Cincuenta de las principales organizaciones hondureñas de derechos humanos escribió una carta al New York Times para afirmar que su experiencia a nivel nacional les ha llevado a la conclusión de que la ayuda estadounidense está haciendo mucho más daño que bien.
Temprano en la mañana del 28 de diciembre de 2015, la Fuerza Naval de Honduras disparó y mató a Jostin Lino Palacios de 24 años y Elvis García de 19 años, dos hombres Afro-Indígenas Garífuna, en Barra de Iriona, Departamento de Colón, costa noreste de Honduras.
El día 18 de octubre del 2016 diversas organizaciones no gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y protección de territorios ancestrales de este país centroamericano.
El pasado domingo 2 de octubre, Colombia sometió a un plebiscito el acuerdo que suscribieron el Gobierno del Presidente Santos y Las FARC, luego de cuatro años de negociaciones en La Habana. En una apretada decisión ganó el NO a la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Obteniendo el 50,21% de los votos (6.431.376), mientras que quienes apoyan el acuerdo obtuvieron el 49,78% de la votación (6.377.482)
La firma del acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”, en La Habana el 23 de junio, es el principal resultado de casi cuatro año de negociaciones de paz.
El proceso organizativo de la Policía Comunitaria en la región, ahora conocido como territorio comunitario, nace en octubre de 1995 cuando 36 comunidades se comienzan a organizar para enfrentar el problema de la violencia.
El Bronx es solo la punta de un iceberg que compromete a la nación en su abordaje. Ojalá y las políticas públicas con enfoque en la salud y los derechos humanos primen sobre la fuerza y la violencia
La Fiscalía salvadoreña acusó a seis policías y 18 personas más por ser parte de un grupo de “exterminio de pandilleros” que cobraba entre $100 y $1,000 por cada asesinato.
Los señalamientos de violaciones a derechos humanos ahora alcanzan a los cuerpos de seguridad pública que se encargan de ejecutar el plan en las zonas más pobres y rurales del país.
La juventud de América Latina enfrenta un mundo que busca controlarla y contenerla. Cuando se trata de jóvenes de familias pobres, ya poco se habla de su derecho al desarrollo humano y, al contrario, los gobiernos y una parte importante de la sociedad los ven como amenazas a la seguridad, como delincuentes o maleantes.
