{"id":5168,"date":"2011-07-24T20:40:58","date_gmt":"2011-07-25T01:40:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=5168"},"modified":"2011-07-24T20:47:19","modified_gmt":"2011-07-25T01:47:19","slug":"costa-rica-atacada-desde-dentro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/costa-rica-atacada-desde-dentro\/","title":{"rendered":"Costa Rica atacada desde dentro"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El pasado 28 de abril de 2011, un juzgado costarricense anul\u00f3 un decreto presidencial emitido por el anterior presidente \u00d3scar Arias, que otorgaba a los jefes de polic\u00eda el poder de autorizar y utilizar armas de guerra. El fallo representa una victoria, pero las medidas que socavan el compromiso hist\u00f3rico del pa\u00eds con la paz y el Estado de Derecho contin\u00faan siendo una tendencia preocupante.<\/strong><\/p>\n

En noviembre de 2008, el entonces presidente \u00d3scar Arias concedi\u00f3 a los jefes de unidades policiales la facultad de autorizar el uso de armamento militar cada vez que lo considerasen necesario. Esto ha permitido a la Polic\u00eda emplear fusiles AK-47, subfusiles Uzi y Mini Uzi y otro tipo de material b\u00e9lico para practicar detenciones por delitos comunes.<\/p>\n

El uso de estas armas por parte de las fuerzas policiales fue prohibido por ley, salvo en los casos de estado de emergencia, estado de sitio, conmoci\u00f3n interna o invasi\u00f3n, que deber\u00e1n ser declarados por el Presidente mediante un decreto de emergencia. Incluso en estas circunstancias tan excepcionales, solamente el Presidente puede autorizar el uso de dicho material b\u00e9lico.<\/p>\n

El decreto de Arias, sin embargo, excedi\u00f3 la potestad reglamentaria conferida por la Constituci\u00f3n y la ley para armar a la Polic\u00eda con armas de asalto. A pesar de reconocer la necesidad de dotar a las brigadas policiales de un equipamiento adecuado y de un mejor entrenamiento, el juzgado concluy\u00f3 que era ilegal emplear un instrumento como el decreto de emergencia en la lucha contra los delitos comunes. El juzgado mencion\u00f3 la necesidad de reformas estructurales y legales para mejorar la situaci\u00f3n, e hizo notar que dichas reformas debieron haber sido reivindicadas durante la Administraci\u00f3n Arias, antes de adoptar la medida extrema que supone la publicaci\u00f3n de un decreto presidencial.<\/p>\n

El decreto forma parte de una serie de acciones que han amenazado la paz en Costa Rica desde que el pa\u00eds tom\u00f3 la audaz decisi\u00f3n de abolir su ej\u00e9rcito. En el a\u00f1o 2006, el presidente Arias dict\u00f3 un nuevo decreto autorizando la extracci\u00f3n de torio y uranio, la fabricaci\u00f3n de reactores nucleares, incluidos aquellos con fines b\u00e9licos, y la producci\u00f3n de combustible nuclear.<\/p>\n

Yo interpuse un recurso de apelaci\u00f3n contra este decreto ante la Corte Suprema. El Supremo declar\u00f3 inconstitucional el decreto en una sentencia hist\u00f3rica, la cual dictaminaba que estas actividades son contrarias al derecho a la paz y a un medio ambiente sano. En su resoluci\u00f3n, la Corte estableci\u00f3 la prohibici\u00f3n de que el pa\u00eds se involucre en cualquier actividad que implique art\u00edculos susceptibles de ser empleados en una guerra, con la excepci\u00f3n constitucional de las ya mencionadas situaciones de estado de emergencia, estado de sitio o invasi\u00f3n.<\/p>\n

Desde su campa\u00f1a presidencial en el a\u00f1o 2005 y hasta su aprobaci\u00f3n en 2007, \u00d3scar Arias tambi\u00e9n impuls\u00f3 activamente la incorporaci\u00f3n de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio entre Centroam\u00e9rica y los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en ingl\u00e9s). Entre las numerosas cl\u00e1usulas del acuerdo, un anexo espec\u00edficamente referido a Costa Rica permite el comercio de pr\u00e1cticamente todos los tipos de material de guerra, armas y munici\u00f3n. Todo ello a pesar del hecho de que el pa\u00eds est\u00e1 en paz, y con el silencio c\u00f3mplice de su Presidente, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987. La cl\u00e1usula sobre las armas que aparece en el Tratado de Libre Comercio fue elevada a la Corte Suprema, claramente pro-CAFTA, la cual desestim\u00f3 el caso y la envi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, donde actualmente est\u00e1 siendo estudiada.<\/p>\n

El decreto Arias revocado por el reciente fallo judicial autorizaba a los oficiales de polic\u00eda a usar armas de guerra, lo que significa que mientras estuvo vigente muchos recibieron entrenamiento en la utilizaci\u00f3n de equipamiento militar.<\/p>\n

Adem\u00e1s, durante el segundo mandato de Arias, los oficiales de polic\u00eda costarricenses fueron enviados de nuevo al Instituto del Hemisferio Occidental para Cooperaci\u00f3n en Seguridad, situado en Fort Benning, Georgia (WHINSEC, por sus siglas en ingl\u00e9s), tambi\u00e9n conocido como la Escuela de las Am\u00e9ricas. Al menos once dictadores latinoamericanos se capacitaron en ella desde su apertura en 1948.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 clase de pa\u00eds democr\u00e1tico y pac\u00edfico env\u00eda a su Polic\u00eda a recibir formaci\u00f3n militar en semejantes escuelas?<\/p>\n

La sentencia judicial que anula el decreto Arias sin duda representa una victoria. Pero los esfuerzos para avanzar en la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds contin\u00faan. En Costa Rica, la paz est\u00e1 siendo atacada desde dentro.<\/p>\n

Luis Roberto Zamora Bola\u00f1os es abogado litigante en Heredia, Costa Rica. Paralelamente a su trabajo como abogado, Zamora presta asistencia jur\u00eddica gratuita en temas relacionados con la paz. Participa como experto en el derecho a la paz y desarme nuclear en distintos foros internacionales y es un colaborador habitual de<\/em> CIP Americas Program <\/em>www.americas.org<\/a><\/em><\/p>\n

Traducido por Sara Plaza<\/em><\/p>\n

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El pasado 28 de abril de 2011, un juzgado costarricense anul\u00f3 un decreto presidencial emitido por el anterior presidente \u00d3scar Arias, que otorgaba a los jefes de polic\u00eda el poder de autorizar y utilizar armas de guerra. El fallo representa una victoria, pero las medidas que socavan el compromiso hist\u00f3rico del pa\u00eds con la paz y el Estado de Derecho contin\u00faan siendo una tendencia preocupante.<\/p>\n","protected":false},"author":276,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4884,4916,4912],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-5168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-democracia","category-derechos-humanos","category-movimientos-sociales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/276"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5168"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}