![\"\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Amarildo-Dias-de-Souza-desaparecido-Divulgac\u0327a\u0303o.jpg\")
La activista brasile\u00f1a Sandra Moreno, del Instituto \u00cdmpar, ha estado buscando a su hija, Ana Paula Moreno, desde que desapareci\u00f3 en 2009. Ella habla en tono monocorde y sus desvelados ojos reflejan su tristeza. Me recibi\u00f3 en su humilde casa de clase media baja en Carapicu\u00edba, una ciudad que forma parte de la regi\u00f3n metropolitana de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
El Foro Brasile\u00f1o de Seguridad P\u00fablica (For\u00fam Brasileiro de Seguran\u00e7a P\u00fablica) informa que cerca de 70,000 personas desaparecen en Brasil cada a\u00f1o. Eso representa 190 desaparecidos por d\u00eda desde 2007 hasta 2016. Ocho personas por hora.<\/p>\n
Solo en S\u00e3o Paulo, unas 240,000 personas desaparecieron en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, n\u00fameros que preocupan a Ivanise Espiridi\u00e3o. “\u00bfQu\u00e9 pasa con los otros 26 estados y el distrito federal? \u00bfCu\u00e1ntos faltan ahora? “, Pregunta. Espiridi\u00e3o dirige las M\u00e3es da S\u00e9 (Madres de S\u00e9), una organizaci\u00f3n no gubernamental que comenz\u00f3 a ayudar a otros a encontrar a sus familiares. Ella se\u00f1ala que las cifras representan pobremente las dimensiones reales del problema. Rio Grande do Sul, R\u00edo de Janeiro y otros estados no proporcionaron a la encuesta, informaci\u00f3n completa durante los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n
El personal de M\u00e3es da S\u00e9 ha ayudado a 4.000 madres a contactar a sus ni\u00f1os desaparecidos, pero Espiridi\u00e3o no ha sido una de las afortunadas. A pesar de buscar durante dos d\u00e9cadas, no ha encontrado a su hija, Fabiana Espiridi\u00e3o, que desapareci\u00f3 a los 13 a\u00f1os. Ivanise Espiridi\u00e3o es una mujer menuda de mediana edad con piel bronceada. Mientras habla, su mirada exhibe una mezcla de melancol\u00eda y enojo. “Mi vida se detuvo el 23 de diciembre de 1995”, explica.<\/p>\n
Ella dice que la burocracia del gobierno es m\u00e1s un obst\u00e1culo que una ayuda para localizar personas desaparecidas en Brasil. En 2009, Espiridi\u00e3o trabaj\u00f3 junto a un grupo de delegados y t\u00e9cnicos del Ministerio de Justicia para establecer la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas (CNDP). Fue lanzado el 26 de febrero de 2011, pero de acuerdo con las organizaciones de familiares, lamentablemente su informaci\u00f3n est\u00e1 profundamente desactualizada. “Nunca se ha mantenido, por falta de voluntad o inter\u00e9s. El sistema de datos simplemente muri\u00f3 “, comenta Esperidi\u00e3o. Ella se\u00f1ala que los j\u00f3venes localizados todav\u00eda est\u00e1n en los archivos como desaparecidos y muchos casos nuevos nunca se han ingresado.<\/p>\n
Cada a\u00f1o, alrededor de 40,000 ni\u00f1os y adolescentes desaparecen en Brasil, mientras que en la base de datos virtual solo aparecen 400 ni\u00f1os. De enero a septiembre de 2015, s\u00f3lo en R\u00edo de Janeiro, se reportaron 2.282 casos de personas desaparecidas, un aumento del 16% con relaci\u00f3n a 2014.<\/p>\n
El “Programa para la localizaci\u00f3n e identificaci\u00f3n de personas desaparecidas” (PLID), que opera desde el Ministerio P\u00fablico, sigue los casos que se les informa directamente. La empresa de procesamiento de datos del estado de S\u00e3o Paulo registr\u00f3 25.486 denuncias de personas desaparecidas entre 2013 y 2014: 15.369 (60,3%) hombres y 10.117 (39,7%) mujeres. La mayor\u00eda de las v\u00edctimas (60.6%) eran j\u00f3venes de entre 12 y 26 a\u00f1os.<\/p>\n
La tarea de mantener un Banco Nacional de Datos se realiza conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y la Secretar\u00eda Nacional de Derechos Humanos. Mantenerlo actualizado y preciso es virtualmente imposible debido a la falla general de comunicaci\u00f3n entre instituciones, no s\u00f3lo en el \u00e1mbito federal, sino tambi\u00e9n a nivel estatal y municipal. Por ejemplo, la cooperaci\u00f3n entre el cuerpo de la polic\u00eda militar y civil es fundamental para las b\u00fasquedas e investigaciones, aunque a\u00fan no se logra una buena comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
La congresista Eliziane Gamma propuso una legislaci\u00f3n para penalizar a los estados que no actualicen sus datos sobre desapariciones. El proyecto de ley de Gamma a\u00fan no se ha votado en el Senado. Esperidi\u00e3o ha pedido a los agentes del orden p\u00fablico por la actualizaci\u00f3n de los datos para ayudar a las madres de entornos m\u00e1s pobres y de educaci\u00f3n inferior, ya que muchas de ellas no tienen Internet en sus hogares. “Ni siquiera tienen dinero para ir a un cibercaf\u00e9 y pedirle a alguien que lo haga”, afirma.<\/p>\n
La fiscal federal, Dra. Eliana Vendramini, del PLID, cree que el fen\u00f3meno de las desapariciones es a\u00fan relativamente reciente en Brasil, lo cual explica la deficiencia en el informe. Ella afirma que mucho de lo que sabemos sobre esto viene de “la lucha implacable de la sociedad civil que se organiza a trav\u00e9s de las manifestaciones p\u00fablicas o redes digitales”. Aunque es muy \u00fatil, Vendramini dice que esto no es suficiente ya que todos los d\u00edas el gobierno entierra n\u00fameros desconocidos de personas sin nombre y sin hogar sin identificarlas. A pesar de los ex\u00e1menes realizados por el Instituto de Medicina Forense (IML) o el Servicio Municipal de Verificaci\u00f3n \u00d3bitos ( SVO) “no se comunican con la Polic\u00eda Civil antes de despachar los cuerpos. Los servicios p\u00fablicos son a\u00fan peores ya que solo responden ante la oficina de Seguridad P\u00fablica del Estado, que sistem\u00e1ticamente falla en el abordaje del problema.<\/p>\n
La Ley de B\u00fasqueda Inmediata aprobada en 2005 bajo el entonces presidente Lu\u00eds In\u00e1cio Lula da Silva ordena que la estaci\u00f3n de polic\u00eda comience a investigar el paradero de ni\u00f1os y adolescentes inmediatamente despu\u00e9s de ser notificada de la desaparici\u00f3n. Las b\u00fasquedas de adultos se inician solo despu\u00e9s de esperar 24 horas desde el momento en que se informa la desaparici\u00f3n de la persona.<\/p>\n
En realidad, justo despu\u00e9s de que un ni\u00f1o desaparece, las familias comienzan sus propias investigaciones y empiezan a brindar a la polic\u00eda la informaci\u00f3n que consiguen. Esperidi\u00e3o y Moreno me dijeron que ambos padecieron la negligencia por parte de las autoridades en su respuesta a la desaparici\u00f3n de sus hijos. Esperidi\u00e3o afirma que la Ley de B\u00fasqueda Inmediata solo se respeta en las ciudades de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais y Curitiba en el estado de Paran\u00e1.<\/p>\n
Sandra Moreno comenz\u00f3 a recoger firmas en 2011 para una ley nacional que pudiera crear m\u00e1s comisar\u00edas especializadas que ayuden a buscar a los desaparecidos, como la que actualmente opera en S\u00e3o Paulo. Dado que la desaparici\u00f3n no est\u00e1 codificada como un delito y con frecuencia se trata simplemente como alguien desaparecido temporalmente, la polic\u00eda no tiene la obligaci\u00f3n de investigar ” de tal forma, los polic\u00edas no lo hacen”, explica Sandra. La ONG de Moreno realiz\u00f3 manifestaciones en el centro de S\u00e3o Paulo y organiz\u00f3 jornadas de graffitis a fin de reunir firmas para su propuesta legislativa en Carapicu\u00edba.<\/p>\n
En 2015, la polic\u00eda de Sao Paulo respondi\u00f3 a una solicitud del Ministerio P\u00fablico que suger\u00eda descentralizar las investigaciones sobre personas desaparecidas presentadas, deriv\u00e1ndolas a una estaci\u00f3n de polic\u00eda especializada. Aunque se consider\u00f3 un paso adelante tener una oficina especializada, “la antigua centralizaci\u00f3n no pudo manejar la demanda estatal porque solo ten\u00eda alrededor de 11 empleados y 2 tenientes, lo que significa que no ten\u00eda los recursos f\u00edsicos y materiales para llevar a cabo estas tareas”, dice Vendramini. Ella cree que la descentralizaci\u00f3n podr\u00eda favorecer a los sectores m\u00e1s vulnerables a desapariciones: ni\u00f1os y personas enfermas.<\/p>\n
Vendramini lamenta: “La fuerza de la Polic\u00eda Civil, en una mala interpretaci\u00f3n del mandato constitucional, niega la vulnerabilidad de los adolescentes”. A menudo, los casos de j\u00f3venes desaparecidos se consideran como disputas criminales o maltratos ocultos.<\/p>\n
Seg\u00fan la Cuarta Comisar\u00eda de Investigaci\u00f3n sobre las Personas Desaparecidas, muchos j\u00f3venes desaparecidos son adolescentes de entre 13 y 18 a\u00f1os que escaparon voluntariamente de sus hogares. En este tipo de casos, alrededor del 96% eventualmente regresa a casa. Los casos m\u00e1s complicados est\u00e1n relacionados con el homicidio, la privaci\u00f3n de libertad, el trabajo esclavo y la explotaci\u00f3n sexual. El PLID, iniciado en R\u00edo de Janeiro como una herramienta digital para unificar y analizar datos con el fin de aumentar las localizaciones e identificaciones, ha integrado la experiencia internacional en el establecimiento de mejores pol\u00edticas p\u00fablicas directas. El PLID tiene su propio edificio en S\u00e3o Paulo desde 2013. Para la Dra. Vendramini, lo que ella denomina “visi\u00f3n global” incluye rastrear todo lo que se conoce acerca de la persona desaparecida en tiempo real. El banco de datos registra los datos personales, el lugar y los motivos aparentes o posibles. Hoy este sistema integrado opera en las fiscal\u00edas de R\u00edo de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Bah\u00eda, Amazonas, Piau\u00ed, Cear\u00e1, Par\u00e1, Pernambuco, Distrito Federal y otros territorios.<\/p>\n
Muchos expertos esperan que alg\u00fan d\u00eda este sistema se convierta en una r\u00e9plica de AMBER Alert (America’s Missing: Broadcast Emergency Response), un sistema de alerta de secuestro de menores originado en 1996 en los Estados Unidos. Bajo ese sistema, la agencia de aplicaci\u00f3n de la ley que investiga el caso toma la decisi\u00f3n de emitir la Alerta y divulgar el nombre del ni\u00f1o, la descripci\u00f3n del sospechoso, matr\u00edcula u otra informaci\u00f3n relevante para el caso. Amber Alert se difunde por Internet, estaciones de radio comerciales y satelitales, estaciones de televisi\u00f3n y televisi\u00f3n por cable, correo electr\u00f3nico, se\u00f1ales de tr\u00e1fico electr\u00f3nico, vallas publicitarias electr\u00f3nicas o mensajes de texto SMS de dispositivos inal\u00e1mbricos, y en l\u00ednea a trav\u00e9s de Google, Bing y Facebook.<\/p>\n
La Dra. Vendramini explica que Amber Alert es un modelo a seguir, pero a\u00fan bastante lejano debido a la falta de recursos disponibles en Brasil. “En estos d\u00edas estamos luchando por servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos en el estado de S\u00e3o Paulo, sin mencionar el resto de Brasil, como una base de datos estatal, que por ley se supone que contenga informaci\u00f3n gen\u00e9tica, aplicaci\u00f3n rigurosa de los procedimientos de investigaci\u00f3n creados por el Delegado General en 2014 despu\u00e9s de una solicitud del Ministerio P\u00fablico y el PLID, investigaciones sobre el paradero de los adolescentes dada su vulnerabilidad, y tratamiento especial para las familias victimizadas, y la lista contin\u00faa\u201d se\u00f1ala, pero \u00e9stas son las demandas m\u00e1s apremiantes. Espiridi\u00e3o y Moreno creen que, aunque no es suficiente, el PLID ha ganado credibilidad entre las familias, ya que defiende sus derechos ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley y hace un esfuerzo por actualizar sus datos.<\/p>\n
Seg\u00fan la Ley Internacional de Derechos Humanos, la desaparici\u00f3n forzada es “privaci\u00f3n de libertad contra la voluntad de la persona, participaci\u00f3n directa, apoyo o complicidad de agentes gubernamentales, negativa a reconocer la privaci\u00f3n de libertad y el conocimiento o el paradero de la persona desaparecida”.<\/p>\n
El t\u00e9rmino “persona desaparecida” es m\u00e1s incluyente que la “desaparici\u00f3n forzada”, explica el abogado argentino Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo en Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (WGEID) y profesor de derecho en la Universidad de Texas. Las “personas desaparecidas” pueden ser ciudadanos desplazados o dispersados por los bombardeos o en una zona afectada por un desastre natural. En casos de desaparici\u00f3n forzada, Ariel Dulitzky dice que la ONU intenta mantenerse en contacto con las familias y seguir lo que sucedi\u00f3 con los desaparecidos a la vez que trabaja con gobiernos y asociaciones en busca de respuestas. La falta de datos gubernamentales causa problemas para las organizaciones no gubernamentales que intentan abordar el problema. El consultor de derechos humanos de Amnist\u00eda Internacional, Alexandre Ciconello, explica que aunque Brasil ha aprobado una legislaci\u00f3n internacional que condena las “desapariciones forzadas”, es dif\u00edcil medir con precisi\u00f3n las dimensiones del problema en el pa\u00eds. De hecho, la naci\u00f3n se adhiere a dos definiciones: el Protocolo Internacional de Palermo sobre trata de personas y la definici\u00f3n en el C\u00f3digo Penal del pa\u00eds. Este protocolo est\u00e1 respaldado por la aplicaci\u00f3n de la ley brasile\u00f1a y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas de 2006 (Plano Nacional de Enfrentamento ao Tr\u00e1fico de Pessoas). Pero a\u00fan las desapariciones a menudo pasan desapercibidas. La interpretaci\u00f3n del sistema de justicia brasile\u00f1o aborda exclusivamente el hecho de facilitaci\u00f3n del transporte nacional e internacional de personas con fines de prostituci\u00f3n u otras formas de explotaci\u00f3n sexual, independientemente de la coacci\u00f3n.<\/p>\n
Amarildo de Souza, un afrobrasile\u00f1o de pelo grueso y rizado, bigote y ojos grandes, desapareci\u00f3 en 2013 en R\u00edo de Janeiro. Su ausencia repentina cambi\u00f3 las vidas de su esposa, Elizabeth Gomes da Silva, y sus seis hijos, que compart\u00edan una precaria vivienda en la favela de Rocinha.<\/p>\n
La comunidad siempre hab\u00eda considerado a De Souza como un trabajador sereno que manten\u00eda a su familia con su escaso salario como asistente de alba\u00f1il. Era el s\u00e9ptimo hijo de doce hijos de un pescador y una criada, un analfabeto que comenz\u00f3 a trabajar a los 12 a\u00f1os vendiendo limones.<\/p>\n
El 14 de julio de 2013, De Souza fue detenido por miembros de la Unidad de Polic\u00eda Pacificadora (UPP) en su favela de Rocinha natal, y nunca volvi\u00f3 a aparecer. Primero fue conducido a una de las estaciones de la UPP en los niveles inferiores de la favela, donde una c\u00e1mara registr\u00f3 su entrada a las 7 PM. Luego lo llevaron en un autom\u00f3vil de la Polic\u00eda Militar a la sede de la UPP en Rocinha. El comandante de la UPP, Edson Santos, afirm\u00f3 con firmeza que Amarildo fue interrogado durante unos minutos y se fue por su cuenta a pie, pero el asistente del alba\u00f1il nunca lleg\u00f3 a casa y el video policial es el \u00faltimo signo de \u00e9l.<\/p>\n
En octubre del mismo a\u00f1o, los investigadores de la Polic\u00eda Civil concluyeron que Amarildo fue torturado detr\u00e1s de los contenedores intermodales de la UPP. Testimonios jurados dijeron que estuvo sujeto a descargas el\u00e9ctricas, asfixiado con bolsas de pl\u00e1stico y sometido a ahogamientos por alrededor de 2 horas.<\/p>\n
Veinticinco oficiales de la Polic\u00eda Militar (MP) fueron acusados de tortura y asesinato. Entre ellos, el comandante Edson Santos, cuatro oficiales del MP activos en la tortura, y otros 12 que act\u00faan como observadores. Otras ocho personas dentro del \u00e1rea no hicieron nada para detener los ataques.<\/p>\n
Los oficiales que colaboraron con la investigaci\u00f3n dijeron que el comandante Santos estaba en uno de los contenedores donde se escuchaban los gritos y cuando Amarildo de Souza dej\u00f3 de gritar, un oficial de polic\u00eda fue al almac\u00e9n y regres\u00f3 con un pa\u00f1o negro usado para cubrir motocicletas. Los fiscales afirmaron que el cuerpo estaba envuelto en \u00e9l. Entre los 25 acusados, 16 se declararon culpables de ocultar un cuerpo. La Polic\u00eda Civil busc\u00f3 en el bosque el cuerpo de De Souza, pero no encontraron nada.<\/p>\n
La desaparici\u00f3n de Amarildo de Souza se desarroll\u00f3 al mismo tiempo que los manifestantes tomaban las calles brasile\u00f1as clamando por una mayor representaci\u00f3n pol\u00edtica. Daniel Cerqueira, economista e investigador del Instituto de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica Aplicada (IPEA), considera este hecho un suceso que despert\u00f3 a la sociedad, especialmente a la clase media, “que descubri\u00f3 la fuerza bruta y la falta de respeto a los derechos del ciudadan\u00eda perpetuada por polic\u00edas”. Tal comportamiento ya era parte de la vida cotidiana de los pobres, pero el caso de De Souza toc\u00f3 a la \u00e9lite. Se convirti\u00f3 en un catalizador del rechazo generalizado del modelo policial actual. “La cuesti\u00f3n de la desaparici\u00f3n, tortura, matanza y secuestro de ciudadanos por polic\u00edas corruptos no es un problema nuevo en Brasil, pero hasta cierto punto era invisible, ya que solo victimizaba a las clases m\u00e1s pobres en regiones muy alejadas de los l\u00edderes de opini\u00f3n”.<\/p>\n
Rute Fiuza, un ama de casa, comenz\u00f3 su b\u00fasqueda el 24 de octubre de 2014 cuando su hijo Davi, de 16 a\u00f1os, fue detenido por agentes del Escuadr\u00f3n T\u00e1ctico de Empleo Operativo (PETO) y de la Patrulla Especial (Rondesp) en el barrio de S\u00e3o Crist\u00f3v\u00e3o en Salvador, la capital del estado de Bah\u00eda.<\/p>\n
La desaparici\u00f3n de Davi encendi\u00f3 a la comunidad, y tanto vecinos preocupados como asistentes a la iglesia del \u00e1rea estaban decididos a recuperar con vida popular adolescente. M\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s, Fiuza todav\u00eda deambula por las calles en busca de su hijo, en una interminable ronda por estaciones de polic\u00eda, hospitales y sitios de sepulturas ilegales.<\/p>\n
Sobre el caso de Davi, La ONU solicit\u00f3 informaci\u00f3n al gobierno de Bah\u00eda en 2015 luego de recibir una notificaci\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional. Esto lanz\u00f3 una campa\u00f1a internacional urgente que monitorea el progreso en el caso.<\/p>\n
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias inform\u00f3 en febrero de 2015 que los polic\u00edas ataron los pies y las manos de Davi y cubrieron su cabeza con un pa\u00f1o. Luego lo metieron en un autom\u00f3vil no identificado. El informe tambi\u00e9n declara que dos meses antes del incidente, el adolescente fue agredido por uno de los agentes de la Patrulla Especial. Ciconello recuerda que en 2014 Amnist\u00eda mantuvo una reuni\u00f3n solicitada por familiares de v\u00edctimas de desapariciones forzadas perpetradas supuestamente por agentes del orden.<\/p>\n
La rutina de Rute ha cambiado completamente. Ella trabaja en un supermercado, necesita pastillas para dormir si pretende descansar por la noche y se esfuerza por pagar las sesiones de terapia. Sus cuatro hijas ayudan pero tambi\u00e9n est\u00e1n traumatizadas por la desaparici\u00f3n de su hermano. Elizabeth Gomes da Silva, viuda de Amarildo, aunque teme por la seguridad de su familia y la suya, contin\u00faa luchando por justicia.<\/p>\n
Sergio Cabral, ex gobernador de R\u00edo de Janeiro y ahora encarcelado por corrupci\u00f3n, nunca cumpli\u00f3 su promesa de “encontrar el paradero de Amarildo” o incluso de investigar el caso. En febrero de 2016, la jueza Daniella Alvarez del Foro Criminal de R\u00edo conden\u00f3 a 12 oficiales de la polic\u00eda militar por torturas y encubrimiento de un cuerpo. Todos los involucrados fueron expulsados de la Fuerza de Polic\u00eda Militar.<\/p>\n
La sentencia nombr\u00f3 al comandante Edson Raimundo dos Santos como responsable de electrocuci\u00f3n, sumersi\u00f3n y asfixia. Despu\u00e9s de la muerte de Amarildo en la estaci\u00f3n de polic\u00eda, el mayor Dos Santos dio instrucciones de ocultar el cuerpo. En julio de 2016, el Estado de R\u00edo de Janeiro recibi\u00f3 la orden de indemnizar y subsidiar a la familia de Amarildo. Actualmente el estado est\u00e1 apelando.<\/p>\n
Historias como las de Amarildo D\u00edas de Souza y Davi Fiuza son un sombr\u00edo recordatorio de la dictadura militar que gobern\u00f3 el pa\u00eds entre 1964 y 1984, cuando las personas regularmente eran reducidas y llevadas a los interrogatorios, sin que se vuelva a saber de ellos.<\/p>\n
“Creo que la visi\u00f3n militarista y b\u00e9lica, donde el objetivo no es la preservaci\u00f3n de los derechos ciudadanos sino la destrucci\u00f3n del otro, se infiltra incluso en la Polic\u00eda Civil y esto es un remanente de la dictadura”, afirma Cerquiera. “La opaca cultura del secreto y la falta de transparencia bloqueando la evaluaci\u00f3n y el control de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley es otro elemento. Y, por \u00faltimo, la banalizaci\u00f3n de la tortura como m\u00e9todo de trabajo que a\u00fan prevalece dentro y fuera de las c\u00e1rceles es un legado salvaje de los s\u00f3tanos de la dictadura”.<\/p>\n
Los \u201cAnos de Chumbo\u201d (1968-1974) encabezados por el general y presidente Em\u00edlio Garrastazu M\u00e9dici marcaron la historia brasile\u00f1a por su virulenta persecuci\u00f3n de la oposici\u00f3n. Muchos actos de violencia propagados por la dictadura est\u00e1n siendo cuestionados por la Comisi\u00f3n de la Verdad (Comiss\u00e3o da Verdade). En aquellos a\u00f1os, la desaparici\u00f3n forzada se convirti\u00f3 en una pol\u00edtica p\u00fablica del pa\u00eds.<\/p>\n
Gran parte de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en Brasil se refiere a los a\u00f1os de la dictadura. El grupo trabaja estrechamente con la Comisi\u00f3n de la Verdad, pero hasta ahora no han podido acceder a m\u00e1s informaci\u00f3n. Dulitzky cree que los casos que se destacaron son solo una peque\u00f1a fracci\u00f3n del problema, ya que muchas personas no informan por temor, por no saber c\u00f3mo hacerlo o por cuestiones socioecon\u00f3micas.<\/p>\n
El abogado argentino se\u00f1ala que la naci\u00f3n debe responsabilizar a quienes cometieron estos actos. El Grupo de Trabajo sigue los casos y analiza las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas brasile\u00f1as en anticipaci\u00f3n de una misi\u00f3n de investigaci\u00f3n para visitar el pa\u00eds y reunirse con las autoridades para presentar m\u00e1s propuestas.<\/p>\n
En una encuesta reciente Amnist\u00eda Internacional encontr\u00f3 que los barrios pobres y las favelas son los principales focos de violencia policial, incluido el uso de una fuerza letal desproporcionada. Estas \u00e1reas est\u00e1n compuestas principalmente por habitantes negros. Amnist\u00eda est\u00e1 estudiando si existe una correlaci\u00f3n entre el uso de la violencia letal contra los pobres y los afro-brasile\u00f1os y las desapariciones forzadas. Han encontrado algunos signos de la dictadura militar como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en Salvador, Bah\u00eda.<\/p>\n
La vida contin\u00faa. Sandra Moreno todav\u00eda est\u00e1 recogiendo firmas para ayudar a encontrar a Ana Paula. Ivanise Esperidi\u00e3o est\u00e1 pidiendo informaci\u00f3n sobre el paradero de Fabiana. Rute Fiuza cree que Davi est\u00e1 muerto y busca su cuerpo. El pa\u00eds sigue acompa\u00f1ando a la familia del alba\u00f1il en el interrogante de qu\u00e9 pas\u00f3 con Amarildo. Su rostro se ha convertido en el rostro de los cientos de personas desaparecidas en Brasil.<\/p>\n
Traducci\u00f3n para el Programa de las Am\u00e9ricas: Viviana Vitulich<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Amnist\u00eda est\u00e1 estudiando si existe una correlaci\u00f3n entre el uso de la violencia letal contra los pobres y los afro-brasile\u00f1os y las desapariciones forzadas. Han encontrado algunos signos de la dictadura militar como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29954,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4916],"tags":[5031],"coauthors":[5129],"class_list":["post-32505","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derechos-humanos","tag-south-america"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32505"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32506,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32505\/revisions\/32506"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32505"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=32505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}