{"id":5049,"date":"2011-07-05T21:29:08","date_gmt":"2011-07-06T02:29:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=5049"},"modified":"2011-07-05T21:29:08","modified_gmt":"2011-07-06T02:29:08","slug":"encuentro-por-el-agua-y-la-pachamama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/encuentro-por-el-agua-y-la-pachamama\/","title":{"rendered":"Encuentro por el Agua y la Pachamama"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>“Este encuentro surge por la necesidad de articular las luchas aisladas de diferentes partes del continente que sufrimos las mismas consecuencias”, dijo Carlos P\u00e9rez Guartambel, abogado quichua, dirigente de los sistemas de agua y coordinador del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, celebrado entre el 21 y el 23 de junio.<\/strong><\/p>\n

“El mismo discurso de las multinacionales de una miner\u00eda sustentable y responsable, lo repiten Rafael Correa en Ecuador, Juan Manuel Santos en Colombia, Alan Garc\u00eda en Per\u00fa. Ni Ch\u00e1vez se salva. Frente a eso vemos la debilidad de luchas aisladas”, agrega P\u00e9rez. El encuentro fue convocado por los principales movimientos del pa\u00eds: los sistemas comunitarios del Azuay, la Ecuarunari, la Conaie, la comisi\u00f3n ecum\u00e9nica de derechos humanos y Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica, entre otros[1]<\/a>.<\/p>\n

En el encuentro participaron unas dos mil personas de 15 pa\u00edses del continente americano que debatieron en torno a tres ejes: el Buen Vivir o Sumak Kawsay<\/em>, el extractivismo y la mercantilizaci\u00f3n de la naturaleza, los medios de comunicaci\u00f3n y la cultura. En varias actividades alojadas en el campamento juvenil, combinaron talleres y debates con videos y m\u00fasica.<\/p>\n

El agua estuvo en el centro de la convocatoria; las comunidades tienen una relaci\u00f3n \u00edntima con ella, “sobre todo las mujeres ind\u00edgenas que son la clave de esta resistencia”, asegura P\u00e9rez. En el sur de Ecuador, las empresas trasnacionales de la miner\u00eda han comprado pol\u00edticos, periodistas y gobiernos locales, pero a\u00fan no pudieron doblegar a una parte de los campesinos que no viven de la tierra sino “con la tierra”, como dicen los quichuas.<\/p>\n

Miner\u00eda es igual a impunidad<\/strong><\/p>\n

En la inauguraci\u00f3n del Encuentro, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y actual opositor al gobierno de Correa, dijo que “el socialismo del siglo XXI se parece al extractivismo del siglo XXI”, en relaci\u00f3n a las experiencias de gobiernos progresistas en el continente. Aunque reconoce avances en algunos sentidos en relaci\u00f3n al neoliberalismo, se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan con una Constituci\u00f3n de avanzada como la de Ecuador no se ha cambiado la matriz econ\u00f3mica y de pensamiento.<\/p>\n

“La Constituci\u00f3n debe ser entendida como una caja de herramientas”, dice Acosta en el sentido de que la letra legal nada vale si no consigue hacerse carne en los movimientos. “La miner\u00eda a gran escala en nuestro pa\u00eds ser\u00e1 la continuaci\u00f3n de la colonizaci\u00f3n y la conquista de hace m\u00e1s de 500 a\u00f1os”.<\/p>\n

Luis Macas, fundador y ex dirigente de la Conaie, insisti\u00f3 en que “vivimos una crisis civilizatoria, en la cual no se puede aislar un tema porque para nosotros lo importante es la integralidad”. Asegur\u00f3 que estamos viviendo una ruptura “porque hasta ahora se cre\u00eda que este modelo es irremplazable, pero vemos el resurgir de las propuestas comunitarias como el Sumak Kawsay”. En su opini\u00f3n los movimientos no pueden limitarse a la protesta sin enarbolar propuestas alternativas al modo de vida occidental.<\/p>\n

Una de las mesas m\u00e1s concurridas fue la de miner\u00eda, en que la que participaron Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre la Miner\u00eda, y William Sacher, coautor del libro “Noire Canada”. Explicaron en detalle las razones por las cuales su pa\u00eds se ha convertido en el para\u00edso de las inversiones mineras.<\/p>\n

El 75% de las empresas mineras del mundo son canadienses, lo que convierte al pa\u00eds en la principal potencia minera del planeta. Las razones son varias: Canad\u00e1 es un para\u00edso judicial con leyes muy permisivas que favorecen la especulaci\u00f3n con t\u00edtulos mineros, ventajas fiscales y subvenciones estatales; una red diplom\u00e1tica poderosa y extensa que apoya a esas empresas y presiona a los gobiernos locales; una amplia experiencia en criminalizar a los actores cr\u00edticos en todo el mundo.<\/p>\n

Esto se resume, para los autores, en una frase: “impunidad de hecho”, porque no hay ning\u00fan tribunal canadiense que condene a las empresas mineras de modo que el pa\u00eds es un verdadero “para\u00edso judicial”. El potencial econ\u00f3mico de Canad\u00e1 se debe a la miner\u00eda, es el primer productor mundial de uranio, pero hay diez mil minas abandonadas y m\u00e1s de 600 pueblos ind\u00edgenas sufrieron despojo. Hay 500 grandes mineras canadienses operando en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

Las empresas canadienses tienen el 40% de las concesiones mineras en Ecuador y manejan tres de los cinco proyectos estrat\u00e9gicos, siendo los otros dos de China. Pero lo importante es comprender que cuando un pa\u00eds ingresa en la miner\u00eda est\u00e1 llevando a su tierra un complejo no s\u00f3lo econ\u00f3mico sin tambi\u00e9n militar-policial y pol\u00edtico, ya que se trata de un modo de extraer los recursos naturales que supone despejar a la poblaci\u00f3n civil, instalar modos de control autoritarios y, de hecho, militarizar regiones enteras.<\/p>\n

En Colombia, un delegado al Encuentro se\u00f1al\u00f3 que un 20% de la superficie del pa\u00eds est\u00e1 concedida a la megaminer\u00eda. En Ecuador, seg\u00fan miembros de organizaciones campesinas el 60% de la provincia de Bol\u00edvar est\u00e1 en manos de esas empresas. En esos espacios, amplios y alejados de las grandes ciudades, rigen leyes internacionales, no las nacionales, y est\u00e1n vigiladas por guardias privados de las empresas. Son peque\u00f1os estados dentro del Estado.<\/p>\n

Por eso, varios dirigentes ind\u00edgenas hablaron de colonialismo. En su opini\u00f3n, los nuevos emprendimientos mineros, petroleros y de monocultivos (soya, palma, ca\u00f1a de az\u00facar), representan una forma nueva de colonialismo ya que imponen una l\u00f3gica externa y vertical sobre la naturaleza y las poblaciones para apropiarse de los bienes comunes.<\/p>\n

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La protesta como delito<\/strong><\/p>\n

Uno de los temas centrales que abord\u00f3 el Encuentro fue el de la criminalizaci\u00f3n de la protesta. En Ecuador hay 189 personas sometidas a juicio por manifestarse contra la miner\u00eda y otros emprendimientos. Para los ind\u00edgenas, se trata de defender sus territorios de la invasi\u00f3n que realizan las grandes empresas, y de defender recursos como el agua que es vital para la reproducci\u00f3n de las comunidades. Sin agua no pueden sembrar ni alimentarse y criar sus animales.<\/p>\n

Muchos de los encauzados han sido acusados de sabotaje y terrorismo por el hecho de cortar rutas, como viene haciendo el movimiento ind\u00edgena desde hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas en Ecuador. Las acusaciones son tan poco cre\u00edbles que en varios juicios se debi\u00f3 modificar el delito a causas m\u00e1s sencillas como “obstaculizaci\u00f3n de v\u00edas p\u00fablicas”. Es lo que le sucedi\u00f3 al coordinador del Encuentro, Carlos P\u00e9rez.<\/p>\n

El 4 de mayo de 2010 cientos de vecinos del pueblo Victoria del Portete cortaron la carretera en protesta por la Ley de Aguas. La manifestaci\u00f3n fue pac\u00edfica, pero la Fiscal\u00eda XI de lo Penal decidi\u00f3 enjuiciar a tres dirigentes por sabotaje. Se trata del presidente de la junta parroquial, un dirigente de los sistemas de agua y un campesino. La Fiscal\u00eda decidi\u00f3 prisi\u00f3n preventiva pero la Corte Provincial de Azuay dijo que no se trata de sabotaje y los dej\u00f3 en libertad. Pero el juicio sigue.<\/p>\n

El presidente de la Federaci\u00f3n Shuar, Pepe Acacho, fue procesado junto a otros dirigentes amaz\u00f3nicos por un paro realizado en 2009 en el que se produjo la muerte de un manifestante shuar por la cual el gobierno culpa a los ind\u00edgenas. En febrero pasado fue capturado junto a otros l\u00edderes shuar y trasladado sin orden judicial a trav\u00e9s de un operativo que incluy\u00f3 helic\u00f3pteros y un amplio despliegue militar, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno por demandas contra las empresas petroleras en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica.<\/p>\n

Estuvieron siete d\u00edas en prisi\u00f3n acusados de sabotaje y terrorismo, fueron puestos en libertad pero no pueden abandonar el pa\u00eds y tienen la obligaci\u00f3n de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago. “Estamos convencidos de que no importan los juicios y las c\u00e1rceles sino la libertad de la poblaci\u00f3n y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.<\/p>\n

El Tribunal \u00c9tico del Encuentro revis\u00f3 trece casos, escuch\u00f3 a los acusados y al Defensor del Pueblo, Fernando Guti\u00e9rrez Vera, quien dijo que “criminalizar es atribuir a la protesta un car\u00e1cter criminal”. Denunci\u00f3 al gobierno de “utilizar al podrido sistema de justicia para criminalizar a los movimientos” y se pregunt\u00f3 si hay una pol\u00edtica sistem\u00e1tica del Estado destinada a enjuiciar la protesta social.<\/p>\n

En ese sentido, el Tribunal \u00c9tico consider\u00f3 que existe un patr\u00f3n que consiste en utilizar “herramientas jur\u00eddicas y polic\u00edacas para inhabilitar la resistencia, a pesar de que est\u00e1 consagrada en la Constituci\u00f3n”. En efecto, el art\u00edculo 98 de la Constituci\u00f3n aprobada en 2008 dice: “Los individuos y colectivos podr\u00e1n ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder p\u00fablico o de las personas naturales o jur\u00eddicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos”.<\/p>\n

No es el \u00fanico caso constatado en que las decisiones del Estado vulneran los derechos. Varios de los encauzados aseguraron que no se les aplic\u00f3 la amnist\u00eda otorgada en 2008 por la Asamblea Constituyente. En ese sentido el Tribunal dijo que “el mantenimiento de los antecedentes penales de las personas es una forma de desestimular e intimidar la organizaci\u00f3n y la acci\u00f3n colectiva, y de desmoralizar a las comunidades”.<\/p>\n

Una segunda caracter\u00edstica de la criminalizaci\u00f3n de la protesta, que va en el mismo sentido, consiste en focalizar los juicios contra los dirigentes que ven como se les acumulan causas penales. El castigo a los dirigentes busca disuadir a los activistas y afiliados de base a continuar en la organizaci\u00f3n social y tiende a aislar a quienes se mantienen firmes en la resistencia al modelo extractivo.<\/p>\n

La tercera cuesti\u00f3n se relaciona con el hecho de que las autoridades suelen atribuir las protestas a la intervenci\u00f3n de “agentes externos”, que ser\u00edan los que inducen a las comunidades a movilizarse y protestar. Se trata de una concepci\u00f3n del mundo cargada de prejuicios, ya que supone que las comunidades ind\u00edgenas, campesinas y urbanas con incapaces de moverse por s\u00ed solas sin la intervenci\u00f3n de agitadores. En este sentido se reproducen algunos patrones propios de la “doctrina de seguridad nacional” de la d\u00e9cada de 1960 que atribu\u00eda todos los problemas a los agitadores for\u00e1neos.<\/p>\n

Finalmente, el Tribunal \u00c9tico constat\u00f3 en base a la consulta con especialistas que el C\u00f3digo Penal reformado en 2006 va en contra de la Constituci\u00f3n, sobre todo en lo relativo al derecho a\u00a0 la resistencia. En resumen: “Con el cuerpo militar instruido para intimidar amparado en la fuerza, se pretende acallar o impedir la protesta, intimidar a los dirigentes sociales y desgarrar el tejido social que permite la protesta y sobre el que se asientan los movimientos sociales”[2]<\/a>.<\/p>\n

\u00c9tica de la resistencia<\/strong><\/p>\n

Llama la atenci\u00f3n que un pa\u00eds que cuenta con la Constituci\u00f3n m\u00e1s avanzada del mundo en materia ambiental, proteja y fomente la actividad minera y petrolera. El art\u00edculo 71 establece que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneraci\u00f3n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y agrega que toda persona o comunidad podr\u00e1 exigir a las autoridades que se cumplan esos derechos.<\/p>\n

Por eso el Defensor del Pueblo dijo que “la pr\u00f3xima batalla es por leyes inspiradas en el esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n”. Esa batalla es hoy posible porque en los \u00faltimos meses los pueblos ind\u00edgenas y los movimientos sociales vienen fortaleci\u00e9ndose. Parte de ese proceso es el nuevo Consejo de Gobierno de la Conaie, dirigido por Humberto Cholango, quien asumi\u00f3 el pasado 18 de mayo. La unidad del movimiento y su recambio generacional prometen que ser\u00e1 un actor cada m\u00e1s importante.<\/p>\n

El crecimiento de la fuerza del movimiento social va en paralelo al deterioro del gobierno de Correa que no pudo superar el 50% de los votos en la consulta del pasado 7 de mayo. Aunque las preguntas formuladas por el Ejecutivo triunfaron por escaso margen, en las provincias donde la Conaie tiene mayor arraigo el gobierno fue derrotado.<\/p>\n

La activista de Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica, Esperanza Mart\u00ednez, hizo \u00e9nfasis en dejar de ver los casos de violaciones vinculados a la miner\u00eda, el petr\u00f3leo y los monocultivos como casos aislados para poder visualizarlos como un complejo \u00fanico, econ\u00f3mico, pol\u00edtico, judicial y militar. Para enfrentarlo debemos “apegarnos a los principios de la no violencia activa” sobre la que debe apoyarse la \u00e9tica de la resistencia.<\/p>\n

El Encuentro permiti\u00f3 profundizar en la comprensi\u00f3n del modelo extractivo y cuestionarlo desde un an\u00e1lisis m\u00e1s integral que no s\u00f3lo incluye la cuesti\u00f3n ambiental. En la Declaraci\u00f3n final puede leerse que el extractivismo “arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza” y que “profundiza el modelo patriarcal capitalista (…) somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participaci\u00f3n en la toma de decisiones sobre proyectos o pol\u00edticas, genera violencia, femicidios y violaciones”[3]<\/a>.<\/p>\n

Blanca Chancoso, veterana dirigente quichua de la Conaie, intervino ante el Tribunal \u00c9tico luego de hacer una ofrenda al agua o Yakumama<\/em>. Habl\u00f3 sobre el Sumak Kawsay<\/em>, diciendo que esos t\u00e9rminos pueden ser corrompidos o folclorizados, y ante eso el movimiento ind\u00edgena debe profundizar su sentido. “El Sumak Kawsay<\/em> es nuestra utop\u00eda, que pasa por entrar en lo comunitario, en lo que qued\u00f3 truncado en nuestra historia, en retomar los sue\u00f1os”.<\/p>\n

En estrecha sinton\u00eda con la cultura de su pueblo, se\u00f1al\u00f3 que el Sumak Kawsay<\/em> “hay que sentirlo”, que no debe ser congelado en un programa para ser ofrecido al mercado de la pol\u00edtica electoral o partidaria. Finaliz\u00f3 llamando a resistir a la miner\u00eda con una frase que reson\u00f3 entre todos los participantes: “No le tenemos miedo a este gobierno”.<\/p>\n

Ra\u00fal Zibechi es analista internacional del semanario <\/em>Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de Am\u00e9rica Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Am\u00e9ricas (<\/em>www.americas.org\/es<\/em><\/a>).<\/em><\/p>\n

Recursos<\/strong><\/p>\n

CONAIE (Confederaci\u00f3n de Nacionalidad Ind\u00edgenas del Ecuador): www.conaie.org<\/a><\/p>\n

Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama: www.aguaypachamama.org<\/a><\/p>\n

Entrevista a Carlos P\u00e9rez Guartambel, Cuenca, 21 de junio de 2011.<\/p>\n

Intervenciones de Alberto Acosta, Humberto Cholango, Pepe Acacho y Delf\u00edn Tenesaca ante el Tribunal \u00c9tico, 21 de junio de 2011.<\/p>\n

Veredicto del Tribunal \u00c9tico ante la Criminalizaci\u00f3n de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.<\/p>\n

[1]<\/a> Se trata de organizaciones ind\u00edgenas y ecologistas. Sobre los sistemas comunitario de agua del Azuay puede consultarse, Ra\u00fal Zibechi, “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, en https:\/\/www.americas.org\/es\/archives\/1888<\/a><\/p>\n

[2]<\/a> Veredicto del Tribunal \u00c9tico ante la Criminalizaci\u00f3n de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.<\/p>\n

[3]<\/a> “Declaraci\u00f3n del Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama” en www.conaie.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Casi dos mil activistas cuestionaron el modelo extractivo durante tres d\u00edas en la ciudad de Cuenca, Ecuador. En el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, debatieron los problemas que genera y las posibles alternativas. Un Tribunal \u00c9tico conden\u00f3 la criminalizaci\u00f3n de la protesta social y la militarizaci\u00f3n, que son inseparables del modelo.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4912,4915],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-5049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-movimientos-sociales","category-tierra"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5049"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}