3n y los abusos han llevado a que existe en algunas partes del pa\u00eds la percepci\u00f3n de que las elecciones de marzo tendr\u00e1n altos riesgos de delitos electorales, fraude y manipulaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La misi\u00f3n est\u00e1 consciente de los problemas electorales y las deficiencias en los procesos democr\u00e1ticos que existen tambi\u00e9n en otros propios pa\u00edses, y trabajamos all\u00e1 tambi\u00e9n para lograr la plena democracia. Estamos convencidos de que la lucha por la democracia es una tarea constante en todos los pa\u00edses, y reconocemos que Colombia no es la \u00fanica sociedad que se enfrenta a tales retos.<\/span><\/p>\n

Planteamos las siguientes conclusiones y recomendaciones en el esp\u00edritu de solidaridad democr\u00e1tica, basada en nuestras observaciones y las propuestas que escuchamos, y con la plena convicci\u00f3n de que lograr un proceso m\u00e1s democr\u00e1tico en Colombia es un tema humanitario y fundamental para el pa\u00eds y para el hemisferio. Los y las ciudadanos colombianos son los \u00e1rbitros finales de su soberan\u00eda y vida nacional.<\/span><\/p>\n

RECOMENDACIONES:<\/strong><\/span><\/p>\n

1. La Misi\u00f3n se\u00f1ala su grave preocupaci\u00f3n por el evidente control que ejercen grupos armados ilegales en las regiones visitadas, con particular \u00e9nfasis en la ciudad de Buenaventura. La misi\u00f3n recomienda que todos los niveles de gobierno retomen la preocupaci\u00f3n de los ciudadanos de los sectores vulnerables, y tomen las medidas para controlar y desarticular estas estructuras criminales.<\/span><\/p>\n

2. Se requieren medidas efectivas por parte del Estado Colombiano en su conjunto para evitar actos de intimidaci\u00f3n y manipulaci\u00f3n del voto por parte de las diversas bandas armadas criminales, as\u00ed como la adopci\u00f3n de medidas certeras para evitar la captura del Estado por estos grupos delincuenciales.<\/span><\/p>\n

3. Es recomendable que el Ejecutivo, as\u00ed como el Congreso de la Rep\u00fablica, doten de recursos humanos, financieros y organizacionales suficientes a los organismos electorales, para que de manera aut\u00f3noma puedan cumplir cabalmente con sus funciones.<\/span><\/p>\n

4. Es necesario que las sanciones a los autores de la adulteraci\u00f3n de los resultados electorales, de la trashumancia electoral, del acopio de c\u00e9dulas, de las violaciones a la ley de garant\u00edas electorales, etc. sean r\u00e1pidas y efectivas. Se requiere fortalecer la justicia electoral, ya que la existencia de impunidad es una invitaci\u00f3n al fraude electoral.<\/span><\/p>\n

5. Se hace necesario que el pa\u00eds modernice su censo electoral para evitar las situaciones se\u00f1aladas en donde “los muertos votan” y otras irregularidades.<\/span><\/p>\n

6. Se requieren acciones de mayor participaci\u00f3n ciudadana en el control social de los procesos electorales para que las autoridades locales y las instancias de monitoreo electoral cuenten con la credibilidad y la confianza ciudadana, y de todos los partidos pol\u00edticos como parte de estas acciones, es necesario fortalecer las instancias de Observaci\u00f3n Electoral por parte de los diversos estamentos de la sociedad civil.<\/span><\/p>\n

7. Se hacen necesarios esfuerzos en materia de la aplicaci\u00f3n de las leyes que regulan los topes de la publicidad electoral, que garantizan mayor transparencia y legalidad en el acceso a programas y pol\u00edticas p\u00fablicas de bienestar social, que limitan el uso de las contrataciones con fines electorales, as\u00ed como otras leyes y regulaciones que garantizan elecciones libres y justas.<\/span><\/p>\n

Quienes Somos:<\/strong><\/span><\/p>\n

Global Exchange es una organizaci\u00f3n internacional de derechos humanos que apoya la participaci\u00f3n democr\u00e1tica como prerrequisito para la justicia social, econ\u00f3mica y ambiental. Por m\u00e1s de una d\u00e9cada Global Exchange ha promovido activamente la democracia en el mundo a trav\u00e9s de la observaci\u00f3n electoral.<\/span><\/p>\n

Hemos liderado o participado en observaci\u00f3n electoral en m\u00e1s de una docena de pa\u00edses muchos de los cuales se encontraban en contextos agitados o en transici\u00f3n entre la dictadura y la democracia. En cooperaci\u00f3n con organizaciones de la sociedad civil locales, hemos observado o monitoreado complejas elecciones en M\u00e9xico, Sud\u00e1frica, Hait\u00ed, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Indonesia y los Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

Como resultado Global Exchange se ha establecido como un defensor cre\u00edble y ampliamente reconocido de la democracia. Para la realizaci\u00f3n de esta primera experiencia de observaci\u00f3n pre-electoral para Colombia, Global Exchange convoc\u00f3 a un equipo de investigadores, profesionales, ciudadanos y defensores de democracia interesados en promover y apoyar los esfuerzos para consolidar la democracia en Colombia y que hacen parte de las siguientes organizaciones:<\/span><\/p>\n