![\"\"](\"https:\/\/www.americas.org\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/colombianos-por-la-paz1.jpg\" "\\"colombianos")
<\/a>Ante el anuncio de di\u00e1logos de paz.<\/span><\/h3>\nBogot\u00e1, agosto 28 de 2012.<\/span><\/h3>\nI. Consideraciones previas<\/span><\/strong><\/p>\nLa noche del 27 de agosto de 2012, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirm\u00f3 p\u00fablicamente acercamientos con la guerrilla de las FARC y la continuidad de un proceso exploratorio de conversaciones de paz con este grupo, en una perspectiva de di\u00e1logos para la superaci\u00f3n definitiva del conflicto armado, di\u00e1logos que podr\u00edan extenderse tambi\u00e9n al ELN, dado su anuncio de mantener una voluntad de negociaci\u00f3n para dicha salida pol\u00edtica.<\/span><\/p>\nColombianas y Colombianos por la Paz (CCP)<\/span><\/em> saluda con esperanza este paso trascendental y anima a las partes y al pa\u00eds entero a no desistir en la b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n pol\u00edtica que nos permita construir un pa\u00eds con paz, con justicia, con futuro de bienestar y dignidad colectiva.<\/span><\/p>\nDel mismo modo, CCP estima es de gran importancia lo anunciado por el Presidente, de orientar los di\u00e1logos bajo el principio rector de aprender de los errores del pasado<\/strong>. Para ello, no s\u00f3lo deben avaluarse las fallas de anteriores intentos de negociaci\u00f3n, sino, precisamente, destacando el origen de algunas de esas costosas equivocaciones del pasado, con el prop\u00f3sito de no volver a incurrir en ellas, debe mirarse la realidad del pa\u00eds sin omisiones y sin falsedades.<\/span><\/p>\nCon ese objetivo se ha elaborado este documento que ponemos a consideraci\u00f3n de Colombia y del mundo, como modesto aporte a ese proceso que creemos debe mantenerse y fortalecerse con todos los que desean que Colombia construya y alcance la paz con justicia.<\/span><\/p>\nPara ello proponemos reconocer que el pa\u00eds vive una evidente encrucijada, que cuestiona el modo y el fondo de la pol\u00edtica, y que pone ampliamente en duda la construcci\u00f3n de una verdadera democracia. Lo confirma una cadena de hechos en los \u00faltimos dos meses, entre los cuales est\u00e1 el hundimiento de la \u201creforma a la justicia\u201d, la manifiesta persistencia del conflicto armado, la re ingenier\u00eda paramilitar, el mantenimiento de estructuras para-pol\u00edticas y para-econ\u00f3micas, la crisis de la llamada des-movilizaci\u00f3n paramilitar, el reconocimiento a medias de verdades por parte de ex mandos paramilitares, policiales y militares, sobre violaciones y alianzas denunciadas a\u00f1os atr\u00e1s, la debilidad o nula actuaci\u00f3n judicial que se devela por acuerdos con la justicia de los Estados Unidos, las preocupantes perspectivas en materia econ\u00f3mica y social en derechos como la salud y de reparaci\u00f3n a v\u00edctimas, entre otras realidades del pa\u00eds.<\/span><\/p>\nTodo ello ha tenido un esperanzador signo de contrapeso con la movilizaci\u00f3n de sectores de la sociedad indignada respecto a la llamada \u201creforma a la justicia\u201d, las protestas ciudadanas por el derecho a la salud y la educaci\u00f3n, el respeto al medio ambiente y ecosistemas, el cese de operaciones extractivistas y de acuerdos comerciales injustos, las expresiones por la paz en el Cauca, Putumayo, Antioquia, Choc\u00f3 y otros departamentos.<\/span><\/p>\nCCP estima es su responsabilidad pronunciarse y proponer elementos a la sociedad para esa posible ruta de salida<\/strong> a dicha encrucijada de exacerbaci\u00f3n, frente a algunos de los impactos de la crisis nacional, y para respaldar los reconocidos acercamientos existentes para di\u00e1logos de paz con la guerrilla. Lo hace como ha venido siendo su trayectoria desde septiembre de 2008: aportando con amplitud y claridad sus puntos de vista, adem\u00e1s de formular actuaciones concretas de car\u00e1cter humanitario y pol\u00edtico, para hallar soluciones no s\u00f3lo puntuales sino sostenibles en una estrategia coherente de car\u00e1cter democr\u00e1tico. Nos impulsa en ella el \u00e1nimo de una cr\u00edtica respetuosa y constructiva, comprometida desde la propia dureza de las realidades que queremos transformar convocando la acci\u00f3n solidaria, civilista y pac\u00edfica, compatible con una actitud en\u00e9rgica que exige se salvaguarden tanto los derechos de la poblaci\u00f3n civil en medio de la confrontaci\u00f3n, como los derechos humanos irrenunciables, entre ellos el de expresar libremente el pensamiento en conciencia y las opiniones, que no pueden ser criminalizadas en un orden de Estado de Derecho.<\/span><\/p>\nDesde esa posici\u00f3n cr\u00edtica, siendo la b\u00fasqueda de la paz el m\u00e1s valioso objetivo, CCP ha considerado importante no dejar pasar por alto al menos cuatro hechos:<\/span><\/p>\n\n- \u00a0<\/span>La \u201creforma a la justicia\u201d<\/strong>, con su hundimiento debido a la presi\u00f3n social, queriendo algunos ocultar lo acontecido, obviando intenciones e imputaciones de suma gravedad, respecto a pactos de impunidad y prebendas de algunos sectores enquistados en la criminalidad.<\/span><\/li>\n
- La alarmante embestida protagonizada por un bloque pol\u00edtico que con la consigna de un frente contra el terrorismo propone un marco pol\u00edtico para la guerra<\/strong>, con el que pretende ponerse en el centro del debate y distraer sobre sus responsabilidades penales en casos de paramilitarismo, narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y violaciones a los derechos humanos.<\/span><\/li>\n
- El cambio legislativo y constitucional que implica el denominado \u201cMarco Jur\u00eddico para la Paz\u201d<\/strong> (MJP), compatible con la prolongaci\u00f3n del conflicto, tomando la paz como reh\u00e9n<\/em><\/strong>; y la renovada operaci\u00f3n de privilegios para distorsionar el car\u00e1cter de un Fuero Penal Militar.<\/span><\/li>\n
- La continuidad de la amenaza y la criminalizaci\u00f3n<\/span><\/strong> dirigida contra protestas ciudadanas, movilizaciones sociales amplias y populares, as\u00ed como contra opiniones de dirigentes sociales y pol\u00edticos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
A partir de las contradicciones y problemas que develan esos cuatro hechos, nos referimos a dos necesidades estrat\u00e9gicas, irrefutables y urgentes: regenerar la pol\u00edtica y construir espacios y medios para un proceso de paz s\u00f3lido<\/strong>. Este es un gran prop\u00f3sito, una formidable aspiraci\u00f3n, que CPP comparte con muchos sectores, ya que est\u00e1 en nuestra base de acci\u00f3n y que hemos venido impulsando al invocar la necesidad tanto de humanizar el conflicto como de superarlo estructuralmente.<\/span><\/p>\n\u00a0<\/span>II. Nuestro car\u00e1cter y lectura pol\u00edtica del momento.<\/span><\/strong><\/p>\nSi bien el camino de CCP se relaciona casi que exclusivamente con numerosos hechos y gestiones en el campo humanitario, la naturaleza y el mayor objetivo de nuestro colectivo ha sido el de encauzarse participando con diversas organizaciones, plataformas y personas, en esferas nacionales e internacionales, en los esfuerzos de cambio del lenguaje, reconocimiento del conflicto, aproximaci\u00f3n, di\u00e1logo directo, apertura, plena participaci\u00f3n social, acuerdos y promoci\u00f3n de un proceso de paz con garant\u00edas con toda la insurgencia.<\/strong><\/span><\/p>\nEn ese orden, opinamos que no es cuesti\u00f3n superficial el potencial significado de la revisi\u00f3n, todav\u00eda declarativa y fr\u00e1gil, de una pol\u00edtica frente al conflicto<\/strong>, dando por supuesto valor a la importante declaraci\u00f3n del 27 de agosto de 2012, de reconocimiento de exploraciones para el di\u00e1logo con la guerrilla. Es decir, interpretamos que el Presidente Juan Manuel Santos emprendi\u00f3 un cambio desde cuando asumi\u00f3 el cargo hace dos a\u00f1os y que esa positiva enmienda puede constituir un avance irrecusable. Es un hecho notable ante un reciente pasado de cierres, con una din\u00e1mica exclusivamente b\u00e9lica, negacionista, enga\u00f1osa y con alt\u00edsimos niveles de corrupci\u00f3n, que asent\u00f3 el anterior Gobierno.<\/span><\/p>\n\u00a0Manteniendo inc\u00f3lume la pol\u00edtica de \u201cseguridad\u201d del anterior Gobierno, en estos m\u00e1s de dos a\u00f1os se comprueba un cambio del lenguaje de quien ocup\u00f3 entonces el Ministerio de Defensa. Se ha producido cierta correcci\u00f3n introducida por una lectura de realismo pol\u00edtico y de escenarios futuros, en los que no es posible concebir una derrota militar de las guerrillas, las cuales han reacomodado parte de sus estrategias de lucha, proyectando que se hace adem\u00e1s inviable en determinadas regiones la inversi\u00f3n extranjera, o donde \u00e9sta ser\u00eda a costa de muchas vidas humanas y en condiciones muy onerosas que no son sostenibles con nuevas d\u00e9cadas de confrontaci\u00f3n. En ese cambio juega tambi\u00e9n la visi\u00f3n respecto de los procesos de integraci\u00f3n regional en el Latinoam\u00e9rica y el Caribe y sus fortalezas, donde Colombia deber\u00eda entroncarse en condiciones de paz.
\n<\/span><\/p>\nEste uso del lenguaje en relaci\u00f3n con el conflicto es una variaci\u00f3n m\u00ednima, unida al relativo reconocimiento con efectos pol\u00edticos y jur\u00eddicos que se ha hecho de la confrontaci\u00f3n b\u00e9lica y de los actores de la oposici\u00f3n armada, siendo rectificado hasta un cierto punto el discurso y una parte de los medios o mecanismos del tratamiento de la guerra interna, que antes, sin replanteamiento alguno, conduc\u00edan eminentemente a la cegadora f\u00f3rmula militar y su sin salida.
\n<\/span><\/p>\nEn Colombia s\u00f3lo es posible construir la paz, la reconciliaci\u00f3n, la justicia y la convivencia, incorporando el pa\u00eds a la integraci\u00f3n y la seguridad en la regi\u00f3n, si es transitado ese camino de un cambio de lenguaje<\/strong>.
\n<\/span><\/p>\nSi es real el cambio, implica la alteridad, la declaraci\u00f3n de la otredad, como se ha hecho en dicha declaraci\u00f3n presidencial del 27 de agosto de 2012, es decir desde ahora y no para m\u00e1s tarde. Ese enfoque es vital, siendo la afirmaci\u00f3n de la existencia pol\u00edtica del adversario la propia confirmaci\u00f3n de una dial\u00e9ctica, en la que hacemos parte todas y todos, como portadores de visiones diferentes, de unos intereses diversos y de unos proyectos de pa\u00eds, a debatir sin la acci\u00f3n violenta, sin la amenaza de las armas de ning\u00fan lado, para consensos y reformas, en la medida que podamos pactar los m\u00ednimos de la democracia.
\n<\/span><\/p>\nCon esta convicci\u00f3n \u00e9tica de tender puentes entre reconocidas posiciones antag\u00f3nicas <\/strong>s\u00ed es factible acercarse con garant\u00edas y dialogar dando pasos seguros hacia la salida pol\u00edtica negociada. Hemos contrastado esa perspectiva de nuevas y esperanzadoras expresiones de voluntad, algunas de las cuales han provenido de la guerrilla. Las respuestas de p\u00fablico conocimiento de las comandancias de las guerrillas de las FARC y del ELN en el di\u00e1logo epistolar con CPP, no nos dejan duda. Lo confirmar\u00e1 el proceso que se est\u00e1 abriendo con el Gobierno Santos.
\n<\/span><\/p>\nSomos conscientes, sin embargo, que no ha existido posibilidad de un cese al fuego bilateral. Lo cual lamentamos, pues se iniciar\u00e1n conversaciones en un ambiente de hostilidades militares, en un escenario de confrontaciones armadas y violaciones al derecho humanitario. Por ello, valorando las declaraciones de voluntad de las guerrillas, nos preocupa que se contin\u00faen presentando graves infracciones a ese derecho, que deben ser asumidas y clarificadas por aquellas, teniendo las v\u00edctimas los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n, pues se trata de transgresiones de los l\u00edmites de las reglas aplicables a los conflictos armados y tambi\u00e9n de los valores humanistas del derecho a la rebeli\u00f3n. Por esa raz\u00f3n, persistimos para que las FARC y el ELN sigan escuchando las demandas de acciones que pongan de presente una consideraci\u00f3n no s\u00f3lo humanitaria cristalizada en hechos, sino la coherencia con una inclaudicable decisi\u00f3n de di\u00e1logo pol\u00edtico sobre las causas y las consecuencias del conflicto.<\/span><\/p>\n\u00a0Tambi\u00e9n seguimos creyendo que es posible esperar m\u00e1s gestos preliminares expl\u00edcitos, p\u00fablicos y claros del Gobierno, adicionales al cambio de lenguaje y de reconocimiento del car\u00e1cter pol\u00edtico de las organizaciones guerrilleras. Manifestaciones que deber\u00edan traducirse por el Estado, como es su obligaci\u00f3n, en inmediatas respuestas humanitarias a los civiles que habitan en zonas de conflicto armado, as\u00ed como de respeto y atenci\u00f3n a las personas privadas de la libertad en raz\u00f3n de su pertenencia a los grupos alzados en armas. Por el contrario, se ha verificado que personas bajo custodia del Gobierno no han tenido asistencia adecuada y han muerto en prisi\u00f3n, o hemos visto acciones degradantes contra combatientes capturados o ca\u00eddos en combate. Tambi\u00e9n hemos escuchado achacar a los periodistas la responsabilidad de los cambios de percepci\u00f3n social sobre la patente realidad de la violencia pol\u00edtica, que no terrorista, acus\u00e1ndolos de desfigurar la realidad, para el apaciguamiento de las cr\u00edticas.
\n<\/span><\/p>\nEn parte por esas razones, la l\u00ednea de encuentro para comenzar a construir una paz madura y sostenible la vemos todav\u00eda algo lejana. B\u00e1sicamente por la ambig\u00fcedad y el discurso oficial que da p\u00fablicamente \u201cuna de cal y otra de arena\u201d, pues al tiempo que promete abrir la puerta de la paz con una llave presidencial, como lo est\u00e1 haciendo, asegura en la pr\u00e1ctica que \u00e9sta es por ahora exclusiva y excluyente. Deseamos por eso que se superen los diarios y cortantes hechos jactanciosos del belicismo m\u00e1s pasmoso y las alocuciones que incentivan el escalamiento de la guerra, en medio de deplorables condiciones sociales derivadas del modelo econ\u00f3mico que sufre la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n colombiana en una cotidianidad de corrupci\u00f3n, agresi\u00f3n, impunidad y decadencia moral y pol\u00edtica.
\n<\/span><\/p>\nIII. La vergonzosa \u201creforma a la justicia\u201d<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/p>\nEl juego de palabras y el doble sentido, las maniobras que restan seriedad y credibilidad, las relaciones de connivencia y complicidad institucional con poderes retorcidos, lo que posterga sine die<\/em> los pactos para la paz y la aut\u00e9ntica justicia, todo ello se ha puesto en escena y ha quedado al descubierto con el impulso y tramitaci\u00f3n de la archivada \u201creforma a la justicia\u201d: un fallido pero a\u00fan latente ensayo de cambio constitucional que quedar\u00e1 para la historia como un intento de fraude<\/strong> al pueblo y a la sociedad colombiana.
\n<\/span><\/p>\nAs\u00ed como reconocemos un cierto desmarque en el Gobierno Santos respecto de enfoques totalitarios, miramos con tristeza tambi\u00e9n la falta de mayor lucidez y de m\u00e1s coraje, as\u00ed como la actitud pol\u00edtica de otros actores institucionales y sociales, para afrontar las sombras que pesan en ese panorama, asociadas y saturadas de intereses privados y corruptos que impulsaron la toma mafiosa de gran parte de los poderes p\u00fablicos y su defensa paramilitar como estrategia corporativa y de Estado. Esos intereses ligados a la protecci\u00f3n de la l\u00f3gica criminal del paramilitarismo y sus dividendos, vuelven una y otra vez a fijar su agenda, sus metas de poder, de reparto o mercado de beneficios, con propuestas espurias que se anticipan para hurtar ideas que estar\u00edan en el trayecto de un proceso de paz, como la de una Asamblea Constituyente, pero dictados sus t\u00e9rminos por esos sectores poderosos para ser conformada por ellos y obedecer a su necesidad de impunidad.
\n<\/span><\/p>\nCompartiendo que el destino final de esa \u201creforma a la justicia\u201d no pod\u00eda ni puede ser otro que su desplome, CCP salud\u00f3 y sigue estimulando la respuesta de indignaci\u00f3n ciudadana que esperamos perviva, generada por aquel exabrupto. Nos parece encomiable la reacci\u00f3n de m\u00faltiples organizaciones civiles, populares, pol\u00edticas, de plataformas de juristas y activistas, de intelectuales, periodistas y de otras expresiones y movimientos sociales que han comprendido a qu\u00e9 prop\u00f3sitos se encaminaba esa reforma constitucional que lesionar\u00eda gravemente algunas de las conquistas formales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, de por s\u00ed ya debilitada. Por eso anunciaron no s\u00f3lo su rechazo a esa intentona, impugnando esa \u201creforma a la injusticia\u201d, sino que han emprendido el trabajo de posicionar fuerzas para desarrollar un refer\u00e9ndum y otros modos de desagravio que la entierren definitivamente. Han propuesto tambi\u00e9n algunos una revocatoria del mandato del actual Congreso e incluso del mandato del Presidente Santos o la oportunidad y necesidad de un replanteamiento radical mediante una Asamblea Constituyente, o un nuevo Pacto Nacional, no al servicio de la vuelta a un r\u00e9gimen perverso, sino al servicio de la paz, la democracia y la justicia.
\n<\/span><\/p>\nIV. La paz como reh\u00e9n<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/p>\nSi la paz la entendemos como prop\u00f3sito nacional, como bien y condici\u00f3n para la mayor suma de felicidad posible y el buen vivir y existir colectivo; si ya est\u00e1 clara y es rotunda la disposici\u00f3n de di\u00e1logos para comprometer una salida pol\u00edtica al conflicto \u00bfqui\u00e9nes la mantienen detenida y embargada?<\/span><\/p>\nLa paz con justicia por la que tanta gente honesta trabaja y construye a diario en Colombia ha sido materialmente imposible, porque debe enfrentar tanto la causalidad del conflicto<\/strong> como la institucionalizaci\u00f3n de la guerra<\/strong>. Es decir, las causas objetivas y or\u00edgenes<\/strong> anclados en la injusticia social y econ\u00f3mica, en la exclusi\u00f3n pol\u00edtica y cultural, en la falta de soberan\u00eda, en mecanismos electorales viciados, en la destrucci\u00f3n ambiental y los acuerdos comerciales asim\u00e9tricos e injustos, en la ausencia de participaci\u00f3n, en la falta de acceso colectivo y mayoritario a la propiedad y a la divulgaci\u00f3n democr\u00e1tica en medios de informaci\u00f3n. Pero al mismo tiempo, enfrentando los conceptos e inercia derivada de la din\u00e1mica degradante de un tipo de guerra funcional<\/strong> a ese statu quo, la institucionalizaci\u00f3n del conflicto mediante una planificada econom\u00eda de la guerra, que beneficia a grupos espec\u00edficos nacionales e internacionales, y las mentalidades en las que se ha concebido a los otros como \u201cenemigos internos\u201d.
\n<\/span><\/p>\nCCP concibe por supuesto no s\u00f3lo formas sino contenidos de fondo para pactar en los di\u00e1logos hacia una salida pol\u00edtica, y entiende que la puesta en marcha de un proceso de negociaci\u00f3n debe consultar los t\u00e9rminos de superaci\u00f3n racional basada en la \u00e9tica y el derecho, con un consenso que aborde la realidad de las necesidades de las mayor\u00edas<\/strong> de la sociedad. Por ello, en CCP entendemos la paz no s\u00f3lo como la ausencia de conflicto armado sino como el reconocimiento y transformaci\u00f3n de esas injusticias sociales, econ\u00f3micas, ambientales, y de la impunidad judicial, de ning\u00fan modo defendibles, como lo son en Colombia la pobreza extrema, la miseria e indigencia a las que se han condenado a millones de compatriotas, en un pa\u00eds de los m\u00e1s desiguales del planeta; un pa\u00eds de riquezas y recursos que dar\u00edan base a una sociedad sin hambre y otras violencias; igualitaria e incluyente, es decir democr\u00e1tica y generosa en todas las dimensiones de la vida.
\n<\/span><\/p>\nDe otro lado, el fin de la confrontaci\u00f3n militar entre la insurgencia y el Estado, y el despegue hacia una convivencia con justicia, debe asegurar el abandono de las estrategias y pr\u00e1cticas contrarias al legado com\u00fan de la humanidad, en cuanto valores y principios de respeto a la dignidad, es decir, desembrozar el camino de concepciones pol\u00edticas antidemocr\u00e1ticas<\/strong> y de sus medios militares y paramilitares incubados por d\u00e9cadas. Si un principio rector de los di\u00e1logos es aprender de los errores del pasado, como lo anunci\u00f3 el Presidente Santos el 27 de agosto de 2012, debe desembrozarse ese camino de conceptos y estrategias que ri\u00f1en con las m\u00e1s b\u00e1sicas ideas y obligaciones de un Estado de Derecho<\/strong>. Esto debe cumplirse acudiendo a los faros representados tanto en el derecho internacional como en las necesidades de construcci\u00f3n de una paz que afirme las posibilidades de progreso y el potencial del pa\u00eds en el concierto de los pueblos.
\n<\/span><\/p>\nCuando se ha propuesto la materializaci\u00f3n de eslabones de la paz o su construcci\u00f3n mediante pactos entre las partes contendientes, la paz ha sido asaltada y tomada como reh\u00e9n. A veces agazapados o encubiertos, otras veces con la estampa desafiante ya conocida, los enemigos de la paz buscan hacerla estallar en mil pedazos. Temen a la paz con justicia y han vivido siempre de hacer la guerra para despojar a los pobres o mantener un orden de privilegios. Es su negocio y raz\u00f3n de ser: liquidar las posibilidades de construcci\u00f3n concertada de la paz como democracia real.
\n<\/span><\/p>\nDe este modo, hay un triunfo parcial del bloqueo de la paz<\/strong>, bloqueo que no es exclusivo del Gobierno, pues el Presidente mismo lo est\u00e1 tratando de superar, sino que se alimenta por dos visiones en aparente contradicci\u00f3n, compatibles en la pr\u00e1ctica: la liderada por una posici\u00f3n extrema que propone un marco pol\u00edtico-jur\u00eddico de guerra, y la que trata de reducir al Gobierno para que imponga una l\u00f3gica preceptiva, que promulga las normas de un marco para la paz con las que se le secuestra o mantiene cautiva a la paz en medio de una ascendente y diversa militarizaci\u00f3n de la sociedad. Una paz que ser\u00eda liberada por el Estado como mera pacificaci\u00f3n<\/strong>, a condici\u00f3n de la rendici\u00f3n de la otra parte contendiente y de la no participaci\u00f3n de la sociedad con sus heterog\u00e9neas expresiones<\/strong>. Tal modelo de consecuci\u00f3n de \u201cla paz\u201d no es compartido por CCP.
\n<\/span><\/p>\nV. El Marco Jur\u00eddico para la Paz<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/p>\n\n- Su apariencia como herramienta de ruptura con el pasado y para un futuro de salida pol\u00edtica<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nLa reforma constitucional<\/strong> concebida en el Acto Legislativo N\u00ba 1 de 2012, promulgado el 31 de julio, da vida al Marco Jur\u00eddico para la Paz (MJP), por medio del cual \u201cse establecen instrumentos jur\u00eddicos de justicia transicional en el marco del art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan otras disposiciones\u201d. Esta nueva reforma constitucional corresponde a una propuesta impulsada por el Gobierno del Presidente Santos, tramitada desde septiembre de 2011 con el respaldo de la coalici\u00f3n de grupos pol\u00edticos con representaci\u00f3n parlamentaria que comparten los derroteros sobre la \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d y el modelo econ\u00f3mico, heredados del pasado gobierno. Durante su debate el pa\u00eds vivi\u00f3 hechos muy importantes como fue la liberaci\u00f3n de miembros de la fuerza p\u00fablica retenidos desde hace varios a\u00f1os por la guerrilla; el pronunciamiento de la comandancia de las FARC sobre su renuncia definitiva a la pr\u00e1ctica de las privaciones a la libertad por razones financieras o \u201csecuestros por motivos econ\u00f3micos\u201d, ratificando esta organizaci\u00f3n, as\u00ed como el ELN, la necesidad de acordar una salida pol\u00edtica al conflicto armado.
\n<\/span><\/p>\nEn esos meses se expresaron adem\u00e1s millones de voces con el sentir cada vez m\u00e1s extendido de querer vivir en un pa\u00eds en paz y con justicia, que chocan de frente con la obtusa visi\u00f3n guerrerista que no dejaba espacio a la palabra y al di\u00e1logo para avanzar en la soluci\u00f3n pol\u00edtica del conflicto armado. Tal visi\u00f3n se ha exteriorizado en movilizaciones sociales, como la ocurrida en el Cauca, o en encuestas en las que se acredita que m\u00e1s del 75% de la opini\u00f3n estar\u00eda de acuerdo con los di\u00e1logos de paz entre el Gobierno y las guerrillas.
\n<\/span><\/p>\nPor lo tanto, en esa pendiente, era importante generar un nivel de ruptura con dicha estrategia guerrerista, que esconde miles de cr\u00edmenes contra la humanidad todav\u00eda impunes. Por ese s\u00f3lo enunciado, era un positivo avance tramitar una reforma constitucional con ese manifiesto objetivo de la paz, ya que supondr\u00eda actuar con esas sinergias sociales y pol\u00edticas en ascenso, para permitir obrar con mecanismos temporales y parciales que, junto con otros de mayor entidad, profundidad y duraci\u00f3n, podr\u00edan coadyuvar a una soluci\u00f3n definitiva.
\n<\/span><\/p>\nFormalmente, el MJP se basa en una proyecci\u00f3n y articulaci\u00f3n de instrumentos de la denominada justicia \u201ctransicional\u201d, con la declarada finalidad prevalente de facilitar que se acabe el conflicto armado interno y lograr la paz estable y duradera, garantizando la no repetici\u00f3n de hechos punibles y la seguridad de todos los colombianos. Propone con car\u00e1cter excepcional la posibilidad de seleccionar y priorizar distintos delitos para que las autoridades judiciales se concentren en la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de quienes tuvieron la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los hechos m\u00e1s graves. Anuncia que se podr\u00e1n dise\u00f1ar instrumentos de justicia transicional de car\u00e1cter no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de quienes tuvieron menor responsabilidad en la comisi\u00f3n de esos delitos. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 la posible renuncia a la persecuci\u00f3n penal de ciertos casos con la aplicaci\u00f3n de mecanismos colectivos y no judiciales de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, y la eventualidad de que \u201cmiembros de grupos armados al margen de la ley\u201d que se desmovilicen puedan participar en pol\u00edtica.
\n<\/span><\/p>\n\n- Una interpretaci\u00f3n cr\u00edtica de su g\u00e9nesis y de su estrategia<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nEl proyecto de MJP fue medianamente debatido en espacios convencionales durante nueve meses, con los consabidos formatos y voces de algunos sectores de poder, reproducidas sin contraste por los medios de informaci\u00f3n, por pol\u00edticos, por algunos acad\u00e9micos, por algunos expertos en resoluci\u00f3n de conflictos y analistas de derechos humanos, sin que en su discusi\u00f3n haya sido convocada la opini\u00f3n de otros sectores importantes de la sociedad, como lo son vitalmente las organizaciones, comunidades y l\u00edderes locales, y todos aquellos que sufren el conflicto armado en su verdadera magnitud. El ruido pol\u00e9mico generado por tensiones de un sector de poder ocult\u00f3 de hecho que dicha reforma constitucional se hizo sin intervenci\u00f3n del movimiento social y popular. El derecho fundamental a construir la paz, a ser parte de sus propuestas, fue negado.
\n<\/span><\/p>\nConocido el nivel de corrupci\u00f3n y la l\u00f3gica de componendas que plasm\u00f3 la hundida \u201creforma a la justicia\u201d, mal puede pensarse que la representaci\u00f3n de la sociedad y el pueblo colombiano la tienen en materia tan fundamental como un proceso de paz, quienes se han erigido en el Congreso como defensores de sus propios intereses o de intereses privados de poder, es decir, la inmensa mayor\u00eda de parlamentarios, con pocas y honrosas excepciones. Es suficientemente conocida la repulsa ciudadana que no cesa de manifestar la urgencia de cambios, como podr\u00eda suponerlo no s\u00f3lo una revocatoria del actual mandato parlamentario, sino una combinaci\u00f3n de ejercicios de emplazamiento de la sociedad que asiente la indignaci\u00f3n y proyecte alternativas de superaci\u00f3n de esta espiral de descomposici\u00f3n. De ah\u00ed que una herramienta estrat\u00e9gica tan primordial como el MJP no deb\u00eda haberse reducido a un foro signado por su descr\u00e9dito<\/strong>. Deb\u00eda haber sido el papel de una pluralidad de escenarios.
\n<\/span><\/p>\nTampoco se consult\u00f3 de ning\u00fan modo el punto de vista de las guerrillas sobre una normatividad que apunta a eventuales di\u00e1logos con ellas y a su sometimiento. Lo expresamos frente al hecho imborrable y no comparable de que hace unos a\u00f1os s\u00ed tuvieron lugar destacado y vergonzoso las voces de jefes paramilitares en pleno Congreso, participando en el dise\u00f1o de la normatividad de \u201cJusticia y Paz\u201d que se les aplicar\u00eda. Por eso, esta iniciativa de cambio constitucional adolece exactamente de eso: de una capacidad vinculante de la guerrilla. Es decir, fue la expresi\u00f3n unilateral del Estado, que, en la m\u00e1s generosa de las interpretaciones, viene a significar una orientaci\u00f3n de su arbitrio conforme a la cual las instituciones buscaron acondicionar, en medio del conflicto armado, parte de su juridicidad para una etapa posterior de di\u00e1logos de paz. El MJP no nace de una distensi\u00f3n militar o de alg\u00fan tipo de tregua. Se impone, por el contrario, como un complemento jur\u00eddico para objetivos militares.
\n<\/span><\/p>\nLa g\u00e9nesis del MJP sigue a la estrategia pol\u00edtica y militar de la \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d y sus pron\u00f3sticos de animaci\u00f3n triunfalista de una salida militar ya implementada por a\u00f1os, fundada en presiones autoritarias y en comprobadas violaciones de derechos humanos ayer expresadas en los llamados \u201cfalsos positivos\u201d y hoy en la fase del llamado plan de consolidaci\u00f3n y control social territorial. Tiene la misma matriz o molde, como antesala de una etapa m\u00e1s de profundizaci\u00f3n del conflicto, en la que se combina ahora una ret\u00f3rica de eventuales di\u00e1logos y una mayor insistencia b\u00e9lica, ante una guerrilla que mantiene incluso capacidad ofensiva y presencia en diversas regiones.
\n<\/span><\/p>\nEs decir, el MJP, que se basa adem\u00e1s en la idea de las desmovilizaciones individuales como pr\u00e1ctica y aplicaci\u00f3n de la llamada \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d, contraria a la justicia transicional que propugna por acuerdos con la oposici\u00f3n armada, no est\u00e1 concebido como producto de alg\u00fan tipo de concertaci\u00f3n o negociaci\u00f3n entre las dos partes<\/strong> que deben mirar hipot\u00e9ticamente los instrumentos m\u00e1s adecuados para la realizaci\u00f3n de un proceso de paz. Es limitado y exclusivo desde los enfoques de una parte, sin correspondencia con la realidad de una confrontaci\u00f3n en la que son dos los contendientes, que pueden acordar su des-intensificaci\u00f3n y determinar causes y herramientas de regulaci\u00f3n y soluci\u00f3n.
\n<\/span><\/p>\nEs cierto que no era obligatoria para el Estado esa consulta o habilitar mecanismos de escucha de las opiniones de la guerrilla, por m\u00e1s irracionales que pudieran parecer para muchos. Pero s\u00ed es lo deseable y hubiera sido m\u00e1s eficaz inquirir a las organizaciones insurgentes para avanzar en la puesta en marcha de una acci\u00f3n dial\u00f3gica y de resoluci\u00f3n pactada, superior al argumento esgrimido con el que se concluye tendenciosamente que las condiciones de aproximaci\u00f3n entre las partes no est\u00e1n dadas y que se trataba s\u00f3lo de facultar al Presidente para una etapa muy posterior. Cuando, por variables concernientes a la derrota militar, a la desmoralizaci\u00f3n y a la desbandada, la guerrilla se avenga al modelo de sometimiento a la justicia, en los t\u00e9rminos decididos previamente de modo exclusivo y excluyente por el Estado.
\n<\/span><\/p>\nEs preocupante ese modelo basado en que las reglas se aplicar\u00e1n dependiendo de la capitulaci\u00f3n guerrillera en el campo militar o pol\u00edtico<\/strong>, pues sigue entendiendo la paz como vencimiento de una parte o un simple corolario de una normativa cerrada que se le aplicar\u00e1 por la voluntad ya irreversible del Estado. Para ello se sigue descalificando a la guerrilla como \u201cterrorista\u201d o simplemente se niega su \u00edndole pol\u00edtica, en una visi\u00f3n vertical, como formulaci\u00f3n solipsista y parcial, seg\u00fan la cual s\u00f3lo una parte tiene la llave de la paz y decide por encima de todos; s\u00f3lo una parte puede conversar con evidente exclusi\u00f3n de la sociedad y exponer e imponer en solitario las condiciones para la paz.
\n<\/span><\/p>\nAs\u00ed ha sido, sin concertaci\u00f3n o consulta real y cierta a la sociedad, desarrollando una pol\u00edtica aparentemente reparadora o dirigida hacia \u201clas causas objetivas del conflicto\u201d. Se patenta de modo unilateral con leyes como las de v\u00edctimas y de tierras, seriamente cuestionadas por ser maquilladoras de una realidad enmara\u00f1ada, dado su alcance exiguo y por la desprotecci\u00f3n de quienes ser\u00edan sujetos de esas disposiciones, frente al crecimiento del poder que detentan los que han despojado tradicionalmente a los m\u00e1s empobrecidos y que hoy contin\u00faan recreando nuevas formas de usurpaci\u00f3n y terror.
\n<\/span><\/p>\nHacia \u201clas causas subjetivas\u201d<\/strong>, es decir frente a la existencia y justificaci\u00f3n pol\u00edtica y social de la guerrilla, la f\u00f3rmula paralela es la del garrote en una mano y en la otra la zanahoria: una reducida favorabilidad judicial y pol\u00edtica, que se aplicar\u00eda en una fase muy posterior a trav\u00e9s del MJP, cuando se definan criterios y opere seg\u00fan la lectura de la victoria militar. Es lo que explica que ahora mismo se contin\u00fae con los vastos, costosos y complejos operativos militares, con un millonario y sangrante presupuesto diario para la guerra, a\u00f1o tras a\u00f1o, en ese prop\u00f3sito de aniquilar uno a uno los diferentes frentes guerrilleros, adem\u00e1s de los recursos para el control social territorial y el establecimiento de unidades militares con personal extranjero y de seguridad de empresas.
\n<\/span><\/p>\nTodo ello se engrana en el aparataje institucional de la llamada \u201cjusticia transicional\u201d<\/strong>, que se viene usando como un salvavidas ante discusiones pol\u00edticas y jur\u00eddicas de fondo, frente a violaciones sistem\u00e1ticas de derechos humanos, cr\u00edmenes de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra. Se us\u00f3 para intentar salvar del limbo jur\u00eddico a m\u00e1s de 28 mil reales o presuntos paramilitares desmovilizados y para legitimar desde el anterior Gobierno un modelo de transacci\u00f3n con algunas de esas estructuras criminales, burlando la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la exigencia de no repetici\u00f3n. Hubo entonces priorizaci\u00f3n y selecci\u00f3n en el proceso con los paramilitares por parte del Gobierno, que decid\u00eda qui\u00e9n s\u00ed o qui\u00e9n no era beneficiario de la ley 975 de 2005. En ninguna de estas experiencias ha existido verdad plena ni alternatividad penal merecida, y tampoco, evidentemente, existe proceso alguno de profundizaci\u00f3n democr\u00e1tica. Por el contrario, hay revictimizaci\u00f3n, reingenier\u00eda paramilitar, nuevos blindajes de impunidad, y una ausencia notable de garant\u00edas a algunos ex mandos paramilitares que quieren confesar la verdad y se\u00f1alar a otros autores. Todos \u00e9stos son s\u00edntomas de la banalizaci\u00f3n de lo que se conoce como justicia de transici\u00f3n.
\n<\/span><\/p>\nLa banalizaci\u00f3n del concepto y el sentido de la \u201ctransici\u00f3n\u201d<\/strong>, est\u00e1 llevando a concebir los asuntos penales como si fuesen en s\u00ed mismos la resoluci\u00f3n de los problemas de fondo del conflicto y de construcci\u00f3n de la democracia. Si bien los asuntos penales para un proceso de paz son muy importantes, m\u00e1s cuando existen miles de combatientes o rebeldes recluidos en las c\u00e1rceles, su conjunto no es la \u00fanica ni la principal pieza.
\n<\/span><\/p>\nUna eficaz construcci\u00f3n transicional, desde nuestro punto de vista, en un proyecto sostenido de resoluci\u00f3n del conflicto armado, no depende solamente de decisiones jur\u00eddicas o de planos jur\u00eddicos resueltos y modificados, sino de acuerdos pol\u00edticos y societales referidos a las garant\u00edas de inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n democr\u00e1ticas, como de ejercicio efectivo de los derechos personales y colectivos, en los que deber\u00e1n contar los miembros de los grupos alzados en armas que obtengan su libertad.
\n<\/span><\/p>\nAnte el uso desmedido y trivial de la expresi\u00f3n \u201ctransicional\u201d, una de las preguntas m\u00e1s importantes a formular es si Colombia est\u00e1 viviendo una fase de genuina transici\u00f3n. Si es as\u00ed, \u00bfhacia qu\u00e9 modelo de pa\u00eds nos estamos dirigiendo? \u00bfA la naci\u00f3n que supera las quiebras de democracia pol\u00edtica y econ\u00f3mica que arrastramos desde d\u00e9cadas atr\u00e1s? \u00bfAl pa\u00eds que asegura mayor participaci\u00f3n y toma de decisiones comunitarias y locales para el ejercicio de sus derechos econ\u00f3micos y sociales? \u00bfA una Colombia con reflejo de las mayor\u00edas sociales y sus necesidades en el despliegue y acceso a los medios de informaci\u00f3n? \u00bfA modelos electorales ampliamente participativos, transparentes y deliberativos, que rompan el abstencionismo y las pr\u00e1cticas corruptas y clientelares? \u00bfPuede hablarse de transici\u00f3n con cada vez menos bienes y servicios p\u00fablicos? \u00bfCon una mayor exclusi\u00f3n en la educaci\u00f3n, la salud y la vivienda? \u00bfCon umbrales de hambre e indigencia de millones de personas? \u00bfCon reiteradas e impunes violaciones de derechos civiles y pol\u00edticos?
\n<\/span><\/p>\nLas divergencias nacen entonces frente a los alcances de la llamada \u201cjusticia transicional\u201d, en el esquema del uso oficial simplificada a unos cuantos procesos penales, sin pactos, acuerdos o cambios de eficacia social y pol\u00edtica que comprometan redistribuciones o transferencias de poder para las mayor\u00edas sociales. Es decir, anticipan las visiones discordantes que se tienen de la paz y su profundidad. Lo transicional pasa a ser una cuesti\u00f3n de limitada alternatividad penal para algunos de los que se alzaron en armas, una serie de puntuales beneficios legales y eventualmente pol\u00edticos, sin que el conjunto de la sociedad cuente con mejores y mayores mecanismos e instituciones democr\u00e1ticas.
\n<\/span><\/p>\n\n- El MJP distorsiona, es insuficiente y contradictorio<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nEl objetivo trazado de asegurar senderos de paz negociada no sobrevendr\u00e1 probablemente con las actuales medidas del MJP, pues adem\u00e1s de obedecer a los factores y a las variables militares y pol\u00edticas de la pretendida derrota insurgente, se ofrece como un ensamble<\/strong> entre el ultim\u00e1tum, la negaci\u00f3n del delito pol\u00edtico propiamente dicho y la utilidad de impunidad para autores de hechos que no corresponden a la categor\u00eda de la rebeli\u00f3n o en general a la categor\u00eda de los delitos pol\u00edticos y conexos.
\n<\/span><\/p>\nEl MJP distorsiona<\/strong> la naturaleza de medidas de gracia que s\u00f3lo tendr\u00edan justificaci\u00f3n si se refieren al conjunto de infracciones pol\u00edticas de los rebeldes, por las caracter\u00edsticas \u00e9ticas y pol\u00edticas que les asigna el derecho penal progresista, las cuales se expresan tanto en el despliegue objetivo del delito pol\u00edtico como en la profundidad subjetiva del mismo, es decir los rasgos que lo definen a la luz de los m\u00e1s avanzados conceptos humanistas (ser objeto de amnist\u00eda o indulto, por su propia naturaleza de oposici\u00f3n el Estado, que es el que en aras de una negociaci\u00f3n establece esas medidas, extendibles por supuesto a los hechos conexos al delito pol\u00edtico [art\u00edculo 3\u00ba del MJP; 67 transitorio de la Constituci\u00f3n]).
\n<\/span><\/p>\nEn tal sentido, nos basamos en la alteridad de un adversario pol\u00edtico alzado en armas a quien se le reconoce como tal y, no obstante, se le persigue legal y racionalmente, pues las instituciones colisionan frontalmente con \u00e9l al no comulgarse la forma de su ruptura, al tener el rebelde como objetivo subvertir violentamente el orden instituido, atacando estructuras normativas, pol\u00edticas y econ\u00f3micas, mediando un alegado motivo altruista, a contrastar precisamente en el debate pol\u00edtico-jur\u00eddico de la infracci\u00f3n penal. En consecuencia, es necesario re-emprender una clara conceptualizaci\u00f3n pol\u00edtica, medi\u00e1tica, cultural, e indudablemente penal, cuyo derrotero es el de los valores y la dial\u00e9ctica con la que un orden que se alega democr\u00e1tico debe responder a los delitos pol\u00edticos<\/strong>.
\n<\/span><\/p>\nEl Estado colombiano, en el marco de corrientes jur\u00eddicas, medi\u00e1ticas, pol\u00edticas, y obviamente militares del pensamiento contrainsurgente m\u00e1s autoritario del mundo, reemplaz\u00f3 el concepto angular del delito pol\u00edtico y dio paso acelerado a los nominativos basados en el terrorismo, afianzando as\u00ed un derecho penal del enemigo. Su prop\u00f3sito era claro: restar alguna credibilidad o legitimaci\u00f3n de la guerrilla, se\u00f1al\u00e1ndola sin ideales o m\u00f3viles pol\u00edticos, como delincuencia organizada contra la sociedad, no por valores sociales sino por razones anti-sociales. Complementaria y paralelamente revisti\u00f3 de actor pol\u00edtico al mercenarismo o paramilitarismo, generando una inclinaci\u00f3n puesta en pr\u00e1ctica como derecho penal de amigo, no s\u00f3lo a trav\u00e9s de leyes sino de otros medios de reproducci\u00f3n ideol\u00f3gica. Tal proceso doble se acrecent\u00f3 en las \u00faltimas d\u00e9cadas, ense\u00f1ando tambi\u00e9n sus l\u00edmites e intenciones perversas.
\n<\/span><\/p>\nEl MJP es insuficiente por no asumir de modo directo y tajante dicha conceptualizaci\u00f3n del delito pol\u00edtico para medidas de gracia y acuerdo no ap\u00f3crifo sino real, rehuyendo hablar de los adversarios rebeldes como autores de delitos pol\u00edticos y optando por denominarlos miembros de grupos armados al margen de la ley (como aparece insistentemente en el texto del MJP). Esto no es s\u00f3lo para evadir banal y vanamente la naturaleza del enemigo pol\u00edtico, sino para habilitar o permitir que aliados o miembros de las estructuras armadas del Estado puedan a futuro quedar cobijados con medidas que en la pr\u00e1ctica se asemejan a amnist\u00edas o indultos en alg\u00fan grado, las cuales, en la l\u00ednea de coherencia pol\u00edtica y penal de un derecho que busque recobrar principios democr\u00e1ticos para un proceso de paz aut\u00e9ntico, es decir con los insurgentes, debe aplicarlos \u00fanica y exclusivamente para \u00e9stos, aunque otros sujetos y grupos delincuenciales puedan recibir otros beneficios, los cuales ser\u00edan desde un referente jur\u00eddico y pol\u00edtico distinto, no homologable \u00e9ticamente al que debe aplicarse para los rebeldes.
\n<\/span><\/p>\nPor esa raz\u00f3n es contradictorio, al integrar a quienes han violado sistem\u00e1ticamente la ley para defender el orden de cosas al que esa ley corresponde. Con esta llave se abren las puertas a la impunidad, cubriendo grupos distintos a las organizaciones de oposici\u00f3n armada o real parte contendiente. Postula mecanismos de auto \u2013 exculpaci\u00f3n para hechos distintos a los delitos pol\u00edticos y conexos. Se tergiversa as\u00ed la propuesta de una justicia transicional progresista que apunte a la paz, a la verdad, a la justicia y a la reconciliaci\u00f3n, as\u00ed como a la no repetici\u00f3n, pues se usan las disposiciones penales bajo la bandera de la paz para exonerarse el propio Estado y desde su pol\u00edtica recompensar aliados, o a sus cuerpos armados<\/strong>, al caber la posibilidad de que el d\u00eda de ma\u00f1ana el MJP se aplique a responsables de paramilitarismo, que es por definici\u00f3n una estrategia radicalmente opuesta a los principios del derecho humanitario, basada en el mercenarismo y en la funci\u00f3n de ocultar y enriquecer a los responsables m\u00e1ximos de cr\u00edmenes contra la humanidad.
\n<\/span><\/p>\nEse MJP puede convertirse en un medio para asegurar la impunidad de los agentes estatales responsables de hechos execrables. Es evidente que en las instancias judiciales incluyendo la propia justicia penal militar, hay una cierta priorizaci\u00f3n y selecci\u00f3n, que se deben en parte a la persistencia de las v\u00edctimas que han recabado pruebas y a la presi\u00f3n internacional. Hoy, con muy pocos avances en materia de justicia, como en los casos de algunas desapariciones de las cometidas en los hechos del Palacio de Justicia, en la masacre de Mapirip\u00e1n, en la operaci\u00f3n \u201cG\u00e9nesis\u201d y otros cr\u00edmenes, es generalizada la l\u00f3gica de estructuras represivas ligadas a los perpetradores que pretenden de diferentes formas socavar la b\u00fasqueda de justicia, acudiendo a medios como las amenazas a testigos y allegados de las v\u00edctimas, el exilio de operadores judiciales, la negativa de entrega de cuerpos y el encubrimiento medi\u00e1tico de actores pol\u00edticos y econ\u00f3micos detr\u00e1s de la comisi\u00f3n de millares de cr\u00edmenes.
\n<\/span><\/p>\nDada la protuberante impunidad que existe respecto a violaciones cometidas por parte de agentes estatales, la cual cubre a instigadores, creadores, inspiradores y financiadores, puede ser que un prop\u00f3sito ignominioso y hasta ahora inconfesable del Gobierno y del Congreso sea usar el MJP para resolver sentencias judiciales contra militares comprometidos en graves violaciones de derechos humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad, as\u00ed como de sus auxiliares. Si fuera as\u00ed, si con el argumento de la paz se pretende buscar una f\u00f3rmula de inclusi\u00f3n de los militares, deber\u00edan decirlo con claridad y abiertamente, pese a la gravedad y al reto que esto significa en el deber de la memoria de toda la sociedad, y frente a los derechos a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n.
\n<\/span><\/p>\nSi el Gobierno as\u00ed lo piensa, debe generar un espacio abierto y con garant\u00edas para la verdad real y plena, promoviendo una pol\u00edtica para que quienes actuaron en cualquier momento como agentes estatales develen toda la verdad. Lo que es inadmisible de manera radical es que con el MJP se refuerce una mayor ocultaci\u00f3n de la cadena de mando y responsabilidad en cr\u00edmenes contra la humanidad y que se margine a las v\u00edctimas. En cualquier caso, debe siempre garantizarse la participaci\u00f3n sin cortapisas de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado y que el conjunto de la sociedad sepa completamente todo lo ocurrido: los responsables en cualquier grado, sus m\u00f3viles, los intereses, sus beneficios y todas las circunstancias de los hechos y de su impunidad.
\n<\/span><\/p>\nAunque el MJP se\u00f1ale que en ning\u00fan caso se podr\u00e1n aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, nada garantiza que tanto militares acusados de paramilitarismo no sean entendidos como beneficiarios de esas medidas de justicia transicional o que se adjudiquen caracter\u00edsticas de parte en el conflicto armado interno a quienes en realidad no han sido m\u00e1s que brazos clandestinos de la guerra sucia estatal o unidades paraestatales al servicio de intereses pol\u00edticos y econ\u00f3micos privados, legales o ilegales.
\n<\/span><\/p>\nAdem\u00e1s, el MJP tambi\u00e9n es contradictorio<\/strong> con la juridicidad estatal por otra raz\u00f3n: no atribuye en la pr\u00e1ctica lo que en el discurso ha quedado asumido recientemente por el Gobierno del Presidente Santos en cuanto a la existencia del conflicto armado y la perspectiva de posibles di\u00e1logos de paz,<\/strong> como es su obligaci\u00f3n constitucional y legal, interna e internacional, conforme a la legislaci\u00f3n y c\u00e1nones que las naciones han adoptado como derecho de los conflictos armados, tanto el derecho de la guerra como el humanitario y otras vertientes.
\n<\/span><\/p>\nDe ese conjunto de reglas, de las que Colombia es signataria hace m\u00e1s de medio siglo, se deriva una clara conceptualizaci\u00f3n y un mandato vinculante, sobre los combatientes, en este caso las y los alzados en armas, sobre su estatuto, que si bien puede suponer intersecciones o concordancias posibles con la categor\u00eda del delito pol\u00edtico, ri\u00f1e de frente, no armoniza por definici\u00f3n, con endilgarles la condici\u00f3n de delincuentes miembros de grupos armados al margen de la ley (como lo patenta el MJP). Desconoce entonces las caracter\u00edsticas esenciales de tales hechos de naturaleza pol\u00edtica y militar cometidos por la guerrilla, delitos pol\u00edticos o acciones de guerra, como si fuesen delitos comunes, y como si debiera la delincuencia com\u00fan organizada quedar abarcada forzosa y homologadamente en la aplicaci\u00f3n futura y concluyente de un instrumento de \u201cjusticia transicional\u201d cuya \u201cfinalidad prevalente\u201d es \u201cfacilitar la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno\u201d.
\n<\/span><\/p>\nVI. Propuestas<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/p>\nHemos pasado ya la mitad del per\u00edodo del actual Gobierno del Presidente Santos, que efectivamente desde su comienzo proclam\u00f3 tener la llave de la paz, y que s\u00f3lo ahora anuncia posibles avances para un proceso de soluci\u00f3n pol\u00edtica al conflicto armado, como se desprende de su declaraci\u00f3n del 27 de agosto de 2012.
\n<\/span><\/p>\nRestan todav\u00eda dos a\u00f1os en condiciones m\u00e1s complicadas para una gesti\u00f3n de Gobierno no hipotecada, con un Congreso dominado por la coalici\u00f3n llamada Unidad Nacional, en la que sobresale la representaci\u00f3n de c\u00edrculos pol\u00edticos implicados en corrupci\u00f3n, que amparan intereses privados y dan la espalda a intereses sociales o p\u00fablicos. Por esas razones, saludando lo manifestado p\u00fablicamente por el Presidente Santos, CCP ha considerado necesario referirse a los problemas ac\u00e1 tratados y presentar algunas propuestas para hacer causa com\u00fan hacia un pacto incluyente que pueda neutralizar el marco pol\u00edtico para la guerra y las intenciones que se patentaron con el intento de la \u201creforma a la justicia\u201d y su ocultamiento. Para ello, hemos realizado esta cr\u00edtica al MJP y hacemos un llamado a comprometerse y detener las amenazas y la criminalizaci\u00f3n contra las protestas sociales y movilizaciones populares, garantizando la participaci\u00f3n ciudadana y el derecho a la opini\u00f3n pol\u00edtica.
\n<\/span><\/p>\nContraria de la acci\u00f3n turbia que puede ser tenebrosa, es la acci\u00f3n transparente que asume responsabilidades. El Presidente Santos como cabeza del Estado, tal y como lo anunci\u00f3 la noche del 27 de agosto de 2012, debe y puede dar pasos hacia la paz. En ese sentido proponemos:
\n<\/span><\/p>\n\n- Afianzar el proceso exploratorio de di\u00e1logos de paz<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nDar continuidad y garant\u00edas al proceso exploratorio de conversaciones de paz con las FARC, en una perspectiva de di\u00e1logos para la superaci\u00f3n definitiva del conflicto armado que incorpore al ELN, en tanto insurgencia, como al conjunto de la sociedad colombiana.
\n<\/span><\/p>\nEn las condiciones de degradaci\u00f3n \u00e9tica y pol\u00edtica en Colombia, ante una opini\u00f3n que en parte est\u00e1 mentalizada para la prolongaci\u00f3n y descomposici\u00f3n del conflicto, en medio de la poderosa maquinaci\u00f3n que efect\u00faan los medios de comunicaci\u00f3n empresarial y otros poderes reales, la aspiraci\u00f3n del Presidente Santos de ser reelegido hasta el 2018 puede ser compatible con el mantenimiento del actual discurso de ambig\u00fcedad resultante, en la que se arenga por unos para hacer la guerra y se dice al tiempo tener la llave de la paz. Ciertamente el Presidente Santos tiene tambi\u00e9n sus posibilidades de reelecci\u00f3n decidiendo no hablar m\u00e1s de paz y orientarse radicalmente a la confrontaci\u00f3n sin asomo de moderaci\u00f3n. Deseamos que esas no sean sus tendencias y que su discurso no sea social por apariencia, ante el descalabro social y econ\u00f3mico y el descontento popular, disfrazando sus programas pol\u00edticos, manipulando y reconduciendo electoralmente. Dicho predicamento ser\u00eda de los que desde posiciones extremas apuestan por la salida militar.
\n<\/span><\/p>\nEl Presidente Santos, con su anuncio del 27 de agosto de 2012, tiene la oportunidad hist\u00f3rica de impulsar la gran obra de un proceso eficaz de conversaciones para la superaci\u00f3n definitiva de la guerra. Debe mantener para ello firmeza y coraje, resistiendo ante la din\u00e1mica de exacerbaci\u00f3n que inducen una y otra vez los declarados enemigos de la paz.
\n<\/span><\/p>\nNo s\u00f3lo debe continuar las conversaciones con las FARC sino atender esta posibilidad con la otra organizaci\u00f3n rebelde, el ELN, en tanto es parte sustancial de la insurgencia en la trayectoria del conflicto colombiano y sus soluciones integrales<\/span><\/strong>.
\n<\/span><\/p>\n\n- Deshacer la confusi\u00f3n<\/span><\/strong>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nDesde ese compromiso que la inmensa mayor\u00eda del pa\u00eds podr\u00eda comprender, el Presidente Santos puede y debe deshacer la confusi\u00f3n encaminando actuaciones pol\u00edticas y jur\u00eddicas en diferentes planos: acciones de invalidaci\u00f3n pr\u00e1ctica de todo aquello que se opone al tratamiento pol\u00edtico de la insurgencia y potenciaci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica de lo que le habilita a ambas partes en un escenario de di\u00e1logos. Podr\u00eda avanzar en dos campos<\/strong>: en los acuerdos de regulaci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n irrestricta del derecho humanitario<\/strong> para proteger a la poblaci\u00f3n civil de los efectos de la guerra y actuar tambi\u00e9n acorde con los combatientes insurgentes o irregulares (para lo cual los instrumentos b\u00e1sicos ya est\u00e1n dados y son obligatorios), aclimatando para lo m\u00e1s definitivo y trascendental que son el reforzamiento y garant\u00edas de esos acercamientos o encuentros para desarrollar una agenda de conversaciones de paz.<\/strong>
\n<\/span><\/p>\nAnte los elementos discordantes del MJP con otras \u00e1reas de la legislaci\u00f3n, como la del derecho humanitario, el Presidente Santos puede desandar ese camino<\/strong> y corregir esa doble invectiva: la que desconoce el delito pol\u00edtico y la que abre la puerta de una homologaci\u00f3n, analog\u00eda o equiparaci\u00f3n a quienes no son rebeldes. Puede corregir el rumbo el Presidente Santos, tanto por fuera del MJP como incluso por dentro, acudiendo a l\u00edneas rezagadas del MJP que pueden ser usadas hasta cierto punto para diferenciar de ra\u00edz a las organizaciones rebeldes, reconoci\u00e9ndolas como tales, al ELN y a las FARC. Lo puede hacer desde ya cambiando el lenguaje, que acerque hacia contactos y acuerdos preliminares con la insurgencia.
\n<\/span><\/p>\nAunque es muy poco probable que el actual Congreso le acompa\u00f1e en una eventual iniciativa de paz con esa visi\u00f3n hist\u00f3rica y voluntad pol\u00edtica, dada precisamente la corrupci\u00f3n y la posici\u00f3n reinante all\u00ed, que est\u00e1 imbuida de triunfalismo y defensa de los resultados de la estrategia militar y paramilitar aplicada durante a\u00f1os, no hay que dejar de se\u00f1alar el resquicio jur\u00eddico que se contempla como hip\u00f3tesis del MJP: \u201cuna Ley estatutaria podr\u00e1 autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se d\u00e9 un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y tambi\u00e9n para los agentes del Estado, en relaci\u00f3n con su participaci\u00f3n en el mismo\u201d<\/em>. En la misma proposici\u00f3n se refleja la contradicci\u00f3n. No obstante, la enmienda pol\u00edtica, consistente en dar un tratamiento diferenciado<\/strong> para las dos organizaciones rebeldes o grupos armados de oposici\u00f3n puede y debe darse de inmediato, acudiendo el Presidente, con los resortes jur\u00eddicos ya existentes y con la capacidad de discrecionalidad con la que est\u00e1 facultado, a las disposiciones del derecho internacional de los conflictos armados, no s\u00f3lo asumible sino absolutamente vinculante en tanto es parte de la legislaci\u00f3n nacional y tiene rango constitucional. Su sola invocaci\u00f3n despeja cualquier duda. Del mismo modo puede acudir a otros medios dispersos en el dispositivo jur\u00eddico-pol\u00edtico cuyo principio angular y m\u00e1xima obligaci\u00f3n es el derecho a la paz.
\n<\/span><\/p>\nRespecto a la legislaci\u00f3n penal de impunidad para los agentes del Estado, depender\u00e1 de si lo que se pretende por el Estado es exonerarse por delitos comunes cometidos por sus agentes, infracciones t\u00edpicas del \u00e1mbito militar ya reglado, o verdaderos cr\u00edmenes contra la humanidad como ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas o masacres, cometidas por paramilitares o cuerpos de seguridad oficial, lo cual constituye sin duda una aberraci\u00f3n \u00e9tica, pol\u00edtica y jur\u00eddica, no s\u00f3lo por responsabilidades del pasado sino por la realidad actual verificada en diferentes regiones en las que dichas estructuras y cr\u00edmenes escoltan la \u201cseguridad inversionista\u201d de proyectos de saqueo, usurpaci\u00f3n y destrucci\u00f3n de las comunidades y sus territorios, blindando y legitimando a los beneficiarios de ese despojo sistem\u00e1tico. Resulta repudiable y debe corregirse por lo tanto que<\/strong> en la misma idea que da cabida eventual al delito pol\u00edtico
I. Consideraciones previas<\/span><\/strong><\/p>\n La noche del 27 de agosto de 2012, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirm\u00f3 p\u00fablicamente acercamientos con la guerrilla de las FARC y la continuidad de un proceso exploratorio de conversaciones de paz con este grupo, en una perspectiva de di\u00e1logos para la superaci\u00f3n definitiva del conflicto armado, di\u00e1logos que podr\u00edan extenderse tambi\u00e9n al ELN, dado su anuncio de mantener una voluntad de negociaci\u00f3n para dicha salida pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP)<\/span><\/em> saluda con esperanza este paso trascendental y anima a las partes y al pa\u00eds entero a no desistir en la b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n pol\u00edtica que nos permita construir un pa\u00eds con paz, con justicia, con futuro de bienestar y dignidad colectiva.<\/span><\/p>\n Del mismo modo, CCP estima es de gran importancia lo anunciado por el Presidente, de orientar los di\u00e1logos bajo el principio rector de aprender de los errores del pasado<\/strong>. Para ello, no s\u00f3lo deben avaluarse las fallas de anteriores intentos de negociaci\u00f3n, sino, precisamente, destacando el origen de algunas de esas costosas equivocaciones del pasado, con el prop\u00f3sito de no volver a incurrir en ellas, debe mirarse la realidad del pa\u00eds sin omisiones y sin falsedades.<\/span><\/p>\n Con ese objetivo se ha elaborado este documento que ponemos a consideraci\u00f3n de Colombia y del mundo, como modesto aporte a ese proceso que creemos debe mantenerse y fortalecerse con todos los que desean que Colombia construya y alcance la paz con justicia.<\/span><\/p>\n Para ello proponemos reconocer que el pa\u00eds vive una evidente encrucijada, que cuestiona el modo y el fondo de la pol\u00edtica, y que pone ampliamente en duda la construcci\u00f3n de una verdadera democracia. Lo confirma una cadena de hechos en los \u00faltimos dos meses, entre los cuales est\u00e1 el hundimiento de la \u201creforma a la justicia\u201d, la manifiesta persistencia del conflicto armado, la re ingenier\u00eda paramilitar, el mantenimiento de estructuras para-pol\u00edticas y para-econ\u00f3micas, la crisis de la llamada des-movilizaci\u00f3n paramilitar, el reconocimiento a medias de verdades por parte de ex mandos paramilitares, policiales y militares, sobre violaciones y alianzas denunciadas a\u00f1os atr\u00e1s, la debilidad o nula actuaci\u00f3n judicial que se devela por acuerdos con la justicia de los Estados Unidos, las preocupantes perspectivas en materia econ\u00f3mica y social en derechos como la salud y de reparaci\u00f3n a v\u00edctimas, entre otras realidades del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n Todo ello ha tenido un esperanzador signo de contrapeso con la movilizaci\u00f3n de sectores de la sociedad indignada respecto a la llamada \u201creforma a la justicia\u201d, las protestas ciudadanas por el derecho a la salud y la educaci\u00f3n, el respeto al medio ambiente y ecosistemas, el cese de operaciones extractivistas y de acuerdos comerciales injustos, las expresiones por la paz en el Cauca, Putumayo, Antioquia, Choc\u00f3 y otros departamentos.<\/span><\/p>\n CCP estima es su responsabilidad pronunciarse y proponer elementos a la sociedad para esa posible ruta de salida<\/strong> a dicha encrucijada de exacerbaci\u00f3n, frente a algunos de los impactos de la crisis nacional, y para respaldar los reconocidos acercamientos existentes para di\u00e1logos de paz con la guerrilla. Lo hace como ha venido siendo su trayectoria desde septiembre de 2008: aportando con amplitud y claridad sus puntos de vista, adem\u00e1s de formular actuaciones concretas de car\u00e1cter humanitario y pol\u00edtico, para hallar soluciones no s\u00f3lo puntuales sino sostenibles en una estrategia coherente de car\u00e1cter democr\u00e1tico. Nos impulsa en ella el \u00e1nimo de una cr\u00edtica respetuosa y constructiva, comprometida desde la propia dureza de las realidades que queremos transformar convocando la acci\u00f3n solidaria, civilista y pac\u00edfica, compatible con una actitud en\u00e9rgica que exige se salvaguarden tanto los derechos de la poblaci\u00f3n civil en medio de la confrontaci\u00f3n, como los derechos humanos irrenunciables, entre ellos el de expresar libremente el pensamiento en conciencia y las opiniones, que no pueden ser criminalizadas en un orden de Estado de Derecho.<\/span><\/p>\n Desde esa posici\u00f3n cr\u00edtica, siendo la b\u00fasqueda de la paz el m\u00e1s valioso objetivo, CCP ha considerado importante no dejar pasar por alto al menos cuatro hechos:<\/span><\/p>\n A partir de las contradicciones y problemas que develan esos cuatro hechos, nos referimos a dos necesidades estrat\u00e9gicas, irrefutables y urgentes: regenerar la pol\u00edtica y construir espacios y medios para un proceso de paz s\u00f3lido<\/strong>. Este es un gran prop\u00f3sito, una formidable aspiraci\u00f3n, que CPP comparte con muchos sectores, ya que est\u00e1 en nuestra base de acci\u00f3n y que hemos venido impulsando al invocar la necesidad tanto de humanizar el conflicto como de superarlo estructuralmente.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/span>II. Nuestro car\u00e1cter y lectura pol\u00edtica del momento.<\/span><\/strong><\/p>\n Si bien el camino de CCP se relaciona casi que exclusivamente con numerosos hechos y gestiones en el campo humanitario, la naturaleza y el mayor objetivo de nuestro colectivo ha sido el de encauzarse participando con diversas organizaciones, plataformas y personas, en esferas nacionales e internacionales, en los esfuerzos de cambio del lenguaje, reconocimiento del conflicto, aproximaci\u00f3n, di\u00e1logo directo, apertura, plena participaci\u00f3n social, acuerdos y promoci\u00f3n de un proceso de paz con garant\u00edas con toda la insurgencia.<\/strong><\/span><\/p>\n En ese orden, opinamos que no es cuesti\u00f3n superficial el potencial significado de la revisi\u00f3n, todav\u00eda declarativa y fr\u00e1gil, de una pol\u00edtica frente al conflicto<\/strong>, dando por supuesto valor a la importante declaraci\u00f3n del 27 de agosto de 2012, de reconocimiento de exploraciones para el di\u00e1logo con la guerrilla. Es decir, interpretamos que el Presidente Juan Manuel Santos emprendi\u00f3 un cambio desde cuando asumi\u00f3 el cargo hace dos a\u00f1os y que esa positiva enmienda puede constituir un avance irrecusable. Es un hecho notable ante un reciente pasado de cierres, con una din\u00e1mica exclusivamente b\u00e9lica, negacionista, enga\u00f1osa y con alt\u00edsimos niveles de corrupci\u00f3n, que asent\u00f3 el anterior Gobierno.<\/span><\/p>\n \u00a0Manteniendo inc\u00f3lume la pol\u00edtica de \u201cseguridad\u201d del anterior Gobierno, en estos m\u00e1s de dos a\u00f1os se comprueba un cambio del lenguaje de quien ocup\u00f3 entonces el Ministerio de Defensa. Se ha producido cierta correcci\u00f3n introducida por una lectura de realismo pol\u00edtico y de escenarios futuros, en los que no es posible concebir una derrota militar de las guerrillas, las cuales han reacomodado parte de sus estrategias de lucha, proyectando que se hace adem\u00e1s inviable en determinadas regiones la inversi\u00f3n extranjera, o donde \u00e9sta ser\u00eda a costa de muchas vidas humanas y en condiciones muy onerosas que no son sostenibles con nuevas d\u00e9cadas de confrontaci\u00f3n. En ese cambio juega tambi\u00e9n la visi\u00f3n respecto de los procesos de integraci\u00f3n regional en el Latinoam\u00e9rica y el Caribe y sus fortalezas, donde Colombia deber\u00eda entroncarse en condiciones de paz. Este uso del lenguaje en relaci\u00f3n con el conflicto es una variaci\u00f3n m\u00ednima, unida al relativo reconocimiento con efectos pol\u00edticos y jur\u00eddicos que se ha hecho de la confrontaci\u00f3n b\u00e9lica y de los actores de la oposici\u00f3n armada, siendo rectificado hasta un cierto punto el discurso y una parte de los medios o mecanismos del tratamiento de la guerra interna, que antes, sin replanteamiento alguno, conduc\u00edan eminentemente a la cegadora f\u00f3rmula militar y su sin salida. En Colombia s\u00f3lo es posible construir la paz, la reconciliaci\u00f3n, la justicia y la convivencia, incorporando el pa\u00eds a la integraci\u00f3n y la seguridad en la regi\u00f3n, si es transitado ese camino de un cambio de lenguaje<\/strong>. Si es real el cambio, implica la alteridad, la declaraci\u00f3n de la otredad, como se ha hecho en dicha declaraci\u00f3n presidencial del 27 de agosto de 2012, es decir desde ahora y no para m\u00e1s tarde. Ese enfoque es vital, siendo la afirmaci\u00f3n de la existencia pol\u00edtica del adversario la propia confirmaci\u00f3n de una dial\u00e9ctica, en la que hacemos parte todas y todos, como portadores de visiones diferentes, de unos intereses diversos y de unos proyectos de pa\u00eds, a debatir sin la acci\u00f3n violenta, sin la amenaza de las armas de ning\u00fan lado, para consensos y reformas, en la medida que podamos pactar los m\u00ednimos de la democracia. Con esta convicci\u00f3n \u00e9tica de tender puentes entre reconocidas posiciones antag\u00f3nicas <\/strong>s\u00ed es factible acercarse con garant\u00edas y dialogar dando pasos seguros hacia la salida pol\u00edtica negociada. Hemos contrastado esa perspectiva de nuevas y esperanzadoras expresiones de voluntad, algunas de las cuales han provenido de la guerrilla. Las respuestas de p\u00fablico conocimiento de las comandancias de las guerrillas de las FARC y del ELN en el di\u00e1logo epistolar con CPP, no nos dejan duda. Lo confirmar\u00e1 el proceso que se est\u00e1 abriendo con el Gobierno Santos. Somos conscientes, sin embargo, que no ha existido posibilidad de un cese al fuego bilateral. Lo cual lamentamos, pues se iniciar\u00e1n conversaciones en un ambiente de hostilidades militares, en un escenario de confrontaciones armadas y violaciones al derecho humanitario. Por ello, valorando las declaraciones de voluntad de las guerrillas, nos preocupa que se contin\u00faen presentando graves infracciones a ese derecho, que deben ser asumidas y clarificadas por aquellas, teniendo las v\u00edctimas los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n, pues se trata de transgresiones de los l\u00edmites de las reglas aplicables a los conflictos armados y tambi\u00e9n de los valores humanistas del derecho a la rebeli\u00f3n. Por esa raz\u00f3n, persistimos para que las FARC y el ELN sigan escuchando las demandas de acciones que pongan de presente una consideraci\u00f3n no s\u00f3lo humanitaria cristalizada en hechos, sino la coherencia con una inclaudicable decisi\u00f3n de di\u00e1logo pol\u00edtico sobre las causas y las consecuencias del conflicto.<\/span><\/p>\n \u00a0Tambi\u00e9n seguimos creyendo que es posible esperar m\u00e1s gestos preliminares expl\u00edcitos, p\u00fablicos y claros del Gobierno, adicionales al cambio de lenguaje y de reconocimiento del car\u00e1cter pol\u00edtico de las organizaciones guerrilleras. Manifestaciones que deber\u00edan traducirse por el Estado, como es su obligaci\u00f3n, en inmediatas respuestas humanitarias a los civiles que habitan en zonas de conflicto armado, as\u00ed como de respeto y atenci\u00f3n a las personas privadas de la libertad en raz\u00f3n de su pertenencia a los grupos alzados en armas. Por el contrario, se ha verificado que personas bajo custodia del Gobierno no han tenido asistencia adecuada y han muerto en prisi\u00f3n, o hemos visto acciones degradantes contra combatientes capturados o ca\u00eddos en combate. Tambi\u00e9n hemos escuchado achacar a los periodistas la responsabilidad de los cambios de percepci\u00f3n social sobre la patente realidad de la violencia pol\u00edtica, que no terrorista, acus\u00e1ndolos de desfigurar la realidad, para el apaciguamiento de las cr\u00edticas. En parte por esas razones, la l\u00ednea de encuentro para comenzar a construir una paz madura y sostenible la vemos todav\u00eda algo lejana. B\u00e1sicamente por la ambig\u00fcedad y el discurso oficial que da p\u00fablicamente \u201cuna de cal y otra de arena\u201d, pues al tiempo que promete abrir la puerta de la paz con una llave presidencial, como lo est\u00e1 haciendo, asegura en la pr\u00e1ctica que \u00e9sta es por ahora exclusiva y excluyente. Deseamos por eso que se superen los diarios y cortantes hechos jactanciosos del belicismo m\u00e1s pasmoso y las alocuciones que incentivan el escalamiento de la guerra, en medio de deplorables condiciones sociales derivadas del modelo econ\u00f3mico que sufre la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n colombiana en una cotidianidad de corrupci\u00f3n, agresi\u00f3n, impunidad y decadencia moral y pol\u00edtica. III. La vergonzosa \u201creforma a la justicia\u201d<\/span><\/strong> El juego de palabras y el doble sentido, las maniobras que restan seriedad y credibilidad, las relaciones de connivencia y complicidad institucional con poderes retorcidos, lo que posterga sine die<\/em> los pactos para la paz y la aut\u00e9ntica justicia, todo ello se ha puesto en escena y ha quedado al descubierto con el impulso y tramitaci\u00f3n de la archivada \u201creforma a la justicia\u201d: un fallido pero a\u00fan latente ensayo de cambio constitucional que quedar\u00e1 para la historia como un intento de fraude<\/strong> al pueblo y a la sociedad colombiana. As\u00ed como reconocemos un cierto desmarque en el Gobierno Santos respecto de enfoques totalitarios, miramos con tristeza tambi\u00e9n la falta de mayor lucidez y de m\u00e1s coraje, as\u00ed como la actitud pol\u00edtica de otros actores institucionales y sociales, para afrontar las sombras que pesan en ese panorama, asociadas y saturadas de intereses privados y corruptos que impulsaron la toma mafiosa de gran parte de los poderes p\u00fablicos y su defensa paramilitar como estrategia corporativa y de Estado. Esos intereses ligados a la protecci\u00f3n de la l\u00f3gica criminal del paramilitarismo y sus dividendos, vuelven una y otra vez a fijar su agenda, sus metas de poder, de reparto o mercado de beneficios, con propuestas espurias que se anticipan para hurtar ideas que estar\u00edan en el trayecto de un proceso de paz, como la de una Asamblea Constituyente, pero dictados sus t\u00e9rminos por esos sectores poderosos para ser conformada por ellos y obedecer a su necesidad de impunidad. Compartiendo que el destino final de esa \u201creforma a la justicia\u201d no pod\u00eda ni puede ser otro que su desplome, CCP salud\u00f3 y sigue estimulando la respuesta de indignaci\u00f3n ciudadana que esperamos perviva, generada por aquel exabrupto. Nos parece encomiable la reacci\u00f3n de m\u00faltiples organizaciones civiles, populares, pol\u00edticas, de plataformas de juristas y activistas, de intelectuales, periodistas y de otras expresiones y movimientos sociales que han comprendido a qu\u00e9 prop\u00f3sitos se encaminaba esa reforma constitucional que lesionar\u00eda gravemente algunas de las conquistas formales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, de por s\u00ed ya debilitada. Por eso anunciaron no s\u00f3lo su rechazo a esa intentona, impugnando esa \u201creforma a la injusticia\u201d, sino que han emprendido el trabajo de posicionar fuerzas para desarrollar un refer\u00e9ndum y otros modos de desagravio que la entierren definitivamente. Han propuesto tambi\u00e9n algunos una revocatoria del mandato del actual Congreso e incluso del mandato del Presidente Santos o la oportunidad y necesidad de un replanteamiento radical mediante una Asamblea Constituyente, o un nuevo Pacto Nacional, no al servicio de la vuelta a un r\u00e9gimen perverso, sino al servicio de la paz, la democracia y la justicia. IV. La paz como reh\u00e9n<\/span><\/strong> Si la paz la entendemos como prop\u00f3sito nacional, como bien y condici\u00f3n para la mayor suma de felicidad posible y el buen vivir y existir colectivo; si ya est\u00e1 clara y es rotunda la disposici\u00f3n de di\u00e1logos para comprometer una salida pol\u00edtica al conflicto \u00bfqui\u00e9nes la mantienen detenida y embargada?<\/span><\/p>\n La paz con justicia por la que tanta gente honesta trabaja y construye a diario en Colombia ha sido materialmente imposible, porque debe enfrentar tanto la causalidad del conflicto<\/strong> como la institucionalizaci\u00f3n de la guerra<\/strong>. Es decir, las causas objetivas y or\u00edgenes<\/strong> anclados en la injusticia social y econ\u00f3mica, en la exclusi\u00f3n pol\u00edtica y cultural, en la falta de soberan\u00eda, en mecanismos electorales viciados, en la destrucci\u00f3n ambiental y los acuerdos comerciales asim\u00e9tricos e injustos, en la ausencia de participaci\u00f3n, en la falta de acceso colectivo y mayoritario a la propiedad y a la divulgaci\u00f3n democr\u00e1tica en medios de informaci\u00f3n. Pero al mismo tiempo, enfrentando los conceptos e inercia derivada de la din\u00e1mica degradante de un tipo de guerra funcional<\/strong> a ese statu quo, la institucionalizaci\u00f3n del conflicto mediante una planificada econom\u00eda de la guerra, que beneficia a grupos espec\u00edficos nacionales e internacionales, y las mentalidades en las que se ha concebido a los otros como \u201cenemigos internos\u201d. CCP concibe por supuesto no s\u00f3lo formas sino contenidos de fondo para pactar en los di\u00e1logos hacia una salida pol\u00edtica, y entiende que la puesta en marcha de un proceso de negociaci\u00f3n debe consultar los t\u00e9rminos de superaci\u00f3n racional basada en la \u00e9tica y el derecho, con un consenso que aborde la realidad de las necesidades de las mayor\u00edas<\/strong> de la sociedad. Por ello, en CCP entendemos la paz no s\u00f3lo como la ausencia de conflicto armado sino como el reconocimiento y transformaci\u00f3n de esas injusticias sociales, econ\u00f3micas, ambientales, y de la impunidad judicial, de ning\u00fan modo defendibles, como lo son en Colombia la pobreza extrema, la miseria e indigencia a las que se han condenado a millones de compatriotas, en un pa\u00eds de los m\u00e1s desiguales del planeta; un pa\u00eds de riquezas y recursos que dar\u00edan base a una sociedad sin hambre y otras violencias; igualitaria e incluyente, es decir democr\u00e1tica y generosa en todas las dimensiones de la vida. De otro lado, el fin de la confrontaci\u00f3n militar entre la insurgencia y el Estado, y el despegue hacia una convivencia con justicia, debe asegurar el abandono de las estrategias y pr\u00e1cticas contrarias al legado com\u00fan de la humanidad, en cuanto valores y principios de respeto a la dignidad, es decir, desembrozar el camino de concepciones pol\u00edticas antidemocr\u00e1ticas<\/strong> y de sus medios militares y paramilitares incubados por d\u00e9cadas. Si un principio rector de los di\u00e1logos es aprender de los errores del pasado, como lo anunci\u00f3 el Presidente Santos el 27 de agosto de 2012, debe desembrozarse ese camino de conceptos y estrategias que ri\u00f1en con las m\u00e1s b\u00e1sicas ideas y obligaciones de un Estado de Derecho<\/strong>. Esto debe cumplirse acudiendo a los faros representados tanto en el derecho internacional como en las necesidades de construcci\u00f3n de una paz que afirme las posibilidades de progreso y el potencial del pa\u00eds en el concierto de los pueblos. Cuando se ha propuesto la materializaci\u00f3n de eslabones de la paz o su construcci\u00f3n mediante pactos entre las partes contendientes, la paz ha sido asaltada y tomada como reh\u00e9n. A veces agazapados o encubiertos, otras veces con la estampa desafiante ya conocida, los enemigos de la paz buscan hacerla estallar en mil pedazos. Temen a la paz con justicia y han vivido siempre de hacer la guerra para despojar a los pobres o mantener un orden de privilegios. Es su negocio y raz\u00f3n de ser: liquidar las posibilidades de construcci\u00f3n concertada de la paz como democracia real. De este modo, hay un triunfo parcial del bloqueo de la paz<\/strong>, bloqueo que no es exclusivo del Gobierno, pues el Presidente mismo lo est\u00e1 tratando de superar, sino que se alimenta por dos visiones en aparente contradicci\u00f3n, compatibles en la pr\u00e1ctica: la liderada por una posici\u00f3n extrema que propone un marco pol\u00edtico-jur\u00eddico de guerra, y la que trata de reducir al Gobierno para que imponga una l\u00f3gica preceptiva, que promulga las normas de un marco para la paz con las que se le secuestra o mantiene cautiva a la paz en medio de una ascendente y diversa militarizaci\u00f3n de la sociedad. Una paz que ser\u00eda liberada por el Estado como mera pacificaci\u00f3n<\/strong>, a condici\u00f3n de la rendici\u00f3n de la otra parte contendiente y de la no participaci\u00f3n de la sociedad con sus heterog\u00e9neas expresiones<\/strong>. Tal modelo de consecuci\u00f3n de \u201cla paz\u201d no es compartido por CCP. V. El Marco Jur\u00eddico para la Paz<\/span><\/strong> La reforma constitucional<\/strong> concebida en el Acto Legislativo N\u00ba 1 de 2012, promulgado el 31 de julio, da vida al Marco Jur\u00eddico para la Paz (MJP), por medio del cual \u201cse establecen instrumentos jur\u00eddicos de justicia transicional en el marco del art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan otras disposiciones\u201d. Esta nueva reforma constitucional corresponde a una propuesta impulsada por el Gobierno del Presidente Santos, tramitada desde septiembre de 2011 con el respaldo de la coalici\u00f3n de grupos pol\u00edticos con representaci\u00f3n parlamentaria que comparten los derroteros sobre la \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d y el modelo econ\u00f3mico, heredados del pasado gobierno. Durante su debate el pa\u00eds vivi\u00f3 hechos muy importantes como fue la liberaci\u00f3n de miembros de la fuerza p\u00fablica retenidos desde hace varios a\u00f1os por la guerrilla; el pronunciamiento de la comandancia de las FARC sobre su renuncia definitiva a la pr\u00e1ctica de las privaciones a la libertad por razones financieras o \u201csecuestros por motivos econ\u00f3micos\u201d, ratificando esta organizaci\u00f3n, as\u00ed como el ELN, la necesidad de acordar una salida pol\u00edtica al conflicto armado. En esos meses se expresaron adem\u00e1s millones de voces con el sentir cada vez m\u00e1s extendido de querer vivir en un pa\u00eds en paz y con justicia, que chocan de frente con la obtusa visi\u00f3n guerrerista que no dejaba espacio a la palabra y al di\u00e1logo para avanzar en la soluci\u00f3n pol\u00edtica del conflicto armado. Tal visi\u00f3n se ha exteriorizado en movilizaciones sociales, como la ocurrida en el Cauca, o en encuestas en las que se acredita que m\u00e1s del 75% de la opini\u00f3n estar\u00eda de acuerdo con los di\u00e1logos de paz entre el Gobierno y las guerrillas. Por lo tanto, en esa pendiente, era importante generar un nivel de ruptura con dicha estrategia guerrerista, que esconde miles de cr\u00edmenes contra la humanidad todav\u00eda impunes. Por ese s\u00f3lo enunciado, era un positivo avance tramitar una reforma constitucional con ese manifiesto objetivo de la paz, ya que supondr\u00eda actuar con esas sinergias sociales y pol\u00edticas en ascenso, para permitir obrar con mecanismos temporales y parciales que, junto con otros de mayor entidad, profundidad y duraci\u00f3n, podr\u00edan coadyuvar a una soluci\u00f3n definitiva. Formalmente, el MJP se basa en una proyecci\u00f3n y articulaci\u00f3n de instrumentos de la denominada justicia \u201ctransicional\u201d, con la declarada finalidad prevalente de facilitar que se acabe el conflicto armado interno y lograr la paz estable y duradera, garantizando la no repetici\u00f3n de hechos punibles y la seguridad de todos los colombianos. Propone con car\u00e1cter excepcional la posibilidad de seleccionar y priorizar distintos delitos para que las autoridades judiciales se concentren en la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de quienes tuvieron la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los hechos m\u00e1s graves. Anuncia que se podr\u00e1n dise\u00f1ar instrumentos de justicia transicional de car\u00e1cter no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de quienes tuvieron menor responsabilidad en la comisi\u00f3n de esos delitos. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 la posible renuncia a la persecuci\u00f3n penal de ciertos casos con la aplicaci\u00f3n de mecanismos colectivos y no judiciales de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, y la eventualidad de que \u201cmiembros de grupos armados al margen de la ley\u201d que se desmovilicen puedan participar en pol\u00edtica. El proyecto de MJP fue medianamente debatido en espacios convencionales durante nueve meses, con los consabidos formatos y voces de algunos sectores de poder, reproducidas sin contraste por los medios de informaci\u00f3n, por pol\u00edticos, por algunos acad\u00e9micos, por algunos expertos en resoluci\u00f3n de conflictos y analistas de derechos humanos, sin que en su discusi\u00f3n haya sido convocada la opini\u00f3n de otros sectores importantes de la sociedad, como lo son vitalmente las organizaciones, comunidades y l\u00edderes locales, y todos aquellos que sufren el conflicto armado en su verdadera magnitud. El ruido pol\u00e9mico generado por tensiones de un sector de poder ocult\u00f3 de hecho que dicha reforma constitucional se hizo sin intervenci\u00f3n del movimiento social y popular. El derecho fundamental a construir la paz, a ser parte de sus propuestas, fue negado. Conocido el nivel de corrupci\u00f3n y la l\u00f3gica de componendas que plasm\u00f3 la hundida \u201creforma a la justicia\u201d, mal puede pensarse que la representaci\u00f3n de la sociedad y el pueblo colombiano la tienen en materia tan fundamental como un proceso de paz, quienes se han erigido en el Congreso como defensores de sus propios intereses o de intereses privados de poder, es decir, la inmensa mayor\u00eda de parlamentarios, con pocas y honrosas excepciones. Es suficientemente conocida la repulsa ciudadana que no cesa de manifestar la urgencia de cambios, como podr\u00eda suponerlo no s\u00f3lo una revocatoria del actual mandato parlamentario, sino una combinaci\u00f3n de ejercicios de emplazamiento de la sociedad que asiente la indignaci\u00f3n y proyecte alternativas de superaci\u00f3n de esta espiral de descomposici\u00f3n. De ah\u00ed que una herramienta estrat\u00e9gica tan primordial como el MJP no deb\u00eda haberse reducido a un foro signado por su descr\u00e9dito<\/strong>. Deb\u00eda haber sido el papel de una pluralidad de escenarios. Tampoco se consult\u00f3 de ning\u00fan modo el punto de vista de las guerrillas sobre una normatividad que apunta a eventuales di\u00e1logos con ellas y a su sometimiento. Lo expresamos frente al hecho imborrable y no comparable de que hace unos a\u00f1os s\u00ed tuvieron lugar destacado y vergonzoso las voces de jefes paramilitares en pleno Congreso, participando en el dise\u00f1o de la normatividad de \u201cJusticia y Paz\u201d que se les aplicar\u00eda. Por eso, esta iniciativa de cambio constitucional adolece exactamente de eso: de una capacidad vinculante de la guerrilla. Es decir, fue la expresi\u00f3n unilateral del Estado, que, en la m\u00e1s generosa de las interpretaciones, viene a significar una orientaci\u00f3n de su arbitrio conforme a la cual las instituciones buscaron acondicionar, en medio del conflicto armado, parte de su juridicidad para una etapa posterior de di\u00e1logos de paz. El MJP no nace de una distensi\u00f3n militar o de alg\u00fan tipo de tregua. Se impone, por el contrario, como un complemento jur\u00eddico para objetivos militares. La g\u00e9nesis del MJP sigue a la estrategia pol\u00edtica y militar de la \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d y sus pron\u00f3sticos de animaci\u00f3n triunfalista de una salida militar ya implementada por a\u00f1os, fundada en presiones autoritarias y en comprobadas violaciones de derechos humanos ayer expresadas en los llamados \u201cfalsos positivos\u201d y hoy en la fase del llamado plan de consolidaci\u00f3n y control social territorial. Tiene la misma matriz o molde, como antesala de una etapa m\u00e1s de profundizaci\u00f3n del conflicto, en la que se combina ahora una ret\u00f3rica de eventuales di\u00e1logos y una mayor insistencia b\u00e9lica, ante una guerrilla que mantiene incluso capacidad ofensiva y presencia en diversas regiones. Es decir, el MJP, que se basa adem\u00e1s en la idea de las desmovilizaciones individuales como pr\u00e1ctica y aplicaci\u00f3n de la llamada \u201cseguridad democr\u00e1tica\u201d, contraria a la justicia transicional que propugna por acuerdos con la oposici\u00f3n armada, no est\u00e1 concebido como producto de alg\u00fan tipo de concertaci\u00f3n o negociaci\u00f3n entre las dos partes<\/strong> que deben mirar hipot\u00e9ticamente los instrumentos m\u00e1s adecuados para la realizaci\u00f3n de un proceso de paz. Es limitado y exclusivo desde los enfoques de una parte, sin correspondencia con la realidad de una confrontaci\u00f3n en la que son dos los contendientes, que pueden acordar su des-intensificaci\u00f3n y determinar causes y herramientas de regulaci\u00f3n y soluci\u00f3n. Es cierto que no era obligatoria para el Estado esa consulta o habilitar mecanismos de escucha de las opiniones de la guerrilla, por m\u00e1s irracionales que pudieran parecer para muchos. Pero s\u00ed es lo deseable y hubiera sido m\u00e1s eficaz inquirir a las organizaciones insurgentes para avanzar en la puesta en marcha de una acci\u00f3n dial\u00f3gica y de resoluci\u00f3n pactada, superior al argumento esgrimido con el que se concluye tendenciosamente que las condiciones de aproximaci\u00f3n entre las partes no est\u00e1n dadas y que se trataba s\u00f3lo de facultar al Presidente para una etapa muy posterior. Cuando, por variables concernientes a la derrota militar, a la desmoralizaci\u00f3n y a la desbandada, la guerrilla se avenga al modelo de sometimiento a la justicia, en los t\u00e9rminos decididos previamente de modo exclusivo y excluyente por el Estado. Es preocupante ese modelo basado en que las reglas se aplicar\u00e1n dependiendo de la capitulaci\u00f3n guerrillera en el campo militar o pol\u00edtico<\/strong>, pues sigue entendiendo la paz como vencimiento de una parte o un simple corolario de una normativa cerrada que se le aplicar\u00e1 por la voluntad ya irreversible del Estado. Para ello se sigue descalificando a la guerrilla como \u201cterrorista\u201d o simplemente se niega su \u00edndole pol\u00edtica, en una visi\u00f3n vertical, como formulaci\u00f3n solipsista y parcial, seg\u00fan la cual s\u00f3lo una parte tiene la llave de la paz y decide por encima de todos; s\u00f3lo una parte puede conversar con evidente exclusi\u00f3n de la sociedad y exponer e imponer en solitario las condiciones para la paz. As\u00ed ha sido, sin concertaci\u00f3n o consulta real y cierta a la sociedad, desarrollando una pol\u00edtica aparentemente reparadora o dirigida hacia \u201clas causas objetivas del conflicto\u201d. Se patenta de modo unilateral con leyes como las de v\u00edctimas y de tierras, seriamente cuestionadas por ser maquilladoras de una realidad enmara\u00f1ada, dado su alcance exiguo y por la desprotecci\u00f3n de quienes ser\u00edan sujetos de esas disposiciones, frente al crecimiento del poder que detentan los que han despojado tradicionalmente a los m\u00e1s empobrecidos y que hoy contin\u00faan recreando nuevas formas de usurpaci\u00f3n y terror. Hacia \u201clas causas subjetivas\u201d<\/strong>, es decir frente a la existencia y justificaci\u00f3n pol\u00edtica y social de la guerrilla, la f\u00f3rmula paralela es la del garrote en una mano y en la otra la zanahoria: una reducida favorabilidad judicial y pol\u00edtica, que se aplicar\u00eda en una fase muy posterior a trav\u00e9s del MJP, cuando se definan criterios y opere seg\u00fan la lectura de la victoria militar. Es lo que explica que ahora mismo se contin\u00fae con los vastos, costosos y complejos operativos militares, con un millonario y sangrante presupuesto diario para la guerra, a\u00f1o tras a\u00f1o, en ese prop\u00f3sito de aniquilar uno a uno los diferentes frentes guerrilleros, adem\u00e1s de los recursos para el control social territorial y el establecimiento de unidades militares con personal extranjero y de seguridad de empresas. Todo ello se engrana en el aparataje institucional de la llamada \u201cjusticia transicional\u201d<\/strong>, que se viene usando como un salvavidas ante discusiones pol\u00edticas y jur\u00eddicas de fondo, frente a violaciones sistem\u00e1ticas de derechos humanos, cr\u00edmenes de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra. Se us\u00f3 para intentar salvar del limbo jur\u00eddico a m\u00e1s de 28 mil reales o presuntos paramilitares desmovilizados y para legitimar desde el anterior Gobierno un modelo de transacci\u00f3n con algunas de esas estructuras criminales, burlando la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la exigencia de no repetici\u00f3n. Hubo entonces priorizaci\u00f3n y selecci\u00f3n en el proceso con los paramilitares por parte del Gobierno, que decid\u00eda qui\u00e9n s\u00ed o qui\u00e9n no era beneficiario de la ley 975 de 2005. En ninguna de estas experiencias ha existido verdad plena ni alternatividad penal merecida, y tampoco, evidentemente, existe proceso alguno de profundizaci\u00f3n democr\u00e1tica. Por el contrario, hay revictimizaci\u00f3n, reingenier\u00eda paramilitar, nuevos blindajes de impunidad, y una ausencia notable de garant\u00edas a algunos ex mandos paramilitares que quieren confesar la verdad y se\u00f1alar a otros autores. Todos \u00e9stos son s\u00edntomas de la banalizaci\u00f3n de lo que se conoce como justicia de transici\u00f3n. La banalizaci\u00f3n del concepto y el sentido de la \u201ctransici\u00f3n\u201d<\/strong>, est\u00e1 llevando a concebir los asuntos penales como si fuesen en s\u00ed mismos la resoluci\u00f3n de los problemas de fondo del conflicto y de construcci\u00f3n de la democracia. Si bien los asuntos penales para un proceso de paz son muy importantes, m\u00e1s cuando existen miles de combatientes o rebeldes recluidos en las c\u00e1rceles, su conjunto no es la \u00fanica ni la principal pieza. Una eficaz construcci\u00f3n transicional, desde nuestro punto de vista, en un proyecto sostenido de resoluci\u00f3n del conflicto armado, no depende solamente de decisiones jur\u00eddicas o de planos jur\u00eddicos resueltos y modificados, sino de acuerdos pol\u00edticos y societales referidos a las garant\u00edas de inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n democr\u00e1ticas, como de ejercicio efectivo de los derechos personales y colectivos, en los que deber\u00e1n contar los miembros de los grupos alzados en armas que obtengan su libertad. Ante el uso desmedido y trivial de la expresi\u00f3n \u201ctransicional\u201d, una de las preguntas m\u00e1s importantes a formular es si Colombia est\u00e1 viviendo una fase de genuina transici\u00f3n. Si es as\u00ed, \u00bfhacia qu\u00e9 modelo de pa\u00eds nos estamos dirigiendo? \u00bfA la naci\u00f3n que supera las quiebras de democracia pol\u00edtica y econ\u00f3mica que arrastramos desde d\u00e9cadas atr\u00e1s? \u00bfAl pa\u00eds que asegura mayor participaci\u00f3n y toma de decisiones comunitarias y locales para el ejercicio de sus derechos econ\u00f3micos y sociales? \u00bfA una Colombia con reflejo de las mayor\u00edas sociales y sus necesidades en el despliegue y acceso a los medios de informaci\u00f3n? \u00bfA modelos electorales ampliamente participativos, transparentes y deliberativos, que rompan el abstencionismo y las pr\u00e1cticas corruptas y clientelares? \u00bfPuede hablarse de transici\u00f3n con cada vez menos bienes y servicios p\u00fablicos? \u00bfCon una mayor exclusi\u00f3n en la educaci\u00f3n, la salud y la vivienda? \u00bfCon umbrales de hambre e indigencia de millones de personas? \u00bfCon reiteradas e impunes violaciones de derechos civiles y pol\u00edticos? Las divergencias nacen entonces frente a los alcances de la llamada \u201cjusticia transicional\u201d, en el esquema del uso oficial simplificada a unos cuantos procesos penales, sin pactos, acuerdos o cambios de eficacia social y pol\u00edtica que comprometan redistribuciones o transferencias de poder para las mayor\u00edas sociales. Es decir, anticipan las visiones discordantes que se tienen de la paz y su profundidad. Lo transicional pasa a ser una cuesti\u00f3n de limitada alternatividad penal para algunos de los que se alzaron en armas, una serie de puntuales beneficios legales y eventualmente pol\u00edticos, sin que el conjunto de la sociedad cuente con mejores y mayores mecanismos e instituciones democr\u00e1ticas. El objetivo trazado de asegurar senderos de paz negociada no sobrevendr\u00e1 probablemente con las actuales medidas del MJP, pues adem\u00e1s de obedecer a los factores y a las variables militares y pol\u00edticas de la pretendida derrota insurgente, se ofrece como un ensamble<\/strong> entre el ultim\u00e1tum, la negaci\u00f3n del delito pol\u00edtico propiamente dicho y la utilidad de impunidad para autores de hechos que no corresponden a la categor\u00eda de la rebeli\u00f3n o en general a la categor\u00eda de los delitos pol\u00edticos y conexos. El MJP distorsiona<\/strong> la naturaleza de medidas de gracia que s\u00f3lo tendr\u00edan justificaci\u00f3n si se refieren al conjunto de infracciones pol\u00edticas de los rebeldes, por las caracter\u00edsticas \u00e9ticas y pol\u00edticas que les asigna el derecho penal progresista, las cuales se expresan tanto en el despliegue objetivo del delito pol\u00edtico como en la profundidad subjetiva del mismo, es decir los rasgos que lo definen a la luz de los m\u00e1s avanzados conceptos humanistas (ser objeto de amnist\u00eda o indulto, por su propia naturaleza de oposici\u00f3n el Estado, que es el que en aras de una negociaci\u00f3n establece esas medidas, extendibles por supuesto a los hechos conexos al delito pol\u00edtico [art\u00edculo 3\u00ba del MJP; 67 transitorio de la Constituci\u00f3n]). En tal sentido, nos basamos en la alteridad de un adversario pol\u00edtico alzado en armas a quien se le reconoce como tal y, no obstante, se le persigue legal y racionalmente, pues las instituciones colisionan frontalmente con \u00e9l al no comulgarse la forma de su ruptura, al tener el rebelde como objetivo subvertir violentamente el orden instituido, atacando estructuras normativas, pol\u00edticas y econ\u00f3micas, mediando un alegado motivo altruista, a contrastar precisamente en el debate pol\u00edtico-jur\u00eddico de la infracci\u00f3n penal. En consecuencia, es necesario re-emprender una clara conceptualizaci\u00f3n pol\u00edtica, medi\u00e1tica, cultural, e indudablemente penal, cuyo derrotero es el de los valores y la dial\u00e9ctica con la que un orden que se alega democr\u00e1tico debe responder a los delitos pol\u00edticos<\/strong>. El Estado colombiano, en el marco de corrientes jur\u00eddicas, medi\u00e1ticas, pol\u00edticas, y obviamente militares del pensamiento contrainsurgente m\u00e1s autoritario del mundo, reemplaz\u00f3 el concepto angular del delito pol\u00edtico y dio paso acelerado a los nominativos basados en el terrorismo, afianzando as\u00ed un derecho penal del enemigo. Su prop\u00f3sito era claro: restar alguna credibilidad o legitimaci\u00f3n de la guerrilla, se\u00f1al\u00e1ndola sin ideales o m\u00f3viles pol\u00edticos, como delincuencia organizada contra la sociedad, no por valores sociales sino por razones anti-sociales. Complementaria y paralelamente revisti\u00f3 de actor pol\u00edtico al mercenarismo o paramilitarismo, generando una inclinaci\u00f3n puesta en pr\u00e1ctica como derecho penal de amigo, no s\u00f3lo a trav\u00e9s de leyes sino de otros medios de reproducci\u00f3n ideol\u00f3gica. Tal proceso doble se acrecent\u00f3 en las \u00faltimas d\u00e9cadas, ense\u00f1ando tambi\u00e9n sus l\u00edmites e intenciones perversas. El MJP es insuficiente por no asumir de modo directo y tajante dicha conceptualizaci\u00f3n del delito pol\u00edtico para medidas de gracia y acuerdo no ap\u00f3crifo sino real, rehuyendo hablar de los adversarios rebeldes como autores de delitos pol\u00edticos y optando por denominarlos miembros de grupos armados al margen de la ley (como aparece insistentemente en el texto del MJP). Esto no es s\u00f3lo para evadir banal y vanamente la naturaleza del enemigo pol\u00edtico, sino para habilitar o permitir que aliados o miembros de las estructuras armadas del Estado puedan a futuro quedar cobijados con medidas que en la pr\u00e1ctica se asemejan a amnist\u00edas o indultos en alg\u00fan grado, las cuales, en la l\u00ednea de coherencia pol\u00edtica y penal de un derecho que busque recobrar principios democr\u00e1ticos para un proceso de paz aut\u00e9ntico, es decir con los insurgentes, debe aplicarlos \u00fanica y exclusivamente para \u00e9stos, aunque otros sujetos y grupos delincuenciales puedan recibir otros beneficios, los cuales ser\u00edan desde un referente jur\u00eddico y pol\u00edtico distinto, no homologable \u00e9ticamente al que debe aplicarse para los rebeldes. Por esa raz\u00f3n es contradictorio, al integrar a quienes han violado sistem\u00e1ticamente la ley para defender el orden de cosas al que esa ley corresponde. Con esta llave se abren las puertas a la impunidad, cubriendo grupos distintos a las organizaciones de oposici\u00f3n armada o real parte contendiente. Postula mecanismos de auto \u2013 exculpaci\u00f3n para hechos distintos a los delitos pol\u00edticos y conexos. Se tergiversa as\u00ed la propuesta de una justicia transicional progresista que apunte a la paz, a la verdad, a la justicia y a la reconciliaci\u00f3n, as\u00ed como a la no repetici\u00f3n, pues se usan las disposiciones penales bajo la bandera de la paz para exonerarse el propio Estado y desde su pol\u00edtica recompensar aliados, o a sus cuerpos armados<\/strong>, al caber la posibilidad de que el d\u00eda de ma\u00f1ana el MJP se aplique a responsables de paramilitarismo, que es por definici\u00f3n una estrategia radicalmente opuesta a los principios del derecho humanitario, basada en el mercenarismo y en la funci\u00f3n de ocultar y enriquecer a los responsables m\u00e1ximos de cr\u00edmenes contra la humanidad. Ese MJP puede convertirse en un medio para asegurar la impunidad de los agentes estatales responsables de hechos execrables. Es evidente que en las instancias judiciales incluyendo la propia justicia penal militar, hay una cierta priorizaci\u00f3n y selecci\u00f3n, que se deben en parte a la persistencia de las v\u00edctimas que han recabado pruebas y a la presi\u00f3n internacional. Hoy, con muy pocos avances en materia de justicia, como en los casos de algunas desapariciones de las cometidas en los hechos del Palacio de Justicia, en la masacre de Mapirip\u00e1n, en la operaci\u00f3n \u201cG\u00e9nesis\u201d y otros cr\u00edmenes, es generalizada la l\u00f3gica de estructuras represivas ligadas a los perpetradores que pretenden de diferentes formas socavar la b\u00fasqueda de justicia, acudiendo a medios como las amenazas a testigos y allegados de las v\u00edctimas, el exilio de operadores judiciales, la negativa de entrega de cuerpos y el encubrimiento medi\u00e1tico de actores pol\u00edticos y econ\u00f3micos detr\u00e1s de la comisi\u00f3n de millares de cr\u00edmenes. Dada la protuberante impunidad que existe respecto a violaciones cometidas por parte de agentes estatales, la cual cubre a instigadores, creadores, inspiradores y financiadores, puede ser que un prop\u00f3sito ignominioso y hasta ahora inconfesable del Gobierno y del Congreso sea usar el MJP para resolver sentencias judiciales contra militares comprometidos en graves violaciones de derechos humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad, as\u00ed como de sus auxiliares. Si fuera as\u00ed, si con el argumento de la paz se pretende buscar una f\u00f3rmula de inclusi\u00f3n de los militares, deber\u00edan decirlo con claridad y abiertamente, pese a la gravedad y al reto que esto significa en el deber de la memoria de toda la sociedad, y frente a los derechos a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n. Si el Gobierno as\u00ed lo piensa, debe generar un espacio abierto y con garant\u00edas para la verdad real y plena, promoviendo una pol\u00edtica para que quienes actuaron en cualquier momento como agentes estatales develen toda la verdad. Lo que es inadmisible de manera radical es que con el MJP se refuerce una mayor ocultaci\u00f3n de la cadena de mando y responsabilidad en cr\u00edmenes contra la humanidad y que se margine a las v\u00edctimas. En cualquier caso, debe siempre garantizarse la participaci\u00f3n sin cortapisas de las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado y que el conjunto de la sociedad sepa completamente todo lo ocurrido: los responsables en cualquier grado, sus m\u00f3viles, los intereses, sus beneficios y todas las circunstancias de los hechos y de su impunidad. Aunque el MJP se\u00f1ale que en ning\u00fan caso se podr\u00e1n aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, nada garantiza que tanto militares acusados de paramilitarismo no sean entendidos como beneficiarios de esas medidas de justicia transicional o que se adjudiquen caracter\u00edsticas de parte en el conflicto armado interno a quienes en realidad no han sido m\u00e1s que brazos clandestinos de la guerra sucia estatal o unidades paraestatales al servicio de intereses pol\u00edticos y econ\u00f3micos privados, legales o ilegales. Adem\u00e1s, el MJP tambi\u00e9n es contradictorio<\/strong> con la juridicidad estatal por otra raz\u00f3n: no atribuye en la pr\u00e1ctica lo que en el discurso ha quedado asumido recientemente por el Gobierno del Presidente Santos en cuanto a la existencia del conflicto armado y la perspectiva de posibles di\u00e1logos de paz,<\/strong> como es su obligaci\u00f3n constitucional y legal, interna e internacional, conforme a la legislaci\u00f3n y c\u00e1nones que las naciones han adoptado como derecho de los conflictos armados, tanto el derecho de la guerra como el humanitario y otras vertientes. De ese conjunto de reglas, de las que Colombia es signataria hace m\u00e1s de medio siglo, se deriva una clara conceptualizaci\u00f3n y un mandato vinculante, sobre los combatientes, en este caso las y los alzados en armas, sobre su estatuto, que si bien puede suponer intersecciones o concordancias posibles con la categor\u00eda del delito pol\u00edtico, ri\u00f1e de frente, no armoniza por definici\u00f3n, con endilgarles la condici\u00f3n de delincuentes miembros de grupos armados al margen de la ley (como lo patenta el MJP). Desconoce entonces las caracter\u00edsticas esenciales de tales hechos de naturaleza pol\u00edtica y militar cometidos por la guerrilla, delitos pol\u00edticos o acciones de guerra, como si fuesen delitos comunes, y como si debiera la delincuencia com\u00fan organizada quedar abarcada forzosa y homologadamente en la aplicaci\u00f3n futura y concluyente de un instrumento de \u201cjusticia transicional\u201d cuya \u201cfinalidad prevalente\u201d es \u201cfacilitar la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno\u201d. VI. Propuestas<\/span><\/strong> Hemos pasado ya la mitad del per\u00edodo del actual Gobierno del Presidente Santos, que efectivamente desde su comienzo proclam\u00f3 tener la llave de la paz, y que s\u00f3lo ahora anuncia posibles avances para un proceso de soluci\u00f3n pol\u00edtica al conflicto armado, como se desprende de su declaraci\u00f3n del 27 de agosto de 2012. Restan todav\u00eda dos a\u00f1os en condiciones m\u00e1s complicadas para una gesti\u00f3n de Gobierno no hipotecada, con un Congreso dominado por la coalici\u00f3n llamada Unidad Nacional, en la que sobresale la representaci\u00f3n de c\u00edrculos pol\u00edticos implicados en corrupci\u00f3n, que amparan intereses privados y dan la espalda a intereses sociales o p\u00fablicos. Por esas razones, saludando lo manifestado p\u00fablicamente por el Presidente Santos, CCP ha considerado necesario referirse a los problemas ac\u00e1 tratados y presentar algunas propuestas para hacer causa com\u00fan hacia un pacto incluyente que pueda neutralizar el marco pol\u00edtico para la guerra y las intenciones que se patentaron con el intento de la \u201creforma a la justicia\u201d y su ocultamiento. Para ello, hemos realizado esta cr\u00edtica al MJP y hacemos un llamado a comprometerse y detener las amenazas y la criminalizaci\u00f3n contra las protestas sociales y movilizaciones populares, garantizando la participaci\u00f3n ciudadana y el derecho a la opini\u00f3n pol\u00edtica. Contraria de la acci\u00f3n turbia que puede ser tenebrosa, es la acci\u00f3n transparente que asume responsabilidades. El Presidente Santos como cabeza del Estado, tal y como lo anunci\u00f3 la noche del 27 de agosto de 2012, debe y puede dar pasos hacia la paz. En ese sentido proponemos: Dar continuidad y garant\u00edas al proceso exploratorio de conversaciones de paz con las FARC, en una perspectiva de di\u00e1logos para la superaci\u00f3n definitiva del conflicto armado que incorpore al ELN, en tanto insurgencia, como al conjunto de la sociedad colombiana. En las condiciones de degradaci\u00f3n \u00e9tica y pol\u00edtica en Colombia, ante una opini\u00f3n que en parte est\u00e1 mentalizada para la prolongaci\u00f3n y descomposici\u00f3n del conflicto, en medio de la poderosa maquinaci\u00f3n que efect\u00faan los medios de comunicaci\u00f3n empresarial y otros poderes reales, la aspiraci\u00f3n del Presidente Santos de ser reelegido hasta el 2018 puede ser compatible con el mantenimiento del actual discurso de ambig\u00fcedad resultante, en la que se arenga por unos para hacer la guerra y se dice al tiempo tener la llave de la paz. Ciertamente el Presidente Santos tiene tambi\u00e9n sus posibilidades de reelecci\u00f3n decidiendo no hablar m\u00e1s de paz y orientarse radicalmente a la confrontaci\u00f3n sin asomo de moderaci\u00f3n. Deseamos que esas no sean sus tendencias y que su discurso no sea social por apariencia, ante el descalabro social y econ\u00f3mico y el descontento popular, disfrazando sus programas pol\u00edticos, manipulando y reconduciendo electoralmente. Dicho predicamento ser\u00eda de los que desde posiciones extremas apuestan por la salida militar. El Presidente Santos, con su anuncio del 27 de agosto de 2012, tiene la oportunidad hist\u00f3rica de impulsar la gran obra de un proceso eficaz de conversaciones para la superaci\u00f3n definitiva de la guerra. Debe mantener para ello firmeza y coraje, resistiendo ante la din\u00e1mica de exacerbaci\u00f3n que inducen una y otra vez los declarados enemigos de la paz. No s\u00f3lo debe continuar las conversaciones con las FARC sino atender esta posibilidad con la otra organizaci\u00f3n rebelde, el ELN, en tanto es parte sustancial de la insurgencia en la trayectoria del conflicto colombiano y sus soluciones integrales<\/span><\/strong>. Desde ese compromiso que la inmensa mayor\u00eda del pa\u00eds podr\u00eda comprender, el Presidente Santos puede y debe deshacer la confusi\u00f3n encaminando actuaciones pol\u00edticas y jur\u00eddicas en diferentes planos: acciones de invalidaci\u00f3n pr\u00e1ctica de todo aquello que se opone al tratamiento pol\u00edtico de la insurgencia y potenciaci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica de lo que le habilita a ambas partes en un escenario de di\u00e1logos. Podr\u00eda avanzar en dos campos<\/strong>: en los acuerdos de regulaci\u00f3n o la aplicaci\u00f3n irrestricta del derecho humanitario<\/strong> para proteger a la poblaci\u00f3n civil de los efectos de la guerra y actuar tambi\u00e9n acorde con los combatientes insurgentes o irregulares (para lo cual los instrumentos b\u00e1sicos ya est\u00e1n dados y son obligatorios), aclimatando para lo m\u00e1s definitivo y trascendental que son el reforzamiento y garant\u00edas de esos acercamientos o encuentros para desarrollar una agenda de conversaciones de paz.<\/strong> Ante los elementos discordantes del MJP con otras \u00e1reas de la legislaci\u00f3n, como la del derecho humanitario, el Presidente Santos puede desandar ese camino<\/strong> y corregir esa doble invectiva: la que desconoce el delito pol\u00edtico y la que abre la puerta de una homologaci\u00f3n, analog\u00eda o equiparaci\u00f3n a quienes no son rebeldes. Puede corregir el rumbo el Presidente Santos, tanto por fuera del MJP como incluso por dentro, acudiendo a l\u00edneas rezagadas del MJP que pueden ser usadas hasta cierto punto para diferenciar de ra\u00edz a las organizaciones rebeldes, reconoci\u00e9ndolas como tales, al ELN y a las FARC. Lo puede hacer desde ya cambiando el lenguaje, que acerque hacia contactos y acuerdos preliminares con la insurgencia. Aunque es muy poco probable que el actual Congreso le acompa\u00f1e en una eventual iniciativa de paz con esa visi\u00f3n hist\u00f3rica y voluntad pol\u00edtica, dada precisamente la corrupci\u00f3n y la posici\u00f3n reinante all\u00ed, que est\u00e1 imbuida de triunfalismo y defensa de los resultados de la estrategia militar y paramilitar aplicada durante a\u00f1os, no hay que dejar de se\u00f1alar el resquicio jur\u00eddico que se contempla como hip\u00f3tesis del MJP: \u201cuna Ley estatutaria podr\u00e1 autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se d\u00e9 un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y tambi\u00e9n para los agentes del Estado, en relaci\u00f3n con su participaci\u00f3n en el mismo\u201d<\/em>. En la misma proposici\u00f3n se refleja la contradicci\u00f3n. No obstante, la enmienda pol\u00edtica, consistente en dar un tratamiento diferenciado<\/strong> para las dos organizaciones rebeldes o grupos armados de oposici\u00f3n puede y debe darse de inmediato, acudiendo el Presidente, con los resortes jur\u00eddicos ya existentes y con la capacidad de discrecionalidad con la que est\u00e1 facultado, a las disposiciones del derecho internacional de los conflictos armados, no s\u00f3lo asumible sino absolutamente vinculante en tanto es parte de la legislaci\u00f3n nacional y tiene rango constitucional. Su sola invocaci\u00f3n despeja cualquier duda. Del mismo modo puede acudir a otros medios dispersos en el dispositivo jur\u00eddico-pol\u00edtico cuyo principio angular y m\u00e1xima obligaci\u00f3n es el derecho a la paz. Respecto a la legislaci\u00f3n penal de impunidad para los agentes del Estado, depender\u00e1 de si lo que se pretende por el Estado es exonerarse por delitos comunes cometidos por sus agentes, infracciones t\u00edpicas del \u00e1mbito militar ya reglado, o verdaderos cr\u00edmenes contra la humanidad como ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas o masacres, cometidas por paramilitares o cuerpos de seguridad oficial, lo cual constituye sin duda una aberraci\u00f3n \u00e9tica, pol\u00edtica y jur\u00eddica, no s\u00f3lo por responsabilidades del pasado sino por la realidad actual verificada en diferentes regiones en las que dichas estructuras y cr\u00edmenes escoltan la \u201cseguridad inversionista\u201d de proyectos de saqueo, usurpaci\u00f3n y destrucci\u00f3n de las comunidades y sus territorios, blindando y legitimando a los beneficiarios de ese despojo sistem\u00e1tico. Resulta repudiable y debe corregirse por lo tanto que<\/strong> en la misma idea que da cabida eventual al delito pol\u00edtico \n
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