{"id":7354,"date":"2012-06-28T18:46:21","date_gmt":"2012-06-28T23:46:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=7354"},"modified":"2012-06-28T18:46:21","modified_gmt":"2012-06-28T23:46:21","slug":"senores-militares-no-le-tengan-miedo-a-la-paz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/senores-militares-no-le-tengan-miedo-a-la-paz\/","title":{"rendered":"Se\u00f1ores militares: \u201c\u00a1No le tengan miedo a la paz!\u201d"},"content":{"rendered":"

El pasado 12 de junio, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos respondi\u00f3 a las cr\u00edticas de un grupo de militares en retiro a quienes invit\u00f3 a no tenerle \u201cmiedo a la paz\u201d. Esta declaraci\u00f3n de Santos evidencia el poder que ostentan los militares en Colombia y la existencia de una agenda propia desde las fuerzas militares, que aparentemente no coincide con la b\u00fasqueda de la paz en el pa\u00eds.\u00a0<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a>En medio de una ceremonia protocolaria de graduaci\u00f3n de oficiales del ej\u00e9rcito, en la cual son habituales los elogios y remembranzas a los logros de las fuerzas militares contra las FARC, el presidente Santos record\u00f3 que cuando era ministro de \u00c1lvaro Uribe, seis a\u00f1os atr\u00e1s, \u00e9ste le hab\u00eda dicho que \u201cal enemigo hay que darle donde m\u00e1s duele, hay que ir detr\u00e1s de sus cabezas\u201d, <\/em>as\u00ed lo entendieron tambi\u00e9n las fuerzas militares con los contundentes golpes contra miembros del secretariado de las FARC como Ra\u00fal Reyes, el \u201cMono Jojoy\u201d o Alfonso Cano.<\/p>\n

Sin embargo, la ceremonia militar result\u00f3 inc\u00f3moda cuando Santos dijo: \u201cAlgunos militares retirados han criticado la actitud del Presidente de la Rep\u00fablica de ofrecer la posibilidad de la paz<\/em>. Yo les digo: no le tengan miedo, se\u00f1ores oficiales retirados, a la paz\u201d<\/em> [\u2026] y se\u00f1al\u00f3 \u201cCualquier oficial en cualquier lugar del mundo lo que quiere es la paz. Y cuando se va a la guerra es para lograr, en \u00faltimas, la paz\u201d<\/em>.<\/p>\n

Pero \u00bfpor qu\u00e9 recordarles a los militares que el fin \u00faltimo de toda lucha armada es precisamente la paz? Entendiendo que una victoria armada es la paz del que triunfa, las palabras de Santos son un pa\u00f1o de agua tibia al descontento que se percibe entre los militares. Entre algunas de las razones del malestar sobresale la supuesta vulnerabilidad para combatir eficazmente a la guerrilla al estar desamparados legalmente, y las \u201cventajas\u201d<\/em> que se dar\u00edan a los miembros de la guerrilla en el recientemente aprobado \u201cmarco jur\u00eddico para la paz\u201d<\/em>.<\/p>\n

La reacci\u00f3n de los militares se da en un momento en que resurgen voces en Colombia que claman por la salida pac\u00edfica al largo conflicto colombiano y evidencian el \u00e9xito de sus gestiones en la liberaci\u00f3n de secuestrados en manos de las FARC sin ninguna intervenci\u00f3n militar. Infortunadamente, esos movimientos pac\u00edficos son v\u00edctimas de amenazas que hacen temer por su vida y son hostigados precisamente por su capacidad de poner en duda el militarismo como la \u00fanica v\u00eda para recomponer el pa\u00eds.<\/p>\n

En la salida pac\u00edfica coinciden incluso quienes en otro momento han sido duros defensores de la militarizaci\u00f3n como el mismo ex ministro Fernando Londo\u00f1o, quien luego del atentado que el pasado mes de mayo casi le cuesta la vida, refiri\u00e9ndose al terror dec\u00eda en una de sus columnas que \u201chay que proscribir el terror, sin reparos de su fuente ni de su destino. No hay terror bueno ni perdonable\u201d<\/em>.<\/p>\n

Desde las fuerzas militares en Colombia, el \u201ctemor por la paz\u201d en las palabras de Santos, se explica en aspectos pol\u00e9micos como el Fuero Militar y en los intereses de ciertos sectores dentro de las fuerzas armadas que ver\u00edan comprometida la continuidad de los enormes recursos que se destinan a la guerra sin ning\u00fan control o veedur\u00eda, sin contar con una posici\u00f3n que solo concibe el aniquilamiento del enemigo como la soluci\u00f3n del conflicto armado.<\/p>\n

El Fuero Militar<\/strong><\/p>\n

<\/strong>Luego de la condena proferida en enero de 2012 al coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparici\u00f3n forzada de algunos sobrevivientes del Palacio de Justicia en 1985, los militares est\u00e1n especialmente molestos por lo que ellos consideran una \u201cinestabilidad jur\u00eddica\u201d<\/em> y una persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Sus argumentos que buscan fortalecer el fuero militar, para las organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, representa un riesgo por la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos como masacres, torturas, homicidios y desapariciones forzadas.<\/p>\n

El lobby<\/em> de los militares en retiro para proteger el fuero militar no es nuevo. El expresidente \u00c1lvaro Uribe durante un evento p\u00fablico el 19 de septiembre de 2009 se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda tenido una reuni\u00f3n con generales en retiro, encabezada por Alberto Ruiz Novoa, Gerardo Ayerbe Chaux y Rafael Zamudio Molina (este \u00faltimo, tambi\u00e9n\u00a0 implicado en los hechos del palacio de Justicia), en la cual\u00a0 hab\u00edan manifestado su inter\u00e9s en que el Presidente defendiera el fuero militar y buscara una reforma legal que permitiera pagar la defensa judicial de los integrantes de la fuerza p\u00fablica con recursos del Estado, pues como dijo uno de los generales: \u201cEs que hay una acusaci\u00f3n a un miembro de la Fuerza P\u00fablica, y el sueldo y la pensi\u00f3n no le alcanzan para pagar el abogado. Y la acusaci\u00f3n es de todos los d\u00edas y de todas las horas\u201d<\/em>. Cabe se\u00f1alar que seg\u00fan la justicia penal militar colombiana, los jueces son militares activos o retirados, lo que hace preguntarse si no existe un conflicto de intereses entre quienes al mismo tiempo son jueces y por otra parte buscan defender un fuero militar pol\u00e9mico por sus niveles de impunidad.<\/p>\n

La afirmaci\u00f3n de las permanentes acusaciones a miembros de las fuerzas militares resulta cierta, m\u00e1s por las propias acciones delincuenciales de algunos militares, que por la supuesta \u201cguerra jur\u00eddica\u201d<\/em> de los aliados de la guerrilla desde los tribunales. S\u00f3lo en la \u00faltima semana fueron condenados a 34 a\u00f1os de prisi\u00f3n en segunda instancia cuatro militares por la masacre de San Jos\u00e9 de Apartad\u00f3 ocurrida el 21 de enero de 2005. En otro hecho, la corte del Estado de Virginia vincul\u00f3 al exjefe de seguridad de \u00c1lvaro Uribe, general retirado Mauricio Santoyo Velasco, en una investigaci\u00f3n por el suministro de informaci\u00f3n para secuestrar, extorsionar y asesinar personas y por el supuesto env\u00edo de coca\u00edna a los Estados Unidos con los narcotraficantes de la \u201coficina de Envigado\u201d y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Santoyo fue promovido general por \u00c1lvaro Uribe, pese a tener una investigaci\u00f3n disciplinaria en la procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/a>Seg\u00fan datos del ej\u00e9rcito nacional \u2013publicadas por el diario colombiano El Tiempo\u2013, actualmente se adelantan investigaciones contra 12.404 soldados y oficiales de las fuerzas militares colombianas, de los cuales 1.177 est\u00e1n separados del servicio. Existen condenas y \u00f3rdenes de captura en 244 de los casos. En cuanto a los militares en retiro, la justicia civil tiene 175 privados de la libertad y 298 condenados, mientras que la Justicia Penal Militar tiene 83 detenidos y 36 condenados. Los investigados por delitos de lesa humanidad son 1.346 entre los que est\u00e1n: homicidio en persona protegida 695 (51.6%), homicidio 157 (11.6%) y homicidio agravado 494 (36.7%) (El Tiempo, 27 de mayo de 2012, p\u00e1gina 13).<\/p>\n

En el Senado colombiano cursa un proyecto de ley para fortalecer el fuero militar, pero los militares se han mostrado reacios debido a los posibles cambios del proyecto y a la revisi\u00f3n de constitucionalidad que debe tener la ley cuando sea sancionada. Piden adem\u00e1s desde las organizaciones de militares retirados, revocar un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n suscrito en el a\u00f1o 2006, que suspendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n del fuero militar de manera autom\u00e1tica en los casos de homicidio durante las operaciones militares, en cuyo caso, deber\u00eda ser la Fiscal\u00eda quien lleve a cabo las inspecciones t\u00e9cnico cient\u00edficas de los hechos y determine a su juicio si los casos deben ser asumidos por la justicia ordinaria o la justicia penal militar.<\/p>\n

Existe una demanda de nulidad del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscal\u00eda, a la cual curiosamente se sum\u00f3 en d\u00edas pasados el Procurador General Alejandro Ordo\u00f1ez, quien se\u00f1al\u00f3 que el establecimiento de las competencias de los funcionarios (militares y fiscales) es determinante no s\u00f3lo para los efectos de optimizar la investigaci\u00f3n judicial sobre la legalidad de tales acciones, sino especialmente \u201cpara esclarecer la aplicaci\u00f3n y vigencia del fuero penal militar en cada caso particular, lo cual resulta ser tema de suma importancia en el contexto de la persecuci\u00f3n y enfrentamiento de los grupos subversivos y de las organizaciones criminales al margen de la ley\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n

La posici\u00f3n de la Procuradur\u00eda – la m\u00e1xima entidad del ministerio p\u00fablico en Colombia-, coincide m\u00e1s con la protecci\u00f3n del fuero militar, que con la defensa de los derechos humanos de quienes puedan resultar muertos en acciones militares. En el pol\u00e9mico caso de la condena del Coronel Plazas Vega por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, esta entidad cuestion\u00f3 el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia a favor del militar retirado.<\/p>\n

El Marco Jur\u00eddico para la Paz\u00a0<\/strong><\/p>\n

La gota que rebas\u00f3 el vaso de los militares fue el recientemente aprobado \u201cMarco Jur\u00eddico para la Paz\u201d<\/em>, que proporciona instrumentos para un eventual proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. En respuesta al discurso presidencial que invita a los militares a perderle el miedo a la paz, las asociaciones que agrupan a los militares retirados se\u00f1alan, frente al Marco Jur\u00eddico para la Paz, que \u201cfavorece excesiva y generosamente a las organizaciones terroristas\u201d<\/em>, pues creen que se podr\u00eda propiciar impunidad en los delitos cometidos por los combatientes de las guerrillas o grupos armados que entren en un proceso de paz. Dicen los militares retirados, que la nueva ley permitir\u00eda a los guerrilleros desmovilizados \u201cocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ning\u00fan tipo de reparaci\u00f3n\u201d<\/em>, tesis que comparten con el expresidente \u00c1lvaro Uribe, quien en su momento no atendi\u00f3 estas mismas cr\u00edticas ante la desmovilizaci\u00f3n paramilitar del a\u00f1o 2005, y ha sido, por otro lado adem\u00e1s, uno de los detractores de la ley de v\u00edctimas y la ley de restituci\u00f3n de tierras a las v\u00edctimas del paramilitarismo.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, el \u201cMarco para la Paz\u201d<\/em> es un acto legislativo que introduce en la constituci\u00f3n un art\u00edculo transitorio, el cual faculta al Senado de la Rep\u00fablica por iniciativa del Gobierno Nacional a expedir normas de justicia transicional excepcionales y cuya finalidad es facilitar la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno en un eventual proceso de paz. En estas condiciones solo ser\u00edan judicializados los m\u00e1ximos cabecillas de los grupos armados que se desmovilizaran; no tendr\u00edan vocer\u00eda pol\u00edtica quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y para la expedici\u00f3n de las leyes que habiliten este marco, el gobierno tendr\u00e1 cuatro a\u00f1os.<\/p>\n

Aunque existen cr\u00edticas ante la posible impunidad en casos de delitos de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el \u201cMarco para la paz\u201d representa una alternativa de soluci\u00f3n negociada al conflicto armado en Colombia con las guerrillas. Resulta entonces parad\u00f3jico que sean precisamente \u00c1varo Uribe y los militares quienes ahora expresen su rechazo ante la impunidad que tal vez proporcione este marco jur\u00eddico, y hayan defendido en su momento condiciones similares para los paramilitares en la entonces ley de \u201cJusticia y Paz\u201d<\/em>.<\/p>\n

La paradoja de la seguridad armada en medio de la criminalidad<\/strong><\/p>\n

Terminada la desmovilizaci\u00f3n de 37.000 miembros de los paramilitares en el a\u00f1o 2005 y de la pol\u00edtica de \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d del gobierno de Uribe V\u00e9lez, sustentada en garantizar la inversi\u00f3n extranjera y la recuperaci\u00f3n militar de territorios antiguamente ocupados por las guerrillas. Hoy en la pr\u00e1ctica algunas de esas regiones est\u00e1n bajo el control de nuevas estructuras criminales que mutaron desde los paramilitares al eufemismo de \u201cBandas Criminales\u201d \u2013 BACRIM, o \u201cbandas emergentes\u201d, compuestas por un n\u00famero importante de reinsertados y son lideradas por antiguos combatientes paramilitares y guerrilleros.<\/p>\n

El pasado mes de enero los denominados Urabe\u00f1os, mediante panfletos y amenazas, paralizaron cinco departamentos de Colombia como represalia de la muerte de su m\u00e1ximo jefe Juan de Dios \u00dasuga, mostrando que tienen el control territorial de una vasta zona del norte de Colombia.<\/p>\n

Por su parte, el ex Comisionado de paz y l\u00edder del proceso de desmovilizaci\u00f3n con los paramilitares, Luis Carlos Restrepo, se encuentra pr\u00f3fugo de la justicia colombiana, sindicado de haber auspiciado falsas desmovilizaciones de grupos armados ilegales, que supuestamente estar\u00edan motivadas para darle un mayor impacto medi\u00e1tico a la desmovilizaci\u00f3n de grupos criminales que a\u00fan operan en el pa\u00eds y que tambi\u00e9n salpica a varios altos mandos militares. Se presume que Restrepo estar\u00eda en los Estados Unidos y desde su anonimato, emite comunicados quej\u00e1ndose de \u201cfalta de garant\u00edas\u201d<\/em> por parte de la justicia. En un reciente pronunciamiento envi\u00f3 un dec\u00e1logo llamado \u201cPara retomar el rumbo\u201d; en el documento Restrepo se\u00f1ala que se debe reconocer la equivocaci\u00f3n al haber confiado en Juan Manual Santos como candidato presidencial, buscar la continuidad del proyecto Uribista por ocho a\u00f1os m\u00e1s y realizar una Asamblea Constituyente para, entre otros temas, dar garant\u00edas legales a los miembros de la Fuerza P\u00fablica.<\/p>\n

Un excomisionado de paz pr\u00f3fugo y un general encargado de la seguridad del expresidente \u00c1lvaro Uribe vinculado a un esc\u00e1ndalo de narcotr\u00e1fico, son solo dos casos emblem\u00e1ticos de una larga lista de funcionarios estatales que evidencian la corrupci\u00f3n y debilidad de las instituciones gubernamentales de generar credibilidad.<\/p>\n

Por otra parte, las complicidades por meros intereses econ\u00f3micos derivados del narcotr\u00e1fico entre facciones de grupos armados que antes se aniquilaban brutalmente, hace muy dif\u00edcil identificar en la pr\u00e1ctica diferencias pol\u00edticas e ideol\u00f3gicas, as\u00ed como la frontera entre los actores armados legales e ilegales. En medio de ese \u201cr\u00edo revuelto\u201d<\/em> est\u00e1n las fuerzas militares, para bien y para mal.<\/p>\n

Un ejemplo de esa complejidad es el reciente atentado que sufri\u00f3 el ex ministro Fernando Londo\u00f1o el 15 de mayo en Bogot\u00e1. Aunque el ataque ha sido atribuido a las FARC como los obvios sospechosos de atentar contra un vocero de la derecha, existen dudas razonables sobre la autor\u00eda del crimen. Un atentado urbano de esta naturaleza requiere un amplio equipo t\u00e9cnico y log\u00edstico, y el artefacto explosivo utilizado nunca antes hab\u00eda usado por las FARC; adem\u00e1s, existen algunos antecedentes de la participaci\u00f3n de agentes del Estado en acciones similares.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2005, el entonces Senador y hoy Ministro de Vivienda, Germ\u00e1n Vargas Lleras, fue v\u00edctima de un atentado parecido en Bogot\u00e1. Seg\u00fan registros posteriores de contrainteligencia,\u00a0 el hecho fue perpetrado por miembros del hoy desmantelado Departamento Administrativo de Seguridad \u2013 DAS, agencia de inteligencia estatal que tambi\u00e9n estuvo vinculada a casos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica, interceptaciones ilegales, seguimiento y homicidios de l\u00edderes sociales y pol\u00edticos. En el recientemente publicado libro “\u00bfPor qu\u00e9 lo mataron?\u201d<\/em>, escrito por el exsenador Enrique G\u00f3mez Hurtado sobre el asesinato hace 16 a\u00f1os de su hermano y l\u00edder de derecha, \u00c1lvaro G\u00f3mez Hurtado, se se\u00f1ala a miembros del gobierno del ex presidente Ernesto Samper como supuestos part\u00edcipes del crimen, seg\u00fan las declaraciones de varios narcos y ex paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Estos y otros testimonios indican como presunto autor material del homicidio al entonces comandante del Grupo Antisecuestro y Antiextorsi\u00f3n \u2013 Gaula de Bogot\u00e1 y mayor de la Polic\u00eda, Danilo Gonz\u00e1lez, de quien se revelaron en 2003 estrechos y duraderos nexos con los carteles de Cali y del Norte del Valle y con el paramilitar Carlos Casta\u00f1o.<\/p>\n

\"\"<\/a>Aunque resulta risible para algunos pensar que miembros de las fuerzas militares y de inteligencia del Estado podr\u00edan estar detr\u00e1s de atentados contra figuras vinculadas a la derecha y miembros del mismo gobierno, esta situaci\u00f3n se explica en el gran poder corruptor del narcotr\u00e1fico y de las mafias, el uso del miedo para enrarecer un posible acuerdo de paz generando una mayor polarizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, y los intereses pol\u00edticos de quienes han defendido la guerra y la derrota militar de las guerrillas como el \u00fanico camino para la paz.<\/p>\n

La revista Semana en su edici\u00f3n del 20 de septiembre de 2008, document\u00f3 al menos cinco casos de falsos atentados que habr\u00edan sido realizados por miembros de las fuerzas militares durante el a\u00f1o 2006:<\/p>\n

15 de junio de 2006, taxi bomba desactivado:<\/em> La Brigada XIII anunci\u00f3 que sus hombres hab\u00edan descubierto un taxi bomba cargado con 43 kilos de explosivos, y hab\u00eda sido puesto por las FARC. La Fiscal\u00eda identific\u00f3 inconsistencias con lo anunciado por los militares: la carga era de menos de un kilo y no estaba activada, estaba compuesta por barras de Indugel, Anfo, Pentonita y cord\u00f3n detonante (los investigadores afirmaron que la combinaci\u00f3n de explosivos no era t\u00edpica de los utilizados por la guerrilla). Uno de los indicios m\u00e1s contundentes sobre este caso es que el due\u00f1o del taxi, quien fue vinculado a la investigaci\u00f3n por terrorismo, cont\u00f3 que hab\u00eda sido contratado por dos miembros del Ej\u00e9rcito, quienes le alquilaron el taxi por dos d\u00edas a cambio de cinco millones de pesos. El taxista cont\u00f3 que el d\u00eda siguiente al descubrimiento del supuesto taxi bomba, los militares lo llevaron a un banco para cambiar el cheque a su nombre, le entregaron 100.000 pesos y le informaron que recogiera su carro en la Fiscal\u00eda. Ante el enga\u00f1o, decidi\u00f3 contar todo.<\/p>\n

26 de junio de 2006, falsa alarma<\/em>: El Ej\u00e9rcito descubri\u00f3 en el barrio Normand\u00eda (al occidente de Bogot\u00e1), un autom\u00f3vil viejo y en su interior encontraron seis cartuchos de Indugel que no estaban activados. Antes del reporte del ej\u00e9rcito, los vecinos alertaron a la polic\u00eda, quienes pidieron documentaci\u00f3n a dos sospechosos que estaban cerca y que se identificaron como miembros de inteligencia militar (B2). Horas despu\u00e9s los retratos hablados de los testigos que vieron a quienes abandonaron el veh\u00edculo coincidieron con los militares.<\/p>\n

23 de julio de 2006, explosivos descubiertos:<\/em> Cerca de Sibat\u00e9, Cundinamarca, tropas de la Brigada XIII anunciaron que encontraron y desactivaron una carga de 100 kilos de explosivos camuflados en bultos de papa en el interior de un cami\u00f3n que se dirig\u00eda hacia Bogot\u00e1 y se\u00f1alaron que era un plan terrorista preparado por el frente 42 de las FARC. En este caso, la carga explosiva no estaba activada y los investigadores de la Fiscal\u00eda descubrieron que d\u00edas antes, dos militares entraron a la c\u00e1rcel La Picota a visitar a un guerrillero, preso desde hace varios a\u00f1os y condenado a 40 a\u00f1os. Seg\u00fan testimonios recogidos por los investigadores, los militares le propusieron que a cambio de 50 millones de pesos les ayudara con un montaje y le dejaron un celular para que hiciera las coordinaciones del caso. El guerrillero, que no sab\u00eda que estaba siendo grabado por organismos de inteligencia, busc\u00f3 a un contacto afuera a quien le pidi\u00f3 alquilar un cami\u00f3n y ‘meterle’ la carga explosiva. Cuando todo estuvo listo, el guerrillero preso llam\u00f3 a los militares y les dio las caracter\u00edsticas del cami\u00f3n, la placa y la ruta en donde efectivamente lo encontraron al d\u00eda siguiente y lo reportaron como un ‘positivo’. El conductor del cami\u00f3n fue presentado por el Ej\u00e9rcito como guerrillero. La Fiscal\u00eda tuvo que liberarlo menos de 48 horas despu\u00e9s porque comprob\u00f3 que el conductor no ten\u00eda nada que ver ni con la guerrilla, ni con el falso atentado.<\/p>\n

31 de julio de 2006, explota un carro bomba:<\/em> Cerca de la Escuela Militar explot\u00f3 un carro bomba al paso de un grupo de autos militares donde varios uniformados resultaron con heridas leves y la \u00fanica v\u00edctima fue un indigente que pasaba por el lugar. V\u00eddeos, grabaciones y seguimientos de la Fiscal\u00eda demuestran que este caso tambi\u00e9n hace parte de los montajes. D\u00edas antes del atentado, dos miembros del Ej\u00e9rcito se reunieron con una mujer conocida con el alias de ‘Jessica’ para coordinar el que se supon\u00eda deb\u00eda ser un falso carro bomba. La transacci\u00f3n era simple: la mujer, que les hab\u00eda ayudado en otros montajes, deb\u00eda dejar el carro cargado con explosivos. El inconveniente consisti\u00f3 en que la mujer, que tambi\u00e9n \u201ctrabajaba\u201d para la guerrilla, \u201cno pod\u00eda quedar mal con los del otro lado\u201d (las FARC), como le dijo a uno de los militares por tel\u00e9fono cuando \u00e9ste la llam\u00f3 para reclamarle la detonaci\u00f3n del carro bomba. Esa conversaci\u00f3n est\u00e1 en poder de la Fiscal\u00eda y es parte de las pruebas m\u00e1s contundentes contra dos de los militares se\u00f1alados de ser parte del montaje.<\/p>\n

7 de agosto de 2006, otro carro bomba:<\/em> El Ej\u00e9rcito anunci\u00f3 que encontr\u00f3 un carro bomba armado con 250 kilos de Anfo encontrado por las tropas en la v\u00eda Fusagasuga – Sibat\u00e9, cerca de Bogot\u00e1. Afirmaron que el veh\u00edculo iba a ser usado para un atentado preparado por la columna Antonio Nari\u00f1o de las FARC. Los militares dijeron que los supuestos terroristas hab\u00edan escapado y la carga explosiva real no superaba los 20 kilos. La Fiscal\u00eda encontr\u00f3 al due\u00f1o del carro, quien les cont\u00f3 a las autoridades que en la madrugada de ese d\u00eda se hab\u00eda quedado varado y dos hombres lo amenazaron con un arma y le robaron el auto. Para los investigadores de la Fiscal\u00eda, este caso tiene las caracter\u00edsticas de un burdo montaje debido al mal estado mec\u00e1nico del veh\u00edculo con m\u00e1s de 25 a\u00f1os de uso, que habr\u00eda sido robado con el \u00fanico fin de hacer el montaje.<\/p>\n

Los intereses detr\u00e1s de la prolongaci\u00f3n de la guerra\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>Los llamados \u201cgastos reservados\u201d son recursos p\u00fablicos que se utilizan para la financiaci\u00f3n de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigaci\u00f3n criminal, protecci\u00f3n de testigos e informantes. Est\u00e1n autorizadas para ejecutar estos recursos las entidades estatales que realizan estas actividades (casi todas de naturaleza militar y policial). El uso de importantes sumas de dinero se justifica en la existencia de las guerrillas y estructuras criminales en el pa\u00eds, pero en la pr\u00e1ctica, estos dineros son un foco de corrupci\u00f3n pues existe reserva legal por 20 a\u00f1os luego de haber sido realizados los gastos, lo que impide toda posible investigaci\u00f3n de la destinaci\u00f3n final de los recursos. Seg\u00fan la ley, la veedur\u00eda de esos dineros la puede hacer de manera exclusiva un equipo auditor designado por el Contralor General de la Rep\u00fablica, impidiendo el control social y el acceso de los medios a la forma como se ejecutan recursos p\u00fablicos. Esta reglamentaci\u00f3n garantiza el uso discrecional y aut\u00f3nomo de estos recursos por las fuerzas militares.<\/p>\n

En 2008 se identific\u00f3 que desde el Departamento Administrativo de Seguridad \u2013 DAS se pagaron con cargo a los gastos reservados el reclutamiento de informantes e interceptaciones ilegales en la Corte Suprema de Justicia, sindicatos y varios partidos de oposici\u00f3n. Este caso fue ampliamente ventilado por los medios de comunicaci\u00f3n a prop\u00f3sito del esc\u00e1ndalo que involucr\u00f3 a la antigua agencia de inteligencia del Estado, pero resulta imposible conocer las dimensiones del posible desv\u00edo de los recursos.<\/p>\n

Los casos de corrupci\u00f3n en el uso de recursos no se limitan a los gastos reservados, existen denuncias por supuestas anomal\u00edas en la contrataci\u00f3n de diversos servicios como el mantenimiento de tanques, compra de sables, repuestos para visores nocturnos y uniformes. La contrataci\u00f3n desde las fuerzas militares resulta muy lucrativa debido a los altos costos de equipos y el n\u00famero de los insumos adquiridos, que resultan ser una vena rota en el presupuesto nacional, pero que siempre es justificable debido al conflicto armado interno. El presupuesto del sector Defensa en Colombia para el 2012 es de 9.9 billones de pesos (US$ 5.530 millones), que hacen de Colombia el segundo pa\u00eds en gasto militar en la regi\u00f3n despu\u00e9s de Brasil.<\/p>\n

En Colombia son pocos los que se atreven a denunciar los casos de corrupci\u00f3n al interior de las fuerzas militares no solo por el miedo, sino por un discurso que polariz\u00f3 durante los \u00faltimos a\u00f1os a la poblaci\u00f3n y ubica a todo aquel que ose cuestionar la estrategia militar como un aliado de las FARC.<\/p>\n

\u00bfMiedo a la paz o a la justicia?\u00a0<\/strong><\/p>\n

Los militares retirados a trav\u00e9s de sus agremiaciones, son los voceros expl\u00edcitos de diversos sectores de militares activos que por su condici\u00f3n, no pueden pronunciarse p\u00fablicamente. De ah\u00ed la importancia de sus declaraciones para entender las percepciones de las fuerzas armadas en su conjunto. En la carta enviada en respuesta las declaraciones del presidente Santos, los militares renuevan su fe en la derrota militar de las guerrillas cuando afirman que las \u201cFuerzas Militares est\u00e1n plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza, siempre y cuando se les proporcione <\/em>la seguridad jur\u00eddica requerida y una legislaci\u00f3n anti terrorista adecuada\u201d<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Por \u201cseguridad jur\u00eddica\u201d se entiende darle a la justicia penal militar la autonom\u00eda y la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica del fuero militar en los casos de homicidio en combate, con todas las implicaciones que eso tiene. Algunos militares dicen que las tropas est\u00e1n \u201cbajas de moral\u201d y que el n\u00famero de miembros de las fuerzas armadas investigados estar\u00eda afectando la operatividad y eficacia de la lucha contra los grupos al margen de la ley. Sin dejar de lado el nefasto papel de las guerrillas en la violencia del pa\u00eds, el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y los procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia y diferentes jueces del pa\u00eds han puesto en evidencia la complicidad de pol\u00edticos, funcionarios p\u00fablicos y miembros de las fuerzas armadas con estructuras paramilitares causantes de buena parte del destierro de m\u00e1s de 3.8 millones de personas (1.4 millones desplazadas en los \u00faltimos 5 a\u00f1os), los incontables homicidios y desapariciones forzadas, con el consecuente despojo de miles de hect\u00e1reas de tierra que hoy son aprovechadas por grandes terratenientes e importantes industrias \u201clegales\u201d.<\/p>\n

En medio de este panorama, la preocupaci\u00f3n de los militares, en lugar de c\u00f3mo prolongar la guerra, deber\u00eda estar centrada en la recuperaci\u00f3n de la confianza por parte de la ciudadan\u00eda, lo cual solo puede ser posible si se despejan todas las dudas sobre los miles de casos de abuso de poder y se combaten la impunidad y la corrupci\u00f3n al interior de sus filas.<\/p>\n

El gran n\u00famero de militares y ex militares llevado a juicio no es un reflejo de una \u201cpersecuci\u00f3n\u201d contra este poderoso sector, sino de la gran corrupci\u00f3n que existe al interior de las fuerzas militares. La perversi\u00f3n de las funciones de las fuerzas armadas ha avanzado paulatinamente como resultado de un conflicto interno poco claro y definido, llegando a su punto m\u00e1s evidente con el caso de los \u201cfalso positivos\u201d. La directiva ministerial No 029 del 2005 hizo oficial la l\u00f3gica de la \u201ccaza de cabezas\u201d mediante la cual, con el pretexto de fomentar la eficacia en la lucha contra las guerrillas, se ofrecieron incentivos econ\u00f3micos en secreto por cada cabecilla, o guerrillero raso dado de baja.<\/p>\n

El mundo entero se horroriz\u00f3 cuando se dieron a conocer los casos de j\u00f3venes de sectores humildes que con enga\u00f1os de trabajos legales o ilegales, fueron asesinados y luego disfrazados para hacerlos parecer como combatientes. De ah\u00ed que la \u201cbaja moral\u201d no puede ser simplemente un temor ante las posibles acciones legales que puedan acarrear las operaciones militares, sino una consecuencia del fracaso de unas fuerzas militares que no generan confianza sino miedo entre la poblaci\u00f3n que juraron defender.<\/p>\n

La construcci\u00f3n de un enemigo externo representado en un \u201cotro\u201d ajeno y antag\u00f3nico como las FARC, que sin dejar de ser real si ha sido sobredimensionado al punto de llamar \u201ccolaboradores de los terroristas\u201d<\/em> a todos aquellos que difieren de una l\u00f3gica militarista y de soluci\u00f3n armada de los problemas estructurales del pa\u00eds, le han impedido a las fuerzas militares encontrar entre sus filas a quienes con sus reprochables acciones, le hacen un da\u00f1o enorme a su legitimidad como representantes del monopolio de la fuerza en un Estado democr\u00e1tico.<\/p>\n

En algunos an\u00e1lisis del conflicto armado colombiano, derivados m\u00e1s de enfoques acad\u00e9micos que de hechos reales, se le resta importancia a miembros de las fuerzas militares como grupos de poder que por s\u00ed mismos y sin ser necesariamente marionetas, juegan un papel central por su capacidad de incidencia en la agenda pol\u00edtica del pa\u00eds y el control territorial que cualquier pol\u00edtico anhelar\u00eda. El fortalecimiento b\u00e9lico del pa\u00eds no solo ha facilitado el sometimiento de las guerrillas, sino que adem\u00e1s convirti\u00f3 a las fuerzas militares en un actor capaz de imponer condiciones que suelen ignorarse en un pa\u00eds que presume de su democracia.<\/p>\n

La seguridad en el pa\u00eds y en especial en las regiones que se disputan a sangre y fuego los grupos narcotraficantes de diferentes bandos, sigue siendo un anhelo dif\u00edcil de alcanzar desde una perspectiva que privilegia la derrota militar de problemas que se derivan m\u00e1s de la exclusi\u00f3n, la corrupci\u00f3n y el narcotr\u00e1fico. Tratar de cerrar la puerta a procesos de paz y aferrarse a la derrota militar sobre reducidas fuerzas guerrilleras que dudosamente constituyen la principal amenaza a la seguridad ciudadana, son graves errores que benefician a algunos sectores, mientras se perjudica la seguridad y bienestar de millones de colombianos.<\/p>\n

En un momento en que el gobierno de los Estados Unidos propone a Colombia como el \u201cexportador de seguridad\u201d para la regi\u00f3n, deber\u00edamos analizar m\u00e1s los fracasos que los logros para no seguir cometiendo los mismos errores, que en el caso colombiano se cuentan en vidas humanas.<\/p>\n

Alex Sierra R. Es antrop\u00f3logo y se ha desempe\u00f1ado como investigador y consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperaci\u00f3n Internacional para el Desarrollo y Pol\u00edticas P\u00fablicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su pa\u00eds durante los \u00faltimos 12 a\u00f1os. Es columnista mensual con el Programa de las Am\u00e9ricas <\/em>www.americas.org\/es<\/em><\/a><\/p>\n

Fotograf\u00edas tomadas por Dami\u00e1n Quiroga (2 y 3) y el sitio oficial de la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia (1 y 4)<\/em><\/p>\n

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El pasado 12 de junio, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos respondi\u00f3 a las cr\u00edticas de un grupo de militares en retiro a quienes invit\u00f3 a no tenerle \u201cmiedo a la paz\u201d. Esta declaraci\u00f3n de Santos evidencia el poder que ostentan los militares en Colombia y la existencia de una agenda propia desde las fuerzas […]<\/p>\n","protected":false},"author":289,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4884],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-7354","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-democracia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/289"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7354\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7354"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=7354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}