Como otras madres, Patricia Cervantes ha oído la cantaleta de promesas del coro de presidentes, gobernadores y autoridades judiciales. Sus palabras tranquilizadoras aseguran que pondrán fin a la impunidad y harán justicia a las hijas asesinadas. <\/p>\n
Cervantes, cuya hija de 19 años y de nombre Neyra fue violada, torturada y asesinada el año pasado en la Ciudad de Chihuahua, ha visto a las autoridades profanar el caso de su familiar al extremo de que alguien puso un cráneo de hombre sobre el esqueleto de Neyra para que pareciera que se había recuperado un cuerpo entero. Ella ha visto horrorizada cómo oficiales de la policía estatal de Chihuahua arrestaban a David Meza, su sobrino, y entonces —según el testimonio del joven— lo torturaban para que admitiera falsamente haber matado a Neyra. En Ciudad Juárez, ante la prensa, Cervantes dio un sencillo mensaje: quiere que los verdaderos asesinos de su hija sean aprehendidos. “No queremos ya palabras, queremos hechos.” <\/p>\n
Poco ha cambiado en los casos de Neyra Cervantes y de las más de 400 mujeres y niñas que han sido asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua desde 1993, de acuerdo con Amnistía Internacional y con la prensa. Docenas siguen desaparecidas. Se cree que alrededor de un centenera de las víctimas han sido muertas por asesinos violadores seriales. Aún así, la policía no ha arrestado a ningún sospechoso creíble de los asesinatos seriales, al tiempo que chivos expiatorios como Meza siguen encerrados en la cárcel y nuevos asesinatos manchan el de por sí sangriento paisaje. <\/p>\n
El nuevo gobernador de Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza, llegó al palacio de gobierno el 3 de octubre y fue inmediatamente confrontado con el tema de los feminicidios como la principal prioridad. Nombró a una mujer, Patricia González, nueva procuradora general del estado; se reunió con familiares de las víctimas; reorganizó al personal de procuración de justicia y de servicio a las mujeres; cambió el nombre de la Policía Judicial Estatal del Estado, vinculada al crimen organizado, y declaró que “debemos bajar la impunidad y sanear los cuerpos de seguridad.” <\/p>\n
Pero las cosas no han comenzado bien para el nuevo gobernador. Horas después del comienzo de su mandato, el cuerpo de una mujer fue descubierto en la ciudad de Chihuahua. En las semanas siguientes, cinco mujeres y niñas más fueron asesinadas en esa ciudad y en Juárez. Algunos de los últimos asesinatos siguen un patrón anterior, cuando los cambios en el gobierno o los eventos públicos relacionados con los derechos de las mujeres han ido acompañados por el descubrimiento de nuevos cuerpos. Como si se estuviera dando un mensaje macabro. <\/p>\n
Una víctima recuperada el 25 de noviembre, Día para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres, fue identificada tentativamente como Martha Cecilia Vargas, una madre de dos niños que desapareció en agosto después de dejar su casa para buscar trabajo en la industria maquiladora. Si la identificación de la víctima se confirma, el asesinato de Vargas sería el más reciente ejemplo de cómo las autoridades han rebajado el verdadero número de mujeres desaparecidas o asesinadas en la frontera. El nombre de la joven madre no estaba en la lista oficial de 35 mujeres desaparecidas emitida por funcionarios federales y estatales a principios de noviembre. <\/p>\n
Sin justicia a la vista, Patricia Cervantes y otros familiares de víctimas se embarcaron en una mega gira por 54 ciudades de Estados Unidos y Canadá en octubre. Con el nombre de Caravana Internacional por la Justicia en Ciudad Juárez y Chihuahua y coorganizada por la Red de Solidaridad con México y varias organizaciones locales, miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, y de Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua, hablaron ante miles de personas, desde estudiantes de preparatoria hasta adultos mayores, y aparecieron en noticieros locales. Testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, y se reunieron con miembros del Congreso estadounidense. <\/p>\n
En Las Vegas, Nuevo México, el alcalde proclamó un día de solidaridad y se abrió un nuevo espacio cuando el concejo de la ciudad de Nueva York aprobó una resolución promoviendo la retirada de las inversiones de sus compañías en plantas maquiladoras de Juárez si no empiezan a proteger a sus trabajadores. Para participantes en la Caravana como Marilú García, cuya hija de 17 años Lilia Alejandra fue violada y asesinada en Juárez en 2001, la gira fue agridulce. “ Me hubiera gustado que fuera una caravana, no sé, por algún motivo de alegría. Es una vergüenza que las familiares tengan que unirse a una caravana así, que tengan que ir a pedir justicia a otros países porque en su propio país no se les da justicia.” E l 31 de octubre, cuando las viajeras madres volvieron a casa, oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) les quitaron sus fotos contra su voluntad y algunos activistas reportaron que la policía de Ciudad Juárez los había seguido en los días siguientes. <\/p>\n
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De por sí un escándalo internacional, los casos sin resolver de las jóvenes en Chihuahua no sólo ponen en cuestión el récord de la administración Fox en materia de Derechos Humanos, sino que, además, amenazan la gobernabilidad del país. En Juárez, “hay un colapso del Estado de derecho,” afirma de plano la diputada federal por el PRD Marcela Lagarde, presidenta de la comisión de la Cámara de Diputados mexicana para los feminicidios. <\/p>\n
Hartos de la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para resolver los asesinatos, varios activistas presionaron al presidente Fox el año pasado para que el gobierno federal asumiera un mayor papel. Fox nombró a la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Jalisco, Guadalupe Morfín, nueva Comisionada para la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. El Presidente nombró entonces a María López Urbina fiscal federal especial. Se esperaba ampliamente que López Urbina lanzara inmediatamente una investigación criminal en busca de los asesinos. <\/p>\n
Un año después, sin embargo, el récord federal comienza a parecerse al estatal. Aunque la oficina de López Urbina localizó vivas a algunas de las mujeres desaparecidas, no ha detenido a ningún sospechoso por los asesinatos seriales o asignado muchos de los nuevos casos a investigadores federales. Repasando los viejos archivos estatales, la fiscal especial acusó a 129 funcionarios de la PGJE por negligencia y posible abandono de labores. López Urbina entregó entonces sus nombres a la PGJE —la misma agencia cuyo personal fue acusado de cometer las violaciones en primer lugar— para que se siguiera acción legal. <\/p>\n
La nueva administración de la PGJE ha cesado a unos veinte de sus oficiales, pero muchos han evitado los tribunales a través de maniobras legales. Es de resaltar que López Urbina no mencionó a dos anteriores gobernadores de Chihuahua, Francisco Barrio, del Partido Acción Nacional (PAN) y Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), o a ninguno de los numerosos procuradores generales estatales o del municipio de Juárez como sospechosos de tener alguna responsabilidad en las fracasadas investigaciones. Todos los individuos identificados por López Urbina fueron funcionarios de niveles medio o bajo, y una docena de ellos han denunciado a la fiscal especial por difamación. <\/p>\n
La ex fiscal especial para los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Zulema Bolívar, uno de los funcionarios identificados por López Urbina por supuesta negligencia, y actual asistente del director del penal de Juárez, hizo un escándalo por su parte en noviembre, cuando declaró que sus superiores anteriores, el ex procurador general estatal Arturo González y el ex procurador de Ciudad Juárez José Manuel Ortega la habían retirado de un caso notorio en 2001, en el que ocho mujeres fueron encontradas asesinadas en la mitad de Juárez. Dos choferes de camión, inculpados por la PGJE en esos crímenes, son creídos inocentes por muchos. Mientras las declaraciones de Bolívar implicarían que sus supervisores pueden ser responsables de algo más que negligencia, ninguno de sus nombres fue mencionado por López Urbina en sus recientes reportes. Al ser interrogada por la prensa local sobre si las declaraciones de Bolívar serían investigadas, la Procuradora General de Justicia del estado, Patricia González, dijo que impedimentos legales no se lo permitían. Entre tanto, Ortega sigue siendo director legal de la PGJE. <\/p>\n