{"id":64983,"date":"2025-04-01T09:38:57","date_gmt":"2025-04-01T14:38:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.americas.org\/?p=64983"},"modified":"2025-04-01T09:41:12","modified_gmt":"2025-04-01T14:41:12","slug":"robo-en-las-carreteras-de-honduras-como-las-corporaciones-despojan-a-la-gente-comun-en-paises-empobrecidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/robo-en-las-carreteras-de-honduras-como-las-corporaciones-despojan-a-la-gente-comun-en-paises-empobrecidos\/","title":{"rendered":"Robo en las carreteras de Honduras: C\u00f3mo las corporaciones despojan a la gente com\u00fan en pa\u00edses empobrecidos"},"content":{"rendered":"\n

Los privilegios corporativos extraordinarios en la pol\u00edtica exterior y comercial de Estados Unidos est\u00e1n dise\u00f1ados para ayudar a las empresas a ganar incluso cuando sus inversiones fracasan.

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Una carretera de peaje en Siguatepeque, Honduras (Shutterstock)<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por Marcia Perdomo<\/em><\/p>\n\n\n\n

Se supon\u00eda que una alianza p\u00fablico-privada para mejorar la infraestructura vial en Honduras impulsar\u00eda el desarrollo econ\u00f3mico. Sin embargo, r\u00e1pidamente se convirti\u00f3 en un acuerdo en el que todos sal\u00edan perdiendo, para una poblaci\u00f3n ya empobrecida, y en una sombr\u00eda advertencia sobre las normas de inversi\u00f3n que otorgan demasiado poder a las corporaciones.<\/p>\n\n\n\n

Todo comenz\u00f3 en 2016, cuando el gobierno propuso desarrollar una carretera a lo largo de la costa norte de Honduras, con peajes incluidos que habr\u00edan aumentado los costos de transporte y otros precios para los locales.<\/p>\n\n\n\n

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“No al peaje”. Campamento contra las casetas. Fotograf\u00eda: tiempo.hn<\/a><\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La gente se alz\u00f3 r\u00e1pidamente para oponerse al proyecto, que amenazaba con elevar el costo de la vida y vaciar las arcas p\u00fablicas. Esas protestas iniciales se convirtieron en un campamento de 421 d\u00edas contra las casetas de peaje a lo largo de la autopista. En 2018, tras estas protestas, el gobierno cancel\u00f3 el contrato del proyecto con la empresa Autopistas del Atl\u00e1ntico (ADASA).<\/p>\n\n\n\n

Pero tras cinco a\u00f1os de silencio, los inversores volvieron con fuerza. Ahora, un grupo inversor, que incluye a ADASA, JP Morgan Chase Bank y un par de fondos de Goldman Sachs, presenta una demanda multimillonaria contra el pa\u00eds ante un tribunal con sede en Washington, D.C., por una suma mucho mayor a la que jam\u00e1s invirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para exigir a Honduras 179 millones de d\u00f3lares, alegando un \u201cincumplimiento de su contrato por la suspensi\u00f3n de la autopista de peaje ante la protesta comunitaria y la cancelaci\u00f3n del contrato en 2018\u201d, seg\u00fan The Corporate Assault on Honduras<\/a><\/em>, un informe publicado en septiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, explic\u00f3 durante la presentaci\u00f3n del informe que el sistema de Soluci\u00f3n de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ISDS), del que forma parte el CIADI, permite a las empresas transnacionales presentar demandas que silencian las voces de las personas afectadas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas 15 demandas activas contra Honduras constituyen un atentado contra las luchas por la dignidad, la justicia y la democracia. Estas demandas y el sistema que las permite constituyen un atentado contra la soberan\u00eda de Honduras y la autodeterminaci\u00f3n de las comunidades afectadas\u201d, declar\u00f3 Spring.

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Indignaci\u00f3n ciudadana<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Como parte de la \u201cMesa de Indignaci\u00f3n Ciudadana\u201d, Suyapa Majano e Idalia Carballo aseguran que ni el clima ni las fuerzas armadas del estado pudieron intimidar la lucha contra las casetas de peaje, consideradas inconstitucionales y violatorias a su derecho al libre tr\u00e1nsito.<\/p>\n\n\n\n

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Mesa de Indignaci\u00f3n Ciudadana. Fotograf\u00eda: Honduras Tierra Libre<\/a><\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Suyapa Majano recuerda que, para sostener el campamento de protesta, se organizaron por turnos, en los que participaron principalmente mujeres. Celebraron cumplea\u00f1os en la carretera y, durante Semana Santa, rezaron el V\u00eda Crucis, todo para manifestar su oposici\u00f3n a los peajes.<\/p>\n\n\n\n

Nunca cejamos en la lucha, a pesar de que varios hombres y mujeres fueron golpeados, gaseados rutinariamente y perseguidos por su protesta. Tambi\u00e9n hubo estudiantes que participaron, y recuerdo que tuvieron que huir. Quienes permanecieron en el pa\u00eds fueron perseguidos por las fuerzas armadas represivas del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Idalia Carballo cuestiona la legalidad de usar peajes en carreteras ya construidas y donde no existen rutas alternativas para garantizar la libre circulaci\u00f3n de los vecinos. “Pusieron las cabinas de peaje, pero no construyeron nada ellos mismos”, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Carballo recuerda que el gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez apoy\u00f3 a Autopistas del Atl\u00e1ntico aportando efectivos policiales y militares para reprimir a la poblaci\u00f3n que protestaba contra las casetas de peaje.<\/p>\n\n\n\n

Hern\u00e1ndez, quien desde entonces ha sido condenado en el estado de Nueva York por conspirar para importar coca\u00edna<\/a> a Estados Unidos, promocion\u00f3 el contrato del corredor tur\u00edstico como un paso adelante para la infraestructura del pa\u00eds, supuestamente para estimular el comercio, el turismo, la creaci\u00f3n de empleo y reducir los costos de transporte.<\/p>\n\n\n\n

Inicialmente, el contrato establec\u00eda que las casetas de peaje solo podr\u00edan comenzar a cobrar una vez finalizada la construcci\u00f3n. Sin embargo, en 2016, tras completarse solo el 10% de la obra, la empresa recibi\u00f3 la aprobaci\u00f3n para empezar a cobrar a todos los veh\u00edculos que circulaban por la v\u00eda. Esto activ\u00f3 el ingreso m\u00ednimo anual garantizado (la diferencia entre los ingresos m\u00ednimos previstos y los ingresos obtenidos) previsto en el contrato. Como resultado, Honduras ahora adeuda a la empresa 110 millones de d\u00f3lares, en lugar de los 42 millones anteriores, debido a la cancelaci\u00f3n anticipada del proyecto, como explica The Corporate Assault on Honduras.<\/a><\/em>

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El fracaso de las asociaciones p\u00fablico-privadas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La demanda de Autopistas del Atl\u00e1ntico es solo una de las 15 demandas de arbitraje actualmente en tr\u00e1mite contra Honduras, promovidas en gran medida por inversionistas que se beneficiaron de las decisiones tomadas tras el golpe de Estado de 2009 durante la llamada narcodictadura. Muchas de estas demandas se han presentado al amparo de tratados de libre comercio y de protecci\u00f3n de inversiones que consagran privilegios corporativos extraordinarios. En este caso, la empresa puede interponer un recurso a trav\u00e9s del Mecanismo de Soluci\u00f3n de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ISDS) en virtud de su contrato de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada (APP).<\/p>\n\n\n\n

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“No al peaje, por ti, por tus hijos”. Fotograf\u00eda: Honduras Tierra Libre<\/a><\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cVemos al menos tres demandas [\u2026] que corresponden a contratos de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada, que fueron negociados por [la extinta Comisi\u00f3n de Promoci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada] en condiciones altamente lesivas para el erario p\u00fablico\u201d, explica Jen Moore, del Instituto de Estudios Pol\u00edticos (IPS).<\/p>\n\n\n\n

Las APP en Honduras se permitieron mediante la Ley de Promoci\u00f3n de las Asociaciones P\u00fablico-Privadas de 2010, que tambi\u00e9n cre\u00f3 la extinta Comisi\u00f3n para la Promoci\u00f3n de las Asociaciones P\u00fablico-Privadas (COALIANZA). La funci\u00f3n de COALIANZA era promover, celebrar y supervisar los contratos de APP entre los sectores p\u00fablico y privado, involucrando tanto a empresas nacionales como transnacionales.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, COALIANZA fue desmantelada tras el allanamiento de sus oficinas por parte de la Agencia T\u00e9cnica de Investigaci\u00f3n Criminal (ATIC) bajo acusaciones generalizadas de corrupci\u00f3n. Anteriormente, en 2014, parte de las actividades de COALIANZA fueron declaradas secretas en virtud de la Ley de Clasificaci\u00f3n de Documentos P\u00fablicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional o Ley de Secreto. Esto gener\u00f3 serias dudas sobre la limitada auditor\u00eda y supervisi\u00f3n de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

El Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) y El\u00e9ctricas de Medell\u00edn Ingenier\u00eda y Servicios SAS presentaron otras dos demandas contra Honduras, relacionadas con un contrato de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada (APP), por 10 millones de d\u00f3lares, recientemente descontinuado<\/a>, y por 500 millones de d\u00f3lares, respectivamente. International Container Terminal Services y Operadora Portuaria Centroamericana presentaron otras dos demandas, probablemente relacionadas con un contrato APP, pero la falta de transparencia en su caso impidi\u00f3 que se desconociera el monto.<\/p>\n\n\n\n

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The Corporate Assault on Honduras<\/em><\/sup><\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Moore se\u00f1ala que si bien es dif\u00edcil conocer los detalles de las reclamaciones de arbitraje contra Honduras porque la documentaci\u00f3n relacionada permanece confidencial, las empresas a menudo act\u00faan con uno de dos objetivos: primero, presionar a las autoridades para cambiar las reglas o asegurar que las condiciones comerciales permanezcan en su inter\u00e9s; y segundo, obligar a la gente a compensar a los inversionistas por sus p\u00e9rdidas, incluyendo las futuras ganancias perdidas.<\/p>\n\n\n\n

Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, afirma que el sistema de soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados ha sido ampliamente criticado m\u00e1s all\u00e1 de Honduras.<\/p>\n\n\n\n

Se\u00f1ala que la decisi\u00f3n de Honduras de abandonar el CIADI en agosto de 2024 fue \u201cun paso importante, pero no suficiente\u201d. Explica: \u201cEl CIADI es solo uno de los diversos centros de arbitraje globales disponibles, mientras que los tratados de protecci\u00f3n de inversiones [\u2026] permiten a los inversionistas demandar al Estado en cualquier foro de arbitraje del mundo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El sistema ISDS est\u00e1 dise\u00f1ado para favorecer a las corporaciones, con un alto costo para las personas y el inter\u00e9s p\u00fablico. El informe “El asalto corporativo a Honduras”<\/a> insta a la abolici\u00f3n de estos privilegios corporativos exclusivos otorgados mediante tratados internacionales, as\u00ed como en leyes y contratos nacionales, incluyendo las asociaciones p\u00fablico-privadas.

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Este art\u00edculo fue adaptado de una versi\u00f3n anterior publicada <\/em>en espa\u00f1ol<\/em><\/a> por el medio de comunicaci\u00f3n hondure\u00f1o Criterio el 9 de diciembre de 2024. La versi\u00f3n en ingl\u00e9s<\/a> y en espa\u00f1ol <\/a>fue publicada en Foreign Policy in Focus (FPIF) el 21 de marzo de 2025, y MIRA tiene permiso para publicarla y distribuirla.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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