Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
Las cumbres de mandatarios de América del Norte suelen ser una extraña mezcla de protocolos, propósitos y protestas. La X Cumbre en la Ciudad de México no fue la excepción. Más que una reunión trilateral, fue un conjunto de reuniones bilaterales en que la atención se enfocó, por razones obvias para México, en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden. Mientras los medios clavaban la mirada en los paseos por el Palacio Nacional, las fotos oficiales y los elogios a la cordialidad, la pregunta que debía guiar el análisis era: ¿qué tipo de relación con Estados Unidos necesita México? Solo a partir de esa cuestión podemos evaluar los resultados del encuentro.
La militarización, ahora institucionalizada en la Constitución y en la práctica, extendida para los próximos seis años y muy posiblemente para siempre, no es solo la más reciente manzana de la discordia entre los partidos políticos. Es un tema que tiene profundas implicaciones para la sociedad mexicana, la democracia, la seguridad, la igualdad de género y los derechos humanos. Tiene que analizarse en el marco de estas consideraciones, más allá de los falsas e hipócritas posicionamientos de los partidos políticos.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
Grupos de inmigrantes, estudiantes, religiosos, líderes comunitarios y personas afectadas por la desigualdad económica del país, se reunieron frente al Capitolio para llamar a las acciones para la defensa de los derechos humanos.
Ningún país se identifica con el rifle como Estados Unidos. Basta un somero recorrido por la historia contada por ellos mismos, tantas veces reflejada por Hollywood:
La noticia de que el gobierno de México cerró operaciones del equipo élite de la DEA en el país – la Unidad de Investigaciones Especiales—provocó una avalancha de notas en la prensa, la mayor parte en defensa de la DEA con tal de criticar al presidente. Casi ninguna habló de los nefastos antecedentes de la Unidad, ni mucho menos de la perversa historia y actuación que ha tenido la DEA en nuestro país –y en América Latina– en su afán de exportar la guerra contra las drogas como un instrumento de control social y hegemonía.
Por todos los rumbos de México los proyectos extractivistas de las empresas mineras, turísticas, forestales y extractoras del subsuelo invaden territorios comunales y ejidos. Por todo México las y los defensores de esos territorios son asesinados, desaparecidos, denunciados, criminalizados. Pero su resistencia nunca es doblada.
La Primera Brigada Internacional de Búsqueda se llevó a cabo del 16 de febrero al 4 de marzo del 2022en la frontera noroeste de México. Surgió como un esfuerzo colectivo de familiares de México, Perú, Colombia, El Salvador y Honduras para buscar a las personas desaparecidas que se encuentran en dicho territorio.
El modelo, la forma de trabajar y las búsquedas nacionales y locales, surgen de un movimiento autónomo. Dicen: “es un modelo de búsqueda y un ejercicio de autonomía por parte de colectivos de familiares para realizar tareas de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas”. Hoy en día, el movimiento de familiares es uno de los movimiento autónomos más fuertes —tanto en términos numéricos como política y socialmente— en México.
