![\"\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/lider_social_0-e1529690625888.jpg\")
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El d\u00eda 29 de diciembre de 2017 comenz\u00f3 como la mayor\u00eda de los d\u00edas en San Josecito, lugar donde se encuentra el asentamiento central de la Comunidad de Paz de San Jos\u00e9 de<\/em>Apartad\u00f3<\/em>, en Urab\u00e1, Colombia. Los miembros de la comunidad alimentaban su ganado, atend\u00edan sus cultivos o ayudaban a clasificar y vender el cacao en su tienda comunitaria, cuando lleg\u00f3 un hombre presuntamente a vender cacao. Unos minutos m\u00e1s tarde se sumaron cuatro hombres m\u00e1s, y los miembros de la comunidad reconocieron a algunos de ellos como parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas\u00a0de\u00a0Colombia (AGC), un grupo armado ilegal con creciente poder en la zona.<\/p>\n Esa ma\u00f1ana, de repente los hombres sacaron sus armas intentando asesinar a Germ\u00e1n Graciano Posso, el l\u00edder de la Comunidad de Paz<\/em>. Los miembros del grupo redujeron a dos de los criminales, por suerte desarmando y deteniendo a los hombres y salvando la vida de su l\u00edder. Los entregaron a la Unidad de Investigaciones de la Fiscal\u00eda General, pero fueron liberados poco despu\u00e9s. A pesar de la cantidad de testigos, el juez aleg\u00f3 que la necesidad de liberar a los hombres se deb\u00eda a que la Comunidad de Paz no present\u00f3 testimonios oficiales. Esto efectivamente era real, dada su ruptura con el sistema de justicia colombiano tras la alarmante tasa de impunidad que han sufrido. Tan s\u00f3lo cuatro d\u00edas despu\u00e9s, y con la comunidad todav\u00eda afectada por el ataque, el gobernador Luis P\u00e9rez de Antioquia lo desestim\u00f3 debido a ser un hecho efectuado por “solo un par de ni\u00f1os”, llegando incluso a afirmar que la comunidad estaba exagerando.<\/p>\n Viv\u00ed en San Jos\u00e9 de Apartad\u00f3 durante todo el 2017 como acompa\u00f1ante internacional de derechos humanos en la Fellowship of Reconciliation Peace Presence (comunidad por la reconciliaci\u00f3n de paz). Ubicada cerca de la frontera con Panam\u00e1 y de la costa del Caribe, la Comunidad de Paz se encuentra en el coraz\u00f3n de un valle que es famoso por su suelo f\u00e9rtil y reservas de petr\u00f3leo, carb\u00f3n y otros minerales preciosos.<\/p>\n Urab\u00e1 sufri\u00f3 d\u00e9cadas de derramamiento de sangre durante el conflicto armado de Colombia. Como basti\u00f3n de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante muchos a\u00f1os las fuerzas armadas colombianas y los grupos paramilitares se enfrentaron con la guerrilla y aterrorizaron a la poblaci\u00f3n civil en una constante violaci\u00f3n de sus derechos de acuerdo al derecho internacional humanitario. Cuando las FARC ingresaron al proceso de desmovilizaci\u00f3n y abandonaron esta regi\u00f3n rural, fuimos testigos de c\u00f3mo AGC gan\u00f3 control territorial e influencia social. Las amenazas contra los miembros de la Comunidad de Paz se incrementaron, yendo desde quejas generales sobre su presencia hasta a amenazas de muerte dirigidas a los l\u00edderes, espec\u00edficamente hacia Germ\u00e1n Graciano Posso y Gildardo Turberquia, que finalmente tuvieron la intenci\u00f3n de concretarse en el ataque del 29 de diciembre.<\/p>\n A principios de 2017, comenzamos a ver grupos con marcado comportamiento militar patrullando el \u00e1rea. Vest\u00edan trajes camuflajeados con insignias de AGC y portaban armas de gran potencia. Tambi\u00e9n les vimos hablar abiertamente de su objetivo de someter toda la regi\u00f3n a su control. Procuraron supervisar los consejos comunitarios locales y potencializar el desarrollo en la zona, en particular para construir carreteras que -la comunidad teme- podr\u00edan utilizarse para abrir la zona a la miner\u00eda en gran escala. Luego fuimos testigos de un cambio hacia t\u00e1cticas m\u00e1s clandestinas: algunos de los mismos miembros de AGC que hab\u00edan sido vistos con trajes camufajeados, ahora caminaban vestidos de civil, yendo a las casas de las personas que se resist\u00edan a su control, y amenaz\u00e1ndolos individualmente. Especialmente a los civiles que lideraban los consejos de la comunidad, a quienes se negaran a cultivar coca, que denunciaran la presencia del grupo o bien se alinearan con la Comunidad de Paz, que la AGC con frecuencia amenazaba con destruir. La Comunidad de Paz emiti\u00f3 varios comunicados p\u00fablicos sobre esta amenaza, y la oficina gubernamental de Defensor\u00eda del Pueblo en Derechos Humanos tambi\u00e9n envi\u00f3 un informe p\u00fablico sobre el creciente control social y econ\u00f3mico de las AGC en la zona.<\/p>\n En el informe, la Defensor\u00eda identific\u00f3 a los l\u00edderes Germ\u00e1n Graciano Posso y Gildardo Tuberquia como blancos particulares del AGC. Solo una semana antes de que ocurriera el ataque, la Comunidad de Paz envi\u00f3 un comunicado en el que detallaba que el AGC hab\u00eda amenazado con matar al Sr. Graciano y hacer que pareciera un robo. Esto es exactamente lo que pretendieron hacer el 29 de diciembre. Aunque hubo indignaci\u00f3n a nivel nacional -con muchos art\u00edculos, entrevistas de televisi\u00f3n y radio, y cartas al gobierno sobre el ataque al Sr. Graciano- el silencio a nivel local encubri\u00f3 la amenaza que se estaba efectuando por los sicarios del AGC. La Comunidad de Paz contin\u00faa emitiendo comunicados sobre miembros de AGC que se mueven libremente en la v\u00eda p\u00fablica rondando su asentamiento y en las \u00e1reas rurales circundantes, pero la respuesta militar y policial ha sido m\u00ednima. Las patrullas son espor\u00e1dicas y se han hecho pocos intentos para desmembrar la organizaci\u00f3n paramilitar, dejando a los 200 miembros de la Comunidad de Paz expuestos a nuevos ataques.<\/p>\n Defensores de los derechos humanos en la mira<\/strong><\/p>\n La focalizaci\u00f3n sist\u00e9mica en los l\u00edderes comunitarios se ha convertido r\u00e1pidamente en un sello distintivo del per\u00edodo desde que se efectu\u00f3 la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano a fines de 2016. Seg\u00fan las Naciones Unidas, m\u00e1s de 100 l\u00edderes comunitarios fueron asesinados en 2017. La evidencia sugiere que son atacados espec\u00edficamente por su trabajo en derechos humanos. Una parte clave del acuerdo de paz fue la restituci\u00f3n de tierras, y muchos expertos han insistido reiteradamente en la importancia de abordar la distribuci\u00f3n desigual de la tierra para poder forjar una paz permanente. Sin embargo, muchas de las personas atacadas han sido demandantes de tierras y activistas comunitarios que bregan por la obtenci\u00f3n de los t\u00edtulos legales de sus propiedades, a menudo en regiones que tienen grandes franjas de territorio carecientes de registros oficiales de propietarios. Sin protecci\u00f3n para los l\u00edderes sociales y los reclamantes de tierras, no puede haber una paz prolongada en Colombia.<\/p>\n Si bien es dif\u00edcil determinar qui\u00e9n es responsable por estos asesinatos, la investigaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Paz y Reconciliaci\u00f3n muestra que est\u00e1n ocurriendo en regiones hist\u00f3ricamente violentas donde el retorno de las FARC a la vida civil dej\u00f3 un vac\u00edo de poder que el gobierno colombiano no ha sabido llenar. Grupos paramilitares ilegales, como las AGC, surgido de la desmovilizaci\u00f3n fallida de las Fuerzas Unidas de Autodefensa Colombia (AUC) en 2006, han intervenido para asumir el control social, la ocupaci\u00f3n territorial y la explotaci\u00f3n de los recursos naturales. Hemos sido testigos de esto en San Jos\u00e9 de Apartad\u00f3. En este momento pol\u00edtico tenso, mientras Colombia se prepara para votar por un nuevo presidente, las comunidades que han sido m\u00e1s afectadas por las cambiantes din\u00e1micas de poder posteriores a los acuerdos de paz, est\u00e1n incluso en mayor riesgo de violencia.<\/p>\n La responsabilidad del Estado<\/strong><\/p>\n El cambio de AGC a operaciones m\u00e1s clandestinas hace que sea a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil para el observador casual rastrear las conexiones, pero eso no es excusa para que el gobierno colombiano niegue su presencia. En lugar de desarrollar estrategias para combatir la nueva din\u00e1mica imperante en el per\u00edodo siguiente a los acuerdos de paz, muchos funcionarios gubernamentales contin\u00faan desestimando la naturaleza sist\u00e9mica de los homicidios. En diciembre de 2017, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, afirm\u00f3 que en los casos de asesinatos de l\u00edderes sociales que no hubieran sido cometidos por grupos guerrilleros, “la inmensa mayor\u00eda ha sido fruto de asuntos sobre l\u00edmites, sobre faldas, sobre la reivindicaci\u00f3n, sobre peleas por rentas ilegales.\u201d Esta sugerencia, de que s\u00f3lo se tratara de disputas entre vecinos, es inaceptable y debe ser desafiada por la comunidad internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos denunci\u00f3 los comentarios del Ministro como trivializadores de los ataques y afirm\u00f3 que sus palabras cuestionan la capacidad del ej\u00e9rcito para cumplir con la responsabilidad de garantizar la seguridad a los defensores de los derechos humanos.<\/p>\n El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar a los miembros de grupos armados como las AGC por el asesinato de l\u00edderes comunitarios y otras actividades ilegales. Debe reforzar inmediatamente la seguridad p\u00fablica para desmantelar efectivamente los grupos armados ilegales. Los gobiernos extranjeros que apoyan los acuerdos de paz deben presionarlos para que lo hagan. La Uni\u00f3n Europea emiti\u00f3 recientemente una fuerte declaraci\u00f3n llamando p\u00fablicamente al gobierno colombiano a proteger a la Comunidad de Paz e investigar a fondo el intento de asesinato del 29 de diciembre. El gobierno de Estados Unidos deber\u00eda hacer declaraciones p\u00fablicas similares en apoyo a los defensores de los derechos humanos. Hasta que estos l\u00edderes est\u00e9n protegidos y los grupos ilegales controlados, este nuevo per\u00edodo en Colombia puede llamarse en el mejor de los casos, una paz ensombrecida.<\/p>\n Traducido por Viviana Vitulich<\/em><\/p>\n Foto de\u00a0PBI-Colombia<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sin protecci\u00f3n para los l\u00edderes comunitarios y los defensores de derechos humanos no puede construirse una paz sostenible en Colombia. 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