![\"\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/images.jpg\" "\\"images\\"")
<\/a><\/em><\/strong><\/p>\nA fines de setiembre comienzan las obras para construir el World Trade Center de Asunci\u00f3n. El primer paso es demoler casas antiguas y excavar el terreno. “Con cada ladrillo, ventana, puerta, que sacaremos de ah\u00ed nos comprometimos a construir un centro educativo en el Ba\u00f1ado Norte”, explic\u00f3 el director de la empresa Capitalis que dirige el proyecto[1]<\/a>.<\/p>\n “Polic\u00eda realizar\u00e1 jornada de socializaci\u00f3n en el Ba\u00f1ado Sur”, titula el diario ABC<\/em>, explicando que los uniformados brindar\u00e1n servicios de odontolog\u00eda, pediatr\u00eda, ginecolog\u00eda y oftalmolog\u00eda a los vecinos. Tambi\u00e9n emitir\u00e1n c\u00e9dulas de identificaci\u00f3n, habr\u00e1 servicios de peluquer\u00eda y “charlas preventivas a cargo de al Divisi\u00f3n Antinarc\u00f3ticos. La banda de m\u00fasica de la Polic\u00eda Nacional ameniza la jornada”[2]<\/a>.<\/p>\n “Enorme operativo fiscal-policial en el Ba\u00f1ado Sur”, titula \u00daltima Hora<\/em>, en referencia a la intervenci\u00f3n de cien polic\u00edas y dos helic\u00f3pteros que revisaron decenas de viviendas del barrio y detuvieron a cinco personas[3]<\/a>. El mismo d\u00eda que se produjo ese operativo policial, el diario ABC<\/em> informaba: “Madres luchadoras por la salud de sus hijos marchan este viernes en el Ba\u00f1ado Sur hasta al comisar\u00eda 24 en contra de la venta ilegal de drogas”[4]<\/a>.<\/p>\n La marcha de las madres se produjo en el mismo barrio que el operativo, pero su objetivo era denunciar a la comisar\u00eda de Polic\u00eda exigi\u00e9ndole que “trabaje para erradicar la venta ilegal de droga”, en concreto crack[5]<\/a>. No hace falta mucha imaginaci\u00f3n para saber que las madres estaban acusando a los polic\u00edas de ser c\u00f3mplices de los traficantes.<\/p>\n En toda Am\u00e9rica Latina los barrios populares como el Ba\u00f1ado Sur, entre la ciudad formal y el r\u00edo Paraguay, son objeto de la permanente intervenci\u00f3n policial y militar[6]<\/a>. La excusa son las drogas, los detenidos suelen ser j\u00f3venes pobres, personas sin trabajo y sin futuro, a menudo expulsados del campo por el avance de la soja, la miner\u00eda y los monocultivos.<\/p>\n Por diversas razones Paraguay es un buen observatorio para comprender las causas de la militarizaci\u00f3n en la regi\u00f3n. En 2010 el gobierno de Fernando Lugo decret\u00f3 el estado de excepci\u00f3n en cinco departamentos, con la excusa de combatir un peque\u00f1o grupo denominado Ej\u00e9rcito del Pueblo Paraguayo (EPP)[7]<\/a>. Un examen m\u00e1s detallado permite develar de qu\u00e9 se trata.<\/p>\n Las razones del militarismo<\/strong><\/p>\n En mayo Paraguay celebr\u00f3 su bicentenario de la independencia. El despliegue militar comenz\u00f3 el 3 de mayo. “Las Fuerzas Armadas despliegan un megaoperativo de seguridad, con 16 puestos ubicados en distintos puntos de la ciudad y mil efectivos militares”[8]<\/a>. Lo curioso es que las celebraciones para las que se realiz\u00f3 semejante despliegue fueron el 14 y 15 de mayo. En los hechos el despliegue militar dur\u00f3 un mes.<\/p>\n Una mirada detallada de algunas operaciones militares y policiales permite encontrar algunas respuestas. El camino es observar el estado de excepci\u00f3n decretado por el gobierno de Fernando Lugo, con apoyo del Congreso, en cinco departamentos del pa\u00eds: San Pedro, Concepci\u00f3n, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paran\u00e1, tomando como excusa el asesinato de dos peones y un capataz en una hacienda de Concepci\u00f3n, atribuida al EPP[9]<\/a>.<\/p>\n En 2009 ya se hab\u00edan realizado tres operativos militar-policiales contra ese grupo: Operativo Jerovi\u00e1 (confiar), Operativo Tri\u00e1ngulo y Sombra. En 2010 se realiz\u00f3 el Operativo Jaguaret\u00e9 y el quinto se denomin\u00f3 Py\u00b4a Guapy (tranquilidad), ya en el marco del estado de excepci\u00f3n. En forma paralela se realizaron operativos de asistencia en salud con donaciones de los Estados Unidos.<\/p>\n En los 30 d\u00edas que dur\u00f3 el estado de excepci\u00f3n se registraron 96.330 personas (91.834 el ej\u00e9rcito y 4.496 la polic\u00eda)[10]<\/a>. Hubo d\u00edas que fueron registradas m\u00e1s de seis mil personas s\u00f3lo en esos cinco departamentos, sobre todo en Concepci\u00f3n y San Pedro que han sido epicentros de importantes luchas campesinas y contaban con fuertes organizaciones sociales.<\/p>\n La primera constataci\u00f3n es que los cinco departamentos tienen una poblaci\u00f3n de 794.000 personas (Amambay 124 mil, Presidente Hayes 101 mil, San Pedro 355 mil, Concepci\u00f3n 190 mil y Alto Paraguay 24 mil). Eso quiere decir que el 12% de los habitantes fueron registrados por militares y polic\u00edas en un mes. Si se quitan los ancianos y ni\u00f1os y se computa s\u00f3lo a los adultos, el porcentaje es mucho mayor. Si se cuenta s\u00f3lo a los j\u00f3venes, es probable la mayor\u00eda absoluta hayan sido revisados.<\/p>\n En ese mes hubo 85 detenidos por militares y 142 por polic\u00edas. S\u00f3lo hay datos detallados para el segundo grupo. El resultado es que las tres causas m\u00e1s importantes de detenci\u00f3n fueron: robo agravado (15), abigeato (12) e invasi\u00f3n de inmuebles (8). “Las causas tienen ra\u00edces en el alto grado de desigualdad, concentraci\u00f3n de la riqueza, mala distribuci\u00f3n de la tierra y expansi\u00f3n del hambre y la miseria”, explica Irala[11]<\/a>.<\/p>\n La invasi\u00f3n de inmuebles es una pr\u00e1ctica com\u00fan del movimiento campesino y el robo de ganado en peque\u00f1a escala es el modo de sobrevivencia de los campesinos pobres. “El estado de excepci\u00f3n culmin\u00f3 sin atrapar al EPP y sin aclarar las muertes, pero sirvi\u00f3 para vincular a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interna”, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n Desde un enfoque sociol\u00f3gico, Cristina Coronel del Serpaj se\u00f1ala que el estado de excepci\u00f3n “gener\u00f3 un clima de desconfianza en la zona, de ruptura de v\u00ednculos, de temor entre los propios pobladores, pretendiendo visibilizar estos delitos comunes de manera de criminalizar las luchas sociales”[12]<\/a>.<\/p>\n En sus conclusiones, el trabajo de Irala destaca que hay un avance importante de la “militarizaci\u00f3n en democracia”, con la presencia de asesores colombianos que son “la principal referencia en cuanto a seguridad para el Paraguay”. Registra un divisi\u00f3n del trabajo por la cual las acciones de car\u00e1cter humanitario de las fuerzas armadas son acompa\u00f1adas y dirigidas por organismos del gobierno de Estados Unidos como su embajada en Paraguay.<\/p>\n La criminalizaci\u00f3n de la protesta<\/strong><\/p>\n En lugar destacado se\u00f1ala que el modelo “neoliberal extractivista” conlleva una hip\u00f3tesis de conflicto que no es hacia fuera sino “hacia adentro”, cuyo protagonista es “el enemigo interno, que f\u00e1cilmente pueden ser las organizaciones y movimientos sociales cr\u00edticos al sistema”[13]<\/a>.<\/p>\n En el marco del Foro Social Am\u00e9rica realizado en Asunci\u00f3n en agosto de 2010, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y BASE Investigaciones Sociales realizaron el seminario “Desarrollo, militarizaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n”, cuyas ponencias se difundieron un a\u00f1o despu\u00e9s en el libro “La dimensi\u00f3n represiva y militar del modelo de desarrollo” coordinado por la soci\u00f3loga Marielle Palau.<\/p>\n Sostiene que en Paraguay hay dos proyectos de pa\u00eds contrapuestos: “Por un lado, el lucro, y por otro, el derecho de comunidades enteras a continuar existiendo”[14]<\/a>. La principal oposici\u00f3n de este modelo son las comunidades y organizaciones campesinas y los pueblos ind\u00edgenas. Por eso son reprimidos.<\/p>\n Desde que termin\u00f3 la dictadura en 1989, hasta 2008, cuando Lugo lleg\u00f3 al gobierno con un discurso progresista, “fueron asesinados 105 militantes campesinos en el marco de la lucha por la tierra, diez de los cuales ocurrieron durante el gobierno de Lugo”, dice Palau. En 2003 cuando de forma masiva se judicializ\u00f3 la protesta, tres mil militantes fueron imputados “como estrategia para desmovilizar la lucha campesina”[15]<\/a>.<\/p>\n Desde que Lugo lleg\u00f3 al gobierno la soja sigui\u00f3 avanzando: en dos a\u00f1os la superficie cultivada creci\u00f3 un 10%. La criminalizaci\u00f3n se ha agudizado. En 2010 el gobierno y la embajada de Estados Unidos impulsaron la “Iniciativa de la Zona del Norte” que “habilita legalmente una fuerte presencia norteamericana en varios departamentos del pa\u00eds, justamente donde existe mayor presencia de organizaciones campesinas y donde la soja se encuentra en agresiva expansi\u00f3n”[16]<\/a>.<\/p>\n Juan Martens, abogado de la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay) sostiene que existe un proceso de criminalizaci\u00f3n y prisionizaci\u00f3n creciente de la dirigencia social”[17]<\/a>. En su opini\u00f3n, un caso muy grave fue la detenci\u00f3n en enero de 2010 de varios dirigentes de la Organizaci\u00f3n Campesina del Norte, en Concepci\u00f3n, a 420 kil\u00f3metros de Asunci\u00f3n, acusados de apoyar al EPP.<\/p>\n La fiscal\u00eda no pudo siquiera decir en su acta qu\u00e9 hicieron. En este momento hay 500 militantes sociales procesados y “las torturas son cada vez m\u00e1s frecuentes”[18]<\/a>. La justicia comenz\u00f3 a usar la figura de “perturbaci\u00f3n de la paz p\u00fablica” por realizar marchas que no cortan rutas y de “sabotaje” al bloqueo de carreteras que supone 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n De este modo se comenz\u00f3 a perseguir actores que antes no eran alcanzados por el sistema penal. Martens denuncia adem\u00e1s que han sido detenidas madres con sus hijos menores, desde dos meses hasta cinco a\u00f1os, que los defensores de derechos humanos est\u00e1n siendo amenazados y que se registra “la militarizaci\u00f3n del aparato de seguridad” con el apoyo de USAID[19]<\/a>.<\/p>\n El resultado, seg\u00fan Palau, es que los sujetos que hist\u00f3ricamente enfrentaron el agronegocio “hoy se encuentran m\u00e1s silenciados” y “las organizaciones campesinas desmovilizadas”[20]<\/a>. En opini\u00f3n de Martens, “las organizaciones que no entraron a formar parte del gobierno, que siguen en resistencia, tienen sus miembros encarcelados por un lado, y procesados por otro”[21]<\/a>.<\/p>\n Modelo productivo<\/strong><\/p>\n Irala sostiene que hay tres razones que explican la creciente militarizaci\u00f3n del pa\u00eds. Por un lado, el narcotr\u00e1fico, “sobre todo en las zonas rurales y m\u00e1s recientemente en las urbanas”[22]<\/a>. En la zona donde se aplic\u00f3 el estado de excepci\u00f3n, la soja avanza a ritmos importantes, sobre todo en los departamentos del Chaco, por lo cual “hay un alto grado de poblaci\u00f3n sin tierra y eso genera conflictos”.<\/p>\n Con frecuencia se registran enfrentamiento entre campesinos y “brasiguayos”, colonos brasile\u00f1os con tierras en Paraguay. El conflicto m\u00e1s reciente se produjo en Caaguaz\u00fa, en agosto, con disparos de armas de fuego. Pero el agronegocio tambi\u00e9n necesita avanzar sobre los departamentos de San Pedro y Concepci\u00f3n, donde enfrenta mayores dificultades.<\/p>\n Adem\u00e1s existen plantaciones de marihuana que ocupan vastos territorios. “Al parecer hay un conflicto de interesas en el cual el agronegocio necesita avanzar sobre las tierras del narcotr\u00e1fico y en ese conflicto la militarizaci\u00f3n juega a favor de la soja. El campesino que planta marihuana es el \u00faltimo en la escala y la mujer, cuando lo meten preso, vende ese terreno para sacarlo de la c\u00e1rcel, y se lo vende a los sojeros”, explica Irala<\/p>\n La soja necesita seguir avanzando, como est\u00e1 sucediendo en toda la regi\u00f3n. En Brasil hacia la Amazonia, en Argentina hacia el norte expulsando campesinos. En Paraguay, “el modelo se mueve hacia el Chaco, igual que en Brasil, donde la soja desplaza a la ganader\u00eda y esta emigra hacia la selva. Eso puede cerrar el c\u00edrculo de la militarizaci\u00f3n”.<\/p>\n La segunda se relaciona con el clima de inseguridad que lleva al gobierno a hacer algo para “tranquilizar” a la opini\u00f3n p\u00fablica. Esto puede explicar los operativos en los Ba\u00f1ados, acompa\u00f1ados siempre por una amplia difusi\u00f3n medi\u00e1tica. De otro modo no se puede entender el despliegue en los d\u00edas del bicentenario, “con tanques que coparon las calles de la ciudad y tomaron las entradas de Asunci\u00f3n durante varias semanas”.<\/p>\n La tercera raz\u00f3n se relaciona directamente con el terrorismo. Se trata de un grupo que tendr\u00eda no m\u00e1s de diez o quince integrantes, que en modo alguno puede ser considerado una amenaza. Sin embargo, “con la cobertura medi\u00e1tica de los medios masivos de comunicaci\u00f3n para estos operativos se ha logrado asociar a los campesinos con el narcotr\u00e1fico”, enfatiza Irala.<\/p>\n Puede parecer extra\u00f1o que el gobierno de un obispo que apoy\u00f3 con fervor la lucha por la tierra, haya cambiado al punto de no hacer la reforma agraria y perseguir a los movimientos. Es el mismo camino que est\u00e1n siguiendo los dem\u00e1s gobiernos de la regi\u00f3n: no pueden o no tienen fuerzas para cambiar el modelo productivo, pero no quieren sufrir las consecuencias.<\/p>\n Paraguay creci\u00f3 un 15% en 2010. Una cifra asombrosa que, sin embargo, no resuelve sus problemas. Puede, incluso, agudizarlos si no se consigue abordar la tremenda desigualdad, que es el caldo de cultivo de la descomposici\u00f3n de las sociedades.<\/p>\n Ra\u00fal Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de Am\u00e9rica Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Am\u00e9ricas (www.americas.org\/es)<\/a>.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Recursos <\/strong><\/p>\n ABC (diario): www.abc.com.py<\/a><\/p>\n Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarizaci\u00f3n”, Serpaj-PY, Asunci\u00f3n, 2011.<\/p>\n La Naci\u00f3n (diario): www.lanacion.com.py<\/a><\/p>\n Marielle Palau (comp) “La dimensi\u00f3n represiva y militar del modelo de desarrollo”, BASE-IS\/Diafon\u00eda\/Serpaj-PY, Asunci\u00f3n, 2011.<\/p>\n Ra\u00fal Zibechi, entrevista a Abel Irala, 6 de agosto de 2011.<\/p>\n \u00daltima Hora: www.ultimahora.com\/<\/a><\/p>\n [1]<\/a> La Naci\u00f3n<\/em>, 26 de agosto de 2011.<\/p>\n<\/div>\n [2]<\/a> ABC<\/em>, 5 de agosto de 2011.<\/p>\n<\/div>\n [3]<\/a> \u00daltima Hora<\/em>, 29 de julio de 2011.<\/p>\n<\/div>\n [4]<\/a> ABC<\/em>, 29 de julio de 2011.<\/p>\n<\/div>\n [5]<\/a> Idem.<\/p>\n<\/div>\n [6]<\/a> Sobre los Ba\u00f1ados: Ra\u00fal Zibechi, “Ba\u00f1ados de Asunci\u00f3n: La potencia de la comunidad”, Programa de las Am\u00e9ricas, 24 de julio de 2008.<\/p>\n<\/div>\n [7]<\/a> “Estado de excepci\u00f3n en Paraguay: Riesgos de militarizaci\u00f3n”, Programa de las Am\u00e9ricas, 11 de mayo de 2010.<\/p>\n<\/div>\n [8]<\/a> \u00daltima Hora<\/em>, 3 de mayo de 2011.<\/p>\n<\/div>\n [9]<\/a> Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarizaci\u00f3n”, ob cit. p. 33.<\/p>\n<\/div>\n [10]<\/a> Idem p. 35.<\/p>\n<\/div>\n [11]<\/a> Idem p. 36.<\/p>\n<\/div>\n [12]<\/a> Idem.<\/p>\n<\/div>\n [13]<\/a> Idem p. 46.<\/p>\n<\/div>\n [14]<\/a> “La dimensi\u00f3n represiva y militar del modelo de desarrollo”, ob cit p. 122.<\/p>\n<\/div>\n [15]<\/a> Idem p. 123.<\/p>\n<\/div>\n [16]<\/a> Idem p. 124.<\/p>\n<\/div>\n
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