{"id":3215,"date":"2010-09-14T21:07:46","date_gmt":"2010-09-15T02:07:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=3215"},"modified":"2010-11-23T15:37:31","modified_gmt":"2010-11-23T20:37:31","slug":"un-plan-colombia-para-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/un-plan-colombia-para-mexico\/","title":{"rendered":"Un Plan Colombia para M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La Secretaria de Estado de E.U. Hillary Clinton\u00a0 afirm\u00f3 el mi\u00e9rcoles<\/a> pasado que M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica est\u00e1n enfrentando una “insurgencia<\/a>” que exige aplicar el equivalente del Plan Colombia en la regi\u00f3n. Sus comentarios despertaron al instante la ira del gobierno mexicano, as\u00ed como temores de una intervenci\u00f3n militar m\u00e1s extensa de Estados Unidos.<\/p>\n

“…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de narcotr\u00e1fico que en algunos casos se transforma en o est\u00e1 haciendo causa com\u00fan con lo que considerar\u00edamos una insurgencia en M\u00e9xico y en Centroam\u00e9rica”, declar\u00f3 Clinton, a\u00f1adiendo que “estos c\u00e1rteles de la droga est\u00e1n demostrando \u00edndices cada vez mayores de insurgencia; de s\u00fabito aparecen coches bomba donde antes no los hab\u00eda.”<\/p>\n

Ir\u00f3nicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a qu\u00e9 ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su “responsabilidad en el hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur.” En lugar de contestar la pregunta, Clinton compar\u00f3 a M\u00e9xico con Colombia y pronunci\u00f3 la declaraci\u00f3n m\u00e1s audaz hasta la fecha sobre la intervenci\u00f3n estadounidense<\/a>, que incluye apoyo militar, en la guerra de M\u00e9xico contra el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

“[S]e est\u00e1 pareciendo cada vez m\u00e1s a la Colombia de hace 20 a\u00f1os”, dijo Clinton. “Y Colombia… lleg\u00f3 hasta el punto en donde m\u00e1s de una tercera parte del pa\u00eds, casi el 40 por ciento del pa\u00eds en una u otra \u00e9poca estaba controlada por los insurgentes, por las FARC. Pero se requerir\u00e1 una combinaci\u00f3n de capacidad institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando se apropiado, respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad pol\u00edtica para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar reducirlo…” Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y a\u00f1adi\u00f3 que “necesitamos idear cu\u00e1les ser\u00edan los equivalentes para Am\u00e9rica Central, M\u00e9xico y El Caribe.”<\/p>\n

La respuesta mexicana<\/strong><\/p>\n

Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignaci\u00f3n. En sesiones para analizar el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calder\u00f3n, un diputado se\u00f1al\u00f3 que en el gobierno estadounidense “son buenos para criticar a otros pa\u00edses y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de narcotr\u00e1fico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos.” Algunos congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores env\u00ede una nota formal de protesta <\/a> al gobierno de Obama.<\/p>\n

La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declar\u00f3<\/a> que “no comparto una apreciaci\u00f3n en este sentido”, refiri\u00e9ndose a las declaracines de su contraparte norteamericana. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire rechaz\u00f3 la comparaci\u00f3n con Colombia.<\/p>\n

En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el da\u00f1o. El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigi\u00f3 a su jefa<\/a>, explicando que el empleo “[d]el t\u00e9rmino ‘insurgencia’ no deber\u00eda ser visto de la misma forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del estado por motivos pol\u00edticos.” Posteriormente el Presidente Obama<\/a> descart\u00f3 la comparaci\u00f3n en observaciones hechas a La Opini\u00f3n<\/em>.<\/p>\n

El comentario desat\u00f3 un remolino dentro del gabinete de Obama y en las relaciones diplom\u00e1ticas entre Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n

La comparaci\u00f3n colombiana<\/strong><\/p>\n

Lo \u00fanico sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencion\u00f3 en voz alta. La Iniciativa M\u00e9rida originalmente se propuso como “Plan M\u00e9xico” hasta que el nombre fue desechado. La comparaci\u00f3n directa con el Plan Colombia se consider\u00f3 como una desventaja. En M\u00e9xico, la idea de la presencia militar estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto insignificante sobre el tr\u00e1fico de drogas y el incremento de violaciones a derechos humanos que implic\u00f3 el Plan Colombia a un costo de 7,300 millones de d\u00f3lares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con M\u00e9xico.<\/p>\n

Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica siempre guard\u00f3 una relaci\u00f3n estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan Colombia comenz\u00f3 como un plan antinarc\u00f3ticos estructurado seg\u00fan los lineamientos del modelo de guerra antidrogas de aplicaci\u00f3n de la ley, bloqueo y uso del ej\u00e9rcito, todo ello con la cercana participaci\u00f3n de Estados Unidos. El Plan M\u00e9xico no incluye la presencia del ej\u00e9rcito estadounidense pero sigue el mismo modelo.<\/p>\n

La fusi\u00f3n intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el narcotr\u00e1fico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformaci\u00f3n maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calder\u00f3n en contra, no lanzan ofensivas contra el estado para substituirlo. Su ocupaci\u00f3n principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El mal entendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinci\u00f3n es en parte el fundamento de la fallida pol\u00edtica con la que se libra la guerra contra las drogas.<\/p>\n

Si la distinci\u00f3n fuera entendida, la estrategia obvia deb\u00eda ser atacar el negocio, no a quienes lo manejan. Contratar substitutos dentro de un c\u00e1rtel es extremadamente f\u00e1cil en M\u00e9xico. La estructura de los c\u00e1rteles es flexible, en ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres j\u00f3venes con escasas perspectivas en la vida en un pa\u00eds donde el gobierno ha fracasado en proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.<\/p>\n

Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisi\u00f3n dado que el dinero de la droga fluye a trav\u00e9s de las principales poderosas instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente leg\u00edtimas.<\/p>\n

La adopci\u00f3n de pol\u00edticas regresivas<\/strong><\/p>\n

Poco antes de los se\u00f1alamientos de Hillary Clinton, el Congreso de E.U. asign\u00f3<\/a> $175 millones de d\u00f3lares m\u00e1s para la guerra antinarco mexicana sin ninguna revisi\u00f3n o an\u00e1lisis estrat\u00e9gico comprehensivos de los terribles resultados que el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga estall\u00f3 al sur de la frontera con cerca de 30,000 muertos desde que se declar\u00f3 la guerra a fines de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa al ej\u00e9rcito se hab\u00edan sextuplicado el a\u00f1o pasado, y justo en los \u00faltimos meses efectivos del ej\u00e9rcito han matado a tiros a varios civiles.<\/p>\n

Los representantes electos por los estadounidenses deber\u00edan asignar los d\u00f3lares de sus impuestos con base en un minucioso an\u00e1lisis de c\u00f3mo los recursos alcanzar\u00e1n efectivamente los objetivos relacionados con el bien p\u00fablico. Hoy, cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan M\u00e9xico es un ejemplo extremo, el modus operandi<\/em> es: gastar ahora, y lidiar con los resultados desastrosos despu\u00e9s…. gastando todav\u00eda m\u00e1s. De acuerdo con un informe reciente de la General Accounting Office <\/a>(Oficina de la Contralor\u00eda General de E.U.), la Iniciativa M\u00e9rida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio de los cuales evaluarla.<\/p>\n

La asignaci\u00f3n suplementaria<\/a> para M\u00e9xico estipula que las normas bajo el rubro “Control y Cumplimiento de Leyes Antinarc\u00f3ticos a nivel Internacional” (INCLE) requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el cumplimiento de los requisitos de su Secci\u00f3n 7045(e). Estas “condiciones de derechos humanos”, que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron, reflejan serias preocupaciones de que los fondos estar\u00edan fluyendo a fuerzas de seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.<\/p>\n

No obstante, en la pr\u00e1ctica el Congreso diluy\u00f3 las condiciones de tal manera que proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones m\u00e1s graves respecto de la estrategia. El Congreso ignor\u00f3 las cr\u00edticas contra la Iniciativa M\u00e9rida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprob\u00f3 cinco asignaciones separadas que en total suman casi 1,500 millones de d\u00f3lares. La iniciativa se transform\u00f3 de un compromiso de tres a\u00f1os a un pacto permanente.<\/p>\n

El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunci\u00f3 que el gobierno de E.U. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignaci\u00f3n suplementaria con base en las “condiciones de derechos humanos”. El gobierno mexicano se quej\u00f3 p\u00fablicamente y en voz alta pero lo celebr\u00f3 en privado. Las matem\u00e1ticas son bastante claras: ‘te daremos 175 millones de d\u00f3lares en fondos extraordinarios pero te retendremos 26 millones de d\u00f3lares’–de lo que resulta una ganancia neta de 149 millones de d\u00f3lares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas. El de Estados Unidos critic\u00f3 a M\u00e9xico “olvidando” el hecho de que el crimen trasnacional no podr\u00eda funcionar sin corrupci\u00f3n dentro de sus propias fronteras. El gobierno de Calder\u00f3n protest\u00f3 contra el esc\u00e1ndalo sobre los derechos humanos que hac\u00eda su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa convencional se\u00f1al\u00f3 las contradicciones<\/a> del juego de cifras.<\/p>\n

A estas alturas se pensar\u00eda que la estrategia de imponer condiciones para lograr una guerra antinarco m\u00e1s bondadosa y amable <\/em>(como dir\u00eda Bush padre) estar\u00eda absolutamente desacreditada. La interpretaci\u00f3n m\u00e1s generosa es que fue una estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la situaci\u00f3n en M\u00e9xico como la nueva relaci\u00f3n binacional del Pent\u00e1gono que se estaba forjando a trav\u00e9s del Plan. En lugar de proceder a la necesaria rectificaci\u00f3n inmediata, la administraci\u00f3n Obama planea pedir todav\u00eda m\u00e1s fondos p\u00fablicos para la pol\u00edtica fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende los derechos humanos.<\/p>\n

Dudas cada vez mayores<\/strong><\/p>\n

La \u00faltima controversia sobre pol\u00edticas para el narcotr\u00e1fico en M\u00e9xico sobreviene en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de todos los partidos pol\u00edticos excepto el de Calder\u00f3n, criticaron acremente el “fracaso” de la guerra contra las drogas del presidente en un an\u00e1lisis del cuarto informe anual de la administraci\u00f3n. El Partido Revolucionario Institucional se\u00f1al\u00f3 <\/a>que el informe anual presentado por el presidente Calder\u00f3n mostraba menos incautaciones y ning\u00fan aumento notable en arrestos comparados con niveles hist\u00f3ricos, y una asignaci\u00f3n de tan s\u00f3lo 1,500 millones de pesos a la prevenci\u00f3n de adicciones. Un miembro del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica deplor\u00f3 la ecuaci\u00f3n de “a m\u00e1s recursos, m\u00e1s muertes”, ya que a la fecha, la guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca de 7 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En Estados Unidos tambi\u00e9n han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) Alonzo R. Pe\u00f1a lament\u00f3 que el gobierno mexicano a menudo no tome en cuenta los servicios de inteligencia de E.U. antes de actuar. Pe\u00f1a coment\u00f3 que en ocasiones el motivo pod\u00eda ser simple precauci\u00f3n pero que en otras “era completamente corrupci\u00f3n”. En Washington, el aumento de consecuencias negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida o un camino claramente definido hacia el \u00e9xito.<\/p>\n

No hay f\u00f3rmulas m\u00e1gicas que se presenten, en particular si se atiende al grave deterioro de la situaci\u00f3n en M\u00e9xico. No obstante, el Congreso de E.U. no debe ignorar la violencia desencadenada bajo los t\u00e9rminos de la pol\u00edtica actual, y no puede aceptar los asesinatos como da\u00f1o colateral. En M\u00e9xico, los especialistas calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotr\u00e1fico alcanzar\u00e1n m\u00e1s de 70,000<\/a> hacia el final de la presidencia de Calder\u00f3n, a un ritmo de 50 muertes diarias en todo el pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n

Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte por el crecimiento del crimen organizado en M\u00e9xico. Estados Unidos se enfrenta tambi\u00e9n a enormes desaf\u00edos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad de los c\u00e1rteles de la droga. Hay muy escasa informaci\u00f3n sobre las actividades anticorrupci\u00f3n en Estados Unidos que no s\u00f3lo no han prevenido, sino de hecho han facilitado el trasiego transfronterizo de substancias ilegales para su distribuci\u00f3n a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra adicciones y prevenci\u00f3n de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria. Medidas como la del referendo sobre la regulaci\u00f3n de la mariguana podr\u00edan eliminar una enorme parte del ingreso de los c\u00e1rteles sacando la droga del mercado negro.<\/p>\n

Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de E.U. en la guerra mexicana contra las drogas. Nunca es f\u00e1cil admitir un fracaso de tal magnitud en las pol\u00edticas, o revertir planes como el Plan M\u00e9xico que involucran a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada. Pero el Presidente Obama ha demostrado el valor para admitir errores en el pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administraci\u00f3n como el Congreso de E.U. deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada guerra contra las drogas.<\/p>\n

Laura Carlsen es directora del Programa de las Am\u00e9ricas del Center for International Policy en www.americas.org<\/a>.<\/em><\/p>\n

Este art\u00edculo se public\u00f3 originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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