{"id":65723,"date":"2025-08-04T13:40:47","date_gmt":"2025-08-04T18:40:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.americas.org\/?p=65723"},"modified":"2025-10-17T22:06:54","modified_gmt":"2025-10-18T03:06:54","slug":"la-descalificacion-de-eeuu-a-la-justicia-colombiana-por-condenar-a-alvaro-uribe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/la-descalificacion-de-eeuu-a-la-justicia-colombiana-por-condenar-a-alvaro-uribe\/","title":{"rendered":"La descalificaci\u00f3n de EEUU a la justicia colombiana por condenar a \u00c1lvaro Uribe"},"content":{"rendered":"\n

El mundo en foco<\/strong>\u00a0|\u00a0Columna de an\u00e1lisis<\/em><\/h2>\n\n\n\n

La intromisi\u00f3n del gobierno de Estados Unidos en el ejercicio de la justicia en pa\u00edses como Brasil y la Argentina se ha extendido esta semana a Colombia. El lunes 28 de julio, el expresidente de la Rep\u00fablica, \u00c1lvaro Uribe (2002-2010), fue hallado culpable, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuaci\u00f3n penal por la jueza Sandra Heredia. La funcionaria pudo probar los contactos del abogado Diego Cadena, representante de Uribe, con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en una c\u00e1rcel de Bogot\u00e1, para que este no vinculara al expresidente con los paramilitares, para lo cual deb\u00eda desdecirse de declaraciones anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Inmediatamente despu\u00e9s, las autoridades de Estados Unidos condenaron el fallo, lo cual se ha convertido en una pr\u00e1ctica cotidiana cuando los reos son sus aliados. Es el caso de Brasil cuando el 9 de julio, Donald Trump amenaz\u00f3 con aranceles del 50% a las exportaciones brasile\u00f1as al vincularlo con el juicio en curso contra Bolsonaro, al que calific\u00f3 como una \u201ccaza de brujas que debe terminar inmediatamente\u201d, porque constituye una \u201cverg\u00fcenza internacional\u201d. A pesar de la vocaci\u00f3n negociadora de Lula, el mi\u00e9rcoles 31 de julio, Trump oficializ\u00f3 los aranceles \u2013aunque exceptu\u00f3 algunas partidas\u2013 despu\u00e9s de firmar una orden ejecutiva<\/a> que acciona la ley de emergencia internacional (IEEPA) al calificar a Brasil como \u201cuna amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la pol\u00edtica exterior y la econom\u00eda de los Estados Unidos\u201d. En esta se\u00f1ala tambi\u00e9n que \u201clos procesos judiciales contra el expresidente brasile\u00f1o, Jair Bolsonaro y sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil\u201d. Ello le permite obtener la base legal para imponer sanciones unilaterales como los aranceles.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El viernes 1\u00b0 de agosto Uribe fue condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n domiciliaria. En la audiencia el exmandatario tom\u00f3 la palabra para presentar su apelaci\u00f3n y, como era de esperar, no solo se declar\u00f3 inocente, sino que dijo que la decisi\u00f3n ten\u00eda una base pol\u00edtica y no precisamente jur\u00eddica y que pol\u00edticos poderosos, entre los que cit\u00f3 a Gustavo Petro y a Iv\u00e1n Cepeda, estar\u00edan involucrados en los hechos. Es la primera vez que un presidente es condenado en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

La semana pasada, el Embajador electo por Trump en Argentina, Peter Lamelas, declar\u00f3 en la Comisi\u00f3n de Relaciones Exteriores del Senado no solo que seguir\u00e1 apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y su reelecci\u00f3n, sino que se asegurar\u00e1 de que la expresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner reciba la justicia que bien merece, luego de acusarla de encubrimiento en el ataque terrorista a la AMIA y decir que est\u00e1 bajo arresto domiciliario \u201cdebido a cierto favoritismo pol\u00edtico que existe all\u00ed\u201d pues est\u00e1 procesada y declarada culpable de fraude.<\/p>\n\n\n\n

Antecedentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Al expresidente Uribe le sali\u00f3 el tiro por la culata cuando en 2012 denunci\u00f3 al senador Iv\u00e1n Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulaci\u00f3n de testigos luego de que Cepeda sostuviera que el exmandatario ten\u00eda v\u00ednculos con el paramilitarismo, responsable de miles de muertes de civiles durante el conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

El magistrado Jos\u00e9 Luis Barcel\u00f3, quien acogi\u00f3 la denuncia de Uribe, no encontr\u00f3 pruebas por lo que, en 2018, la Corte no solo determin\u00f3 que no hab\u00eda indicios de delito por parte de Cepeda, sino que orden\u00f3 investigar al expresidente por enviar a emisarios para que manipularan a testigos a su favor y en contra del senador. En agosto de 2020 Uribe tuvo que renunciar al esca\u00f1o que ocupaba como senador desde 2014 y pas\u00f3 a prisi\u00f3n domiciliaria por orden de la Corte Suprema. El caso pas\u00f3 a la justicia ordinaria y, cinco a\u00f1os despu\u00e9s, Uribe fue condenado el viernes en un veredicto hist\u00f3rico para Colombia.<\/p>\n\n\n\n

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Durante el gobierno de Uribe tuvieron lugar los denominados \u201cfalsos positivos\u201d. Solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes a los que presentaron ileg\u00edtimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensas en el marco de la denominada \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d impulsada por \u00c1lvaro Uribe. En efecto, en abril de 2020 tuvo lugar la primera audiencia organizada por la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz<\/a>, un tribunal creado como parte del Acuerdo de Paz de 2016<\/a> celebrado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ella, un general del ej\u00e9rcito, otros nueve funcionarios militares y un civil reconocieron haber cometido cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad y de haberlos presentado como combates con rebeldes.<\/p>\n\n\n\n

Los oficiales contaron que hab\u00edan participado en una estrategia deliberada en la que reclutaron a colombianos de a pie, muchos de ellos estudiantes y campesinos pobres, la mayor\u00eda entre 25 y 35 a\u00f1os, con la promesa de empleos; luego los mataron y reportaron los fallecimientos como de guerrilleros ca\u00eddos en combate. En la mencionada audiencia, N\u00e9stor Guillermo Restrepo, quien fuera cabo del ej\u00e9rcito, se\u00f1al\u00f3: \u201cQuiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza p\u00fablica, asesin\u00e9 cobardemente, les arrebat\u00e9 la ilusi\u00f3n a sus hijos, les desgarr\u00e9 el coraz\u00f3n a sus madres por una presi\u00f3n, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Uribe niega cualquier vinculaci\u00f3n con los cr\u00edmenes, asegura que se trata de \u201ccasos aislados\u201d y niega tambi\u00e9n que el Ej\u00e9rcito haya llevado a cabo una acci\u00f3n sistem\u00e1tica contra civiles durante su mandato, afirmaci\u00f3n que los familiares de las v\u00edctimas consideran falsa. Por ello, el objetivo es establecer qui\u00e9n dict\u00f3 las \u00f3rdenes en la cadena de mando. Sin embargo, la actual investigaci\u00f3n de la magistrada Sandra Heredia, no tuvo como objetivo determinar la responsabilidad del expresidente Uribe sobre este delito, sino simplemente investigarlo por soborno en actuaci\u00f3n penal y fraude procesal.<\/p>\n\n\n\n

Es evidente que Uribe no es ajeno al quehacer de los paramilitares, pero tambi\u00e9n, que no es el \u00fanico. En marzo de 2020, el relator especial para los derechos humanos de la ONU<\/a>, Michel Forst dijo que, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, Colombia segu\u00eda siendo \u201cel pa\u00eds con el mayor n\u00famero de personas defensoras de estos derechos asesinadas en Am\u00e9rica Latina, y las amenazas en su contra se hab\u00edan disparado, en un contexto de altos \u00edndices de impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En el informe <\/a>Forst se\u00f1al\u00f3 que “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las econom\u00edas ilegales, la corrupci\u00f3n y la tenencia il\u00edcita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, adem\u00e1s, objeto de violaciones espec\u00edficas de g\u00e9nero y sus familias son tambi\u00e9n el blanco de ataques”. Asimismo, advirti\u00f3 que “cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se env\u00eda un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitaci\u00f3n para seguir violentando sus derechos”. Forst se\u00f1al\u00f3 que el gobierno colombiano, en tiempos del presidente uribista, Iv\u00e1n Duque, no le permiti\u00f3 ingresar al pa\u00eds para concluir el informe que present\u00f3 en esa oportunidad ante el Consejo de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2020 surgieron denuncias que vincularon a Urbe con los carteles mexicanos narcotraficantes<\/a> y la Administraci\u00f3n Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiraci\u00f3n para traficar grandes cantidades de coca\u00edna a M\u00e9xico entre 2006 y 2008. De ser cierto, algunas analistas consideran que las acusaciones representar\u00edan la \u00faltima de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada \u201cguerra contra las drogas\u201d emprendida por Estados Unidos y Colombia, como un pretexto falso para justificar d\u00e9cadas de militarizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La reacci\u00f3n del gobierno estadounidense<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El primero en atreverse a juzgar a la justicia colombiana por el fallo emitido contra \u00c1lvaro Uribe fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En su cuenta de X expres\u00f3<\/a> que \u201cel \u00fanico delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalizaci\u00f3n del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A rengl\u00f3n seguido, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau<\/a>, expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el fallo contra el exmandatario colombiano. Landau se atrevi\u00f3 a decir que la justicia se hab\u00eda visto manchada en Colombia por la sentencia contra el expresidente \u00c1lvaro Uribe. Advirti\u00f3 que la instrumentalizaci\u00f3n de los sistemas judiciales para atacar a adversarios pol\u00edticos representaba una de las tendencias m\u00e1s preocupantes de nuestro tiempo. En un acto de descalificaci\u00f3n de la justicia colombiana sentenci\u00f3: \u201cNuestras diferencias pol\u00edticas deber\u00edan resolverse en las urnas, no en los tribunales\u201d, sugiriendo la falta de imparcialidad de la justicia colombiana.<\/p>\n\n\n\n

Como si fuera un profesor de secundaria, dijo que \u201clos fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de forma neutral a los adversarios pol\u00edticos. Y en un acto de grosera injerencia, a\u00f1adi\u00f3 que el pa\u00eds cuenta con \u201cuna orgullosa tradici\u00f3n de independencia judicial, por la que muchos jueces han pagado con sus vidas\u201d. Sin embargo, lament\u00f3 que esa herencia se vea ahora comprometida por la sentencia contra el exmandatario. Finaliz\u00f3 diciendo que, como amigo de Colombia, esperaba y confiaba en que las cortes de apelaciones colombianas pondr\u00e1n fin a \u201ceste abuso procesal y judicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A las voces del Ejecutivo estadounidense se sumaron las de los senadores republicanos seguidores de Trump, de origen colombiano Rub\u00e9n Gallego y Bernie Moreno<\/a>, quienes viajar\u00e1n a Colombia en dos semanas para \u201ctener un cara a cara\u201d con el presidente Gustavo Petro y ver c\u00f3mo pueden supervisar el desarrollo de la democracia y garantizar las elecciones presidenciales en mayo del pr\u00f3ximo a\u00f1o. El senador republicano Rick Scott<\/a> asegur\u00f3 que \u00c1lvaro Uribe est\u00e1 siendo v\u00edctima de una persecuci\u00f3n judicial terrible como resultado de la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas del presidente Gustavo Petro, a quien calific\u00f3 de criminal y extremista. Por eso, dijo, es muy importante que los Estados Unidos, la comunidad internacional apoyen al presidente Uribe y la lucha por la libertad y democracia\u201d, asever\u00f3. Esa misma postura adopt\u00f3 el congresista republicado Mario D\u00edaz-Balart, quien calific\u00f3 la decisi\u00f3n judicial como una \u201ccacer\u00eda de brujas\u201d, que obedecer\u00eda a una ideolog\u00eda pol\u00edtica de izquierda y no a un trabajo juicioso de revisi\u00f3n de pruebas.\u201c<\/p>\n\n\n\n

Hasta antes del triunfo de Gustavo Petro en 2022, Colombia era el aliado m\u00e1s estrecho de Estados Unidos. En 2009, bajo el mandato de Uribe, se autoriz\u00f3 la instalaci\u00f3n de siete bases militares en territorio colombiano y fue el primer pa\u00eds latinoamericano en ser socio global de la OTAN<\/a> desde 2018. El 23 de mayo de 2022, seis d\u00edas antes de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el expresidente Biden oficializ\u00f3 la declaraci\u00f3n de Colombia como aliado principal extra de la OTAN<\/a>, lo que le permite al pa\u00eds acceder a material b\u00e9lico estadounidense y recibir pr\u00e9stamos para equipos y materiales de investigaci\u00f3n. As\u00ed mismo, tendr\u00eda privilegios en tr\u00e1mites de compras de tecnolog\u00eda espacial y podr\u00eda participar en proyectos cooperativos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

La respuesta de Colombia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Tras los comunicados de Marco Rubio y Chistopher Landau, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia<\/a> public\u00f3 un comunicado de apoyo a la actuaci\u00f3n de la jueza Sandra Heredia, de forma similar al que emiti\u00f3 el Supremo Tribunal Federal de Brasil en apoyo al magistrado Alexandre de Moraes relator del juicio del expresidente Jair Bolsonaro acusado por los cr\u00edmenes de tentativa de golpe de Estado, abolici\u00f3n violenta del Estado de derecho democr\u00e1tico y organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

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En \u00e9l, la CSJ rechaz\u00f3 las injerencias indebidas y las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jur\u00eddico. Al respecto se\u00f1al\u00f3 que \u201cese tipo de afirmaciones no solo erosionan la credibilidad y la confianza p\u00fablica en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos\u201d. Asimismo, hicieron un llamado a los diferentes l\u00edderes pol\u00edticos y de opini\u00f3n, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonom\u00eda y la independencia judicial.<\/p>\n\n\n\n

El presidente Gustavo Petro<\/a> dijo, a su vez, que la postura de Estados Unidos afecta gravemente la autonom\u00eda de la justicia colombiana, por lo que le pidi\u00f3 a la Embajada de Estados Unidos en Colombia \u201cno entrometerse en la justicia de mi pa\u00eds\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cdecenas de jueces magistrados, fiscales, han sido asesinados en su lucha contra el narcotr\u00e1fico y las relaciones del narcotr\u00e1fico y el Estado colombiano.<\/p>\n\n\n\n

Colombia tiene un largo camino que recorrer. La defensa de Uribe apelar\u00e1 y el caso podr\u00eda llegar a la Corte Suprema. Estados Unidos, en alianza con los sectores de la derecha colombiana continuar\u00e1n interfiriendo en la justicia, especialmente porque estos hechos tienen lugar en un escenario electoral.<\/p>\n\n\n\n










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\u201cEl mundo en foco\u201d es la columna quincenal de Ariela Ruiz Caro para Mira: Feminismos y Democracias.<\/em> Ariela Ruiz Caro es economista con maestr\u00eda en procesos de integraci\u00f3n econ\u00f3mica y consultora internacional en temas de comercio, integraci\u00f3n y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Econ\u00f3mico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integraci\u00f3n de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisi\u00f3n de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Econ\u00f3mica de la Embajada de Per\u00fa en Argentina.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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