![\"\"](\"http:\/\/www.indymedia.org\/images\/2008\/04\/904401.jpg\")
<\/p>\n\u00a0Por Laura Carlsen<\/p>\n
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Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sure\u00f1o estado de Oaxaca\u00a0 los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante ser\u00eda peligroso,\u00a0 p<\/strong>ero no sab\u00edan que dar vuelta, ser\u00eda mortal. <\/strong><\/p>\n Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los veh\u00edculos. Algunas de las personas se\u00a0 dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cari\u00f1o, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y l\u00edder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminaci\u00f3n y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.<\/p>\n \u00a0Este grupo de activistas pro-derechos se dirig\u00eda a la aldea de San Juan Copala en la regi\u00f3n ind\u00edgena Triqui de Oaxaca. Esta aldea est\u00e1 sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/p>\n La caravana inclu\u00eda periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conoc\u00edan los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misi\u00f3n porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como reh\u00e9n por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.<\/p>\n Los asesinatos de quienes defienden los derechos ind\u00edgenas y sus recursos, son comunes en la regi\u00f3n Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres<\/a> de la estaci\u00f3n de radio comunitaria de San Juan Copala. Despu\u00e9s de un jefe paramilitar amenaz\u00f3 al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los l\u00edderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.<\/p>\n Reciclaje de la Violencia <\/strong><\/strong>\u00bfC\u00f3mo se convirti\u00f3 en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?<\/p>\n La regi\u00f3n Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayor\u00eda de los investigadores se refieren a las \u00faltimas d\u00e9cadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situaci\u00f3n tiene mas alcances. Desde la \u00e9poca prehisp\u00e1nica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebeli\u00f3n y la represi\u00f3n. El mismo patr\u00f3n se repite a trav\u00e9s de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco L\u00f3pez B\u00e1rcenas.<\/p>\n El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en alg\u00fan momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos ind\u00edgenas de la regi\u00f3n. En cambio, el gobierno sofoc\u00f3 las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la regi\u00f3n. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separ\u00f3 de un gobierno que eludi\u00f3 proteger a su pueblo y se declar\u00f3 municipio aut\u00f3nomo. La represi\u00f3n al pueblo aument\u00f3.<\/p>\n \u00a0Estado de Impunidad <\/strong><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>Para entender c\u00f3mo, un grupo armado pueda atacar con intenci\u00f3n de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los cr\u00edmenes en Oaxaca desde hace a\u00f1os.<\/p>\n Oaxaca no es un Estado com\u00fan. En 2006, los oaxaque\u00f1os tomaron<\/a> la capital del estado exigiendo la destituci\u00f3n del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, ind\u00edgenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La polic\u00eda federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se manten\u00eda escondido, neg\u00e1ndose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos m\u00e1s capturados, golpeados y sometidos a tortura psicol\u00f3gica.<\/p>\n En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegaci\u00f3n internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instal\u00f3 en un sal\u00f3n de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro d\u00edas \u00a0llevamos a cabo m\u00e1s de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompa\u00f1ados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado. \u00a0<\/p>\n Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre l\u00e1grimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represi\u00f3n de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helic\u00f3ptero donde les dec\u00edan que ser\u00edan arrojados al Oc\u00e9ano Pac\u00edfico –pr\u00e1ctica com\u00fan durante la guerra sucia de M\u00e9xico de los a\u00f1os setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de l\u00edderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ej\u00e9rcito Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisi\u00f3n de mediaci\u00f3n establecida por el Congreso. La Comisi\u00f3n ha apuntado absoluta falta de voluntad pol\u00edtica por parte del gobierno federal para resolver el caso.<\/p>\n \u00a0El p\u00fablico ha perdido la confianza en el gobierno para la protecci\u00f3n de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisi\u00f3n estatal de derechos humanos, el comisario manifest\u00f3 su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisi\u00f3n hab\u00eda recibido muy pocas. La raz\u00f3n no fue dif\u00edcil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si hab\u00edan denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasar\u00edan la barrera de un gobierno estatal, c\u00f3mplice mismo\u00a0 de los delitos.<\/p>\n El asesinato del periodista estadounidense Brad Will<\/a> es, tal vez, el caso m\u00e1s conocido y un ejemplo cl\u00e1sico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presi\u00f3n internacional, el estado inici\u00f3 una investigaci\u00f3n que desemboc\u00f3 en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. \u00a0Despu\u00e9s, incre\u00edblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre<\/a> cuando la presi\u00f3n internacional se increment\u00f3 denunciando que hacer de la justicia una farsa era a\u00fan peor que no hacer justicia, con esto, el caso regres\u00f3 a su punto de partida – la impunidad.<\/p>\n \u00a0La Suprema Corte de M\u00e9xico<\/a> determin\u00f3 que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n \u00a0Este \u00faltimo ataque repite tanto los ciclos hist\u00f3ricos como los contempor\u00e1neos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez m\u00e1s la regi\u00f3n Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones ind\u00edgenas aut\u00f3nomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los l\u00edderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protecci\u00f3n de los recursos naturales. Bety Cari\u00f1o era uno de los l\u00edderes m\u00e1s activos del estado del movimiento contra la miner\u00eda y de la defensa de los derechos ind\u00edgenas.<\/p>\n Ulises Ruiz acusado de violaciones a los derechos humanos<\/em><\/p>\n Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos<\/strong><\/p>\n La emboscada del 27 de abril<\/a> logr\u00f3 sacudir a una naci\u00f3n acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o m\u00e1s v\u00edctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en M\u00e9xico. Pero el c\u00e1lculo de agresiones contra una misi\u00f3n de derechos humanos transpuso alguna l\u00ednea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigaci\u00f3n completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la caracter\u00edstica de arrogancia de su gobierno, anunci\u00f3 que iba a llevar a cabo una investigaci\u00f3n \u00a0-de los documentos de inmigraci\u00f3n de los extranjeros en la caravana.<\/p>\n Las violaciones a los derechos humanos en M\u00e9xico han sufrido una escalada ascendente en los \u00faltimos a\u00f1os. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarizaci\u00f3n, y la naci\u00f3n se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad \u00a0–o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana. \u00a0<\/p>\n El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su \u00a0apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calder\u00f3n. Las ayuda para la Seguridad a M\u00e9xico, bajo la Iniciativa M\u00e9rida<\/a>, establec\u00edan como requisito la presentaci\u00f3n de un informe sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrar\u00e1 \u00a0avances para poner fin a la impunidad de los cr\u00edmenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigaci\u00f3n del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado posterg\u00f3 la presentaci\u00f3n del informe hasta el a\u00f1o pasado cuando someti\u00f3 un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpret\u00f3 el requisito como la simple elaboraci\u00f3n de un reporte.<\/p>\n La ayuda de Seguridad a polic\u00edas y a fuerzas armadas que violan sistem\u00e1ticamente los derechos humanos s\u00f3lo refuerza el sistema de violaciones. La capacitaci\u00f3n en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no har\u00e1n ninguna diferencia en la ecuaci\u00f3n—obviamente el problema no es la falta de capacitaci\u00f3n, sino la falta de voluntad pol\u00edtica. Mientras las mismas fuerzas pol\u00edticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con pr\u00e1cticas que da\u00f1an a la sociedad y destruyan vidas.<\/p>\n M\u00e9xico est\u00e1 hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus fr\u00e1giles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un d\u00e9bil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por d\u00e9spotas. La corrupci\u00f3n que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.<\/p>\n M\u00e9xico puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democr\u00e1ticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El r\u00edgido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que s\u00f3lo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistem\u00e1ticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno deber\u00eda centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a M\u00e9xico para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcci\u00f3n de paz y bienestar.<\/p>\n Los grupos internacionales deben tomar medidas <\/strong><\/p>\n Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:<\/p>\n “Repudiamos esta agresi\u00f3n, sin precedentes en nuestro pa\u00eds, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los l\u00edderes pol\u00edticos de la UBISORT organizaci\u00f3n causante del clima de violencia en la regi\u00f3n. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. Tambi\u00e9n exigimos garant\u00edas para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresi\u00f3n contra el Municipio Aut\u00f3nomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinaci\u00f3n de todos los pueblos. Rechazamos la utilizaci\u00f3n de la violencia como un pretexto para la militarizaci\u00f3n de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.<\/p>\n Las organizaciones internacionales y personas interesadas deber\u00edan seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigaci\u00f3n completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente.\u00a0\u00a0La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanci\u00f3n; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en pol\u00edtica de Estado, el Estado de Derecho se desmorona.<\/p>\n Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegaci\u00f3n– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil as\u00ed como sus c\u00f3mplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acci\u00f3n menor a una explicaci\u00f3n completa y la aplicaci\u00f3n de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitir\u00e1 que la violencia contin\u00fae y se sume una mancha m\u00e1s al ya catastr\u00f3fico historial de derechos humanos de M\u00e9xico.<\/p>\n Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es directora del Programa de las Am\u00e9ricas (www.americas.org) para el Centro de Pol\u00edtica Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico. <\/em><\/em>Este art\u00edculo apareci\u00f3 originalmente en la Pol\u00edtica Exterior en Foco p\u00e1gina web: http:\/\/www.fpif.org\/articles\/mexicos_state_of_impunity<\/p>\n Traducido por<\/strong>: Marta Sanchez<\/p>\n Para mayor \u00a0informaci\u00f3n: <\/strong><\/p>\n San Juan Copala: Las ra\u00edces de la violencia Oaxaca: Despu\u00e9s de las barricadas Oaxaca Resistencia y Represi\u00f3n<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/codepappo.files.wordpress.com\/2009\/06\/ulises-21.jpg\")
<\/p>\n
\nhttps:\/\/www.americas.org\/archives\/2187<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n
\nhttp:\/\/americas.irc-online.org\/am\/5364<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n