{"id":58403,"date":"2023-05-18T20:19:43","date_gmt":"2023-05-19T01:19:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.americas.org\/?p=58403"},"modified":"2023-05-18T20:19:43","modified_gmt":"2023-05-19T01:19:43","slug":"el-arbitraje-como-mecanismo-de-presion-contra-guatemala-la-resistencia-pacifica-de-la-puya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/el-arbitraje-como-mecanismo-de-presion-contra-guatemala-la-resistencia-pacifica-de-la-puya\/","title":{"rendered":"El arbitraje como mecanismo de presi\u00f3n contra Guatemala: La Resistencia Pac\u00edfica de La Puya"},"content":{"rendered":"

\"\"La Resistencia Pac\u00edfica La Puya celebra 11 a\u00f1os de organizaci\u00f3n comunitaria en defensa del territorio, del agua y de la vida, en un momento cr\u00edtico para el futuro de la organizaci\u00f3n y de sus comunidades. Despu\u00e9s de haber logrado la suspensi\u00f3n del proyecto de miner\u00eda Progreso VII Derivada, enfrenta una demanda por m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares de la empresa minera, Kappes, Cassiday y Asociados, con sede en Nevada, EEUU contra el Estado de Guatemala. El arbitraje se lleva a cabo en un tribunal del Banco Mundial que permite que empresas extranjeras demanden a gobiernos como represalia contra la leg\u00edtima defensa de su territorio y bienes por parte de las comunidades afectadas y las leyes nacionales.<\/em><\/p>\n

En este contexto, el 6 de diciembre representantes de La Puya y organizaciones aliadas se reunieron para conocer un nuevo estudio titulado \u201cEl arbitraje como un mecanismo de presi\u00f3n en el caso del proyecto Progreso VII Derivada\u201d, hecho por Ana Sandoval, activista del movimiento y estudiante de derecho, y platicar sobre la situaci\u00f3n actual de la lucha. El estudio fue publicado por El Observador y se puede consultar\u00a0 AQU\u00cd<\/a>\u00a0 La Puya ha sido un gran ejemplo en todo el mundo de la resistencia comunitaria contra la miner\u00eda impuesta en territorios ind\u00edgenas y campesinas. Ahora es ejemplo de la movilizaci\u00f3n social para oponerse a estos tribunales, que buscan castigar al pueblo por defenderse contra el saqueo y la contaminaci\u00f3n de sus bienes para generar ganancias para empresas transnacionales.<\/p>\n

Ana Sandoval, integrante de La Puya y estudiante de derecho, abri\u00f3 el evento con una breve historia de su lucha. \u201cLa resistencia inici\u00f3 un proceso en 2012 y desde el inicio planteaba a las instancias gubernamentales que se reconociera el derecho de consulta, pues esta consulta se debi\u00f3 haber hecho previamente a que el proyecto se iniciara\u201d, dijo. No fue as\u00ed y en 2014, las comunidades presentaron una acci\u00f3n de amparo solicitando a la Corte Suprema de Justicia que se reconociera el derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrada en el convenio 169 de la OIT y en las leyes guatemaltecas. En 2016 ganaron la suspensi\u00f3n de la licencia de explotaci\u00f3n de la empresa minera, y despu\u00e9s el amparo definitivo. La decisi\u00f3n de la corte tambi\u00e9n orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de la consulta.<\/p>\n

Al perder su caso en las cortes guatemaltecas, la empresa meti\u00f3 una demanda contra el Estado guatemalteco por $400 millones de d\u00f3lares en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia del Banco Mundial creado bajo el CAFTA. La acci\u00f3n llev\u00f3 a la resistencia a un terreno de batalla desconocido y de alto riesgo. \u201cEs una cantidad exorbitante que en definitiva puede afectar significativamente el presupuesto y con eso afectar otros derechos de todos los guatemaltecos\u201d, afirm\u00f3 Sandoval.<\/p>\n

Para enfrentar la demanda, el gobierno guatemalteco hizo un an\u00e1lisis y contrat\u00f3 a personas expertas para evaluar los argumentos de la empresa. Se concluy\u00f3 que no existe justificaci\u00f3n alguna para la demanda, ni mucho menos la cantidad multimillonaria que exige KCA. El Estado\u00a0 present\u00f3 una contrademanda contra la empresa por 2 millones de d\u00f3lares por los da\u00f1os que ya se han ocasionado.<\/p>\n

Sandoval cont\u00f3 que ahora, \u201cestamos a la espera de conocer la sentencia del panel de arbitraje que est\u00e1 conociendo el proceso. Estos procesos de arbitraje son procesos totalmente ajenos a los marcos de derechos humanos\u201d, dijo. Agreg\u00f3 que no ha sido f\u00e1cil tener informaci\u00f3n sobre el caso: \u201cHan tratado de excluir a la poblaci\u00f3n m\u00e1s cercana al proyecto\u201d.<\/p>\n

El arbitraje internacional: Un mecanismo para la explotaci\u00f3n y la violaci\u00f3n de derechos<\/strong><\/p>\n

Jen Moore, investigadora del Programa de Econom\u00eda Global del Instituto de Estudios Pol\u00edticos, explic\u00f3 que el uso de demandas de arbitraje internacional por parte de las empresas transnacionales, en particular desde el sector extractivo, se estableci\u00f3 en los Tratados de Libre Comercio de los a\u00f1os 90 para generar un sistema favorable para los intereses de las corporaciones transnacionales. El resultado es un andamiaje de acuerdos internacionales de inversi\u00f3n y sistemas supranacionales para protegerlas<\/p>\n

Esta imagen ilustra la red de m\u00e1s de 2,800 acuerdos internacionales de inversi\u00f3n que proporciona este mecanismo de resoluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados.<\/p>\n

Moore explic\u00f3 que este sistema de resoluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados est\u00e1 \u00fanicamente disponible a las empresas transnacionales. Ellas pueden acceder a un tribunal compuesto por tres abogados altamente pagados y demandar al Estado no s\u00f3lo por la cantidad invertida, sino tambi\u00e9n por su especulaci\u00f3n sobre ganancias futuras supuestamente perdidas, que puede ser \u2013como en el caso de KCA\u2013 hasta el 80% de la demanda total.<\/p>\n

En el caso de KCA-Guatemala, las comunidades lograron mayor transparencia y que algunos representantes de la comunidad pudieran dar su testimonio, pero lo com\u00fan es que las comunidades directamente afectadas no tengan ni informaci\u00f3n ni incidencia en el proceso. El bienestar de los pueblos, sus derechos colectivos, el medio ambiente no son considerados.\"\"<\/p>\n

Los tribunales de arbitraje internacional tienen un claro sesgo: Un estimado de 60% de los fallos es a favor de las empresas transnacionales. Moore se\u00f1al\u00f3 que no hay un proceso de apelaci\u00f3n real que podr\u00eda corregir errores en sus decisiones. Ya existen muchos ejemplos \u00a0en el mundo en donde las empresas est\u00e1n recurriendo a este mecanismo para tratar de evadir las decisiones de las cortes de justicia en los pa\u00edses de sus inversiones. La mayor\u00eda son empresas extractivistas. Alrededor de 30 de las demandas metidas en 2021 fueron por parte de empresas petroleras y mineras, la gran mayor\u00eda transnacionales de cinco pa\u00edses del norte: Estados Unidos, Canad\u00e1, Reino Unido, Pa\u00edses Bajos y Australia.<\/p>\n

El sistema refuerza las relaciones desiguales del neocolonialismo, hace posible que las empresas embolsan grandes cantidades de recursos p\u00fablicos de los pa\u00edses pobres, y socava la independencia de la justicia en los pa\u00edses que son demandados. Una revisi\u00f3n de todos los casos de demandas mineras llevado en contra de gobiernos de Am\u00e9rica Latina entre 1998 y 2019 encontr\u00f3 que la mayor\u00eda de las demandas en el fondo son represalias de las empresas por los procesos de resistencia y de reivindicaci\u00f3n de los derechos desde los pueblos por temas de protecci\u00f3n del medio ambiente, el derecho a la consulta de los pueblos ind\u00edgenas, y\/o las decisiones soberanas de los gobiernos para asegurar que la mayor parte de las ganancias que generen sus recursos naturales beneficien a la poblaci\u00f3n. La investigadora destac\u00f3 que el caso de KCA se inserta en una tendencia regional y global que va en aumento. La mera amenaza de una demanda de este tipo podr\u00eda generar un efecto de enfriamiento sobre las decisiones de regular las actividades extractivistas o aplicar leyes nacionales que defienden intereses p\u00fablicos contra la avaricia de las empresas, concluy\u00f3.<\/p>\n

El mapa regional de la miner\u00eda<\/strong><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, Guadalupe Garcia, coordinadora del Observatorio de Industrias Extractivas\u2013una plataforma de investigaci\u00f3n independiente que busca adquirir, organizar y publicar datos sobre proyectos extractivos mineros y petroleros en Guatemala\u2013present\u00f3 una mirada geogr\u00e1fica de c\u00f3mo se fue formando y c\u00f3mo se han ido transformando los proyectos extractivistas en el territorio, enfocado en la regi\u00f3n conocido como el Cintur\u00f3n de Oro donde se ubica el proyecto.<\/p>\n

La imagen muestra las principales empresas extractivas que tienen intereses en el oriente del pa\u00eds; del lado derecho son las licencias activas en rojo y las solicitudes en amarillo. Todas las licencias en rojo son de Mineral de Sierra Pac\u00edfico, lo que ahora son los nuevos intereses mineros de lo que inici\u00f3 el proyecto de Progreso VI Derivada en la Puya. Muestra los intereses mineros del n\u00edquel en el nororiente, m\u00e1s en la cuenca del Lago de Izabal, y la cantidad de solicitudes que responden al inter\u00e9s global en extracci\u00f3n de n\u00edquel.<\/p>\n

Garcia se\u00f1al\u00f3 que en el occidente se ubica la Mina Marlin, tambi\u00e9n parte de este conglomerado de proyectos. Otros intereses en el occidente, incluye Reservas del Caribe, una nueva sociedad an\u00f3nima que tiene bastantes solicitudes en la parte de San Marcos y Huehuetenango.<\/p>\n

En el Cintur\u00f3n\u00a0 de Oro de El Tambor, actualmente la canadiense Radius concentra todas sus exploraciones en la falla del Motagua. Esta zona cubre una zona de \u201coro epitermal”– dep\u00f3sitos de oro relacionados con aguas termales.<\/p>\n

Radius adquiri\u00f3 todas las licencias otorgadas en ese momento a la minera Tombstone, y adem\u00e1s empez\u00f3 a hacer nuevas solicitudes. El Proyecto Minero El Tambor estaba constituido de 12 solicitudes que en total sumaban 107 mil hect\u00e1reas.<\/p>\n

Este cuadro, elaborado con informaci\u00f3n del Ministerio de Energ\u00eda y Minas, muestra las licencias actuales otorgadas en esta \u00e1rea: en rojo son licencias que fueron actualizadas en enero de este a\u00f1o (2022), En esta zona est\u00e1 la licencia de explotaci\u00f3n Progreso VII Derivada, ahora suspendida, y las licencias de exploraci\u00f3n est\u00e1n en Santa Margarita, Carlos Antonio y La Laguna.<\/p>\n

Si se incluye el \u00e1rea de Holly-Banderas, una nueva \u00e1rea de inter\u00e9s de explotaci\u00f3n minera desde el 2020, se ve que los mismos actores est\u00e1n usando otra subsidiaria que se llama Minerales Sierra Pacifico para realizar exploraciones en San Jacinto Chiquimula. Incluso se sabe que ellos han provocado incendios para erradicar bosques comunales que est\u00e1n sobre un \u00e1rea que es la principal fuente de agua de Chiquimula. Esta misma empresa tiene solicitudes en Sansare, dentro del \u00e1rea comunal indigena de las comunidades de Santa Maria Xalapan.<\/p>\n

Para finalizar, la investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas present\u00f3 un diagrama de la estructura corporativa de Radius y c\u00f3mo opera a trav\u00e9s de Volcanic.<\/p>\n

La pol\u00edtica y la extracci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Fernando Solis, director de la Asociacion Civil El Observador, hizo un an\u00e1lisis de las relaciones de poder que est\u00e1n detr\u00e1s de los \u00a0proyectos de inversi\u00f3n privada en el Cintur\u00f3n de Oro que comenzaron exploraciones en la primera mitad de la d\u00e9cada de los 90.<\/p>\n

\u201cEran proyectos que estaban all\u00ed, que se hab\u00edan identificado la existencia de las vetas, pero es en el gobierno de Jorge Serranos Elias cuando en realidad empieza a producirse en Guatemala un proceso de liberalizaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, coment\u00f3 el periodista. Explic\u00f3 que \u201cel embri\u00f3n de todos estos proyectos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de oro tienen un origen en un grupo transnacional, que llega a Guatemala en 1990 y que empieza a hacer negociaciones con grupos de capital nacional para instalar proyectos de inversi\u00f3n. Hay una empresa matriz que va a dar origen y que va a hacer acuerdos con capitales nacionales y con el gobierno de Alvaro Arz\u00fa para empezar a constituir este grupo de licencias\u201d.<\/p>\n

Identific\u00f3 al menos seis factores econ\u00f3micos y pol\u00edticos que permitieron que los proyectos extractivistas pudieron constituirse con licencias:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1. El fin del Conflicto Armado Interno y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996<\/p>\n

    \n
  1. La llegada de Alvaro Arz\u00fa a la presidencia en 1996 y del Partido de Avanzada Nacional (PAN), un gobierno abiertamente empresarial, que puso en marcha una ofensiva econ\u00f3mica y pol\u00edtica neoliberal para atraer inversiones, que inclu\u00eda la privatizaci\u00f3n de los principales servicios estrat\u00e9gicos del Estado y la ampliaci\u00f3n de las explotaciones petroleras y mineras.<\/li>\n
  2. Su ministro de Energ\u00eda y Minas, el ingeniero Leonel Lopez Rodas, apoy\u00f3 el proceso y despu\u00e9s como presidente del Congreso promovi\u00f3 una serie de reformas a la ley de miner\u00eda.<\/li>\n
  3. 4. La reforma a la Ley de Miner\u00eda en 1997 de Arz\u00fa, que redujo la cantidad de regal\u00edas y abri\u00f3 la inversi\u00f3n a transnacionales y a grupos de capital que antes no ten\u00edan mucha potestad de poder intervenir en ese tipo de inversiones.<\/li>\n
  4. Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota fundado en el 2002, tambi\u00e9n fue clave, como diputado entre el 2008 y el 2012 y presidente de la Comisi\u00f3n Legislativa de Energ\u00eda y Minas. Promovi\u00f3 una serie de iniciativas para poder generar licencias.<\/li>\n
  5. La aprobaci\u00f3n de la Ley General de Electricidad en 1996 abri\u00f3 el sector el\u00e9ctrico a las inversiones transnacionales, permitiendo que hasta la fecha las empresas de capital nacional e internacional controlen el sector, desde la generaci\u00f3n hasta el transporte, la distribuci\u00f3n, y la comercializaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sol\u00eds se\u00f1al\u00f3 que las empresas principales que llegan son: Ramon Goldcorp, Intrepid Minerals de Canad\u00e1, BHP Billiton, Minera Urbana Guatemala, Aurora Gold Corporation, Montana Gold, Tombstone Explorations, Marwest Resources, y Exploration Mayan Minerals. Instalan los proyectos Marlin aprobado en el 2003,\u00a0 El Tambor, El Escobal (que est\u00e1 en proceso de consulta hoy bajo la propiedad de Panamerican Silver), y Cerro Blanco que el 18 de septiembre de 2022 hubo una consulta comunitaria en Jutiapa.<\/p>\n

    Para entender mejor c\u00f3mo operan estos intereses entrelazados, Solis explic\u00f3 en detalle el funcionamiento de uno de ellos, Marwest, de Montana Exploradora que opera la mina Marlin. Randy Reifel es fundador de Montana Exploradora y un accionista de varias empresas mineras de origen canadiense. El principal operador de los proyectos es Simon Ridgway, vinculado a Volcanic, empresa nueva vinculada a los proyectos anteriores. Otro operador es el abogado Jorge Asensio, del bufete Asensio y Aguirre, y el principal operador de la Ley de Miner\u00eda actual siendo tambi\u00e9n abogado del grupo corporativo de Cementos Progreso y de los proyectos de extracci\u00f3n de oro. Cementos Progreso, es el monopolio de cemento, continu\u00f3 Solis en su exposici\u00f3n, pero tambi\u00e9n el principal grupo corporativo vinculado a los proyectos mineros. Se le atribuye ser uno de los grupos que est\u00e1 financiando al gobierno, y que ha estado financiando la estrategia contra la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de criminalizaci\u00f3n de operadores de justicia, junto a otros 2 o 3 grupos de capital.<\/p>\n

    Otro grupo es CMI, Corporacion Multi Inversiones. Se les conoce como los due\u00f1os de Pollo Campero, propietarios de una de las hidroel\u00e9ctricas m\u00e1s grandes que se han construido hasta el momento que es Renace. El Grupo Campollo Codina, due\u00f1o del Ingenio Madre Tierra, tambi\u00e9n promueve la estrategia extractivista, y es financista de operaciones o instancias de derecha, como Fundacion contra el Terrorismo, vinculado a ONGs como Vida Pro Patria y Guatemala Inmortal. Existen v\u00ednculos concretos entre la presencia de Cementos Progreso y los otros grupos en proyectos de inversi\u00f3n de oro, y en la pol\u00edtica de derecha que ha venido siendo desplegada desde el gobierno de Jimmy Morales y est\u00e1 siendo profundizada durante el actual gobierno de Giammattei Falla.<\/p>\n

    Dado esta constelaci\u00f3n de poderes, \u00bfQu\u00e9 pasa si el arbitraje es favorable a las comunidades de La Puya?<\/p>\n

    El proyecto El Tambor est\u00e1 compuesto por 11 licencias que tienen una vigencia de 25 a\u00f1os. Si cancelan una licencia, no significa que los proyectos se terminen porque pueden haber otras licencias que pueden ser activadas, seg\u00fan Sol\u00eds. \u201cEl arbitraje es un movimiento que KCA est\u00e1 haciendo de cara a recuperar o resarcirse de las ganancias que pudo haber generado, est\u00e1 especulando con esto, con la operaci\u00f3n de El Tambor\u201d.<\/p>\n

    Ahora despu\u00e9s de que la Corte de Constitucionalidad suspendi\u00f3 la licencia y oblig\u00f3 al Ministerio de Energ\u00eda y Minas a activar la consulta comunitaria, \u201cKCA y El Estado no han dejado de generar intereses a trav\u00e9s de la consulta. Por ejemplo, el Ministerio de Energ\u00eda y Minas no est\u00e1 convocando a las comunidades cercanas al proyecto\u201d.<\/p>\n

    \u201cEntonces hay un juego de KCA y del Estado, creemos a dos y tres bandas, en el sentido que pretenden ganar 400 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de un proceso de arbitraje, pero a la vez est\u00e1n pensando que si se hace la consulta, puedan aislar a las comunidades que han sido parte de la resistencia y generar un proceso muy similar al que hicieron en Izabal\u2013una consulta manipulada, una consulta que convoc\u00f3 a COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural)<\/strong><\/a> que fueron comprados por la misma empresa.<\/p>\n

    \u201cEn s\u00edntesis, la empresa y el Estado est\u00e1n previendo utilizar el arbitraje a la par de la consulta como un proceso en donde la empresa no va a perder lo que hasta ahora ha invertido en el proyecto de El Tambor.<\/p>\n

    \u201cEl Estado se acerc\u00f3 a las comunidades en un principio, les pidi\u00f3 a las comunidades que intervinieran y que lo apoyaran en el proceso de arbitraje, pero tambi\u00e9n est\u00e1 jugando a dos bandas con el proceso de consulta. Esta es la situaci\u00f3n que hay en este momento y no solo est\u00e1 pasando en El Tambor, hay otros procesos de arbitraje en los que el Estado est\u00e1 siendo demandado, por ejemplo, en Huehuetenango en el caso de la hidroel\u00e9ctrica en Ixquisis, San Mateo. Ya el Estado perdi\u00f3 dos procesos de arbitraje: con Teco Energy, una empresa vinculada al grupo Campollo Codina, le tuvo que pagar m\u00e1s o menos 19 millones de d\u00f3lares, y posiblemente puede activarse el proceso de Trecsa contra el Estado.<\/p>\n

    El camino pedregoso hacia la consulta<\/strong><\/p>\n

    Ana Sandoval a\u00f1adi\u00f3 que \u201ca pesar de que el Convenio 169 establece que los procesos de consulta deben ser libres e informados y deben de ser acordes a las costumbres y tradiciones de cada pueblo indigena, se ha encasillado en procedimientos meramente occidentales y no se permite la organizaci\u00f3n propia de los pueblos. Esto es un aspecto muy importante y que no solo se est\u00e1 dando en el caso de La Puya, tambi\u00e9n se ha observado en otros procesos de consulta\u201d.<\/p>\n

    \u00a0<\/strong>Jos\u00e9 Angel Llamas, miembro de la Resistencia Pac\u00edfica La Puya, se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio de Energ\u00eda y Minas ha intentado restringir la participaci\u00f3n de las comunidades en la consulta. \u201cNo nos consideran comunidades ind\u00edgenas, pero s\u00ed, lo podemos demostrar ya que tenemos muchas costumbres arraigadas dentro de nuestra poblaci\u00f3n.\u201d Dijo que por ejemplo el MEM busca excluir de la consulta a la comunidad de La Chole\u00f1a que se ubica muy cerca de la mina y que desciende del pueblo Xinca.<\/p>\n

    \u201cTambi\u00e9n el Ministerio de Energ\u00eda y Minas ha tratado de frustrar que varias municipalidades manden a sus representantes,\u201d dijo. \u201cEsa es la preocupaci\u00f3n que tenemos como comunitarios que esperamos que se nos respete y se nos permita hacer valer ese derecho.\u201d<\/p>\n

    Llamas se\u00f1ala que a\u00fan en sus fases iniciales, la organizaci\u00f3n de la consulta presenta una serie de anomal\u00edas\u2013no est\u00e1n informando a las comunidades sobre el proceso y sus derechos. \u201cEs por esfuerzo de las comunidades que hemos buscado la informaci\u00f3n y estamos tratando de que esa consciencia en toda la poblaci\u00f3n sea conocida ya que de parte del ministerio no se da esa posibilidad.<\/p>\n

    \u201cA pesar de las dificultades, el evento sobre el arbitraje y la consulta fue una prueba m\u00e1s de la capacidad organizativa de la Resistencia Pac\u00edfica La Puya. Lograron socializar la informaci\u00f3n y el an\u00e1lisis y denunciar p\u00fablicamente las violaciones de sus derechos, tambi\u00e9n advirtiendo sobre riesgos en el horizonte. La solidaridad se vio en la misma organizaci\u00f3n del evento que cont\u00f3 con el apoyo de la asociaci\u00f3n El Observador, Human Rights Defenders Project, Earthworks, JASS, Guatemala Human Rights Commission, el Instituto para Estudios Pol\u00edticos, NISGUA, Protecci\u00f3n Internacional y la Generalitat Valenciana.<\/p>\n

    M\u00e1s recursos:
    \n<\/strong>Olivet, Cecilia y Luciana Ghiotto, \u201c<\/strong>Justicia Paralela: \u00bfC\u00f3mo el sistema de protecci\u00f3n de inversiones pone en riesgo la independencia del Poder Judicial en Am\u00e9rica Latina?\u201d, Transnational Institute, 2021.     https:\/\/www.tni.org\/es\/publicaci%C3%B3n\/justicia-paralela<\/a><\/p>\n

    Consentimiento libre, previo e informado Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Consejo de Derechos Humanos, Aportes del Estado de Guatemala. Guatemala, Centro Am\u00e9rica. Febrero 2018<\/p>\n

    Sandoval, Ana, \u201cInforme Especial No. 35 -El Arbitraje Internacional como mecanismo de presi\u00f3n y chantaje de KCA en el caso del proyecto minero El Tambor\u201d, El Observador, 2022. https:\/\/elobservadorgt.org\/2022\/11\/24\/informe-especial-35-el-arbitraje-internacional-como-mecanismo-de-presion-y-chantaje-de-kca-en-el-caso-del-proyecto-minero-el-tambor-1\/<\/a><\/p>\n

    (Resumen de la memoria del evento realizado el 6 de diciembre, preparado por JASS Mesoam\u00e9rica)<\/em><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Despu\u00e9s de haber logrado la suspensi\u00f3n del proyecto de miner\u00eda Progreso VII Derivada, La Resistencia Pac\u00edfica La Puya enfrenta una demanda por m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares de la empresa minera, Kappes, Cassiday y Asociados, con sede en Nevada, EEUU, contra el Estado de Guatemala. El arbitraje se lleva a cabo en un tribunal del Banco Mundial que permite que empresas extranjeras demanden a gobiernos como represalia contra la leg\u00edtima defensa de su territorio y bienes por parte de las comunidades afectadas y las leyes nacionales.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58455,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4916,4915],"tags":[],"coauthors":[5129],"class_list":["post-58403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derechos-humanos","category-tierra"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58403","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58403"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58459,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58403\/revisions\/58459"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58455"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58403"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=58403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}