La integración de los mercados de energía en América Latina ha sido discutida
\ndesde hace más de tres décadas. Una expresión de ello fue la creación de
\nlas organizaciones regionales ARPEL (Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoamericana),
\nCIER (Comisión de Integración Eléctrica Regional) y OLADE (Organización Latinoamericana
\nde Energía), durante las décadas de los sesenta y setenta. Estas iniciativas tuvieron lugar
\nen el marco de una participación importante del Estado en las empresas vinculadas al sector energético. <\/b><\/p>\n
Durante los noventa, las iniciativas de integración energética retomaron un nuevo impulso
\na nivel continental. Los planteamientos surgieron en el marco de la Cumbre de las Américas, que
\ntuvo como génesis la Iniciativa para las Américas, planteada por el gobierno de Estados
\nUnidos en 1989. En la base de la entonces denominada "Iniciativa Energética Hemisférica" estuvieron
\nlas reformas delineadas en el Consenso de Washington. En el sector energético, se propuso eliminar
\nlos obstáculos a las operaciones de las empresas extranjeras en todas las ramas de la industria
\nenergética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la
\ndistribución y venta de productos en el mercado final. <\/p>\n
Ello no siempre fue posible por los límites vigentes en las Constituciones de algunos países.
\nNo obstante, las leyes de inversión extranjera implementadas en la mayoría de países
\nde la región, vía programas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional
\n(FMI) y el Banco Mundial y consolidadas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que muchos países
\nhan firmado o se encuentran negociando con Estados Unidos, han intentado asegurar que las inversiones,
\nen particular en el sector energético, operen con el menor número de restricciones posibles,
\ncon el fin de favorecer el ingreso de capitales en esta actividad. <\/p>\n
En mayor o en menor grado, los países de la región liberalizaron sus regímenes
\nde tratamiento a las inversiones, así como del sector de servicios, desde principios de la década
\nde los noventa. En algunos casos como Chile y Bolivia, las reformas se realizaron con anterioridad. En
\nel sector energético, estas reformas significaron la eliminación de los obstáculos
\na las operaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras en todas las ramas de la industria
\nenergética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la
\ndistribución y venta de productos petroleros en el mercado final. Si bien la mayoría de
\nlos países de la región modificaron sus marcos normativos en el sector, los grados de liberalización
\nfueron diferentes. En muchos casos, las modificaciones estuvieron limitadas por preceptos establecidos
\nen sus respectivas Constituciones; en otros, se consideró que se trataba de un sector estratégico.
\nNo obstante, las leyes de inversión extranjera implementadas en la mayoría de países
\nde la región, y consolidadas en los TLC que muchos gobiernos han suscrito o se encuentran negociando
\ncon Estados Unidos, intentan asegurar que las inversiones, en particular en el sector energético,
\nno serán obstaculizadas por elementos vigentes en las respectivas legislaciones nacionales. <\/p>\n
Se pensó que, en la medida en que las reformas mencionadas fueran profundizándose, los
\nprocesos de integración del sector también lo harían. Asimismo, se consideró que
\nla apertura de mercados daría lugar a una considerable expansión de las oportunidades de
\nnegocios para los actores privados en la construcción de infraestructura para las interconexiones
\nenergéticas. Dichos proyectos energéticos contaron con el apoyo financiero del Banco Mundial,
\ndel Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados
\nUnidos (EXIMBANK). <\/p>\n
Sin embargo, éstas no dieron los resultados esperados. Las políticas energéticas
\nliberalizadoras están siendo revisadas, especialmente en Sudamérica. Se observa cierta
\ntendencia a rescatar un papel más activo del Estado en las actividades energéticas y a
\nhacer del planeamiento estatal de los mercados energéticos un instrumento indicador indispensable
\nen la canalización y coordinación de las inversiones de los agentes privados y públicos.
\nAsimismo, la preservación de los recursos no renovables y la autonomía de los Estados para
\nregular su explotación, ha sido nuevamente reivindicado como parte de las políticas energéticas. <\/p>\n
Es en este marco que ha surgido la Iniciativa Petroamérica, de parte del gobierno venezolano.
\nAunque los detalles de su instrumentación todavía son incipientes, ésta se basa
\nen la consideración que la integración regional es un asunto de los Estados y de los gobiernos,
\nlo cual no implica la exclusión de sectores empresariales privados. Los acuerdos enmarcados en
\nPetroamérica plantean la integración de las empresas energéticas estatales de América
\nLatina y del Caribe para la instrumentación de acuerdos y realización de inversiones conjuntas
\nen la exploración, explotación y comercialización del petróleo y gas natural. Ésta
\nbusca, además, la complementariedad económica y la reducción de los efectos negativos
\nque tienen los costos de energía—originados por el incremento de la demanda mundial de petróleo,
\nasí como de factores especulativos y geopolíticos—en los países de la región.
\nSe trata de un proceso que intenta desarrollarse de forma progresiva y que, según se señala
\nen la propuesta, empezará a concretarse a través de acciones y acuerdos bilaterales o subregionales.
\nLa propuesta incluye también mecanismos de financiamiento preferencial en el suministro petrolero
\npara las naciones del Caribe y Centroamérica. <\/p>\n
En abril de 2007, tuvo lugar la Primera Cumbre Energética Presidencial Sudamericana, oportunidad
\nen la que por primera vez, los Jefes de Estado de los países sudamericanos se reunieron para diseñar
\nlas bases de una estrategia consensuada sobre el tema energético. Se acordó la institucionalización
\nde las reuniones ministeriales de energía a través de la conformación de un Consejo
\nen el marco de la integración regional que, entre sus tareas prioritarias, deberá elaborar
\nun Tratado Energético para la región. <\/p>\n
Ello tiene lugar en un contexto en el que el suministro energético y el impacto que tiene su
\nconsumo en las emisiones de CO2 se han convertido en un tema de primer orden en la agenda de las relaciones
\ninternacionales. Las agencias especializadas coinciden en señalar que los combustibles fósiles
\n(petróleo, gas y carbón) continuarán siendo durante las próximas décadas
\nla fuente predominante en la matriz energética a nivel global. Ello tendrá lugar en un
\ncontexto en el que la producción y suministro de los hidrocarburos se caracterizan por un nuevo
\nparadigma de elevados precios y alto grado de volatilidad, tensiones geopolíticas, intensificación
\ndel debate ambiental a nivel internacional, competencia por acceso a nuevas regiones con reservas; reivindicaciones
\npor la mayor participación en la renta de los hidrocarburos—especialmente en varios países
\nlatinoamericanos—e un incremento en el número de fusiones y adquisiciones y ganancias sin precedentes. <\/p>\n
Por otro lado, en el ámbito de la producción de energías renovables, en marzo
\nde 2007, los presidentes George W. Bush y Luiz In á cio Lula da Silva firmaron un memorando de
\nentendimiento en el que manifestaron su intención de cooperar en investigación e impulsar
\nla producción y exportación del etanol en el mundo con miras a crear un mercado global
\nde biocombustibles. Su instrumentación puede significar nuevas inversiones en América Latina,
\nuna menor dependencia del petróleo y un nuevo momento para el desarrollo de la industria automotriz. <\/p>\n