{"id":5973,"date":"2012-01-05T21:49:54","date_gmt":"2012-01-06T02:49:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=5973"},"modified":"2012-06-20T15:13:32","modified_gmt":"2012-06-20T20:13:32","slug":"jovenes-enfrentan-la-violencia-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/jovenes-enfrentan-la-violencia-en-colombia\/","title":{"rendered":"J\u00f3venes enfrentan la violencia en Colombia"},"content":{"rendered":"

Por Alex Sierra R.<\/strong><\/p>\n

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Diego Felipe Becerra<\/figcaption><\/figure>\n

El 19 de agosto de 2011, en confusos hechos que a\u00fan son motivo de investigaci\u00f3n, un uniformado de la polic\u00eda nacional de Colombia dispar\u00f3 y dio muerte a Diego Felipe Becerra, un joven de 16 a\u00f1os que junto con dos de sus amigos, estaba pintando graffitis art\u00edsticos en muros del norte de la ciudad de Bogot\u00e1. Seg\u00fan la versi\u00f3n de quienes le acompa\u00f1aban, Diego corri\u00f3 al notar la presencia de la polic\u00eda y fue herido mortalmente cuando el agente le dispar\u00f3 por la espalda. En la versi\u00f3n ofrecida por la polic\u00eda, Diego ser\u00eda parte de una banda criminal que intentaba robar un bus de transporte urbano y estar\u00eda armado, raz\u00f3n por la cual la reacci\u00f3n de la polic\u00eda fue defensiva y termin\u00f3 con la muerte del joven.<\/p>\n

Al correr de los d\u00edas, la Polic\u00eda Nacional ofreci\u00f3 pruebas que respaldaron su versi\u00f3n: se hall\u00f3 un arma de fuego y el supuesto conductor del bus que habr\u00eda sido atracado por los j\u00f3venes dio su testimonio en una reconocida cadena radial colombiana. Sin embargo, las investigaciones posteriores mostraron que Diego no era un criminal, ni portaba un arma de fuego cuando se le traslad\u00f3 a la cl\u00ednica donde muri\u00f3 esa misma noche, evidenciando con ello un gran montaje en el que estar\u00edan involucrados altos mandos de la Polic\u00eda Nacional y que buscaban \u201cjustificar\u201d un error que le cost\u00f3 la vida al joven artista.<\/p>\n

El debate en Colombia frente a este caso se centr\u00f3 no solo en el encubrimiento, que desdibuja un error del uniformado en el mejor de los casos y lo convierte en un posible acto delictivo en el que habr\u00edan participado altos mandos policiales, sino tambi\u00e9n se debate la misma competencia de la justicia ordinaria (civil) en la investigaci\u00f3n, ya que en un momento del proceso fue asumida por la Justicia Penal Militar, pero gracias a la presi\u00f3n ejercida desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y a un fallo del Consejo Superior de la Judicatura, el caso regres\u00f3 a la justicia ordinaria sin que a la fecha haya sido resuelto.<\/p>\n

El caso de Diego Felipe refleja solo uno de los m\u00e1s de 1.700 casos de homicidios documentados perpetrados por uniformados de las fuerzas policiales y militares en Colombia en los \u00faltimos 27 a\u00f1os, cuyas v\u00edctimas an\u00f3nimas han sido conocidas como \u201cfalsos positivos\u201d o falsos resultados de la lucha contra el terrorismo y la subversi\u00f3n, dejando en el aire la impresi\u00f3n que ciertos muertos son completamente justificables.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, los medios de comunicaci\u00f3n dieron a conocer un escabroso episodio donde j\u00f3venes sin oportunidades de sectores humildes hab\u00edan sido contratados con enga\u00f1os de supuestas opciones laborales legales e ilegales, por parte de complejas redes que inclu\u00edan miembros de las fuerzas militares, que luego asesinaban a sus v\u00edctimas y las hac\u00edan pasar como guerrilleros ca\u00eddos en combate para reclamar a cambio incentivos econ\u00f3micos y mostrar resultados operativos en la llamada pol\u00edtica de \u201cSeguridad Democr\u00e1tica\u201d del expresidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez.<\/p>\n

Nuevamente en la discusi\u00f3n sobre estos homicidios aparecen diferentes posiciones entre la competencia sobre el juzgamiento de los militares en estos hechos, que nada tienen que ver con sus funciones constitucionales y los hacen ver m\u00e1s como parte de la misma criminalidad que deber\u00edan perseguir. La discusi\u00f3n de fondo, m\u00e1s que la competencia entre qui\u00e9n debe ejercer el juzgamiento de los militares, es la impunidad que rodea estos hechos y la d\u00e9bil, cuando no c\u00f3mplice acci\u00f3n de la llamada justicia penal militar, que no solo es laxa en la sanci\u00f3n penal, sino que adem\u00e1s ha sido cuestionada por las condiciones de reclusi\u00f3n que dan pie a todo tipo de excentricidades y casos de corrupci\u00f3n .<\/p>\n

Con esta paradoja entre unas fuerzas militares que requieren el apoyo ciudadano para vencer la criminalidad, y la desconfianza que generan los abusos de algunos de sus miembros, Colombia culmin\u00f3 el a\u00f1o 2011 con una pol\u00e9mica reforma a la justicia que entre otros aspectos, fortalece la figura del fuero militar. La reforma no solo es un retroceso para garantizar los derechos humanos, sino muestra un peligroso camino para la impunidad.<\/p>\n

Esa es otra de las caras del \u201cexitoso\u201d modelo de lucha contra el terrorismo y la subversi\u00f3n que se ha mostrado internacionalmente y que se quiere exportar a regiones como centroam\u00e9rica y M\u00e9xico, que siguen el mismo camino con estrategias como la iniciativa M\u00e9rida.
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\nAlternativas contra la criminalidad y la violencia<\/strong><\/p>\n

Pero y si no es por la fuerza, \u00bfCu\u00e1les son entonces las alternativas para luchar contra la criminalidad y la violencia que agobia nuestros pa\u00edses? Colombia tambi\u00e9n puede mostrar algunas experiencias que pueden ser consideradas en otras latitudes, como la importancia de vincular a los j\u00f3venes sin oportunidades a iniciativas que les devuelvan el auto estima y los arranquen del \u00fanico medio que no pide acreditaciones acad\u00e9micas: la criminalidad.<\/p>\n

Un programa llamado \u201cLegi\u00f3n del Afecto\u201d ha vinculado m\u00e1s de 2.000 j\u00f3venes de zonas agobiadas por la violencia en 20 regiones de Colombia en los \u00faltimos ocho a\u00f1os, reconociendo que la desigualdad y la falta de opciones son el principal caldo de cultivo de la criminalidad y fortaleciendo liderazgos juveniles a trav\u00e9s del arte, la m\u00fasica y la cultura. Esta experiencia no solo ha sido exitosa para generar confianzas entre las comunidades y el Estado, desde una perspectiva no militarista, sino que tambi\u00e9n ha incidido en la reducci\u00f3n de los \u00edndices de muerte violenta en las regiones donde se ha implementado.<\/p>\n

En la ciudad de Barrancabermeja en el Magdalena Medio Colombiano, regi\u00f3n que vio surgir el proyecto paramilitar de los a\u00f1os noventa, un grupo de j\u00f3venes llamado \u201cQuinto Mandamiento\u201d aludiendo al mandamiento cristiano de \u201cNo matar\u00e1s\u201d, ha sido una estrategia para que personas con diferente origen \u00e9tnico, de g\u00e9nero y diversidad en tendencias est\u00e9ticas, sexuales y pol\u00edticas, trabajen conjuntamente en la objeci\u00f3n por consciencia ante todo reclutamiento legal o ilegal, pues consideran que la guerra no puede ser la opci\u00f3n para la sociedad que aspiran construir. Este grupo tambi\u00e9n le apuesta al arte y a la cultura, al trabajo directo con las comunidades y a devolverle a los j\u00f3venes la esperanza que les quit\u00f3 la guerra y la violencia. Su trabajo es voluntario y en pro de la construcci\u00f3n de caminos de paz desde la \u201cno violencia activa\u201d, que seg\u00fan manifiestan, los diferencia de la pasividad e impotencia que buscan generar en ellos los violentos.<\/p>\n

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Colectivo Quinto Mandamiento<\/figcaption><\/figure>\n

Un logro de los objetores por consciencia en Colombia fue el respaldo que le diera la Corte Constitucional a la objeci\u00f3n de consciencia como un desarrollo del derecho fundamental al \u201clibre desarrollo de la personalidad\u201d, contemplado en la constituci\u00f3n colombiana y que hace posible que aquellos que se opongan mediante una firme convicci\u00f3n a hacer parte de los ej\u00e9rcitos, puedan evitar prestar el servicio militar que en Colombia no solo es obligatorio, sino que hasta hace muy poco tiempo se hac\u00edan \u201credadas\u201d policiales y detenciones masivas para reclutar obligatoriamente a los j\u00f3venes en \u00e1reas rurales y urbanas, casi siempre en sectores humildes y vulnerables.<\/p>\n

Infortunadamente en Colombia son muchos los enemigos de la paz, siendo el hostigamiento y el miedo sus mejores armas. En los \u00faltimos d\u00edas el colectivo \u201cQuinto Mandamiento\u201d fue objeto de amenazas por parte de la banda criminal de \u201cLos Rastrojos\u201d de origen paramilitar, que tambi\u00e9n amenaz\u00f3 a otras organizaciones sociales de Barrancabermeja, se\u00f1al\u00e1ndolos de \u201cguerrilleros\u201d, \u201ccomunistas\u201d y \u201cmaricas\u201d. Esta situaci\u00f3n se repite en diferentes regiones del pa\u00eds donde iniciativas pac\u00edficas son estigmatizadas y perseguidas por diferentes bandas criminales, las cuales act\u00faan en las mismas zonas donde han ido perdiendo control las guerrillas, diezmadas por los duros golpes que les han propinado las fuerzas militares y el gobierno colombiano. Cabe se\u00f1alar el reciente operativo que culminara con la muerte del m\u00e1ximo l\u00edder de las FARC Alfonso Cano, en noviembre pasado.<\/p>\n

El repudio ciudadano ante las guerrillas es evidente, no solo por el drama de los secuestrados, sino por su sevicia en el uso de artefactos como las minas anti personales, que asesinan y mutilan por igual a soldados, campesinos y ni\u00f1os. La imagen de una guerrilla altruista e id\u00edlica se ha desvanecido con su complicidad cada vez mayor con el narcotr\u00e1fico y la perversi\u00f3n propia de un conflicto que ya casi alcanza los cincuenta a\u00f1os. Sin embargo, del otro lado la extrema derecha en Colombia redujo toda demanda ciudadana al san benito de \u201cterrorismo\u201d, de tal suerte que hay periodistas, defensores de derechos humanos, l\u00edderes sociales, y hasta fan\u00e1ticos del Internet \u201cTerroristas\u201d.<\/p>\n

La pregunta que se atreven a hacer algunos estamentos de la sociedad colombiana, incluyendo miembros de la iglesia cat\u00f3lica como el arzobispo de la ciudad de Cali Dar\u00edo de Jes\u00fas Monsalve Mej\u00eda, es si la paz que requiere el pa\u00eds llegar\u00e1 por la derrota militar de los denominados terroristas o si la reconciliaci\u00f3n deber\u00eda llegar como resultado de un prop\u00f3sito nacional para superar la desigualdad y la impunidad, garantizando por dem\u00e1s la gobernabilidad y legitimidad de las instituciones.<\/p>\n

Una sociedad que condena a sus j\u00f3venes humildes a ser v\u00edctimas o victimarios ante la mirada indolente de sus clases privilegiadas, dif\u00edcilmente encontrar\u00e1 salida a su hist\u00f3rica violencia mediante la derrota militar que de hecho, ha generado la proliferaci\u00f3n de m\u00faltiples estructuras criminales desde la desmovilizaci\u00f3n paramilitar en el a\u00f1o 2005 y que hoy administran todo tipo de negocios desde las finanzas p\u00fablicas con sus testaferros electorales, hasta el tr\u00e1fico y la micro extorsi\u00f3n de comerciantes y tenderos.<\/p>\n

La seguridad que hoy ofrece Colombia parece ajena para muchos ciudadanos que padecen en carne propia el temor ante el crimen y los homicidios que se registran a diario en el pa\u00eds. Solo en el \u00faltimo a\u00f1o seg\u00fan cifras oficiales, fueron asesinadas 13.155 personas en Colombia y se incautaron un promedio de 74 armas de fuego por d\u00eda. Los \u201cavances\u201d en seguridad est\u00e1n m\u00e1s vinculados a regiones que fueron pacificadas a sangre y fuego para la explotaci\u00f3n de recursos naturales o la inversi\u00f3n extranjera, generando adem\u00e1s el desplazamiento de m\u00e1s de m\u00e1s de 3.8 millones de personas, 100 mil de las cuales fueron desplazadas violentamente en el ultimo a\u00f1o .<\/p>\n

Estrategias que ofrezcan oportunidades a los miles de j\u00f3venes que son reclutados por todos los ej\u00e9rcitos y que por otra parte sean capaces de recobrar la credibilidad ciudadana en el Estado desde la justicia y la equidad, son dos grandes desaf\u00edos para la sociedad colombiana en el largo camino que a\u00fan le resta para la verdadera pacificaci\u00f3n del pa\u00eds. La impunidad en los casos que se ven involucrados miembros de la fuerza p\u00fablica, es solo el reflejo de una gobernabilidad d\u00e9bil que produce v\u00edctimas en lugar de evitarlas.<\/p>\n

Por otra parte, esa misma fuerza vital de los j\u00f3venes que en solitario buscan alternativas y espacios de participaci\u00f3n real en la reconstrucci\u00f3n de la naci\u00f3n, requieren que la oferta institucional est\u00e9 a la altura de sus expectativas, con algo m\u00e1s que una educaci\u00f3n para privilegiados y un modelo de ciudadano reducido a la simple expresi\u00f3n productiva, negando de paso toda su capacidad creadora.<\/p>\n

\"\"<\/a>Tal vez el movimiento social m\u00e1s significativo en el \u00faltimo a\u00f1o en Colombia, fue el liderado por los estudiantes de las universidades p\u00fablicas, quienes oponi\u00e9ndose a una reforma estructural de la pol\u00edtica educativa del pa\u00eds propuesta por el gobierno nacional y que buscaba abrirle campo a una mayor participaci\u00f3n del capital privado en la educaci\u00f3n p\u00fablica, cambiaron radicalmente su estrategia de confrontaci\u00f3n beligerante con la polic\u00eda, tan llamativa para el sensacionalismo de los medios, y convocaron a muestras de afecto hacia los polic\u00edas que inermes fueron fotografiados con decenas de j\u00f3venes que les abrazaron.<\/p>\n

Esta estrategia oblig\u00f3 a los medios a centrar su atenci\u00f3n no solo en los destrozos y desmanes de las marchas, sino en algunas de las obvias preguntas del futuro de la educaci\u00f3n p\u00fablica en el pa\u00eds. Finalmente el gobierno retir\u00f3 su propuesta de reforma, posponiendo al menos por ahora la inminente transformaci\u00f3n del modelo educativo, que de nuevo deja abierta la pregunta de c\u00f3mo garantizar la transici\u00f3n hacia la paz en un pa\u00eds que al mismo tiempo reduce las opciones de cerrar las brechas de exclusi\u00f3n y combatir la marginalidad.<\/p>\n

\"\"<\/a>Alex Sierra R. Es Antrop\u00f3logo y se ha desempe\u00f1ado como Investigador y Consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperaci\u00f3n Internacional para el Desarrollo y Pol\u00edticas P\u00fablicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su pa\u00eds durante los \u00faltimos 12 a\u00f1os. Es columnista mensual con el Programa de las Am\u00e9ricas www.americas.org\/es <\/em><\/p>\n

PARA MAS INFORMACION:<\/strong><\/p>\n

Amenazas de muerte a organizaciones sociales en Barrancabermeja, Colombia, Programa de las Am\u00e9ricas, 5 enere 2012. https:\/\/www.americas.org\/es\/archives\/5957<\/p>\n

Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n Pre-Electoral en Colombia-2010<\/strong>, Programa de las Am\u00e9ricas, 10 mayo 2010, https:\/\/www.americas.org\/es\/archives\/2218<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La otra cara del “exitoso” modelo colombiano de lucha contra el terrorismo y la subversi\u00f3n es la violencia e impunidad de las fuerzas policiales y militares. Colombia tambi\u00e9n puede mostrar otro tipo de experiencias, que vinculan a los j\u00f3venes sin oportunidades a iniciativas que les devuelvan el auto estima y los arranquen de la criminalidad. <\/p>\n","protected":false},"author":289,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4912],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-5973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-movimientos-sociales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/289"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5973"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}