{"id":9458,"date":"2013-05-02T12:12:59","date_gmt":"2013-05-02T17:12:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cipamericas.org\/?p=9458"},"modified":"2013-05-02T12:12:59","modified_gmt":"2013-05-02T17:12:59","slug":"la-paz-se-construye-sobre-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.americas.org\/es\/la-paz-se-construye-sobre-la-justicia\/","title":{"rendered":"La paz se construye sobre la justicia"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El 26 de abril de 2013 se cumpli\u00f3 el 15\u00ba <\/strong>aniversario del asesinato de Monse\u00f1or Juan Gerardi, quien dirigi\u00f3 uno de los informes de la verdad sobre el conflicto armado en Guatemala. Fue tambi\u00e9n un 26 de abril, de 1991, cuando se suscribi\u00f3 el acuerdo que marc\u00f3 el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), proceso que culmin\u00f3 el 29 de diciembre de 1996.<\/p>\n

Es muy significativo que estos dos aniversarios coincidan con el hist\u00f3rico juicio que se desarrolla en los tribunales de justicia de Guatemala contra los generales Efra\u00edn R\u00edos Montt y Mauricio Rodr\u00edguez, acusados de haber cometido genocidio contra el pueblo ixil durante el conflicto armado, en el per\u00edodo en que R\u00edos Montt ocupaba el cargo de Jefe de Estado de facto<\/em>.<\/p>\n

Este juicio ha desatado el mayor debate p\u00fablico en Guatemala durante los \u00faltimos tiempos. En el marco de ese debate, un grupo de personas que ha ocupado altos cargos en el gobierno, algunos de los cuales fueron signatarios de los acuerdos de paz, se pronunci\u00f3 se\u00f1alando que el juicio por genocidio constituye una traici\u00f3n a la paz.<\/p>\n

En primer lugar, es necesario recordar que en los Acuerdos de Paz quedaron claramente reconocidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. El Estado de Guatemala asumi\u00f3 compromisos espec\u00edficos para garantizar el ejercicio de estos derechos.<\/p>\n

Resultado relevante de los Acuerdos fue la Comisi\u00f3n de Esclarecimiento Hist\u00f3rico (CEH), a la cual le fue asignada la misi\u00f3n de aclarar, en detalle y con toda objetividad, las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el conflicto armado, con el fin de hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad hist\u00f3rica, evitar que tales hechos se repitieran, as\u00ed como contribuir a la conciliaci\u00f3n y la democratizaci\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n

En el informe Guatemala: Memoria del Silencio,<\/em> la CEH resalt\u00f3 que agentes del Estado, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los a\u00f1os 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya, incluyendo la regi\u00f3n ixil. La CEH document\u00f3 c\u00f3mo la violencia sexual contra mujeres mayas fue un elemento constitutivo del genocidio, ya que fue utilizada con el objetivo de exterminar a las mujeres, por ser ellas las responsables de la reproducci\u00f3n f\u00edsica y cultural del colectivo que hab\u00eda sido catalogado como enemigo del Estado.<\/p>\n

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad, en los Acuerdos se incorporaron compromisos dirigidos a la creaci\u00f3n o reforma de leyes, la construcci\u00f3n de instituciones y la reforma del sistema de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n

Con relaci\u00f3n al conflicto armado, en los Acuerdos de Paz se proh\u00edbe la extinci\u00f3n de responsabilidad penal o amnist\u00eda por los delitos que son imprescriptibles de acuerdo con el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Al mismo tiempo, se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de responsabilidad penal por delitos pol\u00edticos y delitos comunes conexos cometidos durante ese per\u00edodo.<\/p>\n

En la Ley de Reconciliaci\u00f3n Nacional se estableci\u00f3 que la extinci\u00f3n de la responsabilidad penal \u201cno ser\u00e1 aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparici\u00f3n forzada, as\u00ed como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinci\u00f3n de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala\u201d[1]<\/a>. Por todo ello, no pueden ser amnistiados los dos generales enjuiciados por genocidio.<\/p>\n

En los Acuerdos de Paz el Gobierno se comprometi\u00f3 a respetar la autonom\u00eda y la libertad de acci\u00f3n del Organismo Judicial y el Ministerio P\u00fablico. En cumplimiento de este compromiso, el Presidente de la Rep\u00fablica y todos los integrantes del Ejecutivo est\u00e1n obligados a abstenerse de emitir opini\u00f3n o influir de cualquier manera en el actual juicio por genocidio.<\/p>\n

El pueblo ixil tiene derecho a un juicio imparcial y con igualdad ante la ley. Merecen reconocimiento las mujeres y hombres que tuvieron el valor de testificar en las audiencias p\u00fablicas y exigir su derecho esencial a la justicia. Ellos relataron cr\u00edmenes atroces, que impactaron profundamente en la conciencia de amplios sectores de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional.<\/p>\n

Las j\u00f3venes generaciones tienen derecho al conocimiento de la verdad hist\u00f3rica. Este juicio ha significado la oportunidad para que esa verdad se conozca, proceso que hab\u00eda quedado truncado en gran medida despu\u00e9s del asesinato de Monse\u00f1or Juan Gerardi, perpetrado dos d\u00edas despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n del informe Guatemala nunca m\u00e1s<\/em>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n merecen reconocimiento fiscales, juezas y jueces que en el juicio por genocidio han demostrado su compromiso con la justicia, su voluntad de poner fin a la impunidad, en medio de un sistema de justicia que abrumadoramente contin\u00faa bajo el control de los grupos dominantes en lo econ\u00f3mico, pol\u00edtico y militar. Esto \u00faltimo se evidencia en el conjunto de maniobras legales dirigidas a abortar este proceso judicial.<\/p>\n

No est\u00e1n traicionando la paz las organizaciones de v\u00edctimas y querellantes, as\u00ed como tampoco las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos ind\u00edgenas, los ciudadanos y ciudadanas que han acompa\u00f1ado el juicio por genocidio. Lo que est\u00e1n haciendo es ejercer su leg\u00edtimo derecho a exigir justicia. Con ello est\u00e1n contribuyendo a que se cumpla con el esp\u00edritu y la letra de los Acuerdos de Paz, para que \u00e9stos dejen de ser letra muerta y se conviertan en herramientas para la construcci\u00f3n de la democracia, el Estado pluricultural y multi\u00e9tnico, la justicia social. Se trata de la paz construida sobre la base de la justicia.<\/p>\n

Nota de la autora: una primera versi\u00f3n de este art\u00edculo fue publicada en: http:\/\/www.albedrio.org\/htm\/articulos\/l\/lmg-002.html<\/a><\/p>\n


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[1]<\/a> Art\u00edculo 8, Ley de Reconciliaci\u00f3n Nacional.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El 26 de abril de 2013 se cumpli\u00f3 el 15\u00ba aniversario del asesinato de Monse\u00f1or Juan Gerardi, quien dirigi\u00f3 uno de los informes de la verdad sobre el conflicto armado en Guatemala. Fue tambi\u00e9n un 26 de abril, de 1991, cuando se suscribi\u00f3 el acuerdo que marc\u00f3 el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), proceso que culmin\u00f3 el 29 de diciembre de 1996. Es muy significativo que estos dos aniversarios coincidan con el hist\u00f3rico juicio que se desarrolla en los tribunales de justicia de Guatemala contra los generales Efra\u00edn R\u00edos Montt y Mauricio Rodr\u00edguez, acusados de haber cometido genocidio contra el pueblo ixil durante el conflicto armado, en el per\u00edodo en que R\u00edos Montt ocupaba el cargo de Jefe de Estado de facto.<\/p>\n","protected":false},"author":308,"featured_media":9460,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4884,4916,4912],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-9458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-democracia","category-derechos-humanos","category-movimientos-sociales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/308"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9458"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9458\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9458"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.americas.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=9458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}