{"id":6060,"date":"2012-01-12T22:51:20","date_gmt":"2012-01-13T03:51:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=6060"},"modified":"2012-01-12T23:01:26","modified_gmt":"2012-01-13T04:01:26","slug":"las-amenazas-que-enfrentan-las-defensoras-de-derechos-humanos-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/las-amenazas-que-enfrentan-las-defensoras-de-derechos-humanos-en-mexico\/","title":{"rendered":"Las amenazas que enfrentan las defensoras de derechos humanos en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

Por Andrea Medina Rosas y Laura Carlsen<\/strong>\"\"<\/a><\/p>\n

M\u00e9xico enfrenta una fuerte crisis humanitaria, y en materia de derechos humanos. M\u00e1s de cincuenta mil muertos es el saldo de la “guerra contra el narco” del Presidente Felipe Calder\u00f3n, en solo cinco a\u00f1os. Miles m\u00e1s han sido desplazados, heridos, desaparecidos o han quedado hu\u00e9rfanos. La sociedad mexicana se divide entre los que desde el miedo respaldan a la ofensiva militar para enfrentar el caos, y los que creen que esta ofensiva es por lo menos en parte, la causa del caos. El gobierno calderonista, con el apoyo financiero y pol\u00edtico del gobierno de los Estados Unidos, rechaza cualquier cr\u00edtica o alternativa a la guerra, a pesar de que el costo pol\u00edtico del fracaso podr\u00eda ser muy alto en las elecciones presidenciales de 2012.<\/p>\n

La crisis de la violencia ha dejado a la vista una crisis m\u00e1s profunda y m\u00e1s arraigada, que es la crisis institucional. Mientras se cometen miles de cr\u00edmenenes en el contexto de la guerra y los conflictos entre las c\u00e1rteles de la droga, el sistema de justicia no logra llevar a sentencia a los culpables en la gran mayor\u00eda de los casos. La corrupci\u00f3n, siempre presente, ahora amenaza con sabotear cualquier intento para controlar la situaci\u00f3n.<\/p>\n

Aunque ahora existe un movimiento para la paz en el pa\u00eds que busca justicia para los y las victimas, dialoga con el gobierno, y exige un fin a la guerra, el n\u00famero de nuevos casos de violaciones de derechos humanos supera por mucho su capacidad de atenderlos. Los aspectos de g\u00e9nero en esta crisis no son visibilizados, a pesar del enorme incremento en la violencia sexual. Las mujeres siguen siendo una proporci\u00f3n relativamente peque\u00f1a de los v\u00edctimas, sin embargo, son la mayoria de las personas que denuncian, que buscan justicia por la p\u00e9rdida de sus seres queridos. Estas defensoras se vuelvan blancos, sin efectivas medidas de protecci\u00f3n ni apoyo. En sus casos, como en todos, la falta de voluntad pol\u00edtica y capacidad institucional es el contexto en que crece la impunidad.<\/p>\n

Se resaltan tres elementos \u00fatiles para comprender la situaci\u00f3n de las defensoras de derechos humanos en M\u00e9xico:<\/p>\n

1) Instituciones fallidas, corrupci\u00f3n e impunidad.<\/strong> Aunque M\u00e9xico no vivi\u00f3 los conflictos armados y las dictaduras militares como otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, sus instituciones democr\u00e1ticas y de justicia se encuentran d\u00e9biles e incompletas para cumplir con sus obligaciones. Esto es resultado de 71 a\u00f1os de partido \u00fanico autoritario (1929-2000) en el poder y la persistencia del sistema de corrupci\u00f3n y de uso de las instituciones del Estado para los intereses de quienes se encuentran en el poder, ya sea institucional, econ\u00f3mico o f\u00e1ctico. <\/p>\n

El sistema de la administraci\u00f3n de justicia deja impune el 98% de los delitos cometidos, incluyendo los que no se reportan por la falta de confianza en el sistema de justicia, los que no est\u00e1n investigados por las autoridades, y los que no llegan a una condena efectiva. Esta situaci\u00f3n propicia la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes pol\u00edticos, del crimen organizado, de delincuencia com\u00fan y de g\u00e9nero–sin acceso a la justicia, sin castigos y sin transparencia.<\/p>\n

La situaci\u00f3n es peor a\u00fan para las mujeres debido a los sesgos discriminatorios por sexo, clase, etnia y edad (ver abajo). A la discriminaci\u00f3n, se suma la falta real de recursos para dar respuesta a las violaciones a derechos humanos. Si antes las instituciones de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia estaban limitadas en recursos y capacidades humanas ante la demanda que exist\u00eda, actualmente en el contexto de la violencia de la guerra contra el narcotr\u00e1fico est\u00e1n m\u00e1s que rebasadas.<\/p>\n

2) Feminicidios, violaci\u00f3n de derechos humanos y simulaci\u00f3n.<\/strong> Un antecedente importante es el caso de los feminicidios en Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua, denunciados desde el a\u00f1o 1993, caso emblem\u00e1tico, tanto por tratarse de cr\u00edmenes de g\u00e9nero con caracter\u00edsticas comunes de tortura y violencia sexual extremas, como por ser un ejemplo del grave problema de impunidad en M\u00e9xico por la falta de voluntad pol\u00edtica para investigar y resolver los feminicidios. <\/p>\n

En este caso y otros, el gobierno mexicano ha profundizado una manera sofisticada de incumplir sus obligaciones en derechos humanos—“la simulaci\u00f3n”—en que realiza acciones formales que publicita desproporcionadamente con el fin de aparentar cumplir con sus obligaciones, tanto internacionales como nacionales, pero en realidad esas acciones no se traducen en un cambio sustantivo de la realidad que mantiene violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera, a pesar de las recientes reformas constitucionales en derechos humanos y que M\u00e9xico ha ratificado la mayor\u00eda de los tratados internacionales sobre la materia, la aplicaci\u00f3n de la ley es totalmente deficiente debido a la falta de voluntad pol\u00edtica en los tres niveles de gobierno.
\n
\n3) Violencia generalizada y de g\u00e9nero en “la guerra contra el narcotr\u00e1fico”.<\/strong> A partir del inicio de la guerra contra el narcotr\u00e1fico en diciembre de 2006 por el Presidente Felipe Calder\u00f3n y promovido por el gobierno de los Estados Unidos, con el despliegue de unos 45,000 miembros de las fuerzas armadas en las calles, la violencia ha aumentado a niveles alarmantes: 50,000 homicidios y miles de desplazados\/as y desaparecidos\/as. El registro de quejas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad se ha aumentado en 600%. La militarizaci\u00f3n presenta nuevas amenazas y riesgos adicionales a mujeres defensoras de derechos humanos, sobre todo en regiones ind\u00edgenas, en el norte del pa\u00eds y en otras zonas de conflicto agudo. Se han denunciado m\u00faltiples casos de violaci\u00f3n sexual, abuso y asesinato atribuidos a las fuerzas armadas, adem\u00e1s de asesinatos y abusos atribuidos a las c\u00e1rteles de la droga.<\/p>\n

II. Descripci\u00f3n de los problemas actuales<\/strong>
\nLas defensoras de derechos humanos en M\u00e9xico enfrentan condiciones de amenazas y grave riesgo para llevar a cabo su trabajo y sostener su seguridad e integridad personal. Los responsables principales de tales agresiones son el Estado con sus autoridades y fuerzas de seguridad, los grupos conservadores, los medios de comunicaci\u00f3n y los grupos criminales. Los desaf\u00edos para la protecci\u00f3n de las defensoras implican garantizar su seguridad inmediata a trav\u00e9s de sus propias redes sociales y civiles -pues no es posible confiar para ello en las instancias p\u00fablicas y del Estado- y, al mismo tiempo, exigir y fortalecer el Estado democr\u00e1tico y de derecho para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la integridad y la seguridad de los y las defensoras. Se destacan tres aspectos:<\/p>\n

1. Impunidad.<\/strong> A la falta de debida investigaci\u00f3n de los casos de violaciones a derechos humanos y de amenazas y violaciones a derechos de las propias defensoras, se suma que no hay sanci\u00f3n, ni reparaci\u00f3n alguna por los da\u00f1os, ni programas de prevenci\u00f3n. Estos hechos, bajo la responsabilidad de las autoridades, sostiene que particulares –ya sean empresas, crimen organizados o personas conocidas- contin\u00faen e incrementen la violencia contra las mujeres y las defensoras, en clara colusi\u00f3n con las autoridades. Para realizar el trabajo de las defensoras de derechos humanos con mayor seguridad y eficacia, es urgente poner fin a la impunidad, pues sostiene la cadena de violencia contra ellas por exigir justicia y, muchas veces se extiende contra las familias de las v\u00edctimas y de ellas. <\/p>\n

En alarmante contrapartida de la impunidad de las violaciones de derechos humanas y contra defensoras, se ha incrementado el uso del sistema de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia para criminalizar la movilizaci\u00f3n social y el trabajo de muchas defensoras y defensores de derechos humanos para reprimirlos.
\n
\n2. La cultura de discriminaci\u00f3n contra las mujeres.<\/strong> La Corte IDH ha sido clara en varias de sus sentencias contra M\u00e9xico en afirmar que si existe violencia contra las mujeres, es porque el Estado mexicano a trav\u00e9s de sus autoridades, sostiene una cultura de discriminaci\u00f3n contra las mujeres. Esta discriminaci\u00f3n se exacerba contra mujeres ind\u00edgenas, j\u00f3venes, migrantes, pobres, lesbianas y contra aquellas que exigen justicia. Tambi\u00e9n sobresalen mayores ataques contra aquellas defensoras que defienden derechos de las mujeres ligados a su sexualidad y reproducci\u00f3n. Aquellas que promueven el derecho a decidir libremente la maternidad y las que defienden a mujeres encarceladas por abortar est\u00e1n siendo atacadas de manera grave por grupos conservadores, as\u00ed como aquellas que defienden los derechos a la diversidad sexual. La discriminaci\u00f3n est\u00e1 presente todav\u00eda en leyes y reglamentos, pero sobre todo en pr\u00e1cticas que las autoridades realizan y que tienen por resultado la falta de acceso a la justicia y la preservaci\u00f3n de una cultura mis\u00f3gina.<\/p>\n

Este aspecto es importante pues en el contexto actual, quienes exigen justicia, buscan a sus familiares y denuncian a los responsables de violaciones a derechos son mayoritariamente mujeres. Son las madres, hermanas, esposas, hijas que est\u00e1n convirti\u00e9ndose de manera emergente en defensoras. <\/p>\n

3. La falta de una pol\u00edtica p\u00fablica real y efectiva de promoci\u00f3n y defensa de los derechos humanos desde el Estado mexicano. <\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n actual de militarizaci\u00f3n de amplias zonas del pa\u00eds, as\u00ed como de vac\u00edo del Estado en otras, deja en claro que las acciones realizadas sobre derechos humanos son aisladas, no se coordinan entre los tres niveles de gobierno, ni entre las diversas instancias y poderes. La ciudadan\u00eda poco conoce sus derechos y el funcionamiento de las instituciones para hacerlos valer, socialmente hay poca promoci\u00f3n y apoyo a los derechos humanos; peor a\u00fan, existe una campa\u00f1a desde el poder para vincular el trabajo de las y los defensores de derechos humanos a la protecci\u00f3n de la delincuencia. Las pocas garant\u00edas que se han construido desde las autoridades para dar protecci\u00f3n a quienes defienden los derechos humanos, como las medidas cautelares, son in\u00fatiles pues no hay presupuesto para implementarlas, y no se coordinan las instituciones para realizarlas. <\/p>\n

III. Casos emblem\u00e1ticos<\/strong> <\/p>\n

1. Josefina Reyes: Dirigente social del Valle de Ju\u00e1rez, Chihuahua que luch\u00f3 por la paz y denunci\u00f3 violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas enviadas a la zona como parte de la guerra contra el narcotr\u00e1fico. Fue asesinada el 3 de enero de 2010. Despu\u00e9s del asesinato, su familia segu\u00eda con su trabajo y buscando justicia; varias personas de su familia han sufrido amenazas, agresiones e incluso han sido asesinados: Rub\u00e9n Reyes (asesinado previamente); Mar\u00eda Magdalena Reyes, El\u00edas Reyes y Luisa Ornelas (asesinados en febrero de 2011); Sara Salazar y Sa\u00fal Reyes (madre y hermano de Josefina) y un sobrino suyo recibieron amenazas y la quema de su vivienda. Ninguno de los cr\u00edmenes han sido resueltos.<\/p>\n

2. Marisela Escobedo En agosto de 2008 la hija de Marisela, Rub\u00ed Frayre desapareci\u00f3. Despu\u00e9s de averiguaciones por parte de la familia, encontraron sus restos y el culpable, su pareja, Sergio Barraza, qui\u00e9n confes\u00f3 al crimen. Los jueces estatales lo dejaron libre. Despu\u00e9s de la indignaci\u00f3n publica, fue sentenciado pero ya se encontraba pr\u00f3fugo. Marisela nunca dej\u00f3 de exigir justicia y el 16 de diciembre, protestando frente al las oficinas estatales en la capital de Chihuahua ella fue asesinada con un tiro a la cabeza. El crimen no ha sido resuelto.<\/p>\n

3. Blanca Vel\u00e1squez: Desde 2008 ha sido atacada sistem\u00e1ticamente por denunciar las violaciones a los derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas por parte de empresas trasnacionales. Las y los integrantes de su organizaci\u00f3n, el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), as\u00ed como integrantes de otras organizaciones nacionales e internacionales que les apoyan han sido amenazados de muerte. Sus instalaciones han sido allanadas, robando todo su archivo, equipo y recursos; han intervenido sus redes de comunicaci\u00f3n oficial da\u00f1ando sus relaciones institucionales. P\u00fablicamente los l\u00edderes empresariales han nombrado a Blanca como un peligro social y han afirmado estar protegidos por las autoridades mexicanas. Ninguno de los hechos han sido resueltos.<\/p>\n

4. Margarita Guadalupe Mart\u00ednez Mart\u00ednez, integrante de ENLACE, Comunicaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n, A.C. en Chiapas tiene desde 2010, junto con su esposo Adolfo Guzm\u00e1n, medidas cautelares de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas de muerte que ha recibido por su trabajo de promoci\u00f3n de los derechos humanos. Sin embargo esas medidas se han convertido en una manera de ejercer mayor violencia sobre ella por parte de las autoridades, a la par de que las amenazas y las agresiones contin\u00faan en su contra.<\/p>\n

IV. DATOS <\/strong>
\n1.\tDesde 2010, se ha registrado el asesinato de seis defensoras de derechos humanos en M\u00e9xico: Chihuahua-Marisela Escobedo, Susana Ch\u00e1vez, Malena Reyes, Luisa Ornelas, Josefina Reyes; Oaxaca: Beatriz Cari\u00f1o.
\n2.\tEl 98% de los delitos cometidos en M\u00e9xico quedan impunes, es decir, no llegan a una condena efectiva.
\n3.\tLa guerra contra el narcotr\u00e1fico ha dejado 50,000 muertos, miles de desplazados, desaparecidos, hu\u00e9rfanos, etc. Las mujeres representan la mayor\u00eda de los denunciantes en la b\u00fasqueda de justicia para las v\u00edctimas y sus familiares.
\n4.\tEl n\u00famero de feminicidios en el Estado de Chihuahua desde que se despleg\u00f3 el ej\u00e9rcito en la zona lleg\u00f3 a 837 (2008-2011 junio)—casi el doble del total de los feminicidios 1993-2007.
\n5.\tEl \u00faltimo informe de la Relatora Especial sobre Defensores y Defensoras reconoce que las amenazas, particularmente las “amenazas de muerte expl\u00edcitas” contra defensoras de derechos humanos son una de las principales formas de violencia en la regi\u00f3n, con m\u00e1s de la mitad de las 292 comunicaciones de Am\u00e9rica Latina y entre ellos la mayor n\u00famero de M\u00e9xico (27).<\/p>\n

IV. Peticiones al gobierno e instancias internacionales<\/strong>
\n
\n1. Incluir la perspectiva de g\u00e9nero en los diagn\u00f3sticos y an\u00e1lisis de riesgo.<\/strong> Implica estudiar la especificidad, tanto de mujeres como de hombres, de las agresiones y de las medidas que efectivamente protejan de acuerdo a esas necesidades.
\n
\n2. Medidas de protecci\u00f3n efectivas en lo local.<\/strong> Las medidas s\u00f3lo individuales han mostrado ser contraproducentes, pues en lugar de protecci\u00f3n y de modificar la situaci\u00f3n de riesgo, \u00e9ste se incrementa al tener un mayor control por parte del Estado sobre las defensoras limitando o impidiendo su trabajo. Por ello se ha insistido que las medidas de protecci\u00f3n deben incluir como m\u00ednimo: a) la garant\u00eda de la debida investigaci\u00f3n para que no exista impunidad en estos casos, incluyendo la sanci\u00f3n a los funcionarios que est\u00e9n involucrados en el proceso de agresi\u00f3n o discriminaci\u00f3n contra las defensoras, b) garantizar el apoyo psicosocial, a\u00fan en caso de desplazamiento, c) incluir procesos con los medios de comunicaci\u00f3n y con las comunidades afectadas por las agresiones a las defensoras.<\/p>\n

3. El monitoreo internacional para la implementaci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n. Que la comunidad internacional realice un monitoreo que logre filtrar los enga\u00f1os que la simulaci\u00f3n produce y medir resultados reales. El seguimiento de instancias internacionales de derechos humanos requiere de indicadores de evaluaci\u00f3n y mecanismos de monitoreo con la sociedad civil.
\n
\n4. Centrar los apoyos en las propias organizaciones y defensoras.<\/strong> Si bien las obligaciones de garant\u00eda son responsabilidad de los Estados, es fundamental fortalecer a las organizaciones y la articulaci\u00f3n entre defensoras con el fin de garantizar su protecci\u00f3n de manera inmediata y efectiva.
\n
\nV. Enlaces y recursos para m\u00e1s informaci\u00f3n<\/strong>
\nPara informaci\u00f3n sobre las propuestas de mecanismos gubernamentales de protecci\u00f3n a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, CENCOS http:\/\/www.cencos.org\/node\/26545<\/p>\n

Para informaci\u00f3n sobre el caso de In\u00e9s y Valentina, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan http:\/\/www.tlachinollan.org\/Ines-y-Valentina\/ines-y-vale.html<\/p>\n

Para informaci\u00f3n sobre el caso Campo Algodonero http:\/\/www.campoalgodonero.org.mx\/<\/p>\n

Art\u00edculos e informes:
\nEl diagn\u00f3stico de defensoras en Mesoam\u00e9rica (en linea aqu\u00ed 2011 report )<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional,
\nCaso Josefina Reyes http:\/\/www.amnesty.org\/en\/news-and-updates\/news\/mexico-urged-protect-activists-after-campaigner-shot-dead-20100106
\nCaso Margar\u00edta Mart\u00ednez http:\/\/www.amnesty.org\/es\/library\/info\/AMR41\/067\/2011\/es<\/p>\n

The Murdered Women of Ju\u00e1rez
\nhttps:\/\/www.americas.org\/archives\/3895<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se resaltan tres elementos \u00fatiles para comprender la situaci\u00f3n de las defensoras de derechos humanos en M\u00e9xico: Instituciones fallidas, corrupci\u00f3n e impunidad; feminicidios, violaci\u00f3n de derechos humanos y simulaci\u00f3n; y violencia generalizada y de g\u00e9nero en “la guerra contra el narcotr\u00e1fico”<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-6060","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6060"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=6060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}