Una paradoja de las luchas sociales consiste en que los movimientos se convierten en prisioneros de sus éxitos. Gracias a la intensa capacidad de movilización que despliegan, consiguen modificar la relación de fuerzas en el terreno político, pero ese nuevo escenario a menudo se vuelve en contra de ellos, los debilita y en ocasiones hasta provoca divisiones, con lo que los movimientos entran en un período de repliegue y desmovilización.<\/p>\n
En los últimos años en América Latina se formaron varios gobiernos de izquierda o progresistas, o que antes de asumir el poder definieron un programa antineoliberal: Alejandro Toledo se impuso en Perú gracias a la movilización social que desplazó al régimen de Alberto Fujimori; el coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador fue llevado al gobierno por un potente movimiento indígena; Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva se convirtieron en presidentes por la labor de amplios movimientos sociales que debilitaron o hicieron entrar en crisis el modelo neoliberal. La llamada “revolución bolivariana”, encabezada por Hugo Chávez, sería impensable sin la insurrección de 1989 denominada Caracazo o Sacudón, que fue el comienzo de la crisis que hizo estallar el sistema de partidos venezolano. Algo similar, salvando las distancias, puede decirse de los procesos que se viven en Uruguay, Paraguay y, de alguna manera, en Bolivia. <\/p>\n
Pero una vez instalados estos gobiernos de signo progresista se le presentaron a los movimientos nuevos dilemas. ¿Cómo relacionarse con fuerzas políticas con las que tienen fuertes rasgos en común? ¿Cómo pasar de la movilización a otro tipo de acción que no puede estar basada en la confrontación? ¿Participar en el gobierno o mantenerse en la oposición? ¿Cómo hacer para seguir construyendo sus propios movimientos, cuando desde el gobierno se pretende dividirlos y cooptar a los dirigentes más capaces? <\/p>\n
Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, como lo atestiguan los casos del Movimiento sin Tierra en Brasil (MST), del movimiento indígena ecuatoriano y boliviano y del movimiento piquetero en Argentina. Las relaciones de los movimientos con gobiernos y estados tienen como trasfondo visiones diferentes y opuestas sobre el tema de los tiempos: así como existen los tiempos de los movimientos, sujetos a los tiempos de las comunidades, existen lo que podemos denominar como los “tiempos de la política institucional” o del poder estatal, cuyos desajustes suelen estar en la base de la tensión que se produce entre dirigentes y bases al interior de los propios movimientos sociales. Los hechos recientes muestran, además, que los cambios en la dirección del Estado provocan desajustes en el seno de los movimientos si estos se dejan atrapar por la agenda institucional del poder estatal y abandonan la agenda de prioridades que han construido a lo largo de décadas. <\/p>\n
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Desde 1990, el movimiento indígena ecuatoriano se convirtió en el principal actor social y político de su país, y en un referente obligado a nivel latinoamericano ya que fue sin duda el movimiento más amplio, potente y maduro de la región. Desde el levantamiento del Inti Raymi, en junio de 1990, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)–como expresión unitaria de los indios de la sierra, la costa y la amazonía–desplegó una potente acción social que se plasmó en varios levantamientos que no sólo modificaron la agenda política nacional sino que, en su pico de mayor movilización, consiguió derribar dos gobiernos: el de Abdalá Bucaram en 1997 y el de Jamil Mahuad en enero de 2000. <\/p>\n
Vale la pena detenerse en el caso de Ecuador: se trata de uno de los movimientos más fuertes de América Latina, que en una década y media recorrió el camino de las insurrecciones, la construcción de amplias alianzas sociales con sectores muy diferentes, la creación de un frente político–electoral, la participación en elecciones, la toma del poder durante algunas horas, la integración en el gobierno y, finalmente, el retorno a la oposición y la lucha de calles. Es un caso único en el continente de un movimiento formado y dirigido por los más pobres y marginados que logra llegar tan lejos, participando en espacios tan heterogéneos hasta encumbrarse al aparato estatal. Ahora, el movimiento indígena ecuatoriano está intentando curar las heridas de esta fracasada participación en el gobierno. <\/p>\n
En 1996 la Conaie, junto con otros movimientos, creó Pachakutik, instrumento político–electoral con el que se convirtió en sujeto político. El eje de sus propuestas políticas gira en torno a la plurinacionalidad, lo que supone la refundación del Estado nacional ecuatoriano. Según el sociólogo Pablo Dávalos, “el estado plurinacional es el eje de una bisagra teórica y política que permite la transición de los indios en el Ecuador, de movimiento social hacia sujeto político”. En 1998 la presión del movimiento social impuso la convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que se debía definir la característica del nuevo Estado. Como señala Dávalos, con su propuesta los indios buscaban un nuevo “deber–ser” para el Estado, en el que se debatan “los contenidos epistemológicos de la diferencia, sobre todo en la construcción de los nuevos sujetos, como el sujeto comunitario, y las nuevas instituciones, como la administración de justicia indígena, las instituciones económicas comunitarias, etc., y desde esos contenidos de la diferencia construir el deber ser del Estado”.1<\/a><\/p>\n Pero la clase política resistió y consiguió deformar las aspiraciones del movimiento. El sistema político, al armar las reglas del juego para la elección de constituyentes, favoreció a los partidos, mientras los representantes de los movimientos sociales e indígenas concurrieron en desventaja, al mantenerse en pie los mecanismos de clientelismo y caciquismo a la hora de la elección. Pese a que el proceso electoral se dio en el marco de una potente movilización social, con asambleas populares y la elección de una Asamblea Constituyente del Pueblo, las demandas populares fueron dejadas de lado. O, peor aún, se utilizó el mecanismo de la aceptación formal pero sin consecuencias prácticas, tal como sucedió en la colonia, cuando se aplicaba el lema “se acata pero no se cumple”. <\/p>\n Dávalos afirma que, “El error estratégico del movimiento indígena fue subestimar al sistema político y pensar que su movimiento político Pachakutik era de por sí más que suficiente para afrontar y resolver las disputas con el sistema político”.2<\/a> En paralelo, hacia 2000 se registra la clausura del espacio político que los indios venían reclamando desde 1990. En 1999 se producen dos levantamientos encabezados por la Conaie, ante la creciente parálisis y descomposición del Estado. En ese marco crítico, se produce un viraje inédito en el movimiento indio: la Conaie se convierte en alternativa de poder, sus dirigentes se separan de sus bases y adoptan la táctica de la conquista del poder que no entraba en el proyecto político originario de construir un Estado plurinacional. Dicho de otro modo, la Conaie pasa de movimiento social alternativo a disputar el espacio político estatal, y por lo tanto adopta la lógica estatista.3<\/a><\/p>\n El movimiento indígena pasa de construirse en base a una lógica de contrapoder, a adoptar una lógica de poder. “Ello implica una serie de rupturas que conllevan el riesgo de fracturar seriamente la cohesión organizativa y de movilización de los indios. Constituirse como poder implica la convicción de que es necesario dejar las dinámicas propias de la resistencia y construir formatos más institucionales que sirvan a la larga como mecanismos de control al surgimiento de posibles resistencias por parte de otros actores sociales. Significa para los indios cambiar su lógica de resistencia por la lógica del poder. Pero dentro de esta dialéctica de las sociedades, asumir la lógica del poder puede implicar la destrucción de la experiencia ganada como contrapoder.”4<\/a><\/p>\n Aquellos barros trajeron estos lodos. Este recorrido permite comprender la lógica que llevó al movimiento indio a “tomar” el poder durante unas horas el 21 de enero de 2000, y luego a apoyar la candidatura de Lucio Gutiérrez a la presidencia y durante seis meses participar en su gobierno. Digamos que adoptar la lógica del poder fue el primer paso; la actitud ante la crisis del Estado en enero de 2000, y luego asumir cargos en el gobierno en 2003, fue el segundo. Una vez que el movimiento adopta esta táctica, queda aprisionado en una lógica que–inevitablemente–tiende a autodestruirlo. Salir del gobierno fue la forma de evitar que la destrucción fuera completa. <\/p>\n En este punto, valen dos aclaraciones: no puede achacarse en exclusiva al gobierno de Gutiérrez el intento de destrucción, división y sometimiento del movimiento, ya que éste dio los pasos que le permitieron a aquel proceder de esa forma. En segundo lugar, debe contrastarse la actitud del movimiento indio ecuatoriano con el zapatismo: se trata de dos caminos diferentes, ya que el EZLN, luego de la Marcha del Color de la Tierra, movilizó sus energías hacia la construcción de las autonomías de hecho, que fructificó en agosto de 2003 con la creación de los Caracoles, al margen completamente del Estado nacional, pero sin confrontar con él. <\/p>\n Ahora el movimiento ecuatoriano está debatiendo duramente los caminos a seguir. Entre el 21 y el 23 de agosto sesionó el Parlamento Amazónico, máxima instancia de la Confeniae (la organización de los indígenas amazónicos), dedicada a analizar el delicado momento que vive el movimiento. Uno de sus dirigentes históricos, Antonio Vargas, es ahora ministro de Bienestar Social del gobierno neoliberal de Gutiérrez. En la asamblea del parlamento dijo que tenía prontos cheques por 300.000 dólares para repartir entre las diferentes nacionalidades de la selva si se firmaba un convenio entre la Confeniae y el ministerio. El parlamento estuvo dividido, reinó la confusión y los pueblos achuar, shuar y kichwas del Pastaza se enfrentaron a la dirección mayoritaria. La sesión del parlamento dejó un sabor amargo en muchos participantes, que ven cómo se están desviando los principios del movimiento. <\/p>\n Un balance realizado por la parlamentaria kichwa Mónica Chuji Gualinga, señala: “Esta inestabilidad del movimiento indígena se puede ubicar en la alianza que realizó el Movimiento Pachakutik, que involucró directamente a la Conaie con el régimen de Gutiérrez, sin ninguna consulta a las bases y sin ninguna discusión o acuerdo programático, esta alianza política manejada de espaldas a las bases fue el principio del debilitamiento paulatino de un movimiento que en su momento fue referente para toda América Latina”. La parlamentaria llama a realizar una profunda autocrítica, a retornar a las bases para “ir reconstruyendo sólidamente el camino que parece hemos perdido durante este último período de la participación representativa de la llamada democracia política del poder establecido, olvidando nuestras raíces políticas que se basan en la democracia participativa y directa de las nacionalidades y pueblos que tanto logró durante la década de los 90”.5<\/a><\/p>\n El caso ecuatoriano es el mejor ejemplo de esta doble dinámica de los tiempos internos y los tiempos políticos. Ingresar al sistema político tiene sus beneficios y sus costos: puede influirse más en la agenda oficial, pero la organización debe adecuarse a sus modos y tiempos. Los tiempos comunitarios–lentos para los parámetros de la modernidad y los medios–suelen ser abandonados para dar respuestas, urgentes casi siempre, a las exigencias del momento. De forma casi ineludible, con la adopción de los “tiempos políticos” se produce una separación entre bases y dirigentes en la que éstos dejan de ser controlados y mandatados por aquellas. El zapatismo manejó estos tiempos de forma siempre subordinada a las comunidades, pero esa actitud–profundamente política–tuvo el costo de alejarlos de la “coyuntura”. Ese es, por lo menos, uno de los principales reproches que les hace la izquierda política.<\/p>\n <\/p>\n Otros movimientos han adoptado criterios parcialmente diferentes. En Argentina, predomina la fragmentación del espacio piquetero. Son muy pocos los grupos que consiguen apartarse de la agenda oficial. Entre los grupos mayoritarios, la Federación de Tierra y Vivienda, dirigida por Luis D´Elía, optó por convertirse en el brazo piquetero del gobierno de Kirchner. Con ello se aseguran un permanente flujo de recursos, pero han dejado de ser un referente ético y político para el resto del movimiento. Por su parte, los grupos vinculados a los partidos políticos (comunistas, trotskistas, maoístas y guevaristas) buscan mantener la movilización en la calle como forma de sortear los problemas derivados de una nueva coyuntura marcada por la “generosa” actitud del gobierno hacia los más pobres. Sólo unos pocos grupos han conseguido zafarse de la dinámica de hierro entre la cooptación y la movilización desgastante y a menudo sin mucho sentido. <\/p>\n El MTD de Solano es quizá el grupo piquetero que ve esta nueva situación con mayor perspectiva. Neka Jara asegura que luego de la insurrrección del 19 y 20 de diciembre de 2001, los cambios verdaderos ya no son visibles y esa falta de visibilidad suele desesperar a los militantes y dirigentes: “Pero no es eso lo más importante, sino lo que construimos detrás, que es más valioso que el espectáculo”. En Solano sostienen que hay que saber esperar, que hace falta darle al tiempo la posibilidad de hacer su trabajo, que luchar “no sólo es ser visible”. “Este es un fecundo silencio”, concluyen.6<\/a><\/p>\n <\/p>\n En Bolivia, el poderoso movimiento social que derribó al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada se partió en dos cuando Carlos Mesa asumió el poder. Por un lado, aparecen la Central Obrera Boliviana (COB), los sin tierra y las juntas vecinales de El Alto–epicentro de la insurrección de octubre de 2003–que mantienen en pie las banderas de la nacionalización del gas. Pero su poder de convocatoria se ha debilitado ante un gobierno que hace concesiones y busca aislarlos. Por el otro lado, están los cocaleros dirigidos por Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), que fueron durante unos meses base de apoyo del nuevo gobierno, trazándose como objetivo ganar las elecciones municipales de diciembre como punto de apoyo para llegar al gobierno en 2007. <\/p>\n La división entre ambos sectores sociales tuvo su punto alto durante el referéndum del 18 de julio, que debía zanjar el tema del gas y asumió la forma de enfrentamiento entre Felipe Quispe, que abandonó su banca como diputado para enfrentar al gobierno en la calle, y el propio Morales con su estrategia institucional. Sin embargo, esta división está facilitando la tarea continuista y entreguista de los recursos naturales de Mesa. El sector indígena aymara, liderado sin duda por Quispe, tiene como objetivo la construcción de la “nación aymara”. En las provincias del norte de La Paz, “va emergiendo esa forma de sustituir todas las autoridades estatales con nuestras propias autoridades originarias”, una forma de autogobierno incipiente que se encamina “a dictar nuestras propias leyes, a cambiar la Constitución política del Estado por nuestra Constitución, a cambiar el sistema capitalista por nuestro sistema comunitario, a cambiar la bandera tricolor por nuestra bandera de siete colores” (La Jornada, 2003). <\/p>\n En este punto, los aymaras van configurando una estrategia diferente a la de los zapatistas, que han optado por construir autonomías en el marco la nación mexicana, pero se diferencian también de la opción de la plurinacionalidad de los indios ecuatorianos. Los aymaras no hablan de Estado sino de nación; no pretenden ocupar o tomar el Estado boliviano sino sustituirlo por una nación autogobernada por las comunidades. Estamos ante un proyecto muy diferente, mucho más radical que los que defienden los indios chiapanecos y ecuatorianos, pero también mucho más difícil de implementar. Por esa razón, la relación de los aymaras con el Estado boliviano es muy conflictiva y sin aparente solución de no mediar una guerra civil social que, de hecho, ya han declarado. <\/p>\n <\/p>\n Un caso particular es el del MST de Brasil, el único país de América Latina donde existe “una burguesía local con alguna fuerza propia”.7<\/a> Los sin tierra son un poderoso movimiento social–político que construye su accionar de forma autónoma y no depende de ningún partido político, aunque mantiene fluidas relaciones con el Estado que, a su vez, apoya con subvenciones diversos emprendimientos del movimiento. Actualmente optó por no enfrentar de forma frontal al gobierno de Lula, sino por acumular fuerzas. En abril desarrollaron una campaña nacional con unas 150 ocupaciones de haciendas, instalaron 200 mil familias–un millón de personas–en campamentos a las orillas de las carreteras para presionar por la tierra. Defienden una reforma agraria de nuevo tipo, que suponga además de la distribución de tierras la “democratización del capital”, la creación de agroindustrias cooperativizadas y la democratización de la educación. Este año comenzaron un combate de largo aliento contra el agrobusiness<\/i> que es un importante aliado del gobierno de Lula. <\/p>\n El MST sostiene que la victoria electoral de Lula cambió la correlación de fuerzas en el país, pero no consiguió una derrota estratégica del modelo neoliberal. Sostienen que hasta ahora no ha sido posible encarar reformas estructurales porque el movimiento social atraviesa un largo período de descenso. Por eso, la prioridad del MST es la organización y la movilización y ha sido uno de los principales animadores de la puesta en pie de un frente de todos los movimientos sociales de Brasil, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS). Creen que deben resolver algunos desafíos “internos” de los movimientos: “Recuperar los métodos del trabajo de base, es decir, volcarse al trabajo de hormiga; ir adonde el pueblo vive, trabaja y estudia y debatir ideas y organizarlo”.8<\/a> Sostienen que “jamás el MST se convertirá en un partido, eso lo acabaría; pero seguirá siendo cada vez más político en el sentido de disputar un proyecto de país y de hegemonía en la sociedad”. Sobre el Estado, creen que las elecciones no son la única forma de influenciar el control estatal, pero tampoco piensan que el “asalto al poder” sea el “pase de magia” para conseguir la dirección del Estado. A diferencia de las tres experiencias indígenas mencionadas, creen que se trata de definir un proyecto para que los sectores populares “controlen el Estado y lo transformen de Estado burgués a Estado al servicio de las mayorías”.9<\/a><\/p>\n Ciertamente, se trata de una concepción ortodoxa de cuño marxista. Pese a ello, el MST mantiene fuertes dosis de autonomía respecto del Estado y del partido de Lula y su gobierno. Quizá la clave de su autonomía radica en los asentamientos, que ya son unos 5.000 con más de dos millones de personas, donde producen sus alimentos básicos e imparten educación a sus hijos. En este sentido, los asentamientos sin tierra juegan un papel muy similar al de las comunidades indias. <\/p>\n Como puede verse a través de este recorrido, no existen ni modelos ni recetas. Cuanto más progresistas son los gobiernos, más posibilidades se les abren a los movimientos, a la vez que enfrentan dificultades nuevas para las que a menudo no están preparados. En Argentina, Bolivia y Ecuador, los nuevos gobiernos han dividido al movimiento social y cooptado a algunos sectores. En Brasil, los sin tierra parecen estar eludiendo ambos peligros.<\/i> En todo caso, en ninguno de los países mencionados las nuevas dificultades han conseguido frenar la movilización y la construcción de nuevas realidades, que incluyen el fortalecimiento de los movimientos. Así las cosas, los problemas señalados pueden ser un nuevo punto de partida, pero también una alerta para movimientos de otros países que, tarde o temprano, deberán enfrentarse a dilemas para los que nadie tiene respuestas preparadas de antemano. <\/p>\n Una paradoja de las luchas sociales consiste en que los movimientos se convierten en prisioneros de sus éxitos. 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Bolivia: La compleja relación con gobiernos y estados <\/font><\/h3>\n
Brasil:
\n El Movimiento de los Sin Tierra<\/font> <\/h3>\nNotas <\/font><\/h3>\n
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