Obsecuencia y crueldad: el Escudo de las Américas frente al embargo a Cuba

El mundo en foco | Columna de análisis

Sepultada bajo el aluvión de noticias sobre el rotundo triunfo de Lula y la fuga de Flávio Bolsonaro a Florida, las elecciones en Israel y las expectativas que generan las elecciones legislativas de medio término el próximo martes en Estados Unidos, ha pasado desapercibido el lamentable y vergonzoso giro del voto de los países latinoamericanos miembros del Escudo de las Américas, con excepción de Panamá, sobre la Resolución en las Naciones Unidas que exige poner fin al embargo económico a Cuba. Desde 1992, esta Resolución, que se somete a votación anualmente, había sido respaldada por América Latina y el Caribe como bloque.

El miércoles la Resolución recibió el apoyo de 130 países que votaron a favor, frente a los 187 que la respaldaban dos años atrás. Hasta entonces, solamente Estados Unidos e Israel votaban en contra. En 2024 la canciller argentina, Diana Mondino, fue despedida de forma intempestiva por Javier Milei debido a que siguió la línea histórica de la Cancillería y votó a favor de levantar las sanciones a Cuba, uniendo su voto al de otros 186 países.

La significativa caída de la región en el respaldo a Cuba es el resultado del éxito de una estrategia de coerción diplomática ejecutada por la Casa Blanca. La Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Trinidad y Tobago votaron en contra, mientras que Chile, Perú, Honduras, República Dominicana, Haití, Jamaica y Guyana se abstuvieron. Al ser tan dóciles y complacientes con el gobierno estadounidense optan por darle la espalda a un pueblo que sufre la carencia extrema de medicamentos, electricidad y agua potable a causa del bloqueo impuesto por Estados Unidos. A cambio de su voto, Donald Trump les ofrece promesas vanas de un amor que se escaparán en el viento.

“Los gobiernos de los países miembros del Escudo de las Américas aceptaron con docilidad cambiar el sentido de su voto en la Asamblea General de la ONU a cambio de nada. Están y continuarán absorbiendo el daño económico interno provocado por los aranceles estadounidenses, violatorios de los tratados internacionales que suscribieron, y han avalado con su voto la asfixia económica de la población civil de Cuba.”

Humillación

La gran paradoja de esta claudicación es que los mismos gobiernos que se alinearon el miércoles con los intereses estadounidenses en la Asamblea General de las Naciones Unidas–al votar en contra o abstenerse con respecto a la Resolución contra el embargo económico de Cuba–, sufren actualmente el castigo comercial unilateral de Estados Unidos al haber violado los Tratados de Libre Comercio (TLC) que mantiene con la mayoría de esos Estados. Se trata de países que tuvieron largos procesos de negociación y terminaron cediendo en aspectos relativos a la propiedad intelectual, compras gubernamentales, en el sector servicios y otros ámbitos no comerciales, a cambio de tener el ingreso libre de sus productos de exportación al mercado estadounidense, lo que se plasmó en un tratado internacional que Estados Unidos ha violado.

Lejos de ser una amenaza futura, el garrote económico (o sea los aranceles establecidos por Estados Unidos) ya se ha ejecutado y afecta las balanzas comerciales de países que, de por sí, ya mantenían saldos deficitarios con la potencia del norte. Quizás el sometimiento de estos países se realizó con la vana ilusión de que inclinaría a Washington a revisar los aranceles que ya están destruyendo el empleo en diversos sectores de los países que tienen TLC con Estados Unidos. Así, los gobiernos de los Estados miembros del Escudo de las Américas prefirieron convalidar el sufrimiento de la población civil en Cuba antes que incomodar al ejecutor de su propia crisis comercial, evidenciando un pragmatismo asimétrico donde la soberanía nacional se empeña a cambio de migajas de atención política en Washington.

El caso del Perú es emblemático en esta dinámica de sumisión. Sometido al arancel punitivo del 12,5% impuesto por la Casa Blanca, el aparato agroexportador peruano ha visto seriamente golpeados sus rubros más sensibles y competitivos, como los arándanos, las uvas frescas y los textiles de algodón. Pese a que estas medidas violan abiertamente el acuerdo comercial bilateral y asestan un golpe multimillonario a la producción nacional, la cancillería peruana optó por abstenerse en la votación en la ONU. Colombia transitó una senda idéntica de humillación. Afectada igualmente por el recargo arancelario del 12,5% que estrangula sus exportaciones agrícolas y manufactureras hacia el mercado estadounidense, la delegación colombiana dio un giro de 180 grados en su tradición diplomática para votar abiertamente en contra de la resolución. La Argentina, a la que se le impuso un arancel del 10% en lugar del 12,5 aplicado a sus vecinos, sintió y divulgó que estaba recibiendo un “trato preferencial”, a pesar de que su industria pesada estaba golpeada por aranceles del 50% al acero y aluminio básico, que entraron en vigor originalmente en junio de 2025 y se consolidaron de manera definitiva en abril de este año. Este arancel, aplicado por Estados Unidos por razones de seguirdad nacional afecta especialmente a grandes firmas metalúrgicas como Aluar, Acindar y las empresas del Grupo Techint.

El voto en la ONU desnudó a una región de gobiernos obsecuentes que se pusieron al lado del país que viola sus tratados comerciales y optaron por legitimar un bloqueo que causa sufrimiento y muerte a la población civil. La fuga a Miami de Flávio Bolsonaro –organizada por Donald Trump con el apoyo de los gobiernos de la Argentina y de Ecuador, para evitar ser investigado por la justicia de su país– no le dio tiempo al presidente estadounidense de jactarse de su talento y presentar la votación como un creciente respaldo a su política exterior enmarcada en el Escudo de las Américas. 

Un escudo destructor

Las cancillerías latinoamericanas rompieron su posición tradicional en señal de obsecuencia al gobierno de Trump y votaron en contra de la Resolución, o se abstuvieron, en un contexto en el que el gobierno estadounidense impulsa medidas draconianas destinadas a asfixiar la supervivencia de la población cubana. Al endurecer las sanciones energéticas y mantener a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT), Washington ha logrado paralizar el suministro eléctrico y bloquear los canales de exención humanitaria, castigando de forma colectiva a la población civil con el objetivo de presionar un cambio político. Permanecer en esta lista bloquea el acceso de Cuba a transacciones bancarias globales, créditos internacionales y proveedores de combustible.

En su informe de febrero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado expresó una profunda alarma por la crisis socioeconómica de la isla al señalar que los sistemas de salud, alimentación y distribución de agua en Cuba dependen críticamente de los combustibles fósiles importados. La escasez extrema de combustible (derivada del recrudecimiento del bloqueo) ha puesto en riesgo los servicios esenciales a nivel nacional, afectando salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos, y paralizando los sistemas de bombeo que dejan a más de 2,7 millones de personas sin agua corriente.

En febrero de este año un panel de expertos independientes de las Naciones Unidas condenó formalmente, en un comunicado, la Orden Ejecutiva firmada por la administración estadounidense el 29 de enero de 2026. En dicha orden ejecutiva Trump impuso aranceles a los bienes y servicios procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, argumentando que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Los expertos de la ONU catalogaron esta medida como una “forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales” y una flagrante violación al derecho internacional, cuyo objetivo real es ejercer un bloqueo energético total.

El informe económico de la CEPAL correspondiente a 2026 sitúa a Cuba como la economía con el peor desempeño de toda América Latina y el Caribe, proyectando una contracción del 10,3% de su PIB. El organismo atribuye esta debacle a una combinación de factores correlacionados:

• La interrupción abrupta del suministro externo de petróleo;
• Los apagones masivos y prolongados (que paralizan industrias clave como la minería o la producción local); y
• El desplome del turismo y la consecuente falta de divisas para importar insumos.

La fragilidad del vasallaje

Al refugiarse en la Florida mientras emite comunicados desconociendo el resultado electoral y autonombrándose “líder moral de la oposición”, Flávio Bolsonaro no dio lugar al impacto publicitario que Trump buscaba capitalizar con la votación sobre Cuba. En lugar de exhibir un Escudo de las Américas fuerte, unificado y alineado con los intereses estadounidenses, la opinión pública internacional solo pudo apreciar cómo Washington utiliza su andamiaje institucional para encubrir y blindar a prófugos de la justicia o a quienes se niegan a ser investigados por ella.

Los gobiernos de los países miembros del Escudo de las Américas aceptaron con docilidad cambiar el sentido de su voto en la Asamblea General de la ONU a cambio de nada. Están y continuarán absorbiendo el daño económico interno provocado por los aranceles estadounidenses, violatorios de los tratados internacionales que suscribieron, y han avalado con su voto la asfixia económica de la población civil de Cuba.

El próximo martes, el dictamen de las urnas estadounidenses de las elecciones legislativas de medio término acabará por sepultar la pretensión de Trump de proyectar una política exterior común del Escudo de las Américas frente a Cuba. Esta alianza militar opera en la práctica como un mecanismo de subordinación total. Ninguno de sus firmantes tuvo la autonomía o el margen político para apoyar la Resolución, lo que pone en evidencia que pertenecer al “paraguas de seguridad” de Trump exige, como primer requisito, abandonar la soberanía diplomática.

La pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, y muy probablemente también en el Senado, como lo señalan las últimas encuestas, tendrán como testigos presenciales a los hermanos Bolsonaro: al ex diputado Eduardo, condenado en junio a cuatro años y dos meses de prisión por presionar y promover presencialmente ante el gobierno de Estados Unidos la imposición de sanciones contra las instituciones brasileñas, los magistrados de la Corte Suprema y al Procurador General de la República que investigaban a su padre, así como de aranceles a las exportaciones brasileñas. Asimismo, tendrán a Flávio, el derrotado candidato presidencial, investigado por el Supremo Tribunal Federal de su país por corrupción y lavado de dinero. Al ser todavía senador, la inmunidad parlamentaria en Brasil lo protege contra la prisión, pero no impide que sea investigado penalmente por el Supremo Tribunal Federal (STF) y que este pueda bloquear sus activos financieros, prohibirle la salida del territorio nacional y retener sus pasaportes.

Cabe señalar que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y por liderar una organización criminal armada creada con el único fin de perpetuarse ilegalmente en el poder. Sus dos hijos verán, en primera fila, la derrota de Trump. Mientras tanto, el pueblo cubano seguirá sufriendo la asfixia de las sanciones y pagando el precio de una diplomacia cruel que la historia se encargará de juzgar.