La Corte Suprema de Chile dispuso, el pasado mes de septiembre, declarar fundada la demanda del
\n Estado peruano para que Alberto Fujimori sea extraditado al Perú a efectos de ser procesado
\n por graves acusaciones de corrupción, abuso de poder y delitos de lesa humanidad contra los
\n derechos humanos. El proceso representa un golpe contra la impunidad y abrirá una nueva oportunidad
\n para que los peruanos relean la verdadera historia de los 90 y la imposición del modelo autoritario
\n neoliberal, desnacionalizador y mutilador de los derechos sociales y económicos de las mayorías
\n empobrecidas y manipuladas con un clientelismo descarado. <\/b><\/p>\n
Contra toda previsión—dados los antecedentes de Carlos Menem, de los procesos del mismo Agosto
\n Pinochet (a quien apenas se levantó la inmunidad parlamentaria pero no se condenó), la
\n Corte Suprema acordó extraditar a Fujimori al Perú para ser procesado. El acuerdo, por
\n los casos de violación de derechos humanos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta, y en los
\n sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) fue por unanimidad, y en los
\n otros cinco casos de corrupción, lo decidió por mayoría. <\/p>\n
Más allá de las presiones políticas internas y externas, primó la validez
\n de los argumentos legales y las pruebas presentadas, el peso de los fallos de la Corte Interamericana
\n de Derechos Humanos, y las fundadas opiniones de equipos de juristas de diversas partes del mundo (destacando
\n la George Washington University de EEUU y la Universidad Católica del Perú, la Federación
\n Internacional de Derechos Humanos de Paris, la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra,
\n Human Rights Watch-USA, y Amnistía Internacional-Londres) que también emitieron informes
\n jurídicos, así como el interés de Chile de presentar una nueva imagen en materia
\n de derechos humanos a nivel internacional. <\/p>\n
El proceso Fujimori, a iniciarse en diciembre de este año por la prorroga solicitada por el
\n abogado del reo, de momento, tiene siete casos por los que la Corte Suprema de Chile ha autorizado
\n su extradición. Los dos más graves tocan temas de derechos humanos, resaltando la detención,
\n desaparición, tortura y asesinato de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad
\n de la Cantuta; y el ametrallamiento de una pollada de vendedores ambulantes en los Barrios Altos de
\n Lima en lo que se asesinó a 15 personas y se dejó a cuatro gravemente heridas. Por este último
\n caso, el fiscal ha querido, en mayo 2005, 35 años de prisión para Vladimiro Montesinos
\n Torres, para el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos y para Santiago Martín Rivas,
\n jefe del comando paramilitar Colina. No podrá pedir menos para el propio Fujimori. <\/p>\n
Los otros casos—aparte de los producidos en los sótanos del SIE—hacen referencia a notorios
\n casos de corrupción. Van desde el pago de $15 millones de dólares a Montesinos como "Compensación
\n por Tiempo de Servicios"; la compra de congresistas tránsfugas el año 2000 para
\n asegurarse una mayoría parlamentaria servil en el congreso; el soborno a medios de comunicación
\n para ponerlos a su servicio; la interceptación telefónica desarrollada por medio del
\n Servicio de Inteligencia Nacional, y el allanamiento ilegal—con un falso fiscal—a la casa de la esposa
\n de Montesinos en la búsqueda de los videos que él tenía en su poder. <\/p>\n
Todos los casos tienen evidencias notables: declaraciones de testigos directos y otros procesados
\n que permitirán careos; resoluciones, decretos y cartas firmadas por Fujimori que lo vinculan
\n con los hechos dolosos o con la impunidad, protección y promoción al Grupo Colina; declaraciones
\n de Hermoza Ríos, Montesinos y Santiago Martin Rivas, Matilde Pinchi Pinchi, ex Ministros; transferencias
\n de fondos; investigaciones periodísticas, etc. Así lo recogen los fallos de la CIDH,
\n la Corte Suprema de chile, la Fiscal Suprema Chilena, etc. Sería un escándalo que sea
\n sobreseído, especialmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. <\/p>\n
Adicionalmente a ello, si bien la Corte Chilena ha recortado un elemento central de la acusación—el
\n Delito de Asociación Ilícita para Delinquir—Fujimori encara, además de las evidencias,
\n cuando menos cuatro elementos de la doctrina jurídica que resultan lapidarios para él: <\/p>\n
\na) el de la Doctrina de la Responsabilidad del Superior, que se remonta a la Segunda Guerra
\n mundial y establece la responsabilidad de los Jefes Militares y Civiles por los ilícitos de
\n sus subordinados. Él era el Comandante en Jefe de la FFAA y Presidente, con control efectivo
\n sobre los autores del delito (hizo dar una Ley para que el SIN responda al mismo Presidente), estaba
\n informado de los hechos pues hasta vivía en las instalaciones del SIE y del SIN, vecino a Montesinos;
\n y omitió medidas para impedir los delitos o sancionarlos, más bien, los amnistió y
\n encubrió. <\/p>\nb) El de la Doctrina del Dominio de la Escena, que refiere al control sobre la escena y
\n los espacios en que se cometían los delitos, lo que es evidente. <\/p>\nc) El de autor intelectual, no material, de los hechos delictivos, que está evidentemente
\n probado en varios casos como la CTS de $15 millones de dólares a Montesinos, la sustitución
\n del fiscal real por su edecán al allanar la casa de trinidad Becerra, o las continuas promociones
\n a los miembros del Grupo Colina o de la interceptación telefónica. <\/p>\nd) El de la Doctrina de la Empresa Criminal conjunta que se presenta cuando un grupo de
\n personas, con un plan o propósito común delictivo, participan en ese proyecto. Al ordenar
\n actos delictivos a sus subordinados o brindarles protección absoluta participa en el establecimiento,
\n funcionamiento y continuidad de una empresa criminal. <\/p>\n<\/blockquote>\nLas implicancias internacionales <\/h3>\n
Se trata del tercer ex presidente latinoamericano extraditado a su país de origen para rendir
\n cuentas de sus actos. El primero fue Pérez Jiménez, dictador venezolano que ejerció el
\n poder entre 1953 y 1958, extraditado desde los Estados Unidos en 1963 y condenado a prisión,
\n de la que salió apenas cinco años después, gracias a su elección como senador.
\n El segundo fue General García Meza, jefe de gobierno militar en Bolivia—entre 1980 y 1981—extraditado
\n desde el Brasil bajo los cargos de asesinato, genocidio y corrupción, en 1995. Fue condenado
\n a 30 años de prisión, sin derecho indulto, los que viene cumpliendo actualmente en Bolivia.
\n El tercero es Fujimori, que enfrentará acusaciones que podrían implicar condenas a 35
\n años de prisión, en los casos de derechos humanos, aunque la legislación peruana
\n no acumula penas sino que obliga al sentenciado a cumplir la pena mas alta de las que recibe. <\/p>\nPero, la lista de expresidentes sometidos a demandas de extradición, es larga en América
\n Latina. Hoy están pendientes los casos de Sánchez de Losada (dos veces presidente boliviano
\n 1993-1997 y 2002-2003) acusado de genocidio y la responsabilidad de la muerte en de 63 personas en
\n su segunda gestión. Venezuela reclama también a Carlos Andrés Pérez (también
\n presidente en dos ocasiones: 1974-1979 y 1988-1993), acusado de corrupción: así como
\n a Pedro Carmona, cabeza del golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez. En la lista de
\n espera está el Gral. Manuel Antonio Noriega cuya extradición demandan tanto Panamá como
\n Francia después de que cumpliera su condena en los Estados Unidos. Y también a Abdala
\n Bucaram, ex presidente en Ecuador, dos ex Jefes de Estado de Guatemala (Jorge Serrano y Alfonso Portillo),
\n así como Raoul Cedras de Haití. También esta el caso de Bordaberry y el ex canciller
\n Blanco de Uruguay, por crímenes de derechos humanos. <\/p>\nVale la pena recordar que varias solicitudes de extradición resultaron infructuosos en años
\n y décadas anteriores, bajo el argumento de la protección o asilo a perseguidos políticos
\n (institucionalizada en América Latina), aunque los cargos hicieran referencia a hechos de corrupción,
\n delitos contra los derechos humanos o inclusive, actos de terrorismo. Tal es el caso de la extradición,
\n solicitada a Chile, de ex presidente argentino Menem por corrupción, que fue denegada, así como
\n las extradiciones solicitadas en relación a conocidos fujimorista como Calmell del Solar y el
\n publicista Borobio, residentes también en Chile. Es también notorio—aunque no se trata
\n de un ex presidente—el caso de Posada Carriles, terrorista responsable del atentado contra un avión
\n venezolano, en los años 60, que causó la muerte de una delegación deportiva cubana
\n y de todos los pasajeros del avión, actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica,
\n que se ha negado a entregarlo para ser procesado por solicitud de Venezuela. <\/p>\nCabe anotar que, durante el propio gobierno de Fujimori, se intentó procesar al ex presidente
\n Alan García, a quien se declaró reo contumaz, después de un frustrado intento
\n de captura. Se le acusaba por cargos de corrupción y violación de derechos humanos, pero
\n no se dio por dos razones: a) no se le capturó porque fugó, aunque un oficial de las
\n FFAA de entonces ha declarado hace poco que fue a advertirle del operativo por orden de Montesinos,
\n y, b) porque se asiló en Colombia, y se daba una efectiva falta de autoridad política
\n y credibilidad—en lo que refiere a independencia del Poder Judicial—en el régimen de Fujimori
\n post autogolpe del 5 de Abril del 1992. <\/p>\nEl que la extradición haya tenido lugar es un nuevo síntoma de los cambios en el derecho
\n internacional en contra de la impunidad, cambios que implican nuevas relaciones entre los espacios
\n de administración de justicia nacionales e las internacionales (al hacerse universal la persecución
\n de delitos de lesa humanidad por ejemplo) y la importancia de las convenciones internacionales y de
\n elementos del derecho internacional que apuntan a eliminar la impunidad en casos de violación
\n de derechos humanos y de corrupción, a pesar de sus limitaciones en ello. <\/p>\nSin embargo, hay que resaltar el hecho de que estos procesos de extradición reclaman procesar
\n a los ex jefes de Estado en sus propios países, a diferencia de los procesos que se han llevado
\n adelante en los años pasados respeto a gobernantes como Jean Kambanda de Ruanda (condenado a
\n cadena perpetua), o Charles Taylor, de Liberia, y Milosevic, de Serbia, quienes fueron procesados por
\n tribunales internacionales y no por los aparatos judiciales de sus propios países. <\/p>\nEl hecho de que los ex gobernantes hayan sido entregados para ser procesados en sus propios países,
\n evidencia—por un lado—un creciente reconocimiento a la realidad jurídica y judicial de los países
\n solicitantes, así como un giro en la lógica de la diplomacia internacional respecto a
\n la inmunidad y protección que corresponden a expresidentes y autoridades políticas, especialmente
\n cuando se trata de casos de violación a los derechos humanos. Ciertamente, desde los 90 se han
\n dado cambios significativos en esta materia. <\/p>\nImporta enfatizar los nuevos tiempos que pueden estar abriéndose en el escenario internacional,
\n y latinoamericano especialmente, en relación a las responsabilidades (o accountability) de las
\n más altas autoridades de gobierno, particularmente cuando se trata de graves violaciones a los
\n derechos humanos o de evidentes y escandalosos casos de corrupción en la gestión pública.
\n Lo ocurrido fortalece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la capacidad de incidir en los
\n temas de derechos humanos que llegan a ser de su conocimiento. Es, sin duda, una institución
\n que sale fortalecida de este proceso, a la vez que lo ocurrido puede abrir una nueva situación
\n respecto al tema de derechos humanos en Chile y en el Perú. <\/p>\nCabe anotar que la sentencia de la CIDH sobre La Cantuta ha servido para que la Corte Suprema de Argentina
\n declare la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y se estén reabriendo
\n las causas judiciales a los perpetradores de la época de la Dictadura—el caso de Echecolatz
\n el más reciente. <\/p>\nLa constitución del Tribunal Penal Internacional en Roma, unos años atrás, es
\n otra expresión de los intentos internacionales de perseguir delitos de lesa humanidad y castigarlos.
\n A pesar de algunos países que se han negado a suscribir y ratificar el tratado, éste
\n ha obtenido vigencia internacional. Vale la pena anotar que entre los países que no han ratificado
\n el Estatuto de Roma en América Latina está Chile y países centroamericanos como
\n Guatemala y Nicaragua (no han firmado ni ratificado). EEUU no firmó (y reclama sea inaplicable
\n a sus soldados operando en el mundo, para quienes reclama inmunidad a pesar de los escándalos
\n en Irak o Afganistán) y la Federación Rusa y el Japón solo han firmado. <\/p>\nImplicancias internas de la extradición de Fujimori en el Perú <\/h3>\n
Sin duda, resaltan las implicancias políticas . Por delante, la posibilidad de terminar con
\n la impunidad de crímenes cometidos desde las más altas esferas del poder, que es lo más
\n significativo, aunque todavía esta pendiente el desenlace final. <\/p>\nPero hay muchas otras consecuencias de la extradición. Quizás la principal es el cambio
\n del cuadro político, de la relación entre las fuerzas políticas, y de la relación
\n con la población. En 2006, las tres principales listas en campaña—García, Lourdes
\n Flores y Humala—llevaban fujimoristas en diversos espacios. Hoy la cabeza de Fujimori esté en
\n la picota y su rol "indispensable" en cuestión. <\/p>\nEn el corto plazo , afecta la alianza política entre el partido del presidente, el APRA,
\n y el fujimorismo—que ha constituido un factor de sustento y estabilidad del régimen de García.
\n Incide, por lo tanto en el bloque en el poder y puede obligar a algunos cambios, como los que se expresan
\n en distanciamientos relativos entre el APRA y el fujimorismo, y acercamientos entre el APRA y la facción
\n de UPP que dirige Aldo Estrada. <\/p>\nPor otro lado, es evidente que ha afectado internamente a diversas fuerzas políticas. En el
\n APRA ha reabierto el debate sobre sus alianzas, pero especialmente, ha remecido al fujimorismo. <\/p>\nPor un lado, ha desenmascarado la supuesta genialidad de Fujimori: no sólo por el desastre
\n de su decisión de ir a Chile o su estruendoso fracaso de postular al Senado japonés,
\n sino porque el argumento de que no sabia nada de lo que hacían los militares y de la corrupción
\n a su alrededor lo ponen en la disyuntiva de ser un idiota o un cómplice y socio. <\/p>\nPor otro lado, ha llevado a los fujimoristas a la agresividad y la desesperación. Estos han
\n ido desde la justificación al salvaje atentado contra el Monumento del "Ojo que Llora" en
\n homenaje a los muertos en el época de la violencia, que desembozadamente hizo Martha Chávez
\n (su ex candidata presidencial), hasta el ridículo del ex ministro y actual congresista Aguinaga
\n al exigirle al Presidente García amnistiar a Fujimori; lo que es legalmente imposible por los
\n tratados internacionales suscritos por el Perú y por la sentencia de la Corte Interamericana
\n sobre el caso Barrios Altos que dejó sin efectos jurídicos las leyes de amnistía
\n de 1995 en Perú. <\/p>\nTambién ha acentuado las pugnas internas (como la que expresa Marta Chávez al negar
\n que el liderazgo lo herede Keiko, la hija de Fujimori) y, lo más dramático para ellos,
\n es que se ha evidenciado tanto su limitada capacidad de movilización de masas, como el hecho
\n de que Fujimori no parece más el insustituible campeón del modelo neoliberal que hoy
\n encuentra otros portavoces. <\/p>\nPor supuesto, el tema ha de poner en la atención pública la forma como actúe
\n el Poder Judicial el Congreso y el Gobierno, los que estarán bajo escrutinio público.
\n Ciertamente, valdrá la pena resaltar ahora la importancia que tuvo la fiscalización desde
\n las comisiones investigadoras del Congreso anterior, así como la labor de procuradores y jueces
\n anti-corrupción que no se amilanaron a pesar de la campaña de desprestigio y descrédito
\n que se pretendió sobre esta importante labor. <\/p>\nAdicionalmente, la situación parece haber sido un punto de inflexión en la relación
\n abierta del fujimorismo con la prensa. Se han abierto ciertas inesperadas distancias con la
\n prensa más pro fujimorista, de momento, quizás provocadas por la destemplada reacción
\n de éstos, pero también porque el liderazgo del proyecto neoliberal parece haberse institucionalizado
\n en sus políticas económicas, primero con Toledo y ahora parece tener una cabeza de recambio
\n en el propio García. Así, la alianza ha tenido sus pros y contras para el Fujimorismo
\n al evidenciar que no se trata de un personaje indispensable. <\/p>\nOtro impacto de corto, pero también de mediano plazo, es el papel de las Fuerzas Armadas. Los
\n casos de La Cantuta y de Barrios Altos vuelven a poner en agenda el tema de la violación de
\n los derechos humanos por la estrategia antisubversiva aplicada en la lucha contra Sendero Luminoso
\n y el terrorismo, a la vez que sentará a algunos de sus ex Comandantes en el banquillo de los
\n acusados con Fujimori. Pero también traerá a colación que grupos paramilitares
\n como el llamado Grupo Colina—en tanto estructura operativa dentro de los aparatos militares y de inteligencia—ya
\n existían desde el primer gobierno de García. También que el espionaje telefónico
\n y la misma presencia de Montesinos en el SIN se dio con García en su primer gobierno. <\/p>\nEllo afecta también a parte del bloque de poder hoy con García: elementos militares
\n así como a políticos en la más alta gestión del gobierno y a empresarios
\n vinculados tanto a algunos hechos de corrupción y como a violaciones de derechos humanos (caso
\n de sus consejeros empresariales como Julio Favre). Finalmente, la situación reaviva procesos
\n judiciales y acusaciones que tienen pendiente tanto García como Giampietri (como la Matanza
\n de los Penales, Accomarca, Cayara y otros), actualizando aspectos importantes de su primera gestión
\n de gobierno. Estos asuntos pueden remover el bloque en el poder y han de implicar un juego de presiones
\n en el proceso judicial y en la forma como la prensa maneje el proceso. <\/p>\nHay implicancias de más largo alcance. El desarrollo del proceso a Fujimori ha de afectar
\n la credibilidad de la ciudadanía en el sistema político y jurídico imperantes,
\n que se encuentran notoriamente desgastados. Captará atención y estarán sujetos
\n al escrutinio público. Pero, sobre todo, abrirá una nueva oportunidad para que los peruanos
\n relean y comprendan la verdadera historia de los 90 y la imposición del modelo autoritario neoliberal,
\n desnacionalizador y mutilador de los derechos sociales y económicos de las mayorías empobrecidas
\n y manipuladas con un clientelismo descarado. <\/p>\nEl juicio a Fujimori puede evidenciar ante la opinión pública las relaciones que diversos
\n personajes del mundo empresarial, de los medios de comunicación de masas, de la tecnocracia
\n y del campo militar mantuvieron con su gestión, y las responsabilidades que asumieron a cambio
\n de los beneficios que obtuvieron. No olvidemos que Fujimori parece haber recuperado, de manos de Huamán
\n Azcurra su jefe de interceptación telefónica, varios videos y cintas; y que Montesinos
\n tiene otras tantas. Si bien para algunos no cabe ampararse en la "colaboración eficaz",
\n si podrían ampararse en la "confesión sincera" y sus—más limitados—beneficios. <\/p>\nEl juicio está abriendo un reacomodo de fuerzas políticas y planteando nuevos retos,
\n tanto al fujimorismo, como al aprismo y también a aquellos sectores enfrentados a la política
\n neoliberal que Fujimori impuso al país. Constituye un cambio en el escenario político
\n que ha de abrir las puertas a redefiniciones y a nuevos posicionamientos de las fuerzas políticas
\n del país. <\/p>\nPerspectivas del Proceso <\/h3>\n
El Tribunal que ha de asumir la primera fase del caso, está dirigido por el Dr. San Martín,
\n de reconocida trayectoria, pero estará sujeto a múltiples presiones. Sin duda, el problema
\n da en la composición del tribunal que verá a la apelación, en el que podrían
\n entrar vocales como Robinson González o Villa Stein, de reconocida vinculación con el
\n fujimorismo, así como otros articulados a la derecha o al APRA. Los fiscales nombrados no han
\n sido cuestionado por las organizaciones derechos humanos. En lo que refiere a los Procuradores del
\n Estado, no habrá participación de la procuraduría—en los casos de derechos humanos—pues,
\n por omisión, la segunda sala penal de la Suprema de Chile no incorporó el delito de desaparición
\n forzada. <\/p>\nEl Poder Judicial Peruano tiene fuerte presencia política conservadora y es visto como un poder
\n muy corrupto y sujeto a influencias políticas y económicas. De cerca de 1,750 procesados
\n son pocos los condenados y presos, y son condenas con guantes de seda en muchos casos. <\/p>\nPor ello no hay que permitir que el optimismo apague la vigilancia, ni actuar con excesiva confianza.
\n Hay que estar vigilantes. <\/p>\nOtro tema que no debe dejarse de lado es la posibilidad de que Fujimori enfrente otras acusaciones,
\n aparte de las que refieren a los siete casos presentados. Y es que tiene pendiente una posible ampliación
\n de acusación a presentar ante Chile—ya aprobada por el Consejo de Ministros—que es la demanda
\n de extradición por la matanza de Lurigancho, lugar en donde se eliminó—desarmados y sin
\n alzamiento alguno—a diversos dirigentes y elementos acusados de ser Senderistas. Y está en camino,
\n ante instancias internacionales, el caso de la ejecución de los miembros del Movimiento Revolucionario
\n Tupamaru que sobrevivieron o se rindieron luego de una operación de rescate en la casa del embajador
\n japonés en 1997. Finalmente, no se puede olvidar que los casos de derechos humanos no prescriben
\n y que Fujimori podría ser acusado por cualquiera de los muchos casos pendientes no vistos en
\n Chile, al terminar su proceso o su condena. <\/p>\n¿El ocaso de la dictadura y una relectura de la historia? <\/h3>\n
Mientras algunos quieren seguir con el cuento del enorme apoyo a Fujimori, en la opinión pública,
\n más del 72% ha hecho expreso su acuerdo con la extradición de Fujimori, en las encuestas.
\n Un 24% se mostró en desacuerdo, en parte porque podría desestabilizar la situación.
\n Y cerca a un tercio, una parte lo ellos incrédulos de que sea posible hacer justicia, señaló que
\n Fujimori todavía podría tener futuro político. <\/p>\nLo que la absoluta mayoría de la población no acepta son los ridículos argumentos
\n que levanta el fujimorismo: la ignorancia de Fujimori sobre lo que hacía Montesinos, el grupo
\n Colina y la extendida corrupción en el Estado; y el argumento de que Fujimori sería un
\n perseguido político. Los fallos de la CIDH y de la Corte Suprema de Chile, en relación
\n a la extradición, le quitan terreno a esos argumentos, y sobre todo llevan a una relectura de
\n la historia vivida y de la evidencia ante nuestros ojos. <\/p>\nLas circunstancias actuales dan pie a un debate no sólo jurídico sino también
\n político sobre el fujimorismo y su herencia para el Perú, sobre el paradigma o modelo
\n que impuso—y sigue vigente—y la necesidad de cambiarlo para responder al anhelo de un país justo,
\n soberano, desarrollado, con oportunidades para todos y sin los viejos privilegios que concentran los
\n grupos de poder económico y sus agentes políticos. <\/p>\nEl gobierno cuidará mantener un perfil bajo frente al juicio y evitar hacer evidente compromisos
\n que impliquen un alto costo político. Mucho dependerá de la forma como se enfoquen los
\n procesos, de los sectores que aparezcan involucrados, de la reacción que tenga Fujimori, de
\n las contradicciones que se abran entre la Trinidad que gobernó (Fujimori, Montesinos y Hermoza),
\n etc. <\/p>\nY claro, de la forma como reaccione el movimiento social y cómo logre atar la solución
\n a sus demandas al cambio del modelo económico y político que Fujimori entronizó en
\n el país. Está abierto pues un terreno de oportunidades. De la forma como las distintas
\n fuerzas sociales y políticas encaren el proceso, se abrirán distintos desenlaces. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte Suprema de Chile dispuso, el pasado mes de septiembre, declarar fundada la demanda del Estado peruano para que Alberto Fujimori sea extraditado al Perú a efectos de ser procesado por graves acusaciones de corrupción, abuso de poder y delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos. El proceso representa un golpe contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":71,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/71"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=860"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}