La alfombra a cuadros verde y ocre del Valle del Yaqui oculta con su belleza la tragedia del noroeste de México, devastada por el uso intensivo de agrotóxicos que ha contaminado agua, suelos y aire, y ha afectado mortalmente la salud de las personas.
En una entrevista hecha el 9 de septiembre con la agencia española de noticias EFE, el “zar antidrogas” Gil Kerlikowske dijo: “La aplicación de la ley y la vigilancia policial necesita realizarse con la policía, no con los militares.” En esto, tiene razón.
Mientras el derecho a la alimentación es reconocido con rango constitucional, las condiciones de pobreza, hambre y marginación en el país se han exacerbado al grado de que para poner en práctica este derecho se requerirá transformar radicalmente el modelo económico.
Activistas mexicanos por los derechos humanos han emitido una solicitud de emergencia para aplicar estándares humanitarios internacionales en la provisión de auxilio a más de 150 refugiados -incluidos al menos 77 niños- que ha acampado en las montañas del sur de México por más de un mes. “No se puede negar que México está atravesando una situación de violencia en la cual los grupos armados de civiles (crimen organizado) siembran terror y muerte, provocando la huída de familias enteras para no ser asesinadas”, manifiesta una declaración de tres grupos de derechos humanos.
El discurso del Presidente Obama en El Paso el 10 de mayo logró reinstalar el tema de migración en la agenda nacional. Aunque el intento de Obama de cambiar el terreno del debate migratorio logró mover la discusión hacia la economía, el presidente omitió cualquier explicación estructural de los factores que expulsan a las personas migrantes en un mundo globalizado. ¿Cuales son las condiciones que empujan a miles de personas al año a arriesgar la vida en el viaje hacia el norte “para sostener a sus familias”?
Aunque el intento de Obama de cambiar el terreno del debate migratorio logró mover la discusión hacia la economía, el presidente omitió cualquier explicación estructural de los factores que expulsan a las personas migrantes en un mundo globalizado. ¿Cuales son las condiciones que empujan a miles de personas al año a arriesgar la vida en el viaje hacia el norte “para sostener a sus familias”? ¿Qué responsabilidad tienen las actuales políticas de desarrollo?
En esta entrevista exclusiva Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, habla con poeta y activista Javier Sicilia sobre el rol de los Estados Unidos en la guerra contra la droga en México y la potencial de la protesta ciudadana para acabar con ella.
Entrevista con jovenes chihuahuenses sobre la guerra contra la droga y como ha afectado a su comunidad.
La noticia de la muerte del obispo Samuel Ruiz se esparció rápidamente la mañana de ayer. Tenía 86 años de edad y casi 51 años de haber sido ordenado como obispo de la Diócesis de San Cristóbal. A eso de las 2:30 de la tarde la iglesia en la Ciudad de México se encontraba repleta de un grupo inusual de líderes religiosos, activistas por la paz y personajes que han marcado la política mexicana a través de los años. Todos recordaron su trabajo al lado de Tatik (“padre” en tzeltal) con una mezcla agridulce de nostalgia y gratitud.
La columna humana empieza a moverse por la Avenida Insurgentes en el sur de la capital. No es la marcha más grande ni la más pequeña que ha visto esta ciudad, que se moviliza y se desmoviliza constantemente como forma de vida. Pero tiene algo distintivo. Son varios miles de jóvenes, exigiendo fin a la violencia que se ha vuelto el contexto social en el cual tienen que desenvolverse.
El 6 de febrero, la periodista Carmen Aristegui fue despedida abruptamente de su trabajo como conductora del noticiero matutino de MVS noticias. La empresa la acusó de “trasgredir el código de ética de la empresa” dos días después de que ella dio a conocer un reportaje sobre una protesta de diputados de la oposición que hacía referencia al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Ella sugirió la necesidad de contar con una respuesta formal del gobierno. En sudeclaración oficial, Aristegui se negó a ofrecer disculpas y denunció presión indebida desde la presidencia “incompatible con un régimen democrático y un estado de derecho.” El incidente ha suscitado un gran debate nacional sobre la libertad de expresión y la injerencia política. Ed.
